• La realidad internacional obliga a repensar las políticas en materia de comercio exterior, al tiempo de definir una economía doméstica cada vez más diversificada y tecnológica.

Las fuertes medidas arancelarias impulsadas por el gobierno de Estados Unidos causaron tal efecto en la caída de los mercados globales, haciendo que el mismo Donald Trump apostara por una tregua tributaria de 90 días mientras avanzan las negociaciones con los países involucrados en esta guerra comercial. No obstante, la incertidumbre sigue escalando con consecuencias aún desconocidas para la economía chilena, razón suficiente como para replantear alianzas geopolíticas, y cambio de modelo productivo que permitan enfrentar los desafíos presentes en este nuevo orden mundial.

El académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Domingo Pérez Valenzuela, considera que, para hacer frente a este nuevo panorama, Chile tendría que repensar sus alianzas estratégicas con Asia y Latinoamérica buscando sostener su comercio exterior -del cual ha sido históricamente dependiente-, con miras a fortalecer su desarrollo interno.

“Chile se encuentra entre las múltiples economías dependientes de lo que sucede en los países industrializados, gracias a la explotación de sectores rentistas-financieros como el del cobre, cuya inversión principal recae en grandes capitales extranjeros. De tal modo que la estrategia más realista en el contexto actual consiste en lograr alianzas geopolíticas en mercados alternativos -resaltando Asia y América Latina- como respuesta a la guerra comercial impuesta por Estados Unidos, con la cual se infringió el Tratado de Libre Comercio (TLC) del año 2003, engarzado con la búsqueda de un nuevo proyecto de desarrollo local que pueda evitar las crisis a futuro”.

Diversificación productiva

Por otro lado, el experto en geografía económica, señala que, si bien la exportación de cobre se ha visto, volátilmente, beneficiada en este reciente nuevo orden mundial, el panorama general es incierto y no pasa solo por la posición que ocupa este rubro en particular para el comercio exterior chileno, sino en cómo el país transita desde una economía rentista-financiera hacia una progresiva diversificación de las cadenas productivas, y de cooperación entre los sectores público y privado enfocadas en el desarrollo local.

“La diversificación de la matriz económica chilena podría impulsarse a través de alianzas público-privadas orientadas al desarrollo socioeconómico que superen el estancamiento productivo del país, mediante políticas fiscales que incentiven la inversión de capitales de forma equitativa, el fomento del desarrollo tecnológico, la investigación aplicada en universidades regionales, y un fortalecimiento institucional que garantice reformas y cambios radicales, como la transferencia de ganancias a la población trabajadora”.

Asimismo, el sociólogo considera que Chile tiene potencial para impulsar diversas áreas que podrían ligarse a un mayor desarrollo local, como el sector industrial, la Inteligencia Artificial, energías renovables -destacando la solar y eólica-, la explotación del litio con valor agregado, la agroindustria tecnificada (mirando por ejemplo los avances en China), el turismo sustentable y la economía del conocimiento, siendo estos sectores capaces de generar una mayor autosuficiencia económica de cara a los nuevos desafíos globales.

Reorientación productiva

El experto cree que Chile podría reorientar su mirada hacia una industria cuya productividad se traduzca en una distribución más equitativa de los beneficios de su crecimiento económico, con el fin de reducir la brecha de vulnerabilidad presente en la población. “Esto implica replantear las inversiones en los sectores estratégicos, aumentar la participación política desde la sociedad civil, y conseguir un diálogo directo sindical-empresarial multinivel y territorial en aras de reducir la desigualdad como condición estructural para una economía independiente, resiliente y sostenible en el largo plazo”.

Pérez Valenzuela invita a prestar particular atención a los datos del informe de la OCDE (2022) donde indican que un 20% de la población chilena más acaudalada concentra más de 10 veces el ingreso del 20% más pobre del país, una de las brechas más altas de desigualdad que, a la postre, limita el desarrollo de un mercado interno robusto, así como la capacidad de crear riqueza.

