• La instancia fue desarrollada por el Centro de Estudiantes de la carrera de Derecho.

• La iniciativa busca entregar un marco normativo moderno que desincentive conductas contrarias a la probidad y proteja adecuadamente a quienes denuncias posibles faltas.

Con el objetivo de entregar nuevas herramientas para enfrentar hechos de corrupción en la administración pública, a mediados de este mes se promulgó la Ley de Protección al Denunciante.

La ley establece que el acceso a la protección es un derecho de todo denunciante, que garantiza su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo, que eventualmente podrían ser amenazadas como consecuencia de su denuncia o de su participación en los procedimientos propios de las investigaciones respectivas.

“Si yo le pregunto ¿Usted confía en el Estado? Es altamente probable que su respuesta sea negativa, sobre todo en el momento actual que se vive en Chile, donde semana tras semana nos encontramos con hechos vinculados a corrupción que no solo generan alta expectación pública, sino que también ponen cuesta arriba la difícil tarea de retomar la confianza de la ciudadanía con el Estado. Hay instrumentos que muestran que la percepción de corrupción y desconfianza bordean el 80% por lo que esta ley debe ser un paso de muchos para avanzar en una agenda de corto plazo que permita dar vuelta un complejo escenario”, apunta el docente de la carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins, Manuel Toro.

El estatuto crea un canal de denuncias administrado por la Contraloría General de la República, mediante una plataforma electrónica, a efectos de que toda persona pueda denunciar hechos constitutivos de faltas a la probidad administrativa, incluyendo, entre otros, hechos constitutivos de corrupción, o que afecten, o puedan afectar, bienes o recursos públicos, en los que tuviere participación personal de la Administración del Estado.

Sobre los esfuerzos en materia de anticorrupción por parte del Estado, el también docente de Administración Pública de la misma casa de estudios, Michel Figueroa, indicó que “estos han estado centrados en sancionar los hechos, pero no se han puesto en prevenir o detectarlos. La promulgación de esta ley contribuye a contar con una nueva herramienta para detectar posibles casos e irregularidades que ocurren dentro de la Administración del Estado e investigarlos a tiempo, para en caso de acreditarse las irregularidades poder sancionar oportunamente”.

Respeto del deber de denuncia y de las medidas de protección del personal de la administración del Estado, la nueva norma establece que el personal de la Administración del Estado tiene el deber de denunciar, con la debida prontitud, ante los órganos administrativos o judiciales que correspondan, los hechos de que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revistan caracteres de delito o que sean constitutivos de faltas administrativas o a la probidad.

“Se debe generar conciencia sobre los actos que son contrarios a la probidad administrativa y a la ética pública, lo que se resumen en privilegiar el interés general y no los intereses particulares, de tal forma que cada vez que se identifiquen situaciones que sean contrarias a esta idea puedan denunciar los hechos de tal forma de detectar posibles casos de corrupción”, apuntó Michel Figueroa.

El estudio Radiografía de la Corrupción (2020) de la CGR indicó que solo un 32,9% de quienes fueron víctimas y/o testigos de corrupción lo denunció. Una de las principales razones mencionadas para no denunciar es el temor a ser objeto de represalias o amenazas (35,1%), lo que es más prevalente en funcionarios públicos (48,7%). La ley busca enfrentar este problema.

“En la carrera de Administración Pública UOH hay una línea de trabajo en esta área que busca reforzar que las y los futuros funcionarios públicos tengan no solo conocimientos sino que también claridad de sus derechos, deberes y consecuencias al momento de resolver un problema que afectará no sólo a ellos sino que a quienes habitan este país, desde lo normativo en cátedras como Derecho Administrativo hasta las decisiones que se deben tomar al momento de ejercer la función pública, discusión que se profundiza en el curso de Ética Pública”, finalizó el docente Manuel Toro.

• Felipe Munita participó de la instancia y recalcó que uno de los objetivos es crear lectores competentes y autónomos, capaces de enfrentar una amplia gama de textos y contextos de lectura.

