• El académico Gonzalo Palomo señala que -aun así- no basta con que las personas perciban valores idénticos o parecidos a los suyos en las instituciones para confiar en ellas. “Es fundamental considerar el tipo de valores y la dirección de la incongruencia en esa percepción”.

• La investigadora Martina Cociña Cholaky aborda los avances y puntos pendientes en la materia.

La migración es una realidad cierta que requiere regulaciones nacionales e internacionales que no han caminado al ritmo del fenómeno que está presente en todo el planeta. Y Chile no está ajeno a esa realidad. Según el Servicio de Migraciones de Chile (SERMIG), al 31 de diciembre de 2022 en nuestro país vivían 1.625.074 extranjeros/as provenientes en su gran mayoría de Venezuela (532.715), Perú (250.908), Colombia (189.524), Haití (184.724) y Bolivia (148.059), y el 93% del total de los migrantes residía en la Región Metropolitana.

En este escenario, la investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Martina Cociña, señala que es fundamental, al reflexionar sobre la temática migratoria, abordarla “desde una perspectiva integral, esto es, más que visualizar a quienes se desplazan desde la óptica instrumental de costo-beneficio, comprenderlos como personas que, al igual que obligaciones, tienen derechos que deben ser garantizados y respetados”.

La investigadora aclara que, en relación a las consecuencias que puede generar la movilidad humana en los países receptores, estudios dan cuenta que “si el porcentaje de inmigración internacional es mayor al 10% de la población, ello puede tener efectos en la economía del país, lo que no es el caso chileno, ya que según la última estimación publicada del Instituto Nacional de Estadísticas y SERMIG, las personas migrantes no superan el 8%”.

Agrega que la literatura especializada señala que las personas migrantes se insertan en los mercados, presentando mayor tasa de empleabilidad que la población local, pero “a menudo desarrollan trabajos mal remunerados y en condiciones laborales precarias, esto se debe a una serie de barreras existentes, como la alta segmentación laboral, lo que se vislumbra -por ejemplo- con la migración de mujeres peruanas que, a pesar de contar con estudios, son contratadas –mayormente- en labores de aseo doméstico”.

Política pública

La Dra. Cociña señala que, al hablar de una política integral de migración, cabe considerar que “recién desde los años 90 la movilidad humana ha comenzado a estudiarse en Chile, con anterioridad las investigaciones eran más bien escasas. Desde los años 2000 en adelante la inmigración internacional se ha configurado como una preocupación, situándose en la agenda pública. Sin duda, el que sea un fenómeno sociocultural que ha causado reciente atención, incide en cuanto a las políticas que se han adoptado para abordarlos”.

La experta agrega que, como advierte la literatura especializada, -en general- si se examina el papel que ha cumplido el Estado de Chile a nivel gubernamental, “no se ha establecido una política integral de inclusión, sino más bien medidas paliativas y restrictivas que responden a necesidades específicas de un ámbito. Y por otra parte, se reconoce que podrían existir avances en la materia, como la dictación de una legislación (Ley 21.325 de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública) que dejó sin efecto una normativa de antigua data (Decreto Ley 1.094 de 1975) que se sustentaba en la Doctrina de la Seguridad, y la reciente Política Nacional de Migración y Extranjería, que reconoce la necesidad de inclusión de las personas migrantes. No obstante, cabe vislumbrar cómo se aplicarán en la práctica”.

Explica que desde 2018, Chile cuenta con una política migratoria que se expresa en la premisa «Migración ordenada, segura y regular» y bajo este lema, el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), adoptó “una serie de medidas que buscaban controlar el ingreso y permanencia de determinadas comunidades de extranjeros, imponiendo un tratamiento diferencial de las circulaciones. En 2018 y 2019 se establecieron visas consulares, mediante decretos, a personas haitianas y venezolanas, pero por su escasa concesión, extensa tramitación y la gestión de la pandemia, se dificultó la entrada regular de estas personas. Debido a la falta de acceso por vías regulares, los ingresos irregulares se incrementaron y las travesías se precarizaron. El Estado chileno, entonces, se configura como productor de irregularidad”.

