El proyecto estudia los cuidados en perspectiva territorial por medio de un estudio comparativo sobre corresponsabilidad de género, salud mental y uso del tiempo en la agricultura familiar, especialmente en el caso de mujeres campesinas en 4 regiones del país: Arica y Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana y Araucanía.

Abrir la ‘caja negra’ de la implementación (Easton,1965; Palumbo y Calisto, 1990) significa examinar en detalle las decisiones que realizan los actores durante en dicho proceso, dada su importancia para lograr los resultados de las políticas (Hill and Hupe, 2015; Pardo et al., 2018; Isunza-Vera, 2019; Cejudo et al., 2019; Peeters et al., 2024). Aunque los estudios iniciales sobre la implementación de políticas tuvieron algún desarrollo en América Latina, como los trabajos de Grindle (1977, 1980) en México, han sido escasos en la región y especialmente en Chile. Junto con los estudios desarrollados en México, existe un acumulado de trabajos realizados en Brasil (Lotta, 2019; Pires y Lotta, 2019; Lotta et al., 2023; entre otros) y un incipiente trabajo en Chile (Leyton, 2015, 2020, 2024; Reininger 2024, 2025; Muñoz 2019, 2022, entre otros). En el proceso de implementación de políticas, resulta central la perspectiva que centra su análisis en la burocracia a nivel de calle (BNC), quienes pueden ser considerados “hacedores de política” (policy makers) dado su rol de proveedores directos de los bienes y servicios públicos hacia las/os ciudadanos (Knill y Tosun, 2012; Harguindéguy, 2013; Osorio y Vergara, 2016) y su influencia en este proceso y en los resultados de la política. Así, los BNC son comprendidos como policy makers dada su capacidad de influenciar la política, generando interpretaciones y adaptaciones a las mismas y ejerciendo su autonomía y discreción en el proceso de implementación (Cerna et al., 2017; Lotta, 2017; Lotta, et al 2022; Leyton, 2023, 2024). Esta propuesta de investigación pone su foco en el ejercicio de discreción de los BNC en la implementación de políticas sociales en Chile, incorporando a este incipiente campo de estudio dos discusiones teóricas y empíricas escasamente abordadas en la discusión global y en Chile: la carga administrativa y el uso de recursos profesionales informales. El estudio contribuiría tanto a la discusión teórica como empírica analizando el fenómeno desde la perspectiva de los funcionarios públicos que operan en un contexto de debilidad institucional. Ello, pues las distintas percepciones que tiene los BNC sobre la carga administrativa asociadas a la implementación de la política tienen incidencia en las decisiones burocráticas que toman (Stanica, et al., 2022). Esta percepción sobre la carga administrativa podría verse afectada también por la desconexión entre los diseños y objetivos de políticas, y las herramientas y medios disponibles para prestar los servicios definidos (Burden et al., 2012; Stanica et al., 2022; Eiró y Lotta, 2024). Adicionalmente, los BNC podrían verse motivados a adaptar sus acciones para ir más allá de los requerimientos de los diseños de políticas (Spink, Lotta y Burgos, 2021) y dar respuestas significativas a los ciudadanos en la particularidad de sus contextos incluso utilizando recursos personales informales para lograrlo (Maynard-Moody and Musheno, 2003; Rojas-Andrade et al., 2019; Lavee 2021, 2022). En estas interpretaciones, decisiones y acciones realizadas por los BNC intervienen factores individuales, institucionales y de contexto (Lotta et al., 2022; Peteers y Campos, 2022). Esta investigación busca abrir la ‘caja negra’ de la implementación de políticas, a través del análisis de las percepciones de cargas administrativas y uso de recursos informales en el ejercicio de la discreción de los BNC en el proceso de implementación para responder a los requerimientos de las políticas sociales y de los ciudadanos en Chile. Se plantean cuatro objetivos específicos: i) Conocer el ejercicio de discreción de los BNC en la implementación de programas sociales; ii) Analizar la percepción de los BNC en torno a las cargas administrativas que enfrentan en el proceso de implementación; iii) Identificar el uso de recursos profesionales informales para satisfacer las necesidades de la población en la que se focalizan los programas, y iv) Analizar los factores individuales, institucionales y del contexto que intervienen en la manera en que los BNC de los diferentes programas interpretan y toman decisiones durante la implementación en Chile. La investigación propuesta utiliza una metodología mixta, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas en un estudio descriptivo-explicativo, y utilizando cómo técnicas de producción de datos primarios las entrevistas semiestructuradas y encuestas aplicadas a BNC en cuatro programas sociales dirigidos a diversos grupos objetivos en Chile (infancia, jóvenes en procesos de reinserción social, adultos mayores y pequeños agricultores), lo que será complementado con datos secundarios