La mediación en la lectura es un enfoque pedagógico que implica la intervención activa de un mediador para facilitar la relación entre el lector y el texto. El objetivo principal de la mediación de lectura es ayudar a lectoras y lectores a desarrollar habilidades de análisis, comprensión, interpretación y análisis crítico, así como promover el gusto por la lectura y la reflexión sobre la composición de los textos, su materialidad, tipografía y la dimensión narrativa o estética presente.

Las y os mediadores utilizan estrategias como la lectura en voz alta, la discusión de temas, la selección adecuada de libros según los intereses y nivel de lectura de cada persona, y la creación de un ambiente propicio para la lectura. Además, pueden guiar a los lectoras y lectores a través de preguntas que les permitan profundizar en los significados y las implicaciones de lo que están leyendo.

En el Primer Congreso Regional de Estudiantes de Pedagogía de la Universidad de O’Higgins (UOH), el Doctor en Didáctica de la Lengua y la Literatura, Felipe Munita, expuso sobre sus investigaciones en torno a la mediación de lectura en el sistema escolar.

“Es un enfoque relativamente nuevo, si lo pensamos en términos históricos, intenta llenar un espacio que tradicionalmente no existía en la pedagogía de la lectura. Ésta se ha preocupado muy poco de acompañar los procesos de los/as lectores/as. El enfoque de mediación se sitúa en el acompañamiento, en ese intento de derribar dificultades que las obras puedan tener para un lector que, tal vez, no es todavía muy experto en interpretar esos vacíos que tiene un texto, y la mediación entonces se sitúa en proveer de ayuda a los lectores para entrar de manera más fluida en esos textos”, explica Munita.

La formación de lectores se refiere a un proceso educativo diseñado para desarrollar las habilidades de lectura, comprensión y análisis de textos en los individuos. Implica proporcionar a los lectores herramientas y estrategias que les permitan abordar una variedad de textos de manera efectiva y crítica. La formación de lectores no solo se centra en la adquisición de habilidades técnicas, como la decodificación de palabras, sino también en la capacidad de interpretar y reflexionar sobre lo leído.

Sobre la importancia de enseñar a las nuevas generaciones para que sean mediadores en el futuro, Munita es categórico: “es un desafío para la Formación Inicial Docente, que hasta ahora se había preocupado relativamente poco de formar profesores que acompañen procesos de lectura. Me parece fundamental que ingrese este enfoque, de manera tal de que los/as futuros/as profesionales tengan esta visión de cómo ayudar a otros a entrar de manera más profunda en los textos, y cómo poder gozarlos más finalmente, cómo motivarlos más por la literatura, gozar la literatura que ya tenemos en las salas de clases”.

Tanto la mediación de lectura como la formación de lectores buscan promover la lectura como una actividad enriquecedora y significativa, y trabajar en conjunto para mejorar las habilidades de comprensión, análisis y apreciación de textos en los individuos de todas las edades.

•  La docente de la Escuela de Ciencias Sociales (ECSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH) e integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Priscila González, señala que hay avances en la atención de las víctimas, pero ello no va de la mano con la prevención que es fundamental para avanzar en la erradicación de este flagelo.

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres -articulación de colectivos, organizaciones sociales, no gubernamentales y mujeres que trabaja, desde 1990, con el propósito de contribuir a erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas- presentó hace unos días los resultados del “Dossier informativo Violencia contra Mujeres en Chile 2022”.

Se trata de un documento elaborado en el marco de la campaña “¡Cuidado! El machismo mata” y como explica la docente de la Escuela de Ciencias Sociales (ECSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH) e integrante de la  Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Priscila González, es parte de lo que “hacemos como Red y presenta los datos que nosotras generamos como Red, pero también hace un cruce con datos de instituciones como Carabineros, la Fiscalía, la Policía de Investigaciones, PDI, Gendarmería, sobre violencia femicida, violencia en contexto de pareja,  violencia económica y sexual”.

