• El académico UOH, Gonzalo Palomo, plantea que no hay que considerar solo las respuestas tecnocráticas para concretar la migración.   

La aceptabilidad pública de tecnologías limpias y de energías renovables es fundamental a la hora de impulsar una transición energética. Así, conceptos tales como la confianza social en instituciones del sector energético, justicia procedimental y distributiva, e incluso la percepción de similitud entre los valores de las instituciones y los propios, son centrales para la agenda medioambiental de Chile, en el ámbito de la transición al uso de las energías renovables, en reemplazo de aquellas que no lo son, como es el caso de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural, entre otros).

El tema de la aceptabilidad pública ha sido estudiado por el académico del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Gonzalo Palomo, junto con académicas de la Universidad de Groningen, en Países Bajos, y del Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología Acuáticas (EAWAG). Estos estudios sugieren que para facilitar transiciones energéticas a energías más limpias y/o sustentables “no debes solo enfocarte en respuestas tecnocráticas de producir alternativas limpias y sustentables, sino que también necesitas, y cada vez se le da más valor, concentrarte en la aceptabilidad pública de las energías propuestas”, sostiene el investigador. También acota que “en los últimos reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) se le ha venido dando mucho énfasis a las determinantes individuales, sociales e instruccionales detrás la aceptabilidad de algunas tecnologías sostenibles. No sólo importa que exista la tecnología, pues quienes la usarán son personas con motivaciones, valores y expectativas distintas”.

¿Y por qué la aceptabilidad pública se vuelve protagonista en la transición a energías renovables y cómo se consigue dicha aceptabilidad?

“La evidencia indica que, si no le das importancia a cómo las personas recibirán las propuestas y proyectos energéticos y trabajas en ello, éstas en general tenderán a no utilizar o a subutilizar las alternativas propuestas; a oponer resistencia, ya sea pasiva obviando las alternativas o incluso activa, a través de acción colectiva, marchas y protestas.

Hay muchas maneras en que en principio se puede facilitar la aceptabilidad pública de proyectos energéticos. Por ejemplo, si las personas encuentran que los beneficios y riesgos derivados de los cambios se encuentran distribuidos de manera justa, es más probable que acepten los mismos. En cambio, si las personas creen que ciertos grupos se verán más favorecidos que otros, es posible que haya más resistencia.

Más aún, entre los factores individuales a la base de la aceptabilidad también se encuentran los valores, esto es, las metas prioritarias, de distintos grupos y personas. Los valores funcionan como un prisma con él que las personas evalúan el mundo social y con el que orientan decisiones en su vida, guiando así el comportamiento. Por esto, hay personas que parecen preocuparse más por temas ambientales y consecuencias ecológicas de las decisiones en el sector energético, mientras que, otras, se enfocan más en los aspectos financieros de la transición energética y cómo aquello podría impactar sus vidas”.

Confianza social y similitud valórica

El académico precisa que, en uno de estos estudios, se enfocaron en “qué es la confianza social en instituciones reguladoras y como se relaciona con la aceptabilidad pública de proyectos energéticos. Específicamente, evaluaron hasta qué punto el hecho de que las personas crean que las instituciones que se encargarán de instalar un proyecto energético o de desarrollar una nueva tecnología energética limpia tienen competencias técnicas y transparencia e integridad para realizar estas tareas, influye en la aceptabilidad de las mismas. Por ejemplo, frente a la construcción de un parque eólico, hasta qué punto las personas confían en que la instrucción reguladora se asegurará de que el parque produzca suficiente energía para todos, que no van a ocurrir cortes de luz y que actuarán de manera transparente a la hora de tomar decisiones”.

Gonzalo Palomo señala que, en estos estudios, han observado que “la confianza social en instituciones reguladoras predice, de manera consistente en el tiempo, el nivel de aceptabilidad que la gente otorga o reporta respecto de proyectos energéticos”.

Sobre cómo se mejora la confianza en las instituciones que entregarán las nuevas tecnologías, el Dr. Palomo señala que “las personas, en general, cuando deben evaluar tecnologías medianamente riesgosas y de las que no saben mucho, no pueden evaluar racionalmente sus ventajas y desventajas. Más aún, no todos saben, exactamente, el nivel de competencia e integridad de estas instituciones y, por tanto, la decisión de si confiar o no, no es tan simple. Ante ello, ante esta incertidumbre, las personas usan ciertas pistas heurísticas, informaciones que permiten evaluar de manera indirecta si acaso es razonable confiar o no en una institución”.