La investigadora postdoctoral afirma que el aumento de las restricciones para ingresar “se manifestó en la eliminación de la visa temporaria por motivos laborales en 2018, el  Plan de Retorno ‘Humanitario’, el fortalecimiento de los mecanismos para materializar las expulsiones y la adopción del Plan Frontera Segura en el norte del país”.

Añade que la política de militarización de las fronteras y la mediatización de las deportaciones es parte de una lógica de seguridad que ha optado por fortalecer el control de los desplazamientos imponiendo una gestión selectiva de los flujos. “Un panorama que no dista de las medidas establecidas por el presidente Gabriel Boric y que han reforzado la frontera nortina incrementando la dotación militar y declarando Estado de Excepción en la macrozona norte con un importante aumento presupuestario”.

Normativa vigente

En Chile la política migratoria se expresa en instrumentos como la Ley de Migraciones y Extranjería y su reglamento (vigentes desde febrero de 2022), la Ley de Refugio de 2010 (N° 20.430) y la Ley Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (N° 20.507).  Asimismo,  se  manifiesta a nivel reglamentario en decretos y circulares dictadas en ámbitos como salud y educación. También es posible evidenciarla, de manera más reciente, en la Ley de Infraestructura Crítica (N° 21.542). “Estas regulaciones, entre otras, interactúan e intentan responder al cambiante escenario de la movilidad, abordando los desafíos que se presentan y solucionando algunos vacíos existentes. Al mismo tiempo, sin embargo, dificultan el ejercicio de los derechos de quienes migran por su sectorialidad, parcialidad y condicionalidad, además de la burocratización y dispersión que las caracteriza. Constituyen, por lo tanto, un entramado regulatorio que expone la carencia de una política migratoria integral en Chile”, finaliza la investigadora UOH.

• La delegación ICSo presentó ponencias vinculadas a situaciones de desastres en Colombia, precariedad laboral y burocracia en procesos sobre violencia intrafamiliar en Chile.

Investigadores del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins, participaron en el Congreso 2024 de la Latin American Studies Association (LASA), realizado en Bogotá (Colombia), entre el 12 y el 15 de junio, evento que reúne a expertos de América Latina en ocasión de reflexionar acerca del panorama ideológico en los países de la región, movimientos populistas contrapuestos, crisis climática y fuerzas de acción y reacción como la igualdad de género, entre otros efectos políticos post pandemia.

El PhD en Ciencias Sociales, Ricardo Fuentealba participó del panel “Catástrofes y Transformaciones Radicales en la Subjetividad y en la Política”, con la ponencia “Más allá de la resiliencia: resistencia y transformación postdesastre en el Campamento por la Dignidad en la isla de Providencia, Colombia”. En la exposición estuvo acompañado por Catalina García de la Universidad de Ámsterdam, en condición de co-autora.

Entre tanto, el Doctor en Geografía Domingo Pérez, presentó el trabajo titulado “Geografía social de los/as trabajadores/as precarizados de servicios: empresas, comunidades y sindicatos”, como parte del panel “Informalidad y precariedad laboral”.

Por su parte, la Doctora en Estudios Americanos Loreto Quiroz, hizo dupla con el  PhD en Estudios Socio-Jurídicos, Ignacio Riquelme, participando en el panel “La justicia y sus procedimientos: Técnicas y tecnologías jurídicas en burocracias latinoamericanas”, donde presentaron su investigación “Conciencia jurídica y burocracia judicial en procedimientos de violencia intrafamiliar en Chile”.

• El cambio climático ha generado un nuevo escenario mundial, del cual no escapamos como país. El cúmulo de peligros que trae, ha puesto en escena una preocupación constante en las sociedades y sus habitantes. El miedo se hace presente y genera una condición que avanza: la ansiedad ambiental o ansiedad climática.

Las intensas lluvias de los últimos inviernos, que provocaron salidas de ríos, inundaciones y aluviones, así como los incendios forestales que ha sido incontrolables –a ratos- y que han costado numerosas vidas, son parte de las preocupaciones que el cambio climático ha puesto en nuestras vidas y que sin duda generan una preocupación constante sobre lo que pueda ocurrir a futuro.

Pero –muchas veces- esa preocupación puede llegar a niveles poco saludables. Se trata de la ansiedad ambiental o ansiedad climática, un miedo crónico ante la crisis ambiental y sus consecuencias y que tiene mucho que ver con la exposición mediática de observar el impacto del cambio climático en distintos aspectos de nuestras vidas.