“El país destaca a nivel regional en dimensiones fundamentales resaltando el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD, pero ésta pierde su potencial original cuando se ajusta con mediciones sobre desigualdad: allí se observa que existe una alta población vulnerable que está expuesta directamente a las crisis económicas internas, como aquellas originadas por contextos globales -como el actual-, y a la precarización laboral y social, todo lo cual impide el crecimiento sustantivo del aparato productivo”.

Finalmente, el investigador UOH recomienda fortalecer la equidad con el propósito de enfrentar “decididamente las necesidades económicas y sociales del país, comprendiendo las repercusiones de seguir en un modelo rentista exportador, así como las ventajas de hacer un viraje hacia un paradigma cada vez más diversificado y tecnológico”.

• La investigación revela que enfatizar impactos negativos de la carne convencional influye en cómo de dispuestos están los consumidores a comprar nuevas proteínas animales cuyo impacto ambiental es menor y que evitan el sufrimiento animal.

La carne cultivada, o carne in-vitro, producida en laboratorio a partir de células animales se presenta como una alternativa con menor impacto ambiental ni sufrimiento animal a la carne convencional. Si bien la carne cultivada ya se puede encontrar en algunos lugares, tales como Singapur y en algunos restoranes en EEUU, su inserción en el mercado global depende de que tan dispuestos están futuros consumidores a probarla. En efecto, la aceptación de la carne cultivada varía significativamente entre consumidores y depende en gran medida de la percepción pública, muchas veces afectada por la desconfianza a lo desconocido o lo considerado “poco natural”.

En este contexto, un estudio en el que participó el académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (ICSo-UOH), Gonzalo Palomo Vélez, revela que comunicaciones que enfatizan los daños ambientales, el impacto en el bienestar animal y la falta de naturalidad de la carne convencional influyen en la aceptación de la carne cultivada.

Percepciones asimétricas

Palomo-Vélez asegura que los mensajes más influyentes en la preferencia de los consumidores por la carne in-vitro fueron aquellos que enfatizaron el impacto ambiental y el sufrimiento animal en la producción de carne convencional, “resultando ser más efectivos en el aumento de la intención de compra de carne cultivada”. Además, el investigador explica que estos mensajes no redujeron el atractivo de la carne convencional, lo que sugiere que su impacto es asimétrico, mejorando percepciones de estas nuevas proteínas animales sin afectar las creencias asociadas a proteínas animales convencionales.

Ciencia y comunicación

El experto indica que las estrategias comunicacionales aplicadas en el estudio fueron centrales en el cambio de preferencias. “La clave de nuestro estudio consistió en destacar los problemas de la carne convencional y, a la vez, ofrecer la carne cultivada como una solución ética y ambientalmente responsable”.

El investigador agrega que la incorporación de evidencia científica en los mensajes también jugó un papel preponderante en este cambio de percepción de carne cultivada, toda vez que fortaleció la capacidad argumentativa de las comunicaciones que aludían a los efectos negativos de la industria cárnica tradicional.

“La inclusión de mensajes que explicaron el proceso natural de crecimiento celular de la carne cultivada, similar a la regeneración de tejidos, y el respaldo científico en términos de seguridad y nutrición, generaron probablemente mayor confianza y aceptación en el consumidor, con lo cual se resaltó la importancia de saber comunicar la información”.

Debate sostenible

El académico explica que la elaboración de los mensajes sobre las propiedades de la carne cultivada implicó la comprensión de que la crisis climática y el bienestar animal son temas presentes en el debate público, así como podría ser la discusión acerca de producir este tipo de carne a gran escala.

Sostiene que estos hallazgos en materia de percepción sobre el consumo de carne in-vitro, tienen implicaciones directas en la promoción de nuevas fuentes de proteínas animales, así como para la protección del medio ambiente y el bienestar animal. Destaca igualmente la necesidad de seguir explorando estrategias comunicacionales efectivas que suministren datos relevantes que contribuyan con iniciativas sostenibles a largo plazo.