Y ejemplifica: “Podemos hablar de similitud valórica, que es un constructo que hace referencia a hasta qué punto las personas esperan que las instituciones reguladoras de los riesgos de producción energética limpia priorizan los mismos valores y metas que ellas. Así, mientras más las personas esperan que sus metas serán prioridad para las instituciones, mayor será la aceptabilidad de los productos y proyectos energéticos que regulen”.

¿Los cambios dan confianza?

El académico plantea que la transición energética será mucho más expedita en la medida que las instituciones detrás de la misma “ganen” y “mantengan” la confianza de las personas. “Los cambios siempre implican riesgos; en la medida que las instituciones y sus representantes transmitan al público que pueden controlar aquellos riesgos -a través de decisiones que se tomen de manera transparente y participativa- es muy probable que las personas acepten estos riesgos”, sostiene Gonzalo Palomo.

Asimismo, indica que es importante recordar que las transiciones energéticas involucran no sólo a una institución, “sino a muchas que difieren en tareas, competencia, área de desempeño y, en este sentido, es recomendable recordar que las expectativas en términos, por ejemplo, de habilidad y transparencia, variarán de institución a institución. Esto es importante toda vez que, distintos tipos de confianza, predicen de forma diferente la aceptabilidad”.

Un ejemplo, añade, es un estudio en curso en Países Bajos, donde se observa que las personas confían más en la integridad de instituciones más cercanas a la gente, por ejemplo, municipalidades, y en el caso de instituciones más abstractas, tales como el Estado o el gobierno, inspiran más competencia técnica.

El académico sostiene que se valora “positivamente que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático esté dando más énfasis a las ciencias sociales y su rol en la transición energética. Y es que la confianza en las instituciones que regulan riesgos, la percepción de justicia distributiva y la participación en toma de decisiones, entre otras, son todas, variables que van a contribuir a la aceptabilidad de estas tecnologías energéticas”.

“Yo creo que Chile, como país que apunta a moverse a energías más limpias, tiene ambiciones bastante grandes -considerando nuestro nivel de desarrollo- y es muy positivo que tenga estas ambiciones. La tarea ahora es no trabajar solo con quienes están preocupados por el medioambiente, y están dispuestos a hacer cambios, sino que debemos apuntar a todos. Y para esto, debemos, necesariamente, relevar el rol de estos factores sociales e institucionales”, puntualizó.

• Además, el personero se reunió con la Rectora Fernanda Kri Amar, ocasión que buscó fortalecer la alianza de cooperación entre ambas instituciones.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, visitó la Universidad de O’Higgins (UOH) en el marco de una charla magistral que entregó a estudiantes de Administración Pública y Contador Auditor de la Escuela de Ciencias Sociales. En la ocasión, la autoridad expuso sobre el rol social de la Tesorería General de la República (TGR) adentrándose sobre la importancia de la entidad pública en la sociedad, centrándose en sus responsabilidades cruciales de recaudación, custodia y distribución de los recursos públicos.

Además, la Rectora Fernanda Kri Amar sostuvo un encuentro protocolar con el Tesorero General, en el marco de una política de fortalecimiento de la TGR de la vinculación con la comunidad y el mundo académico. En la reunión, donde también participó el Vicerrector Académico, Carlos Pérez Wilson, y la Vicerrectora de Administración y Finanzas, Angélica Peña; Nobizelli destacó el interés de la entidad por acercarse y trabajar con las instituciones de educación superior en temas de interés común, más allá de su participación en los consejos de la sociedad civil que impulsa el organismo.

“Agradecemos la visita del Tesorero General de la República, ocasión donde conversamos de cómo fortalecer nuestra alianza, de hacer más convenios para que los/as estudiantes tengan más oportunidades de prácticas en el organismo y así fortalecer el rol público de nuestra Universidad y traspasarlo a la formación de nuestros/as futuros/as profesionales”, indicó la Rectora Fernanda Kri Amar.

Sobre la charla a los estudiantes, la Rectora apuntó a que “siempre es muy relevante que los estudiantes tengan un acercamiento al mundo laboral, por lo que tener a la máxima autoridad de una institución pública de esta relevancia y que tiene esta mirada muy basada en el rol público es fundamental y enriquece mucho el proceso formativo”.

El encuentro con los/as estudiantes

En el Auditorio del Campus Rancagua, Hernán Nobizelli se refirió al recorrido histórico de la Tesorería General de la República, destacando su evolución a lo largo de los años. Además, ilustró las funciones fundamentales de la entidad, resaltando su compromiso con una gestión eficiente, segura y accesible para todos los ciudadanos. El Tesorero enfatizó la visión de la institución como un órgano de servicio al país y a cada contribuyente, que constantemente busca modernizar y mejorar sus procesos.