provenientes de documentos oficiales vinculados a cada uno de los programas estudiados. Se plantea un acercamiento de etapas sucesivas al objeto de análisis, contemplando cuatro fases. La primera fase consiste en una revisión documental de cada programa para caracterizar el contexto y la institucionalidad en que se desarrolla la implementación. En la segunda fase, se realizarán las entrevistas con los BNC de las regiones de O´Higgins y BioBío, en comunas donde se encuentren en ejecución todos o la mayoría de los programas en estudio. La tercera fase, consiste en el análisis cuantitativo de tipo inferencial que indagará en los factores que inciden en la percepción de carga administrativa y en la utilización de recursos informales en la implementación de políticas sociales consideradas en este estudio, donde se invitará participar a BNC de los 4 programas de todo el país. En la cuarta fase, se realizará un análisis integrado de los datos producidos en las fases anteriores. Los productos de la investigación serán: i) un marco conceptual y operacional actualizado; ii) cuatro estudios cualitativos de análisis del rol de los BNC en la implementación de programas sociales; iii) Análisis de los factores que inciden en la percepción de carga administrativa y el uso de recursos profesionales informales por los BNC; iv) 4 talleres de devolución y discusión de resultados a los participantes del estudio, y a policy makers nacionales vinculados a cada programa analizado, y un seminario internacional de discusión de los resultados finales del proyecto. Adicionalmente se elaborarán al menos 4 artículos académicos (WOS o Scopus), y se participará en 6 conferencias o congresos (3 en Chile y 3 en el extranjero).

El proyecto analiza cómo se organiza material y discursivamente el Programa de Agua Potable Rural y Saneamiento (APR) en Chile para contribuir a una gestión intercultural del agua potable rural y saneamiento desde cuatro proyectos situados en comunidades mapuche en la región de La Araucanía.

Esta investigación busca proporcionar un análisis sociojurídico de los casos de daño ambiental en los Tribunales Ambientales chilenos (TA). Chile ha experimentado un aumento sostenido en la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales durante las últimas dos décadas (Delamaza, Maillet, & Martínez Neira, 2017; Sabatini, Sepúlveda, Wagner, Navas, & Geisse, 2018; OLCA, 2023), una tendencia compartida a nivel global que se espera que continúe (LSE, 2023). Este panorama plantea desafíos de gran envergadura para el Estado, demandando instituciones capaces de abordar fenómenos en los que interactúan cambios en la naturaleza, como el cambio climático y la degradación ecosistémica, y la sociedad, como el aumento de la desigualdad y la crisis de confianza en las instituciones políticas (Delgado, V., & Hervé, D., 2022; Hervé, 2019) Los Tribunales Ambientales (TA) constituyen una de las respuestas clave en este ámbito en Chile (Moraga & Delgado, 2022). Han sido reconocidos como una política pública innovadora y ambiciosa, tanto a nivel nacional como internacional (OCDE, 2016). De hecho, Chile es uno de los pocos países en el mundo que ha optado por establecer una judicatura especializada e interdisciplinaria compuesta por profesionales del derecho y las ciencias naturales (United Nations Environment Programme, 2022; Costa, 2014). No obstante, existe una notable falta de investigación empírica acerca de su implementación y funcionamiento en la práctica. La investigación disponible se compone principalmente de informes de política pública y algunos artículos académicos (ver sección 1.1). Tal brecha de conocimiento es especialmente relevante en un escenario de creciente judicialización de los conflictos ambientales a nivel global (Conde, Walter, Wagner, & Navas, 2023; Setzer & Vanhala, 2019; Rodríguez Garavito, 2022). Pues, como la literatura sociojurídica ha mostrado (Bourdieu & Teubner, 2000; Conley & O'Barr, 1998; Merry, S. E. 1990), pensar los conflictos en términos jurídicos conlleva una lógica técnica-burocrática particular que introduce facetas nuevas e imprevistas en el fenómeno. Por consiguiente, requerimos de un entendimiento empírico y profundo sobre la relación entre el funcionamiento práctico de los TA y la conflictividad ambiental en el país. Esta investigación contribuirá a llenar el vacío de conocimiento mencionado mediante un estudio etnográfico sobre los procedimientos de daño ambiental. El estudio documentará y analizará los distintos tipos de actores que participan en estos procedimientos (como partes demandantes y demandadas, abogados, peritos y diversos profesionales del tribunal), así como sus percepciones, prácticas e interacciones cotidianas en el contexto del litigio ambiental. De este modo, el estudio proveerá de una mirada detallada sobre las lógicas sociales y técnicas que enmarcan este trabajo judicial, las formas de conocimiento experto que surgen de las mismas y las dinámicas de poder involucradas.

