Ignacio Riquelme ● Profesor Asistente

Esta investigación busca proporcionar un análisis sociojurídico de los casos de daño ambiental en los Tribunales Ambientales chilenos (TA). Chile ha experimentado un aumento sostenido en la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales durante las últimas dos décadas (Delamaza, Maillet, & Martínez Neira, 2017; Sabatini, Sepúlveda, Wagner, Navas, & Geisse, 2018; OLCA, 2023), una tendencia compartida a nivel global que se espera que continúe (LSE, 2023). Este panorama plantea desafíos de gran envergadura para el Estado, demandando instituciones capaces de abordar fenómenos en los que interactúan cambios en la naturaleza, como el cambio climático y la degradación ecosistémica, y la sociedad, como el aumento de la desigualdad y la crisis de confianza en las instituciones políticas (Delgado, V., & Hervé, D., 2022; Hervé, 2019) Los Tribunales Ambientales (TA) constituyen una de las respuestas clave en este ámbito en Chile (Moraga & Delgado, 2022). Han sido reconocidos como una política pública innovadora y ambiciosa, tanto a nivel nacional como internacional (OCDE, 2016). De hecho, Chile es uno de los pocos países en el mundo que ha optado por establecer una judicatura especializada e interdisciplinaria compuesta por profesionales del derecho y las ciencias naturales (United Nations Environment Programme, 2022; Costa, 2014). No obstante, existe una notable falta de investigación empírica acerca de su implementación y funcionamiento en la práctica. La investigación disponible se compone principalmente de informes de política pública y algunos artículos académicos (ver sección 1.1). Tal brecha de conocimiento es especialmente relevante en un escenario de creciente judicialización de los conflictos ambientales a nivel global (Conde, Walter, Wagner, & Navas, 2023; Setzer & Vanhala, 2019; Rodríguez Garavito, 2022). Pues, como la literatura sociojurídica ha mostrado (Bourdieu & Teubner, 2000; Conley & O'Barr, 1998; Merry, S. E. 1990), pensar los conflictos en términos jurídicos conlleva una lógica técnica-burocrática particular que introduce facetas nuevas e imprevistas en el fenómeno. Por consiguiente, requerimos de un entendimiento empírico y profundo sobre la relación entre el funcionamiento práctico de los TA y la conflictividad ambiental en el país. Esta investigación contribuirá a llenar el vacío de conocimiento mencionado mediante un estudio etnográfico sobre los procedimientos de daño ambiental. El estudio documentará y analizará los distintos tipos de actores que participan en estos procedimientos (como partes demandantes y demandadas, abogados, peritos y diversos profesionales del tribunal), así como sus percepciones, prácticas e interacciones cotidianas en el contexto del litigio ambiental. De este modo, el estudio proveerá de una mirada detallada sobre las lógicas sociales y técnicas que enmarcan este trabajo judicial, las formas de conocimiento experto que surgen de las mismas y las dinámicas de poder involucradas.

Abrir la ‘caja negra’ de la implementación (Easton,1965; Palumbo y Calisto, 1990) significa examinar en detalle las decisiones que realizan los actores durante en dicho proceso, dada su importancia para lograr los resultados de las políticas (Hill and Hupe, 2015; Pardo et al., 2018; Isunza-Vera, 2019; Cejudo et al., 2019; Peeters et al., 2024). Aunque los estudios iniciales sobre la implementación de políticas tuvieron algún desarrollo en América Latina, como los trabajos de Grindle (1977, 1980) en México, han sido escasos en la región y especialmente en Chile. Junto con los estudios desarrollados en México, existe un acumulado de trabajos realizados en Brasil (Lotta, 2019; Pires y Lotta, 2019; Lotta et al., 2023; entre otros) y un incipiente trabajo en Chile (Leyton, 2015, 2020, 2024; Reininger 2024, 2025; Muñoz 2019, 2022, entre otros). En el proceso de implementación de políticas, resulta central la perspectiva que centra su análisis en la burocracia a nivel de calle (BNC), quienes pueden ser considerados “hacedores de política” (policy makers) dado su rol de proveedores directos de los bienes y servicios públicos hacia las/os ciudadanos (Knill y Tosun, 2012; Harguindéguy, 2013; Osorio y Vergara, 2016) y su influencia en este proceso y en los resultados de la política. Así, los BNC son comprendidos como policy makers dada su capacidad de influenciar la política, generando interpretaciones y adaptaciones a las mismas y ejerciendo su autonomía y discreción en el proceso de implementación (Cerna et al., 2017; Lotta, 2017; Lotta, et al 2022; Leyton, 2023, 2024). Esta propuesta de investigación pone su foco en el ejercicio de discreción de los BNC en la