El Dossier fue presentado el día 9 de agosto de 2023 y contiene datos hasta el 31 de julio de 2023.  Sobre los resultados, Priscila González, señala que “los aspectos que más preocupan son los que tienen que ver con la violencia extrema y con la violencia sexual; la violencia extrema no cesa, es una violencia que se sigue perpetuando a lo largo del tiempo. Los datos nos muestran que los femicidios que se registran -año a año- son más o menos estables (ver infografía), pero son los femicidios frustrados los que aparecen como más numerosos este año: 132, al 31 de julio del 2023 (un promedio de más de 18 femicidios por mes); el año 2022 llegaron, en 12 meses, a 180.

Aumentan los femicidios frustrados

Las tesis que podrían explicar este aumento, señala la docente de la UOH, pueden ser la modificación a la Ley Gabriela que “modificó, de manera importante, la calificación del femicidio, que antes era sólo considerado en los casos de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas con convivencia, y ahora incluye parejas sin convivencia, las relaciones de pololeo; junto al femicidio por razones de género;  a ello que se suma, como segunda tesis, el recrudecimiento de la violencia extrema hacia las mujeres. Son tesis que todavía deben ser investigadas para llegar a las conclusiones”, precisa Priscila González.

¿Considera que existen avances a la fecha?

“Creo que hemos avanzado en la atención de las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, tenemos que avanzar hacia la prevención de ella, hacia la promoción de una vida libre de violencia para todas y todos. No se puede dejar de reconocer que hay avances. Hoy día, las mujeres tenemos mucha más conciencia de lo que nos sucede; de la violencia que vivimos en distintos espacios, no solo en los de entidad en la pareja, sino también en: el espacio laboral, la calle, los medios de comunicación, la publicidad. Pero queda mucho por recorrer, pues estos son aspectos culturales, de larga data y que no se van a cambiar de un día para otro”.

Un elemento que llama la atención en el Dossier es que, al mirar el número de femicidios, las cifras difieren entre las que tiene la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las de SernamEG.

“Nuestros registros como Red Chile, difieren porque en el caso del SernamEG se debe regir por lo que indique la Ley de Femicidios y, esta, por muchos años tuvo un contexto muy restringido, fijándolos en el contexto de la pareja, las ex parejas o quienes tuvieron hijos en común. Sin embargo, para nosotras como Red Chilena, la definición de femicidio deriva de la teoría feminista y de lo que nosotras reflexionamos en torno a las muertes violentas de mujeres, que nos levanten alguna sospecha sobre cuáles fueron las circunstancias que rodearon esas muertes.

Nosotras decimos que el concepto general de femicidio es la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujeres y, a partir de ahí, realizamos una reflexión sobre cuáles fueron las circunstancias que rodearon esas muertes, y luego, concluimos que tal o cual muerte deriva de esa condición: de ser mujeres. Entonces, muchas veces, nosotras consideramos los ataques que viven trabajadoras sexuales o los ataques por vínculos -sin relaciones de intimidad- como es la violencia entre amigos. Y también, algunas otras situaciones que escapan de los conceptos tradicionales de femicidio”.

¿Qué nos falta para mejorar?

“Entender que los femicidios son el resultado de una violencia que es extrema, que es una trayectoria en la vida de las mujeres, tanto en lo personal como en calidad de grupo social, que equivalemos a más del 50% de la población. La violencia extrema es solo el final del camino, pero previo a ello, hay un montón de instituciones y circunstancias que abonaron para que el femicidio se concretara: las familias, las escuelas, las instituciones laborales.

Las distintas expresiones del patriarcado se reproducen en las distintas instituciones formales e informales, por eso existen los grupos feministas y las instituciones que realizan prácticas de discriminación positiva y de medidas afirmativas. Solo afirmando la trayectoria de las mujeres y sus vidas es que podremos vivir libres de violencia.

Hay que apuntar mucho más a la prevención, pero esa prevención a veces resulta ser contra cultural y eso nos hace despertar mucho desinterés o nos ponen en conflicto con quienes no quieren perder ciertos privilegios. En esto, hay que ser muy enfáticas: todas queremos vidas libres de violencia, pero para eso hay que ver que ciertos sectores de la sociedad deben ceder mucho poder.