Abrir la ‘caja negra’ de la implementación (Easton,1965; Palumbo y Calisto, 1990) significa examinar en detalle las decisiones que realizan los actores durante en dicho proceso, dada su importancia para lograr los resultados de las políticas (Hill and Hupe, 2015; Pardo et al., 2018; Isunza-Vera, 2019; Cejudo et al., 2019; Peeters et al., 2024). Aunque los estudios iniciales sobre la implementación de políticas tuvieron algún desarrollo en América Latina, como los trabajos de Grindle (1977, 1980) en México, han sido escasos en la región y especialmente en Chile. Junto con los estudios desarrollados en México, existe un acumulado de trabajos realizados en Brasil (Lotta, 2019; Pires y Lotta, 2019; Lotta et al., 2023; entre otros) y un incipiente trabajo en Chile (Leyton, 2015, 2020, 2024; Reininger 2024, 2025; Muñoz 2019, 2022, entre otros). En el proceso de implementación de políticas, resulta central la perspectiva que centra su análisis en la burocracia a nivel de calle (BNC), quienes pueden ser considerados “hacedores de política” (policy makers) dado su rol de proveedores directos de los bienes y servicios públicos hacia las/os ciudadanos (Knill y Tosun, 2012; Harguindéguy, 2013; Osorio y Vergara, 2016) y su influencia en este proceso y en los resultados de la política. Así, los BNC son comprendidos como policy makers dada su capacidad de influenciar la política, generando interpretaciones y adaptaciones a las mismas y ejerciendo su autonomía y discreción en el proceso de implementación (Cerna et al., 2017; Lotta, 2017; Lotta, et al 2022; Leyton, 2023, 2024). Esta propuesta de investigación pone su foco en el ejercicio de discreción de los BNC en la implementación de políticas sociales en Chile, incorporando a este incipiente campo de estudio dos discusiones teóricas y empíricas escasamente abordadas en la discusión global y en Chile: la carga administrativa y el uso de recursos profesionales informales. El estudio contribuiría tanto a la discusión teórica como empírica analizando el fenómeno desde la perspectiva de los funcionarios públicos que operan en un contexto de debilidad institucional. Ello, pues las distintas percepciones que tiene los BNC sobre la carga administrativa asociadas a la implementación de la política tienen incidencia en las decisiones burocráticas que toman (Stanica, et al., 2022). Esta percepción sobre la carga administrativa podría verse afectada también por la desconexión entre los diseños y objetivos de políticas, y las herramientas y medios disponibles para prestar los servicios definidos (Burden et al., 2012; Stanica et al., 2022; Eiró y Lotta, 2024). Adicionalmente, los BNC podrían verse motivados a adaptar sus acciones para ir más allá de los requerimientos de los diseños de políticas (Spink, Lotta y Burgos, 2021) y dar respuestas significativas a los ciudadanos en la particularidad de sus contextos incluso utilizando recursos personales informales para lograrlo (Maynard-Moody and Musheno, 2003; Rojas-Andrade et al., 2019; Lavee 2021, 2022). En estas interpretaciones, decisiones y acciones realizadas por los BNC intervienen factores individuales, institucionales y de contexto (Lotta et al., 2022; Peteers y Campos, 2022). Esta investigación busca abrir la ‘caja negra’ de la implementación de políticas, a través del análisis de las percepciones de cargas administrativas y uso de recursos informales en el ejercicio de la discreción de los BNC en el proceso de implementación para responder a los requerimientos de las políticas sociales y de los ciudadanos en Chile. Se plantean cuatro objetivos específicos: i) Conocer el ejercicio de discreción de los BNC en la implementación de programas sociales; ii) Analizar la percepción de los BNC en torno a las cargas administrativas que enfrentan en el proceso de implementación; iii) Identificar el uso de recursos profesionales informales para satisfacer las necesidades de la población en la que se focalizan los programas, y iv) Analizar los factores individuales, institucionales y del contexto que intervienen en