“Comunicar la carne cultivada y su aceptación como alternativa sustituta de la carne convencional podría jugar un papel crucial en la reducción del impacto ambiental de la industria alimentaria. La pregunta importante es: ¿Estamos listos para cambiar nuestra percepción y así darle paso a una innovación que podría cambiar el futuro alimentario?”.

Conozca aquí todos los detalles del estudio “Cultivando el cambio: estrategias persuasivas de contra-mensajes para fomentar la aceptación de la carne cultivada por parte de los consumidores”.

• Evaluar la Carga Anual Equivalente (CAE) y conocer los mecanismos de uso de las tarjetas de crédito (TC) son factores claves en el gasto responsable y consciente del dinero.

La llegada de la Navidad, si bien trae consigo momentos de alegría, también implica un desafío para los bolsillos, especialmente para los menos abultados. Los gastos por regalos, cenas y viajes pueden parecer inofensivos en medio de la festividad, pero al no contar con un presupuesto bien planificado, se suele incurrir en el error de generar deudas innecesarias que nunca son bienvenidas.

La académica y directora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH),  Andrea Canales, ofrece consejos sobre cómo gestionar el dinero durante esta temporada de Navidad, destacando la importancia de respetar ese presupuesto, con el fin de evitar estragos financieros a comienzos del año entrante. “No planificar los gastos de fin de año suele ser uno de los errores más comunes en las personas. Precisamente, la idea es contar con un presupuesto claro en base a ahorros, o bien que se haya generado con dinero proveniente de bonos, o aguinaldos, por ejemplo, donde se contemple el monto que será destinado para los gastos de las fiestas de fin de año. Respetar este presupuesto viene a ser una de las claves más efectivas de usar el dinero de forma oportuna y adecuada”.

Evitar las cargas 

Canales señala que, si bien pueden surgir gastos imprevistos fuera del presupuesto, estos deben asumirse de manera responsable, considerando dos aspectos fundamentales: “Por un lado, cotizar y comparar alternativas, ubicando las opciones más convenientes, evaluando la Carga Anual Equivalente (CAE) de diferentes productos financieros, como créditos, avances en efectivo o tarjetas de crédito. Y, por otro, calcular y planificar las cuotas a pagar, lo que implica tener claridad sobre el valor de cada una de éstas, asegurándose de que dichos montos no generen un desequilibrio en nuestro presupuesto mensual”. De esta forma, se evita que los compromisos financieros se conviertan en una carga durante el próximo año, asegura la académica.

 Uso e información de las TC

Respecto a las tarjetas de crédito, explica que éstas pueden ser útiles, especialmente si tienen convenios con comercios que ofrecen cuotas sin interés. No obstante, si las compras se realizan fuera de estos comercios, las tasas de interés pueden ser significativamente más altas que otras alternativas disponibles. “Es importante conocer que las tarjetas de crédito funcionan con una solvencia de un monto preaprobado que, si bien se pueden usar en cualquier momento, también podrían resultar una opción costosa, cuando no se conocen sus condiciones de uso”. De manera que estar bien informados acerca de todos sus mecanismo

Entre fines de octubre y principios de noviembre, el académico del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Ricardo Fuentealba, realizó una visita académica a la Universidad de Ámsterdam (UvA) como parte de su trabajo de investigación.

“En particular, estuve trabajando con académicas del Departamento de Geografía, Urbanismo y Desarrollo Internacional, lugar donde hice mi doctorado. Visité además el Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos, en la misma UvA, donde continúo una vinculación con investigadores/as por diferentes proyectos”, explicó.