¿Qué es la ansiedad ambiental?

“Se entiende como un estado de activación o alerta que subjetivamente se experimenta como negativo. Es similar al miedo, pero deriva de creencias relacionadas a la crisis climática o a catástrofes ambientales. En algunas personas, dicho estado puede llevar a problemas psicológicos y/o trastornos clínicos. Sin embargo, la literatura científica relevante y las instituciones formales asociadas a la a la praxis clínica de la profesión, no la han clasificado –aún- como una condición clínica propiamente tal. No obstante esto, la ansiedad climática reiteradamente ha sido asociada a condiciones como la ansiedad generalizada y malestar”, explica el académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins  (UOH), Gonzalo Palomo.

Como explica el investigador UOH, si bien el estudio de la ansiedad climática ha sido relativamente incipiente en Latinoamérica, en Chile existen algunos trabajos que ya han avanzado sobre este tema. “Con parte del equipo de Gobernanza e Interfaz Ciencia-Política del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, donde colaboro, medimos hace algunos meses la ansiedad climática que reportan investigadores e investigadoras que trabajan en temas asociados a cambio climático en Chile. Esto llevó a un manuscrito que está actualmente en revisión en una revista indexada internacional”, añade el investigador UOH.

Chile y eventos climáticos extremos

Una sociedad como la chilena, acostumbrada a las situaciones climáticas adversas, como lluvias, sequía, remociones en masa, además de sismos, actividad volcánica, tsunamis e incendios forestales de magnitud (debido a la sequía), entre otras amenazas, podría estar en riesgo de experimentar mayores niveles ansiedad ambiental.

“Hay literatura que apunta a que factores contextuales –tales como condiciones climáticas adversas- pueden eventualmente gatillar ansiedad climática. Ahora, creo que lo más relevante son las consecuencias de la misma. Por cierto, que las consecuencias psicológicas clínicas son importantes y no deberían obviarse, pero además creo que es importante destacar los efectos comportamentales de este tipo de ansiedad, en particular en lo que respecta a comportamiento ambiental”, explica el Doctor en Psicología Social Evolucionista.

Agrega que un poco de ansiedad es positivo, ya que activa y lleva a la acción. “Sin embargo, mucha ansiedad o ansiedad relativamente constante puede llevar al efecto contrario y paralizar a las personas que la experimenten. Es decir, ‘no puedo hacer nada, ¿qué sentido tiene hacer algo?’. Y en ese sentido, la ansiedad climática podría llevar a una menor acción climática”.

Pero ¿cómo manejar un fenómeno que se ve nutrido por constantes catástrofes y mucha publicidad? Gonzalo Palomo señala que las narrativas y el cómo se frasean los problemas ambientales es fundamental. “El catastrofismo climático y narrativas asociadas a la imposibilidad de revertir las tendencias, probablemente llevarán a mayor ansiedad y menor acción”.

“No se trata de disminuir la importancia de la crisis, ni de negacionismo, sino que se trata de plantear el problema climático junto con estrategias accionables a nivel individual y social. Así, en principio, uno puede alertar sobre el problema y al mismo tiempo dar algunas luces sobre cómo abordarlo, reduciendo –de esta forma- la incertidumbre y la sensación de indefensión”, finaliza el académico UOH.

• Manuel Aguilar y Gonzalo Ruiz, ambos investigadores de la Universidad de Cádiz, participan en dos proyectos Fondecyt sobre matemáticas y autismo, y desarrollo de plataformas tecnológicas.

Los investigadores de la Universidad de Cádiz, Manuel Aguilar y Gonzalo Ruiz, visitaron esta semana el Campus Rancagua UOH en el marco de su trabajo en dos proyectos Fondecyt donde participa la Universidad de O’Higgins.

El Dr. Aguilar es especialista en cognición, específicamente, en dificultades de aprendizaje, y el Dr. Ruiz se especializa en diseño de plataformas para la gamificación de actividades matemáticas.

Uno de los proyectos en los que están involucrados es el Fondecyt de Matemáticas y Autismo, liderado por los académicos Carlos Pérez Wilson y María Soledad Burrone, y que busca, mediante intervenciones basadas en una metodología particular (el método ABN), mejorar las habilidades matemáticas de niños y niñas autistas.