“La TGR hace mucho más que recaudar, también de hacer buena custodia y distribución de los recursos públicos. Por lo tanto, es importante generar la conciencia de qué es lo que hace nuestra institución, la importancia en el rol de la administración financiera del Estado y también como entidad administradora tributaria del país. Esta es una instancia importante, sobre todo considerando que es una universidad regional, estatal, y que la carrera de Contador Auditor está dando sus primeros pasos”.

El Tesorero General también compartió información relevante sobre la planificación estratégica actual de la Tesorería, basada en cinco ejes fundamentales: experiencia del usuario, eficiencia y resultados, tesoro público, gestión y gobernanza de datos, y cultura institucional. Estos ejes demuestran el compromiso continuo de la institución con la excelencia en la prestación de servicios públicos.

• Ricardo Fuentealba fue parte de la Conferencia Anual de la Royal Geographical Society y el congreso 2023 de la Association of Geographical Societies in Europe.

Dos presentaciones relacionadas al riesgo de desastres fueron parte del itinerario del académico Ricardo Fuentealba durante su visita al viejo continente, donde presentó parte de su trabajo como investigador en conferencias de importancia internacional.

En primer lugar, participó en la Conferencia Anual de la Royal Geographical Society en Reino Unido. “En esta conferencia, realizada en Londres, presenté un trabajo co-escrito con mi colega Belén Desmaison, de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Se trata de un capítulo sobre ecología política urbana y desastres para un libro que estoy editando. Participamos en un panel sobre desastres y geografía, con presentaciones teóricas y empíricas basadas en Nepal, India, Estados Unidos, entre otras”.

Posteriormente se dirigió a Barcelona, donde fue parte del Congreso 2023 de la Association of Geographical Societies in Europe. “Participé de un panel sobre gestión integrada del riesgo de desastres, organizado por colegas de la Disaster Research Unit de la Freie Universität Berlin, en Alemania. Presenté un trabajo que he venido desarrollando sobre la gobernanza urbana del riesgo, mostrando cómo surgen diversas iniciativas de gestión y qué resultados buscados y no buscados producen. Fue un placer compartir con colegas que presentaron sobre Indonesia, Chile y Alemania, además de otros casos”.

El académico ICSo detalló que las discusiones ocurridas en estos eventos son sumamente interesantes. “Los desastres en particular, y otros temas como la emergencia climática, las nuevas formas de exclusión social y desigualdades, llaman la atención de académicos/as de diversas latitudes. Dada la naturaleza de la geografía, como disciplina, los debates muchas veces son desarrollados por equipos multidisciplinarios y con el interés de generar conocimientos transdisciplinarios”, puntualiza.

• La académica y directora del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Andrea Canales, entrega recomendaciones para que el “18” no se transforme en un dolor de cabeza.

“En primer lugar, siempre debemos planificar nuestros gastos e intentar establecer cuánto y en qué vamos a usar nuestro presupuesto para Fiestas Patrias. Organizar las compras con nuestros grupos familiares y, siempre, cotizar y buscar los mejores precios”. Con estas palabras, Andrea Canales, directora del ICSo-UOH, resume los tips para salir airosos de los gastos dieciocheros del 2023.

Algunos trabajadores reciben en septiembre un aguinaldo de Fiestas Patrias, pero como este beneficio no es obligatorio, hay familias que no contarán con él, en ese contexto preguntamos a la académica de la UOH: ¿qué hacer si no recibiré aguinaldo?

“En general, se recomienda tener un presupuesto mensual y anual, que nos permita anticiparnos a estos gastos estacionales. El presupuesto anual nos permite planificar un ahorro para los meses en que se presentan estos gastos extras, que tenemos también a fin de año, por las vacaciones o debido a los gastos en útiles escolares o uniformes. Siempre, presupuestando cuál será el monto de nuestro gasto”, precisa Andrea Canales.

Préstamo: ¿buena o mala opción?

“Para este tipo de gastos no es recomendable endeudarse y, si decide hacerlo, el plazo no debería exceder los tres meses, ya que en diciembre nuevamente enfrentamos gastos extras. Asimismo, si decide endeudarse -para financiar el feriado- cotice el crédito más barato. Para ello, puede revisar la Carga Anual Equivalente (CAE) y escoger el crédito que ofrezca la CAE más baja”, asegura.