la manera en que los BNC de los diferentes programas interpretan y toman decisiones durante la implementación en Chile. La investigación propuesta utiliza una metodología mixta, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas en un estudio descriptivo-explicativo, y utilizando cómo técnicas de producción de datos primarios las entrevistas semiestructuradas y encuestas aplicadas a BNC en cuatro programas sociales dirigidos a diversos grupos objetivos en Chile (infancia, jóvenes en procesos de reinserción social, adultos mayores y pequeños agricultores), lo que será complementado con datos secundarios provenientes de documentos oficiales vinculados a cada uno de los programas estudiados. Se plantea un acercamiento de etapas sucesivas al objeto de análisis, contemplando cuatro fases. La primera fase consiste en una revisión documental de cada programa para caracterizar el contexto y la institucionalidad en que se desarrolla la implementación. En la segunda fase, se realizarán las entrevistas con los BNC de las regiones de O´Higgins y BioBío, en comunas donde se encuentren en ejecución todos o la mayoría de los programas en estudio. La tercera fase, consiste en el análisis cuantitativo de tipo inferencial que indagará en los factores que inciden en la percepción de carga administrativa y en la utilización de recursos informales en la implementación de políticas sociales consideradas en este estudio, donde se invitará participar a BNC de los 4 programas de todo el país. En la cuarta fase, se realizará un análisis integrado de los datos producidos en las fases anteriores. Los productos de la investigación serán: i) un marco conceptual y operacional actualizado; ii) cuatro estudios cualitativos de análisis del rol de los BNC en la implementación de programas sociales; iii) Análisis de los factores que inciden en la percepción de carga administrativa y el uso de recursos profesionales informales por los BNC; iv) 4 talleres de devolución y discusión de resultados a los participantes del estudio, y a policy makers nacionales vinculados a cada programa analizado, y un seminario internacional de discusión de los resultados finales del proyecto. Adicionalmente se elaborarán al menos 4 artículos académicos (WOS o Scopus), y se participará en 6 conferencias o congresos (3 en Chile y 3 en el extranjero).

In this project, police empowerment is preliminarily defined as the process by which police forces are granted powers or see their existing powers expanded through legal mandates (e.g., laws that grant police forces with more attributions or discretion), institutional and administrative capacities (e.g., budget increase), and social perceptions (e.g., citizens’ and authorities’ perceptions and support for police empowerment, as well as police officers’ self-empowerment). Existing research has largely focused on isolated dimensions of this process—either legal, institutional, or perceptual—but has not addressed how these interact or differ in their consequences. This project addresses this gap by (a) proposing a multidimensional, contextually grounded, conceptual and operational definition of police empowerment and analyzing how its different components—moderated by accountability—affect public security and order, and the potential for police abuse. To achieve these goals, we adopt a multi-method design composed of six interrelated studies. These include expert interviews (Study 1), a longitudinal panel survey with citizens (EPSEP, Study 2), secondary data analysis (legal, institutional/administrative and authorities’ discourse analysis, Study 3), interviews with police officers (Study 4), a quasi-experimental study of the effect of key moments of empowerment (e.g., the enactment of a new law increasing police power, Study 5) on the aforementioned consequences, and an experimental study with police personnel (Study 6). Study 2 will also enable longitudinal, quasi- experimental (via a rolling cross-sectional design), and experimental analyses of the effects of police empowerment among citizens.