La segunda iniciativa es el Fondecyt de Desarrollo de plataformas tecnológicas para el desarrollo de habilidades matemáticas, en el que participan los académicos Gamal Cerda, de la Universidad de Concepción, y Carlos Pérez Wilson, de la UOH, y cuyo objetivo es la creación de aplicaciones y un diseño de intervenciones para aprovechar la intuición nativa del niño o la niña hacia la tecnología.

“Esta visita se enmarca en una colaboración interdisciplinaria de más de 10 años con los Departamentos de Psicología y de Didáctica la Universidad de Cádiz, especialmente en temas relacionados con el estudio de la matemática escolar. Esta colaboración nos ha permitido realizar estudios de carácter comparado, entre diferentes realidades educativas, y complementar las potencialidades de cada equipo para ampliar las temáticas investigativas de interés común”, explicó el académico UOH, Carlos Pérez Wilson.

Manuel Aguilar explica que el Grupo de Investigación de la Universidad de Cádiz, desde finales de los 80 trabaja en proyectos de dificultades de aprendizaje y personas con necesidades educativas especiales. “En este largo trayecto, hemos desarrollado equipos y programas APP que sirven para intervenir en dificultades específicas de aprendizaje. En este caso, lo que estamos trabajando es en dificultades de aprendizaje de las matemáticas”.

Agregó que en este trabajo se ha podido aplicar “un método de aprendizaje que es el ABN (Algoritmo Abierto Basado en Números), un programa de intervención en matemática en general, desarrollado por el profesor Jaime Martínez Montero, y que en este caso llevamos tiempo aplicando en Chile y en los proyectos que hacemos en España”, aseguró Aguilar.

Asimismo, Gonzalo Ruiz explicó que su trabajo dentro del grupo de investigación va de la mano con la tecnología. “Desarrollamos apps que personas del grupo diseñan y mi trabajo es concretarlas. Están hechas para que los niños trabajen con ellas y puedan solventar problemas o mejorar en algunos aspectos. Es algo muy llamativo para los/as niños/as. Por lo que muestran gran interés y hay muchas posibilidades de que sean realmente útiles para ellos/as”.

• Loreto Quiroz fue parte de un seminario organizado por la Universidad de Cardiff y espera exponer este mes en dos eventos online con sede en Chile y Colombia.

Bastante nutrida ha estado la agenda de la académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo), Loreto Quiroz. El pasado 1 de marzo fue parte de una serie de seminarios organizado por el Centre of Law and Society de la Universidad de Cardiffdonde expuso sobre “Linchamientos y conciencia jurídica en Chile”, cuya investigación explora sobre la naturaleza paradójica de esta relación.

El jueves 21 de marzo, a partir de las 11 horas, será parte de un seminario online donde presentará la ponencia “Conciencia Jurídica, alienación legal y vigilantismo: un estudio en 3 barrios de Santiago de Chile“, que corresponde a los resultados de su investigación postdoctoral. Quienes se interesen en participar ´pueden inscribirse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3TexkDX

Asimismo, el viernes 15 de marzo, a partir de la 8.30 horas, participará de la Semana de Derecho que organiza la Universidad del Norte (Colombia), donde será parte de un Encuentro Regional para Latinoamérica, evento que busca compartir experiencias y presentar resultados de investigaciones en el área.

Será parte de la Conferencia junto a Mayda Hocevar (U. Los Andes), Roger Arturo Merino (U. del Pacífico), Paulo Ilich Bacca (U. Nacional de Colombia), Orlando Aragón Andrade (U. Nacional Autónoma de México), Leandro Costanzo (U. de Buenos Aires), y Erika Bárcena Arévalo (U. Nacional Autónoma de México).

Cabe destacar que Loreto Quiroz es co-coordina el Grupo de Trabajo sobre Vigilantismo, Violencia Colectiva y Gobernanza Securitaria en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

• Estudio reconoce que por parte del Estado de Chile “existen esfuerzos para brindar protección” a niños, niñas y adolescentes migrantes, sin embargo, éstos “resultan insuficientes”.

El artículo “Movilidad forzada internacional de niños, niñas y adolescentes en Chile: refugio, regularización y reconducción” analiza cómo en la última década el Estado chileno ha abordado el desplazamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes, y lo hace empleando una metodología cualitativa de análisis documental de literatura especializada, material estadístico e informes relativos a infancia y adolescencia migrante y refugiada en Chile y en la región.