Adicionalmente, el académico visitó la Universidad Libre de Ámsterdam (VU), donde se reunió con profesores del Departamento de Ciencias Organizacionales, con quienes postuló un proyecto de Fomento de Vinculación Internacional (FOVI) de ANID en Chile. “En ese momento, nuestro proyecto se encontraba en lista de espera y recientemente tuve la noticia de que nos lo hemos adjudicado. Esta incipiente colaboración con académicos de la VU, además de investigadores de la Universidad de Copenhague, permitirá construir una red con la UOH sobre la investigación aplicada e interdisciplinaria en riesgo de desastres”, señaló.

El investigador agregó que la visita académica fue sumamente positiva. “Junto a lo productivo en términos prácticos, con avances concretos en varios artículos, pude corroborar que he mantenido las redes de mis estudios doctorales e incluso las he fortalecido y aumentado”.

• Martina Cociña integró la organización del primer Congreso Internacional de Tendencias de la movilidad sur-sur en Chile y Sudamérica.

La investigadora posdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales, Martina Cociña Cholaky, integró este 2024 el comité organizador del primer “Congreso Internacional de Tendencias de la movilidad sur-sur en Chile y Sudamérica: securitismo, humanitarismo y derechos humanos”, que tuvo lugar el 11 de noviembre en Viña del Mar.

El evento fue organizado por la Red de Universidades por la Migración (RUM), del que la UOH es parte desde su creación en 2021, y fue financiado por la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas.

El congreso reunió a investigadores que estudian las migraciones internacionales de personas desde las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales y Jurídicas, y contó con una alta convocatoria de público y más de una veintena de ponencias de académicos de diversas casas de estudios de Chile y el extranjero.

La Dra. Cociña expuso en la mesa sobre “Política nacional de migración” su trabajo denominado “Expulsión y encarcelamiento: claves de la política migratoria chilena”.

La investigadora participó del evento en el marco de su investigación FONDECYT Posdoctoral sobre “Derecho al refugio en Chile”, financiado por ANID.

La iniciativa congregó a cerca de un centenar de investigadores que estudian el fenómeno migratorio.

La investigadora del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo), Martina Cociña Cholaky, participó el pasado 12 de noviembre en el encuentro preparatorio del Congreso Internacional de Movilidad Humana, que tendrá lugar en la ciudad de Santiago de Chile el año 2025.

La instancia convocó a más de cien investigadores de distintos países que estudian migraciones, para promover redes académicas, construir espacios de diálogo, articular iniciativLaas conjuntas, y fomentar la producción de conocimiento entre especialistas y organizaciones.

La investigadora ICSo participará en el Congreso presentando la ponencia “Movilidad forzada en Chile: la disímil respuesta estatal según la nacionalidad”, presentación que ya fue aceptada por la organización. Dicho trabajo fue desarrollado bajo el marco de la investigación FONDECYT Posdoctoral “El derecho al refugio en Chile”, financiada por ANID.

• El reciente caso de colusión en casinos de juegos recuerda prácticas anticompetitivas en sectores clave de la economía nacional.

Cuando dos o más empresas, que compiten en un mismo mercado, acuerdan aumentar o fijar los precios de sus productos, o –inclusive- reducir la producción, fragmentar su mercado o impedir el ingreso de nuevos competidores, con el único fin de incrementar sus beneficios, dicho fenómeno es conocido como colusión.

Hace unos días, el acuerdo colusivo de tres empresas en el mercado de los casinos de juegos, retornó el tema a la palestra y recordó que no han sido pocos los casos en que la sociedad chilena se ha visto afectada por este tipo de fenómenos económicos.

“Estos acuerdos colusivos tienden a prosperar bajo ciertas condiciones específicas”, explica la académica y directora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Andrea Canales. “Una de las más importantes es la existencia de un número reducido de empresas en el mercado, es decir, en situaciones de oligopolio. En Chile, muchos mercados tienen esta característica, con pocas empresas dominando la oferta de productos o servicios. Sin embargo, es relevante aclarar que no todos los mercados oligopólicos incurren en colusión, ya que ésta depende de la cooperación deliberada entre los actores”, añade la académica.