implementación de políticas sociales en Chile, incorporando a este incipiente campo de estudio dos discusiones teóricas y empíricas escasamente abordadas en la discusión global y en Chile: la carga administrativa y el uso de recursos profesionales informales. El estudio contribuiría tanto a la discusión teórica como empírica analizando el fenómeno desde la perspectiva de los funcionarios públicos que operan en un contexto de debilidad institucional. Ello, pues las distintas percepciones que tiene los BNC sobre la carga administrativa asociadas a la implementación de la política tienen incidencia en las decisiones burocráticas que toman (Stanica, et al., 2022). Esta percepción sobre la carga administrativa podría verse afectada también por la desconexión entre los diseños y objetivos de políticas, y las herramientas y medios disponibles para prestar los servicios definidos (Burden et al., 2012; Stanica et al., 2022; Eiró y Lotta, 2024). Adicionalmente, los BNC podrían verse motivados a adaptar sus acciones para ir más allá de los requerimientos de los diseños de políticas (Spink, Lotta y Burgos, 2021) y dar respuestas significativas a los ciudadanos en la particularidad de sus contextos incluso utilizando recursos personales informales para lograrlo (Maynard-Moody and Musheno, 2003; Rojas-Andrade et al., 2019; Lavee 2021, 2022). En estas interpretaciones, decisiones y acciones realizadas por los BNC intervienen factores individuales, institucionales y de contexto (Lotta et al., 2022; Peteers y Campos, 2022). Esta investigación busca abrir la ‘caja negra’ de la implementación de políticas, a través del análisis de las percepciones de cargas administrativas y uso de recursos informales en el ejercicio de la discreción de los BNC en el proceso de implementación para responder a los requerimientos de las políticas sociales y de los ciudadanos en Chile. Se plantean cuatro objetivos específicos: i) Conocer el ejercicio de discreción de los BNC en la implementación de programas sociales; ii) Analizar la percepción de los BNC en torno a las cargas administrativas que enfrentan en el proceso de implementación; iii) Identificar el uso de recursos profesionales informales para satisfacer las necesidades de la población en la que se focalizan los programas, y iv) Analizar los factores individuales, institucionales y del contexto que intervienen en la manera en que los BNC de los diferentes programas interpretan y toman decisiones durante la implementación en Chile. La investigación propuesta utiliza una metodología mixta, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas en un estudio descriptivo-explicativo, y utilizando cómo técnicas de producción de datos primarios las entrevistas semiestructuradas y encuestas aplicadas a BNC en cuatro programas sociales dirigidos a diversos grupos objetivos en Chile (infancia, jóvenes en procesos de reinserción social, adultos mayores y pequeños agricultores), lo que será complementado con datos secundarios provenientes de documentos oficiales vinculados a cada uno de los programas estudiados. Se plantea un acercamiento de etapas sucesivas al objeto de análisis, contemplando cuatro fases. La primera fase consiste en una revisión documental de cada programa para caracterizar el contexto y la institucionalidad en que se desarrolla la implementación. En la segunda fase, se realizarán las entrevistas con los BNC de las regiones de O´Higgins y BioBío, en comunas donde se encuentren en ejecución todos o la mayoría de los programas en estudio. La tercera fase, consiste en el análisis cuantitativo de tipo inferencial que indagará en los factores que inciden en la percepción de carga administrativa y en la utilización de recursos informales en la implementación de políticas sociales consideradas en este estudio, donde se invitará participar a BNC de los 4 programas de todo el país. En la cuarta fase, se realizará un análisis integrado de los datos producidos en las fases anteriores. Los productos de la investigación serán: i) un marco conceptual y operacional actualizado; ii) cuatro estudios cualitativos de análisis del rol de los BNC en la implementación de programas sociales; iii) Análisis de los factores que inciden en la percepción de carga administrativa y el uso de recursos profesionales informales por los BNC; iv) 4 talleres de devolución y discusión de resultados a los participantes del estudio, y a policy makers nacionales vinculados a cada programa analizado, y un seminario internacional de discusión de los resultados finales del proyecto. Adicionalmente se elaborarán al menos 4 artículos académicos (WOS o Scopus), y se participará en 6 conferencias o congresos (3 en Chile y 3 en el extranjero).