Las expresiones del machismo son prácticas que se encuentran en la cultura. Este es un asunto que nos compete a toda la sociedad; por eso hacemos el llamado a que las transformaciones deben ser en todos los espacios: educativos, laborales, públicos, al interior de las familias. Son cambios lentos, pero que ya no tienen vuelta atrás; los cambios ya avanzaron, y aunque vivamos una reacción conservadora, los despertares, los remezones mentales de las mujeres, ya se establecieron. Y en ese sentido, las feministas en los distintos espacios, en este caso con un Dossier, lo que hacemos es contribuir a cambiar esta realidad”.

• Estudio realizado por el académico UOH, Jairo Lucero Pantoja, buscó precisar el grado de cumplimiento de las garantías de libertad sindical postuladas en los Convenios 87 y 98 de la OIT, al que están adscritos ambos países.

Cuatro diferentes ordenamientos jurídicos latinoamericanos se analizaron en “Claves del debilitamiento de la real función social del sindicato. Acercamiento a las barreras en la constitución de sindicatos de rama/industria y el ejercicio de huelgas de solidaridad en tres modelos laborales latinoamericanos”. Se trata de los ordenamientos de Chile, Colombia, Argentina y Uruguay.

El estudio estuvo a cargo del académico del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Jairo Lucero Pantoja, y su objetivo es precisar el grado de cumplimiento de las garantías de libertad sindical postuladas en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), específicamente, en dos aspectos: la libertad de constitución, tamaño y organización estructural del sindicato, y la interacción gremial a partir de la huelga por solidaridad.

Los países analizados fueron, además de Chile y Colombia, Argentina y Uruguay, y se establecieron tres categorías: “incoherentes”, cuando el cumplimiento era contradictorio a los lineamientos de la OIT; “mixtos”, cuando tenían ciertas divergencias en su garantía práctica, y “coherentes” cuando se aplicaban las disposiciones de libertad sindical de forma armónica con lo dictado en los Convenios, explica el Dr. Jairo Lucero.

Ordenamientos “Incoherentes”

Y la conclusión es clara “los ordenamientos laborales chileno y colombiano son incoherentes en la medida que las dos -garantías sindicales antes mencionadas- no se integran en el ordenamiento jurídico como manifestaciones connaturales de la función social del ejercicio sindical”. Y esto se expresa en que “en Chile se trata de contener (a través del artículo 216 del Código del Trabajo) el ejercicio sindical en el nivel base de la economía, es decir, el sindicato de empresa (donde se agrupan trabajadores de una empresa o grupo empresario), impidiendo (aunque reconociendo a regañadientes a través de dictámenes del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo), otras manifestaciones propias de la sindicalización, como los sindicatos de oficio (trabajadores de un mismo oficio), de rama (agrupa un sector de la economía) y las centrales (reúne trabajadores de todos los sectores)”.

Asimismo, si el punto es la huelga, destalla el académico de la UOH, se presenta “un silencio normativo que ha sido medianamente resuelto por la jurisprudencia, cuya tendencia mayoritaria solo ampara la huelga dentro de un proceso de negociación colectiva (permitiendo la declaración de ilegalidad fuera de este espacio), versus la postura sostenida en solitario por la Corte de Apelaciones de Santiago que la extiende a otros espacios más allá de la negociación, por ejemplo, en escenarios de huelga por solidaridad, esto es, en espacios que desbordan las meras pretensiones laborales del sindicato in situ, y se sustenta en cuestiones políticas que posicionan al sindicato como un sujeto laboral colectivo”.

El quid de la limitación de la huelga de solidaridad -sostiene el académico de la UOH- se enfoca en impedir la interrelación de la manifestación de inconformidad laboral, entre diversos tipos de trabajadores/as, lo que, por cierto, les resta poder como colectivo”.

Ejemplos de huelgas por solidaridad, se suelen manifestar en una misma cadena productiva como, por ejemplo, una huelga por solidaridad de trabajadores/as de una aerolínea que apoyan a empleados/as de una empresa de catering que se encuentran en huelga debido a recortes salariales; o bien, trabajadores/as de una cadena de supermercados que se unen en huelga de solidaridad con los/as repartidores/as de una empresa de entrega a domicilio.