Detalla que otro factor que facilita la colusión es la “inelasticidad de la demanda de los bienes o servicios involucrados”. Ejemplos de colusión como la de pollos, supermercados, gas, farmacias, papel higiénico y oxígeno, entre otros, es porque se trata de productos o servicios esenciales, cuya demanda tiende a disminuir muy poco o nada ante un alza de precios, lo cual incentiva a las empresas a coordinarse para aumentar sus márgenes de ganancia.

“Aun así, no es fácil afirmar con certeza si estos fenómenos colusivos han aumentado en frecuencia o si la percepción de su prevalencia ha crecido debido a una mayor fiscalización y cobertura mediática. Sin embargo, sí es claro que varios mercados en Chile reúnen condiciones que facilitan este tipo de conductas anticompetitivas”, explica la experta.

Respecto a la fiscalización, la académica puntualiza que el desafío, frente a este tipo de conductas anticompetitivas, radica en que son difíciles de probar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sin contar con la evidencia adecuada. “La evidencia económica, si bien es valiosa, muchas veces resulta insuficiente para satisfacer los estándares probatorios exigidos por el tribunal. En este contexto, el mecanismo de la delación compensada ha demostrado ser una herramienta fundamental en la lucha contra la colusión”.

Dicho programa incentiva a las empresas o individuos involucrados a proporcionar pruebas contundentes a cambio de inmunidad o reducción de sanciones, “lo que permite sancionar estas conductas que, de otro modo, serían difíciles de detectar y probar”, destaca.

“Sin embargo, es evidente que aún queda trabajo por hacer en cuanto a fiscalización preventiva. Es necesario fortalecer los mecanismos de monitoreo de mercado, así como desarrollar capacidades técnicas que permitan anticipar y detectar señales de posibles colusiones antes de que estas generen un daño significativo a los consumidores”, explica la investigadora UOH.

También destaca que la educación financiera es importante, ya que su objetivo es formar consumidores más informados y conscientes de sus derechos y responsabilidades en el mercado. “Juega un rol esencial en la promoción de la competencia justa y en el empoderamiento de los ciudadanos. Un consumidor educado es capaz de exigir mayor transparencia y responsabilidad a las empresas, lo que contribuye a prevenir prácticas anticompetitivas como la colusión o la corrupción”, finaliza.

• El proyecto que ejecutan las universidades de O’Higgins y Talca, transmitió sus primeras conclusiones y los desafíos proyectados.

La primera etapa del proyecto Conocimientos 2030 concluyó con una ceremonia desarrollada en las instalaciones del Museo Escuela Laguna Tagua Tagua, donde se plantearon las primeras conclusiones y los desafíos que se proyectan para las próximas etapas de la iniciativa consorciada.

El proyecto “Consorcio del Valle Central de Chile: una propuesta territorial, regional y estatal para la innovación, desarrollo y fortalecimiento de las artes, humanidades y ciencias sociales” es una iniciativa, de la Universidad de Talca y la Universidad de O’Higgins, que propone un trabajo consorciado de fortalecimiento de las artes, humanidades y ciencias sociales, incorporando inter-transdisciplina y sinergia interuniversitaria, que permitirá transformar de manera innovadora procesos académicos de gestión y gobernanza, formación de pre y postgrado, generación y transferencia de nuevo conocimiento, creación y tecnología, vínculo territorial bidireccional con el medio que las cobija y, además, promover transversalmente la equidad de género y el liderazgo femenino, los derechos humanos, el patrimonio cultural, la salud mental y el bienestar psicológico de sus comunidades, para así aportar conjuntamente a las necesidades regionales y al logro de una mejor calidad de vida de los actuales y futuros habitantes de las regiones del Maule y O’Higgins.