La CAE incluye el capital (dinero que solicita como préstamo); la tasa de interés; el plazo del crédito: 12, 24, 36 y 48 meses (a mayor plazo, más altos son los intereses y más caro el crédito); los cargos propios del crédito como los operacionales, timbres y estampillas, y los servicios extra, contratados voluntariamente, como seguros de cesantía, contra fraudes y desgravamen, entre otros.

“En resumen, podemos decir que las recomendaciones son: generar un presupuesto, definir prioridades, organizar los gastos y cotizar”, culmina la académica UOH.

• La instancia fue desarrollada por el Centro de Estudiantes de la carrera de Derecho.

• La iniciativa busca entregar un marco normativo moderno que desincentive conductas contrarias a la probidad y proteja adecuadamente a quienes denuncias posibles faltas.

Con el objetivo de entregar nuevas herramientas para enfrentar hechos de corrupción en la administración pública, a mediados de este mes se promulgó la Ley de Protección al Denunciante.

La ley establece que el acceso a la protección es un derecho de todo denunciante, que garantiza su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo, que eventualmente podrían ser amenazadas como consecuencia de su denuncia o de su participación en los procedimientos propios de las investigaciones respectivas.

“Si yo le pregunto ¿Usted confía en el Estado? Es altamente probable que su respuesta sea negativa, sobre todo en el momento actual que se vive en Chile, donde semana tras semana nos encontramos con hechos vinculados a corrupción que no solo generan alta expectación pública, sino que también ponen cuesta arriba la difícil tarea de retomar la confianza de la ciudadanía con el Estado. Hay instrumentos que muestran que la percepción de corrupción y desconfianza bordean el 80% por lo que esta ley debe ser un paso de muchos para avanzar en una agenda de corto plazo que permita dar vuelta un complejo escenario”, apunta el docente de la carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins, Manuel Toro.

El estatuto crea un canal de denuncias administrado por la Contraloría General de la República, mediante una plataforma electrónica, a efectos de que toda persona pueda denunciar hechos constitutivos de faltas a la probidad administrativa, incluyendo, entre otros, hechos constitutivos de corrupción, o que afecten, o puedan afectar, bienes o recursos públicos, en los que tuviere participación personal de la Administración del Estado.

Sobre los esfuerzos en materia de anticorrupción por parte del Estado, el también docente de Administración Pública de la misma casa de estudios, Michel Figueroa, indicó que “estos han estado centrados en sancionar los hechos, pero no se han puesto en prevenir o detectarlos. La promulgación de esta ley contribuye a contar con una nueva herramienta para detectar posibles casos e irregularidades que ocurren dentro de la Administración del Estado e investigarlos a tiempo, para en caso de acreditarse las irregularidades poder sancionar oportunamente”.

Respeto del deber de denuncia y de las medidas de protección del personal de la administración del Estado, la nueva norma establece que el personal de la Administración del Estado tiene el deber de denunciar, con la debida prontitud, ante los órganos administrativos o judiciales que correspondan, los hechos de que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revistan caracteres de delito o que sean constitutivos de faltas administrativas o a la probidad.

“Se debe generar conciencia sobre los actos que son contrarios a la probidad administrativa y a la ética pública, lo que se resumen en privilegiar el interés general y no los intereses particulares, de tal forma que cada vez que se identifiquen situaciones que sean contrarias a esta idea puedan denunciar los hechos de tal forma de detectar posibles casos de corrupción”, apuntó Michel Figueroa.

El estudio Radiografía de la Corrupción (2020) de la CGR indicó que solo un 32,9% de quienes fueron víctimas y/o testigos de corrupción lo denunció. Una de las principales razones mencionadas para no denunciar es el temor a ser objeto de represalias o amenazas (35,1%), lo que es más prevalente en funcionarios públicos (48,7%). La ley busca enfrentar este problema.

“En la carrera de Administración Pública UOH hay una línea de trabajo en esta área que busca reforzar que las y los futuros funcionarios públicos tengan no solo conocimientos sino que también claridad de sus derechos, deberes y consecuencias al momento de resolver un problema que afectará no sólo a ellos sino que a quienes habitan este país, desde lo normativo en cátedras como Derecho Administrativo hasta las decisiones que se deben tomar al momento de ejercer la función pública, discusión que se profundiza en el curso de Ética Pública”, finalizó el docente Manuel Toro.

• Felipe Munita participó de la instancia y recalcó que uno de los objetivos es crear lectores competentes y autónomos, capaces de enfrentar una amplia gama de textos y contextos de lectura.