Colombia: aparente libertad de sindicalización

Y en Colombia, las cosas también son “incoherentes”, detalla Jairo Lucero, pues a pesar de sostener un modelo de “aparente libertad de sindicalización, el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 357) favorece de forma insistente el modelo sindical de empresa, lo cual ha impactado en el casi nulo ejercicio de otras formas de asociatividad frente a la negociación colectiva. Esto, sin contar con las exigencias de número mínimo de afiliados que debe tener una organización sindical (25 personas), incluso de empresa, lo cual va en contra de los postulados convencionales de la OIT. Similar situación ocurre con la huelga de solidaridad, la cual es limitada a un contenido político, social y económico amplio, o a lo menos sectorial, debiendo incidir directamente en el ejercicio de la correspondiente actividad, como lo señala la Sentencia C- 858 de 2008 de la Corte Constitucional, referente al Art. 450 del Código Sustantivo del Trabajo. A lo anterior se suma que los/as trabajadores/as solidarios/as deben encontrarse vinculados/as con los huelguistas través de una federación o confederación sindical, como lo manifiesta la Corte Constitucional en su sentencia C-201 de 2002, lo cual constituye una exigencia adicional para impedir el ejercicio libre de la huelga de solidaridad.

En tanto, el ordenamiento jurídico uruguayo, según el estudio es “un modelo a seguir en el garantismo sindical latinoamericano, en cuanto armoniza las exigencias convencionales de la OIT respecto a la libertad sindical y huelga por solidaridad”.

Una de las explicaciones a estos resultados en Chile y Colombia, sostiene el investigador de la UOH, son “los períodos represivos democráticos sufridos en Chile y Colombia: el primero con la Dictadura, y el segundo con el conflicto armado, pero ello no es impedimento para considerar que, actualmente, ambos países poseen una visión desfasada y prohibitiva del entendimiento de la libertad sindical y la huelga por solidaridad”.

Asimismo, los resultados de la investigación destacan -sostiene el académico de la UOH- que, en Chile, es “necesaria una transformación normativa respecto a la libertad de formación de sindicatos de oficio, rama y centrales, otorgándoles -por ley, y no mediante Dictámenes de la Dirección del Trabajo- plena capacidad de negociar colectivamente. Esto nos permite cuestionarnos si el presente escenario constitucional es un espacio adecuado para establecer estas garantías, así como la del ejercicio de huelga por solidaridad. Un trabajo futuro podría trazar las semejanzas y diferencias del proyecto constitucional rechazado de 2022, el proyecto de la comisión experta de 2023 y la constitución actualmente vigente”.

La investigación -explica Jairo Lucero- se realizó mediante una metodología propia de las ciencias jurídicas, esto es, la dogmática jurídica, acompañada de la técnica del análisis normativo y documental, y los sub-métodos sistemático, analítico y de enjuiciamiento de hecho. Esto permitió realizar un estudio pormenorizado en los mencionados ordenamientos jurídicos laborales latinoamericanos. “El desarrollo de este trabajo se ejecutó mientras me encontraba realizando mi estadía postdoctoral en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O´Higgins (2022), institución y grupo de colegas a quienes les agradezco profundamente su apoyo en la consolidación de la misma”.

Los resultados fueron publicados -en abril de 2023- en la Revista de Derecho de la Universidad del Norte (Colombia), la cual se publica de manera semestral desde 1992. “Es una revista de alto reconocimiento en Colombia, lo cual le ha permitido su indexación en el catálogo de Scielo, Latindex, Publindex, Redalyc, entre otras”, detalla Jairo Lucero.

• Monserrat Marín y Cristóbal Tralma junto a su jefa de carrera, Javiera Delgadillo, participaron de la actividad internacional en Argentina.

Los sistemas políticos tanto a nivel nacional como internacional se encuentran enfrentando diversos desafíos complejos que exceden las fronteras de los países. Entre estos problemas destacan el cambio climático, los flujos migratorios globales, la inestabilidad económica y política, y la pandemia de Covid-19.