“Iniciamos en enero del 2023 la postulación, pensando que teníamos territorios en común que nos permitían trabajar en conjunto, y comenzamos a trabajar en septiembre del mismo año. Fue un proceso enriquecedor, colaborativo y nos dimos cuenta que a pesar de que compartíamos un territorio y tenemos cosas en común, somos instituciones que tienen distintos estados de desarrollo, que miramos distintas cosas, y eso nos ha permitido sacar grandes lecciones para el trabajo consorciado”, explica Andrea Canales, directora alterna del Proyecto y académica de la Universidad de O’Higgins.

Agrega que en el proceso de este trabajo colaborativo se realizaron talleres participativos para recoger opiniones y se buscó mirar experiencias externas. “Fuimos a las universidades de Valencia, República de Uruguay, y al Tecnológico de Monterrey, buscando traer lo mejor de esas instituciones para el proyecto”.

Conclusiones iniciales

El director del proyecto y académico de la Universidad de Talca, Ismael Gallardo Cuadra, explicó que durante esta primera etapa “encontramos buenas noticias para nuestras universidades y noticias menos buenas. Nos dimos cuenta que nuestras instituciones son altamente valoradas por las comunidades y que la función que tienen es muy reconocida en términos de lo que significa para el espacio que nosotros compartimos. Y eso es un espacio de oportunidad”.

Señala que el llamado de atención es por las formas en que ambas universidades se están relacionando con la comunidad y cómo se mantiene ese vínculo a largo plazo. “Nos dimos cuenta también de que nuestra formación debe tener un grado de flexibilidad, mayor al de hoy; que la interdisciplina y la transdisciplina es una perspectiva metodológica que permite avanzar en el conocimiento de nuevas formas y nuevos contenidos a través del tiempo; y que nuestras formas de administración requieren mayor flexibilidad y mayores espacios de creatividad para promover la sinergia entre ambas universidades”.

Agrega que esta primera etapa hemos logrado construir un plan estratégico que      muestra la posibilidad de reducir de manera importante las brechas de género que existen dentro de los espacios universitarios y promover espacios similares para salud mental y bienestar, que hoy están en desarrollo.

• El académico Gonzalo Palomo señala que -aun así- no basta con que las personas perciban valores idénticos o parecidos a los suyos en las instituciones para confiar en ellas. “Es fundamental considerar el tipo de valores y la dirección de la incongruencia en esa percepción”.

• La investigadora Martina Cociña Cholaky aborda los avances y puntos pendientes en la materia.

La migración es una realidad cierta que requiere regulaciones nacionales e internacionales que no han caminado al ritmo del fenómeno que está presente en todo el planeta. Y Chile no está ajeno a esa realidad. Según el Servicio de Migraciones de Chile (SERMIG), al 31 de diciembre de 2022 en nuestro país vivían 1.625.074 extranjeros/as provenientes en su gran mayoría de Venezuela (532.715), Perú (250.908), Colombia (189.524), Haití (184.724) y Bolivia (148.059), y el 93% del total de los migrantes residía en la Región Metropolitana.

En este escenario, la investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Martina Cociña, señala que es fundamental, al reflexionar sobre la temática migratoria, abordarla “desde una perspectiva integral, esto es, más que visualizar a quienes se desplazan desde la óptica instrumental de costo-beneficio, comprenderlos como personas que, al igual que obligaciones, tienen derechos que deben ser garantizados y respetados”.

La investigadora aclara que, en relación a las consecuencias que puede generar la movilidad humana en los países receptores, estudios dan cuenta que “si el porcentaje de inmigración internacional es mayor al 10% de la población, ello puede tener efectos en la economía del país, lo que no es el caso chileno, ya que según la última estimación publicada del Instituto Nacional de Estadísticas y SERMIG, las personas migrantes no superan el 8%”.

Agrega que la literatura especializada señala que las personas migrantes se insertan en los mercados, presentando mayor tasa de empleabilidad que la población local, pero “a menudo desarrollan trabajos mal remunerados y en condiciones laborales precarias, esto se debe a una serie de barreras existentes, como la alta segmentación laboral, lo que se vislumbra -por ejemplo- con la migración de mujeres peruanas que, a pesar de contar con estudios, son contratadas –mayormente- en labores de aseo doméstico”.