La mediación en la lectura es un enfoque pedagógico que implica la intervención activa de un mediador para facilitar la relación entre el lector y el texto. El objetivo principal de la mediación de lectura es ayudar a lectoras y lectores a desarrollar habilidades de análisis, comprensión, interpretación y análisis crítico, así como promover el gusto por la lectura y la reflexión sobre la composición de los textos, su materialidad, tipografía y la dimensión narrativa o estética presente.

Las y os mediadores utilizan estrategias como la lectura en voz alta, la discusión de temas, la selección adecuada de libros según los intereses y nivel de lectura de cada persona, y la creación de un ambiente propicio para la lectura. Además, pueden guiar a los lectoras y lectores a través de preguntas que les permitan profundizar en los significados y las implicaciones de lo que están leyendo.

En el Primer Congreso Regional de Estudiantes de Pedagogía de la Universidad de O’Higgins (UOH), el Doctor en Didáctica de la Lengua y la Literatura, Felipe Munita, expuso sobre sus investigaciones en torno a la mediación de lectura en el sistema escolar.

“Es un enfoque relativamente nuevo, si lo pensamos en términos históricos, intenta llenar un espacio que tradicionalmente no existía en la pedagogía de la lectura. Ésta se ha preocupado muy poco de acompañar los procesos de los/as lectores/as. El enfoque de mediación se sitúa en el acompañamiento, en ese intento de derribar dificultades que las obras puedan tener para un lector que, tal vez, no es todavía muy experto en interpretar esos vacíos que tiene un texto, y la mediación entonces se sitúa en proveer de ayuda a los lectores para entrar de manera más fluida en esos textos”, explica Munita.

La formación de lectores se refiere a un proceso educativo diseñado para desarrollar las habilidades de lectura, comprensión y análisis de textos en los individuos. Implica proporcionar a los lectores herramientas y estrategias que les permitan abordar una variedad de textos de manera efectiva y crítica. La formación de lectores no solo se centra en la adquisición de habilidades técnicas, como la decodificación de palabras, sino también en la capacidad de interpretar y reflexionar sobre lo leído.

Sobre la importancia de enseñar a las nuevas generaciones para que sean mediadores en el futuro, Munita es categórico: “es un desafío para la Formación Inicial Docente, que hasta ahora se había preocupado relativamente poco de formar profesores que acompañen procesos de lectura. Me parece fundamental que ingrese este enfoque, de manera tal de que los/as futuros/as profesionales tengan esta visión de cómo ayudar a otros a entrar de manera más profunda en los textos, y cómo poder gozarlos más finalmente, cómo motivarlos más por la literatura, gozar la literatura que ya tenemos en las salas de clases”.

Tanto la mediación de lectura como la formación de lectores buscan promover la lectura como una actividad enriquecedora y significativa, y trabajar en conjunto para mejorar las habilidades de comprensión, análisis y apreciación de textos en los individuos de todas las edades.

•  La docente de la Escuela de Ciencias Sociales (ECSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH) e integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Priscila González, señala que hay avances en la atención de las víctimas, pero ello no va de la mano con la prevención que es fundamental para avanzar en la erradicación de este flagelo.

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres -articulación de colectivos, organizaciones sociales, no gubernamentales y mujeres que trabaja, desde 1990, con el propósito de contribuir a erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas- presentó hace unos días los resultados del “Dossier informativo Violencia contra Mujeres en Chile 2022”.

Se trata de un documento elaborado en el marco de la campaña “¡Cuidado! El machismo mata” y como explica la docente de la Escuela de Ciencias Sociales (ECSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH) e integrante de la  Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Priscila González, es parte de lo que “hacemos como Red y presenta los datos que nosotras generamos como Red, pero también hace un cruce con datos de instituciones como Carabineros, la Fiscalía, la Policía de Investigaciones, PDI, Gendarmería, sobre violencia femicida, violencia en contexto de pareja,  violencia económica y sexual”.

El Dossier fue presentado el día 9 de agosto de 2023 y contiene datos hasta el 31 de julio de 2023.  Sobre los resultados, Priscila González, señala que “los aspectos que más preocupan son los que tienen que ver con la violencia extrema y con la violencia sexual; la violencia extrema no cesa, es una violencia que se sigue perpetuando a lo largo del tiempo. Los datos nos muestran que los femicidios que se registran -año a año- son más o menos estables (ver infografía), pero son los femicidios frustrados los que aparecen como más numerosos este año: 132, al 31 de julio del 2023 (un promedio de más de 18 femicidios por mes); el año 2022 llegaron, en 12 meses, a 180.