Las regiones de O’Higgins y el Maule tienen una historia común, características y un desarrollo social similar. Ambas regiones, ubicadas en el Valle Central chileno, comparten elementos culturales, símbolos, historias y personajes que, su conjunto, reflejan la identidad chilena. La historia de estos territorios incluye conocimiento diverso sobre nuestro pasado reciente y lejano en forma de relatos, pinturas, medios de transporte, mecanismos de comercialización, oficios y manifestaciones culturales, que son comunes a ellas. Debido a las importantes similitudes territoriales, humanas y productivas que poseen las regiones de O’Higgins y el Maule, es que sus universidades estatales proponen la institucionalización de un consorcio interuniversitario para fortalecer las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (HACS) en el Valle Central de Chile, transformando procesos académicos y generando instancias de participación activa con la comunidad territorial. Este consorcio interuniversitario entre la Universidad de Talca y la Universidad de O’Higgins se denomina “Consorcio del Valle Central”, en su afán por ver representadas las realidades y conocimientos territoriales de la costa, del centro y de la cordillera de la VII y VI Región. La creación del Consorcio Valle Central está sustentada en el Plan Estratégico para el Fortalecimiento de las HACS, construido como producto de la etapa 1 de Conocimientos2030. Este, a su vez, está basado en un diagnóstico exhaustivo que incluyó análisis interno, territorial (de cada provincia del Valle Central) y benchmarking con instituciones de referencia. Como resultado, se identificaron una serie de dificultades en nuestras unidades que son relevantes para la transformación de los procesos académicos. Entre ellas: • Rigidez de los programas formativos y uso de metodologías encasilladas en las disciplinas, que dificultan el análisis de la realidad social y pública. • Limitada incorporación de las complejidades del territorio a la formación, afectando negativamente a la relación bidireccional y al desarrollo de iniciativas innovadoras. • Iniciativas académicas se acotan a fondos públicos y muy competitivos, siendo excepciones aquellos del sector privado o de interés público. • Desarrollo incipiente de la inter y transdisciplina (en adelante, ITD), e insuficiente transferencia de conocimientos y tecnologías. • Procesos de desarrollo académico enfatizan el crecimiento individual, poco claros para académicos.as del área de las artes o con enfoque en ITD. Existen diferencias de género favorables a hombres en jerarquización, publicaciones y proyectos obtenidos. • Gestión académica desarticulada entre las unidades, observándose repetición de procesos de gestión entre las unidades participantes. • Los miembros de la comunidad indican percibir lo que denominan “extractivismo académico”, una práctica académica en donde el vínculo con las comunidades termina con la recogida de datos. Además, el conocimiento universitario no es de fácil acceso. El análisis y discusión de las consecuencias de dichas limitaciones derivaron en el planteamiento de propuestas, que buscan generar transformación en nuestros procesos académicos, fomentando la flexibilidad curricular, la ITD, la generación de conocimientos con atención al territorio y la promoción de la equidad entre personas y la participación femenina en roles de liderazgo. Algunas de ellas son: 1. Conformar un consorcio interuniversitario en HACS de las Universidades Públicas de las Regiones VI y VII, cuya gobernanza colaborativa promueva transformaciones en los procesos formativos, de investigación y creación, vinculación con el medio (VcM) y gestión en ambas universidades. Posee sellos específicos en fomento del patrimonio, de salud mental y bienestar, equidad de género y derechos humanos y promueve la discusión y desarrollo de políticas públicas regionales y nacionales. 2. Rediseñar carreras de pregrado HACS en cada universidad, flexibles, incorporando metodologías ITD y problemáticas del Valle Central, formando así competencias de transferencia de conocimientos para la innovación social y la política pública y cultural. 3. Formular e implementar programas de estudio interuniversitarios, con un modelo equivalente a los pregrados rediseñados, con foco en formación continua y postgrado. 4. Construir micro-certificaciones al alero de los planes de estudio de pregrado, promoviendo la flexibilidad curricular y la innovación para las profesiones del futuro. 5. Crear una comisión paritaria de género, ocupada de generación consorciada de propuestas y seguimiento de datos para el logro de la equidad de género, abierto a la comunidad universitaria y del Valle Central. 6. Constituir equipos de investigación/creación con foco ITD e interuniversitario, incorporando problemáticas del Valle Central y promoviendo la discusión y generación de políticas públicas en las áreas de desarrollo. 