Política pública

La Dra. Cociña señala que, al hablar de una política integral de migración, cabe considerar que “recién desde los años 90 la movilidad humana ha comenzado a estudiarse en Chile, con anterioridad las investigaciones eran más bien escasas. Desde los años 2000 en adelante la inmigración internacional se ha configurado como una preocupación, situándose en la agenda pública. Sin duda, el que sea un fenómeno sociocultural que ha causado reciente atención, incide en cuanto a las políticas que se han adoptado para abordarlos”.

La experta agrega que, como advierte la literatura especializada, -en general- si se examina el papel que ha cumplido el Estado de Chile a nivel gubernamental, “no se ha establecido una política integral de inclusión, sino más bien medidas paliativas y restrictivas que responden a necesidades específicas de un ámbito. Y por otra parte, se reconoce que podrían existir avances en la materia, como la dictación de una legislación (Ley 21.325 de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública) que dejó sin efecto una normativa de antigua data (Decreto Ley 1.094 de 1975) que se sustentaba en la Doctrina de la Seguridad, y la reciente Política Nacional de Migración y Extranjería, que reconoce la necesidad de inclusión de las personas migrantes. No obstante, cabe vislumbrar cómo se aplicarán en la práctica”.

Explica que desde 2018, Chile cuenta con una política migratoria que se expresa en la premisa «Migración ordenada, segura y regular» y bajo este lema, el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), adoptó “una serie de medidas que buscaban controlar el ingreso y permanencia de determinadas comunidades de extranjeros, imponiendo un tratamiento diferencial de las circulaciones. En 2018 y 2019 se establecieron visas consulares, mediante decretos, a personas haitianas y venezolanas, pero por su escasa concesión, extensa tramitación y la gestión de la pandemia, se dificultó la entrada regular de estas personas. Debido a la falta de acceso por vías regulares, los ingresos irregulares se incrementaron y las travesías se precarizaron. El Estado chileno, entonces, se configura como productor de irregularidad”.

La investigadora postdoctoral afirma que el aumento de las restricciones para ingresar “se manifestó en la eliminación de la visa temporaria por motivos laborales en 2018, el  Plan de Retorno ‘Humanitario’, el fortalecimiento de los mecanismos para materializar las expulsiones y la adopción del Plan Frontera Segura en el norte del país”.

Añade que la política de militarización de las fronteras y la mediatización de las deportaciones es parte de una lógica de seguridad que ha optado por fortalecer el control de los desplazamientos imponiendo una gestión selectiva de los flujos. “Un panorama que no dista de las medidas establecidas por el presidente Gabriel Boric y que han reforzado la frontera nortina incrementando la dotación militar y declarando Estado de Excepción en la macrozona norte con un importante aumento presupuestario”.

Normativa vigente

En Chile la política migratoria se expresa en instrumentos como la Ley de Migraciones y Extranjería y su reglamento (vigentes desde febrero de 2022), la Ley de Refugio de 2010 (N° 20.430) y la Ley Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (N° 20.507).  Asimismo,  se  manifiesta a nivel reglamentario en decretos y circulares dictadas en ámbitos como salud y educación. También es posible evidenciarla, de manera más reciente, en la Ley de Infraestructura Crítica (N° 21.542). “Estas regulaciones, entre otras, interactúan e intentan responder al cambiante escenario de la movilidad, abordando los desafíos que se presentan y solucionando algunos vacíos existentes. Al mismo tiempo, sin embargo, dificultan el ejercicio de los derechos de quienes migran por su sectorialidad, parcialidad y condicionalidad, además de la burocratización y dispersión que las caracteriza. Constituyen, por lo tanto, un entramado regulatorio que expone la carencia de una política migratoria integral en Chile”, finaliza la investigadora UOH.