Aumentan los femicidios frustrados

Las tesis que podrían explicar este aumento, señala la docente de la UOH, pueden ser la modificación a la Ley Gabriela que “modificó, de manera importante, la calificación del femicidio, que antes era sólo considerado en los casos de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas con convivencia, y ahora incluye parejas sin convivencia, las relaciones de pololeo; junto al femicidio por razones de género;  a ello que se suma, como segunda tesis, el recrudecimiento de la violencia extrema hacia las mujeres. Son tesis que todavía deben ser investigadas para llegar a las conclusiones”, precisa Priscila González.

¿Considera que existen avances a la fecha?

“Creo que hemos avanzado en la atención de las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, tenemos que avanzar hacia la prevención de ella, hacia la promoción de una vida libre de violencia para todas y todos. No se puede dejar de reconocer que hay avances. Hoy día, las mujeres tenemos mucha más conciencia de lo que nos sucede; de la violencia que vivimos en distintos espacios, no solo en los de entidad en la pareja, sino también en: el espacio laboral, la calle, los medios de comunicación, la publicidad. Pero queda mucho por recorrer, pues estos son aspectos culturales, de larga data y que no se van a cambiar de un día para otro”.

Un elemento que llama la atención en el Dossier es que, al mirar el número de femicidios, las cifras difieren entre las que tiene la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las de SernamEG.

“Nuestros registros como Red Chile, difieren porque en el caso del SernamEG se debe regir por lo que indique la Ley de Femicidios y, esta, por muchos años tuvo un contexto muy restringido, fijándolos en el contexto de la pareja, las ex parejas o quienes tuvieron hijos en común. Sin embargo, para nosotras como Red Chilena, la definición de femicidio deriva de la teoría feminista y de lo que nosotras reflexionamos en torno a las muertes violentas de mujeres, que nos levanten alguna sospecha sobre cuáles fueron las circunstancias que rodearon esas muertes.

Nosotras decimos que el concepto general de femicidio es la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujeres y, a partir de ahí, realizamos una reflexión sobre cuáles fueron las circunstancias que rodearon esas muertes, y luego, concluimos que tal o cual muerte deriva de esa condición: de ser mujeres. Entonces, muchas veces, nosotras consideramos los ataques que viven trabajadoras sexuales o los ataques por vínculos -sin relaciones de intimidad- como es la violencia entre amigos. Y también, algunas otras situaciones que escapan de los conceptos tradicionales de femicidio”.

¿Qué nos falta para mejorar?

“Entender que los femicidios son el resultado de una violencia que es extrema, que es una trayectoria en la vida de las mujeres, tanto en lo personal como en calidad de grupo social, que equivalemos a más del 50% de la población. La violencia extrema es solo el final del camino, pero previo a ello, hay un montón de instituciones y circunstancias que abonaron para que el femicidio se concretara: las familias, las escuelas, las instituciones laborales.

Las distintas expresiones del patriarcado se reproducen en las distintas instituciones formales e informales, por eso existen los grupos feministas y las instituciones que realizan prácticas de discriminación positiva y de medidas afirmativas. Solo afirmando la trayectoria de las mujeres y sus vidas es que podremos vivir libres de violencia.

Hay que apuntar mucho más a la prevención, pero esa prevención a veces resulta ser contra cultural y eso nos hace despertar mucho desinterés o nos ponen en conflicto con quienes no quieren perder ciertos privilegios. En esto, hay que ser muy enfáticas: todas queremos vidas libres de violencia, pero para eso hay que ver que ciertos sectores de la sociedad deben ceder mucho poder.

Las expresiones del machismo son prácticas que se encuentran en la cultura. Este es un asunto que nos compete a toda la sociedad; por eso hacemos el llamado a que las transformaciones deben ser en todos los espacios: educativos, laborales, públicos, al interior de las familias. Son cambios lentos, pero que ya no tienen vuelta atrás; los cambios ya avanzaron, y aunque vivamos una reacción conservadora, los despertares, los remezones mentales de las mujeres, ya se establecieron. Y en ese sentido, las feministas en los distintos espacios, en este caso con un Dossier, lo que hacemos es contribuir a cambiar esta realidad”.

• Estudio realizado por el académico UOH, Jairo Lucero Pantoja, buscó precisar el grado de cumplimiento de las garantías de libertad sindical postuladas en los Convenios 87 y 98 de la OIT, al que están adscritos ambos países.

Cuatro diferentes ordenamientos jurídicos latinoamericanos se analizaron en “Claves del debilitamiento de la real función social del sindicato. Acercamiento a las barreras en la constitución de sindicatos de rama/industria y el ejercicio de huelgas de solidaridad en tres modelos laborales latinoamericanos”. Se trata de los ordenamientos de Chile, Colombia, Argentina y Uruguay.