Durante 5 días tuvo lugar el prestigioso Congreso Internacional de Ciencia Política en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este evento corresponde a la 27º versión y congregó a prominentes expertos, investigadores y estudiantes provenientes de diversos rincones del planeta, quienes se dedicaron a analizar y debatir sobre el continuo desarrollo conceptual y aplicado de la Ciencia Política.

Los estudiantes Monserrat Marín y Cristóbal Tralma de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins, junto a su jefa de carrera, Javiera Delgadillo, participaron de la actividad y pudieron presenciar las exposiciones de grandes referentes del área, participando como oyentes de diversas charlas y plenarios, y compartiendo con investigadores de diversas áreas vinculadas a las políticas públicas.

“La gestión pública debe estar constantemente en conversación con otras disciplinas de las Ciencias Sociales pues nos permitan entender de mejor manera los problemas públicos y buscar soluciones innovadoras para ellos. Este Congreso representó una instancia muy positiva de diálogo y aprendizaje sobre asuntos que se encuentran presentes en nuestro país y en el mundo, tales como la incorporación del enfoque de género en las políticas, las migraciones, el avance de discursos de odio en Latinoamérica, entre otras temáticas que nos desafían como administradores/as públicos/as”, indicó Javiera Delgadillo.

Monserrat Marín indicó que participar del Congreso fue una experiencia muy novedosa y motivadora, “ya que se encontraban académicos de todo el mundo compartiendo su trabajo y conocimiento, en una modalidad que nos permitió interactuar con ellas/os y donde pudimos encontrar nuestros temas de interés, profundizando aquello que nos gustaba, pero también pudimos conocer temas y debates relevantes de las ciencias políticas actuales”.

En tanto, Cristóbal Tralma comentó sentirse feliz de obtener esta oportunidad, “creo que es un reflejo de lo que es capaz la institución y un ámbito importante al que se debe aspirar, posicionado a la Universidad en términos académicos internacionalmente, permitiendo aprender de esta experiencia y aportar no solo a la universidad sino también a la región”.

• Germán Valdebenito y Annais Zavala presentaron su tesis de grado -en desarrollo- en la tercera versión del evento desarrollado en Iquique.

Con el apoyo del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, los licenciados/as de Psicología UOH no solamente participaron del certamen, también fueron reconocidos por su presentación, siendo el poster mejor evaluado del Congreso Sochicrim.

“Ha sido una gran oportunidad para desarrollar los conocimientos que nos ha entregado la Universidad. Es una tremenda instancia para interactuar con grandes investigadores/as internacionales y de nuestro país. Estamos muy contentos por mostrar los importantes avances que hemos conseguido con nuestro trabajo de tesis”, expresó Germán Zavala.

Asimismo, Patricio Saavedra, académico ICSO y profesor guía de la tesis, considera que esta participación es un hito trascendental para la carrera y para estos jóvenes estudiantes. “Se reconoce el valor del esfuerzo en el desarrollo de sus habilidades investigativas y, a la vez, tienen la oportunidad de compartir con investigadores/as de mayor experiencia. Esto refuerza la idea de que la investigación debe estar en el centro del quehacer universitario en todos sus niveles de formación, pues el desarrollo de habilidades investigativas en sus profesionales asegura el retorno de la inversión y el valor agregado, en la región y la sociedad en general”.

Durante este viaje los/as estudiantes fueron acompañados por la titulada de la carrera de Psicología UOH, Anais Moris, quien supervisó la presentación de su trabajo de tesis.

• Patricio Saavedra realiza una pasantía de investigación en Reino Unido.

‘Protest Liason Policing’ fue el evento que realizó la Universidad de Edinburgh, en Escocia, y que fue organizado por los profesores Hugo Gorringe y Michael Rosie, con el apoyo del Scottish Institute of Policing Research.

“El objetivo del workshop fue compartir experiencias de académicos, tomadores de decisiones y oficiales de policía respecto a la gestión del orden público basado en el respeto a los derechos humanos y el rol que en ello juegan los equipos especiales de la policía orientados al diálogo en terreno con los manifestantes”, explicó el Dr. Saavedra.