El estudio, realizado por la investigadora postdoctoral de la Universidad de O’Higgins (UOH), Martina Cociña Cholaky, y la académica de la Universidad de Tarapacá, Juliana Díaz Pantoja, señala que en los últimos años ha habido un “aumento sustancial de ingresos de NNA por pasos no habilitados, particularmente, de NNA de nacionalidad venezolana”. Ante este panorama, examinan las principales respuestas que se han generado por parte del ordenamiento jurídico chileno, así como la correspondencia de las medidas adoptadas frente a los estándares internacionales sobre protección de infancia y adolescencia.

Estado chileno al debe

En Chile la inmigración de personas ha experimentado un alza sustancial en el último tiempo. En particular, los desplazamientos en contexto de movilidad forzada se han incrementado en número y en precariedad, afectando en especial a la infancia y adolescencia. En este sentido, el estudio da cuenta que “aunque los NNA constituyen una población en situación de vulnerabilidad, el Estado de Chile, en su mayoría, no le ha concedido resguardo a los NNA solicitantes de refugio”, detalla Martina Cociña.

La investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la UOH explica que “a pesar del incremento de los desplazamientos forzados, el Estado chileno ha concedido refugio a un escaso número de NNA solicitantes, en la mayoría de los casos, no se les ha otorgado respuesta, lo que es, particularmente, preocupante considerando la grave crisis que afecta a Venezuela”.

Agrega, que “si bien existen esfuerzos por parte del Estado chileno para brindar protección a NNA, en contexto de movilidad forzada, éstos resultan insuficientes a la luz del principio de interés superior del niño/a”.

Este artículo fue elaborado en el marco del FONDECYT Posdoctoral ANID N° 3230279 “Derecho al refugio en Chile. Un estudio sobre su consagración normativa y aplicación práctica“, y se encuentra publicado en la Revista Direito Internacional, indexada en SCOPUS. Asimismo, ha sido recomendado por la Cátedra de la UNESCO.

Una de las líneas de investigación a desarrollar a futuro, a partir de esta investigación, es “indagar en mecanismos de regularización flexibles al contexto de la movilidad de NNA, atendiendo a sus necesidades de protección y a las obligaciones emanadas del interés superior del niño/a”, explica Martina Cociña.

• Martina Cociña Cholaky e Ignacio Riquelme, investigadores posdoctorales del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo), expusieron en el seminario realizado en el Centro de Justicia de Rancagua

Abordar la aplicación de la perspectiva de género en la administración de justicia de forma integral y su implementación en el sistema penal y de familia, fue el objetivo del seminario “Justicia y Género” organizado por la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que contó con la colaboración de la Corte de Apelaciones de Rancagua, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Universidad de O’Higgins.

Desde la UOH expuso Martina Cociña Cholaky, investigadora postdoctoral del ICSo, en el marco de su investigación posdoctoral FONDECYT sobre el Derecho al refugio en Chile. La Dra. examinó cómo el gobierno chileno ha brindado protección internacional a la población en contexto de movilidad forzada, así como la brecha existente entre lo consagrado normativamente y la aplicación práctica del refugio.

Por su parte, Ignacio Riquelme, investigador postdoctoral del ICSo, presentó “La perspectiva de género en el trabajo cotidiano de los tribunales de familia”. Su trabajo indaga sobre el efecto que la burocracia de los tribunales puede tener en las desigualdades de género.

Sobre la participación en la actividad académica, Martina Cociña, señaló que “es fundamental la realización de instancias interinstitucionales que promuevan el diálogo y reflexión en materia de género y derechos humanos”. Mientras que Ignacio Riquelme indicó que “conflictos complejos, como la desigualdad entre hombres y mujeres, requieren que las instituciones sean capaces de autoevaluarse constantemente y eviten dar respuestas automáticas y parciales.”

En el encuentro también expusieron la ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Marcela Araya, quien presentó la ponencia “La decisión sobre los hechos en materia penal y el enfoque de género”; y la jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, Carolina Garrido, quien habló sobre “La prueba en los delitos sexuales y valoración del testimonio de la víctima”.