El estudio estuvo a cargo del académico del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Jairo Lucero Pantoja, y su objetivo es precisar el grado de cumplimiento de las garantías de libertad sindical postuladas en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), específicamente, en dos aspectos: la libertad de constitución, tamaño y organización estructural del sindicato, y la interacción gremial a partir de la huelga por solidaridad.

Los países analizados fueron, además de Chile y Colombia, Argentina y Uruguay, y se establecieron tres categorías: “incoherentes”, cuando el cumplimiento era contradictorio a los lineamientos de la OIT; “mixtos”, cuando tenían ciertas divergencias en su garantía práctica, y “coherentes” cuando se aplicaban las disposiciones de libertad sindical de forma armónica con lo dictado en los Convenios, explica el Dr. Jairo Lucero.

Ordenamientos “Incoherentes”

Y la conclusión es clara “los ordenamientos laborales chileno y colombiano son incoherentes en la medida que las dos -garantías sindicales antes mencionadas- no se integran en el ordenamiento jurídico como manifestaciones connaturales de la función social del ejercicio sindical”. Y esto se expresa en que “en Chile se trata de contener (a través del artículo 216 del Código del Trabajo) el ejercicio sindical en el nivel base de la economía, es decir, el sindicato de empresa (donde se agrupan trabajadores de una empresa o grupo empresario), impidiendo (aunque reconociendo a regañadientes a través de dictámenes del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo), otras manifestaciones propias de la sindicalización, como los sindicatos de oficio (trabajadores de un mismo oficio), de rama (agrupa un sector de la economía) y las centrales (reúne trabajadores de todos los sectores)”.

Asimismo, si el punto es la huelga, destalla el académico de la UOH, se presenta “un silencio normativo que ha sido medianamente resuelto por la jurisprudencia, cuya tendencia mayoritaria solo ampara la huelga dentro de un proceso de negociación colectiva (permitiendo la declaración de ilegalidad fuera de este espacio), versus la postura sostenida en solitario por la Corte de Apelaciones de Santiago que la extiende a otros espacios más allá de la negociación, por ejemplo, en escenarios de huelga por solidaridad, esto es, en espacios que desbordan las meras pretensiones laborales del sindicato in situ, y se sustenta en cuestiones políticas que posicionan al sindicato como un sujeto laboral colectivo”.

El quid de la limitación de la huelga de solidaridad -sostiene el académico de la UOH- se enfoca en impedir la interrelación de la manifestación de inconformidad laboral, entre diversos tipos de trabajadores/as, lo que, por cierto, les resta poder como colectivo”.

Ejemplos de huelgas por solidaridad, se suelen manifestar en una misma cadena productiva como, por ejemplo, una huelga por solidaridad de trabajadores/as de una aerolínea que apoyan a empleados/as de una empresa de catering que se encuentran en huelga debido a recortes salariales; o bien, trabajadores/as de una cadena de supermercados que se unen en huelga de solidaridad con los/as repartidores/as de una empresa de entrega a domicilio.

Colombia: aparente libertad de sindicalización

Y en Colombia, las cosas también son “incoherentes”, detalla Jairo Lucero, pues a pesar de sostener un modelo de “aparente libertad de sindicalización, el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 357) favorece de forma insistente el modelo sindical de empresa, lo cual ha impactado en el casi nulo ejercicio de otras formas de asociatividad frente a la negociación colectiva. Esto, sin contar con las exigencias de número mínimo de afiliados que debe tener una organización sindical (25 personas), incluso de empresa, lo cual va en contra de los postulados convencionales de la OIT. Similar situación ocurre con la huelga de solidaridad, la cual es limitada a un contenido político, social y económico amplio, o a lo menos sectorial, debiendo incidir directamente en el ejercicio de la correspondiente actividad, como lo señala la Sentencia C- 858 de 2008 de la Corte Constitucional, referente al Art. 450 del Código Sustantivo del Trabajo. A lo anterior se suma que los/as trabajadores/as solidarios/as deben encontrarse vinculados/as con los huelguistas través de una federación o confederación sindical, como lo manifiesta la Corte Constitucional en su sentencia C-201 de 2002, lo cual constituye una exigencia adicional para impedir el ejercicio libre de la huelga de solidaridad.

En tanto, el ordenamiento jurídico uruguayo, según el estudio es “un modelo a seguir en el garantismo sindical latinoamericano, en cuanto armoniza las exigencias convencionales de la OIT respecto a la libertad sindical y huelga por solidaridad”.