En ese contexto, el académico UOH dictó la charla “FiveDi: An analytical model for evaluating protests scenarios and the (de)escalation of conflictual actions” cuyo foco fue la presentación de un modelo analítico de carácter interdisciplinar orientado a entender los procesos de escalamiento y des-escalamiento de la violencia de protesta en función de las acciones, tácticas y estrategias que las autoridades de gobierno y la policía realizan en contexto de manifestaciones masivas.

“Esta experiencia es un aporte fundamental a mi propia línea de investigación principal sobre el rol que las autoridades podrían jugar en los procesos de escalamiento y des-escalamiento de la violencia de protesta de acuerdo con cómo la opinión pública evalúa la cadena de acciones implementadas por el gobierno central y la policía”, explica Saavedra.

Agrega que el workshop es una actividad única para compartir experiencias con expertos en gestión del orden público y oficiales de policía en servicio activo entorno a la efectividad y limitaciones de la implementación de equipos de policías que, desplegados en terreno, buscan promover la facilitación de protestas mediante el diálogo, la coordinación y negociación con los manifestantes.

• La actividad, de carácter gratuita, está dirigida a profesores/as de matemática y sociedad de enseñanza media.

El curso desarrollado por la Comunidad InGenio, del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), perteneciente a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, en colaboración con la Universidad de O’Higgins (UOH), se realizará el 18, 19, 25 y 26 de agosto en el Campus Rancagua UOH.

Dicho Curso de Economía busca entregar herramientas sobre temas de micro y macroeconomía a docentes de colegios y liceos de Chile, para que puedan aplicarlos en sus salas de clases. Los expositores a cargo de la capacitación cuentan con una amplia y destacada carrera académica y de investigación.

Esta es la XIV versión del curso y –en esta oportunidad- espera desarrollarse de manera 100% presencial en la Universidad de O’Higgins.

Dentro de los requisitos para participar del curso, está ser profesor(a) de matemática o ser parte de la sociedad de enseñanza media; realizar clases en enseñanza media; y asistir a todos los módulos de manera presencia (9 módulos de 2 horas cada uno).

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 4 de agosto de 2023 en el siguiente enlace: https://bit.ly/3pTMFPX

El programa de la actividad puedes revisarlo en:

https://www.comunidadingenio.cl/inv_eco23/programa.pdf

• Además, el Campus Rancagua albergará la Segunda Jornada de Salud Mental.

El próximo lunes 31 de julio, la Universidad de O’Higgins (UOH) recibirá el encuentro de Centros de Atención Psicológica de las universidades que conforman el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) que tiene como objetivos principales fortalecer el trabajo en red entre los centros de atención psicológica de las universidades miembros, compartir experiencias y buenas prácticas en la atención psicológica, y generar reflexiones sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta este ámbito en el contexto actual.

Al día siguiente, se desarrollará la Segunda Jornada de Salud Mental, evento que estará abierto a todo público y donde se realizarán ponencias y charlas magistrales en torno a la temática “Salud Mental: Desafíos en el Contexto Educativo”, entre ellos, las problemáticas de salud mental que enfrentan estudiantes y docentes en los diferentes niveles del contexto educacional.

Sobre el encuentro de Centros de Atención Psicológica del CUECH, la jefa de carrera de Psicología de la Universidad de O’Higgins, Ana San Martín apuntó que “será un punto de reflexión para ver cuáles son los desafíos que tienen estos centros a lo largo del país. Si bien nuestra universidad no tiene uno, se presentará la propuesta por parte de la UOH para que nos entreguen una retroalimentación en la instancia. Además, tendremos una jornada de discusión más general para centrarnos en cuáles son los desafíos que tenemos como comunidad”.

Además, Ana San Martín se refirió a la jornada de Salud Mental que se realizará en el Campus Rancagua: “Es un orgullo contar con esta actividad, que antes sólo se había desarrollado en la Universidad de Chile, donde discutiremos la temática sobre la salud mental en educación, por lo tanto, vamos a contar con ponencias y charlas que van a apuntar a la salud en estudiantes y docentes, no sólo en contexto universitarios, sino que también en la educación escolar”.