7. Habilitar un espacio físico independiente a las facultades, donde las personas que se adscriben desarrollen ITD de manera abierta y colaborativa con otros académicos, estudiantes y/o miembros de la sociedad civil. 8. Creación de una gobernanza que involucre a la comunidad académica, estudiantil y de la comuna, para la ejecución y asesoría de las acciones programadas, enfatizando los sellos del proyecto y acercando las propuestas al desarrollo y logro de políticas públicas. 9. Presentar a las autoridades superiores universitarias un perfil de desarrollo de académicas.os HACS con énfasis en indicadores para la jerarquización, homologando con ello las trayectorias académicas en todas las disciplinas universitarias (especialmente artes) incorporando enfoque ITD. 10.Promover la democratización del conocimiento a partir del uso de herramientas de ciencia abierta, incorporándolas en el desarrollo de la formación, y a través del uso de repositorios para el almacenamiento de información de todas las disciplinas HACS. Consideramos que los conocimientos de nuestros territorios son una oportunidad para el mejoramiento de nuestros planes de formación, así como para proponer otros nuevos que articulen las capacidades de los planteles universitarios. Esta propuesta plantea que es prioritaria la capacitación docente en estrategias ITD, permitiendo con ello el abordaje de problemas relevantes para el territorio desde una perspectiva amplia. Todo lo anterior, permitirá formar profesionales capacitados para desarrollarse en entornos complejos. En el campo de la investigación la propuesta considera la creación de grupos de trabajo ITD en temáticas específicas de desarrollo para las HACS, enfatizando los temas de Patrimonio, Salud Mental y Bienestar, y Liderazgo de Mujeres. Estos grupos deberán promover el liderazgo de mujeres en sus propuestas, relacionarse con su espacio de interés e involucrar a los actores sociales de manera activa y recíproca. El objetivo es crear, en 10 años, grupos de referencia nacional en investigación básica, aplicada y artística con base en ITD permitiendo, así, sustentabilidad de las estrategias de desarrollo más allá del periodo de financiación. Construir un camino de desarrollo académico para las HACS, basado en ITD y con especial atención a las artes permitirá mayor equidad disciplinar en este proceso y orientación para el desarrollo, aumentando así el valor de los conocimientos científicos, creativos y tradicionales para la institución. Pretendemos construir una estrategia de VcM sustentada en conocimiento científico y creativo, promoviendo con ello la innovación, la transferencia y el escalamiento de productos, en donde participa de manera activa la comunidad no académica de nuestros territorios. Es nuestro interés democratizar el conocimiento y abrirlo a nuestras comunidades a través de mecanismos de ciencia abierta y, por último, una gobernanza eficiente para articular nuestros objetivos y metas, desarrollando herramientas de discusión colaborativa, seguimiento y evaluación de impacto para la mejora continua. El horizonte de desarrollo de nuestras iniciativas es de diez años, comprometiendo al sexto año de ejecución una serie de acciones que involucran, en ambas regiones, un acercamiento de cada institución a su espacio de influencia y colaboración entre ellas. Así mismo, esperamos constituir un espacio consorciado que promueve una formación profesional sensible a las necesidades del entorno y cuyos estudiantes poseen competencias para atenderlas en colaboración con sus habitantes; que capacita a académicos y profesionales en mecanismos de promoción de la ITD; que participa en la discusión y generación de políticas públicas; que desarrolla conocimiento ITD a través de grupos cuya investigación se aplica a temas específicos, siendo referentes a nivel nacional; que se relaciona con el entorno de manera cooperativa y bidireccional, cuyos conocimientos son la base de la innovación y la transferencia. Y, por último, un espacio que promueve la equidad de género, la participación de mujeres en espacios de liderazgo y la participación social de nuestros territorios. Finalmente, podremos configurarnos como un consorcio universitario con gran presencia en sus regiones y que desarrolle un trabajo virtuoso con diferentes actores del mundo universitario y de la sociedad civil, quienes asesorarán nuestro trabajo de manera que atiendan a políticas públicas y necesidades de los territorios.

El proyecto FOVI 240094 tiene como objetivo fortalecer la investigación y enseñanza sociojurídica interdisciplinaria en Chile, con un énfasis particular en el desarrollo de capacidades en las universidades regionales del país. Para alcanzar este propósito, el proyecto busca establecer una red internacional de investigación y enseñanza socio-legal, conectando a las universidades regionales de Chile con centros internacionales de excelencia, como los de las universidades de Oxford y Cardiff. La Universidad de O’Higgins, a través de su Instituto de Ciencias Sociales, actúa como el nodo central de esta red.