Una de las explicaciones a estos resultados en Chile y Colombia, sostiene el investigador de la UOH, son “los períodos represivos democráticos sufridos en Chile y Colombia: el primero con la Dictadura, y el segundo con el conflicto armado, pero ello no es impedimento para considerar que, actualmente, ambos países poseen una visión desfasada y prohibitiva del entendimiento de la libertad sindical y la huelga por solidaridad”.

Asimismo, los resultados de la investigación destacan -sostiene el académico de la UOH- que, en Chile, es “necesaria una transformación normativa respecto a la libertad de formación de sindicatos de oficio, rama y centrales, otorgándoles -por ley, y no mediante Dictámenes de la Dirección del Trabajo- plena capacidad de negociar colectivamente. Esto nos permite cuestionarnos si el presente escenario constitucional es un espacio adecuado para establecer estas garantías, así como la del ejercicio de huelga por solidaridad. Un trabajo futuro podría trazar las semejanzas y diferencias del proyecto constitucional rechazado de 2022, el proyecto de la comisión experta de 2023 y la constitución actualmente vigente”.

La investigación -explica Jairo Lucero- se realizó mediante una metodología propia de las ciencias jurídicas, esto es, la dogmática jurídica, acompañada de la técnica del análisis normativo y documental, y los sub-métodos sistemático, analítico y de enjuiciamiento de hecho. Esto permitió realizar un estudio pormenorizado en los mencionados ordenamientos jurídicos laborales latinoamericanos. “El desarrollo de este trabajo se ejecutó mientras me encontraba realizando mi estadía postdoctoral en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O´Higgins (2022), institución y grupo de colegas a quienes les agradezco profundamente su apoyo en la consolidación de la misma”.

Los resultados fueron publicados -en abril de 2023- en la Revista de Derecho de la Universidad del Norte (Colombia), la cual se publica de manera semestral desde 1992. “Es una revista de alto reconocimiento en Colombia, lo cual le ha permitido su indexación en el catálogo de Scielo, Latindex, Publindex, Redalyc, entre otras”, detalla Jairo Lucero.

• Monserrat Marín y Cristóbal Tralma junto a su jefa de carrera, Javiera Delgadillo, participaron de la actividad internacional en Argentina.

Los sistemas políticos tanto a nivel nacional como internacional se encuentran enfrentando diversos desafíos complejos que exceden las fronteras de los países. Entre estos problemas destacan el cambio climático, los flujos migratorios globales, la inestabilidad económica y política, y la pandemia de Covid-19.

Durante 5 días tuvo lugar el prestigioso Congreso Internacional de Ciencia Política en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este evento corresponde a la 27º versión y congregó a prominentes expertos, investigadores y estudiantes provenientes de diversos rincones del planeta, quienes se dedicaron a analizar y debatir sobre el continuo desarrollo conceptual y aplicado de la Ciencia Política.

Los estudiantes Monserrat Marín y Cristóbal Tralma de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins, junto a su jefa de carrera, Javiera Delgadillo, participaron de la actividad y pudieron presenciar las exposiciones de grandes referentes del área, participando como oyentes de diversas charlas y plenarios, y compartiendo con investigadores de diversas áreas vinculadas a las políticas públicas.

“La gestión pública debe estar constantemente en conversación con otras disciplinas de las Ciencias Sociales pues nos permitan entender de mejor manera los problemas públicos y buscar soluciones innovadoras para ellos. Este Congreso representó una instancia muy positiva de diálogo y aprendizaje sobre asuntos que se encuentran presentes en nuestro país y en el mundo, tales como la incorporación del enfoque de género en las políticas, las migraciones, el avance de discursos de odio en Latinoamérica, entre otras temáticas que nos desafían como administradores/as públicos/as”, indicó Javiera Delgadillo.

Monserrat Marín indicó que participar del Congreso fue una experiencia muy novedosa y motivadora, “ya que se encontraban académicos de todo el mundo compartiendo su trabajo y conocimiento, en una modalidad que nos permitió interactuar con ellas/os y donde pudimos encontrar nuestros temas de interés, profundizando aquello que nos gustaba, pero también pudimos conocer temas y debates relevantes de las ciencias políticas actuales”.

En tanto, Cristóbal Tralma comentó sentirse feliz de obtener esta oportunidad, “creo que es un reflejo de lo que es capaz la institución y un ámbito importante al que se debe aspirar, posicionado a la Universidad en términos académicos internacionalmente, permitiendo aprender de esta experiencia y aportar no solo a la universidad sino también a la región”.