• Martina Cociña Cholaky, investigadora UOH, señala que lo fundamental es que las políticas que se implementen busquen resguardar a la población migrante y en movilidad forzada, incentivando -además- un diálogo regional multilateral.

“El éxodo venezolano no es reciente, viene observándose -al menos- hace una década, configurándose en la mayor movilidad en la región a nivel contemporáneo”, explica Martina Cociña, investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad de O’Higgins (UOH), respecto a los anuncios de una migración masiva desde la tierra de Simón Bolívar por el complejo escenario político que generaron los resultados oficiales entregados tras las votaciones del pasado 28 de julio de 2024.

Para dar respuesta a interrogantes sobre si habrá un éxodo masivo y las consecuencias que tendrá para Chile y Latinoamérica, la experta en migración de la UOH, indica que “lo reciente de las elecciones dificulta efectuar un análisis de sus implicancias, en especial, por lo incierto del escenario. Lo que es claro es que no existe acuerdo sobre sus resultados, mientras el Consejo Nacional Electoral informó que Nicolás Maduro había obtenido la mayoría (52%), por lo que continuaba el siguiente mandato; la oposición, liderada por María Corina Machado, a través de una declaración pública, proclamó a Edmundo González vencedor con una amplia diferencia (en torno al 70%)”.

La investigadora detalla que, a mayo de 2024, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), portal que registra que la diáspora venezolana, ésta alcanza más de 7,7 millones de personas. “De ellas, 6,6 millones se asientan en América Latina y El Caribe, principalmente, en Colombia (2,9 millones), Perú (1,5 millones) y Brasil (568 mil). Chile es el cuarto país en la región con mayor flujo venezolano (con más de 500 mil personas), transformándose desde 2017 en la mayor comunidad de migrantes de nuestro país”. Por tanto, la Doctora Cociña plantea que “los recientes comicios, en particular la incertidumbre poselectoral que se vive en Venezuela podría incidir en el aumento de su éxodo, en especial hacia países latinoamericanos, como Colombia -por la cercanía geográfica y cultural- y a otros territorios en que se ha establecido su diáspora, como es el caso de Chile”.

Preparación de las naciones

La investigadora sostiene que “sin duda, la situación venezolana se ha transformado en una preocupación y en un desafío para toda la región latinoamericana”, y agrega que “es hora de aunar todos los esfuerzos y las energías para instar por mediadores que posibiliten una salida democrática, sin violencia y promoviendo vías que garanticen el respeto de los derechos humanos, en este conflicto”.

Mientras ello se gesta, Martina Cociña Cholaky, señala que, ante el posible aumento de la movilidad humana, los países “cuentan -en sus legislaciones- con mecanismos para abordar la migración de personas, como son los visados de residencias temporal o permanente, o medidas ad hoc; como el visado de responsabilidad democrático creado en Chile para responder al flujo venezolano”. En este sentido, arguye que “lo primordial es que los gobiernos adopten medidas que velen por el respeto de los derechos esenciales, ya sea posibilitando el ingreso y permanencia regular en el territorio, facilitándole la realización de trámites y/o el otorgamiento de protección, en caso de movilidad forzada”. Detalla que, en este ámbito, desde febrero de 2022, Chile cuenta con la figura de protección complementaria consagrada en la nueva Ley de Migración y Extranjería que garantiza el principio de no devolución.

Asimismo, la especialista en movilidad señala que “para la diáspora, en contexto forzado, cabría aplicar el reconocimiento ‘prima facie’, esto es, el reconocimiento grupal de protección frente a una situación generalizada de vulneración a los Derechos Humanos, tal como lo ha realizado Brasil. Otros países han implementado herramientas para fomentar la estadía regular, a través de permisos provisorios, como es el caso colombiano”.

Especifica que “lo fundamental es que las políticas que se implementen tengan por objeto resguardar a la población migrante y en movilidad forzada, para lo que se debe incentivar el diálogo regional multilateral. El éxodo venezolano requiere respuestas coordinadas e integrales; y acciones como el cierre de embajadas y el retiro del personal diplomático de Venezuela en siete países latinoamericanos (Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay) va en contra de la necesidad de desarrollar diálogos regionales. Además, afecta a la población extranjera residente, impidiéndole obtener documentos y realizar trámites esenciales para su inclusión y movilidad”.

• Ricardo Fuentealba, académico UOH, señala que estos instrumentos son fundamentales para resguardar el desarrollo armónico y promover la integración y la equidad social.

“El plan regulador comunal (PRC) es el principal instrumento para ordenar el uso de suelo urbano en las comunas”, explica Ricardo Fuentealba, académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH). Ello implica que el PRC define “que ciertas áreas sean industriales o de vivienda, cuál es la estructura vial, dónde hay parques y servicios públicos, entre otros aspectos urbanísticos. Además, regula asuntos cruciales sobre cómo habitamos los centros poblados; en tanto, define los límites urbanos, las características de las edificaciones, la densidad o las prioridades de urbanización”, añade.

De allí entonces su importancia, ya que se trata de “un instrumento de planificación primordial de las zonas urbanas (los planos reguladores no regulan las áreas rurales, cuya zonificación carece de un instrumento análogo) y por definición buscan el desarrollo armónico de ciudades y otros centros poblados. Deben, por tanto, resguardar y promover asuntos importantes como la integración y la equidad social. Además, son vinculantes, es decir, tienen fuerza de ley y deben seguirse para zonificar las comunas. Y esto, es importante si lo comparamos con otros instrumentos que pueden ser relevantes como los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO), pero que no son vinculantes, sino indicativos u orientadores”, precisa.

Por ello, las cifras entregadas por el estudio que realizó la Cámara Chilena de Construcción (CChC), que reveló que el 82% de las 34 comunas del Gran Santiago tienen su PRC desactualizado, son “preocupantes”, según sostiene el Dr. Fuentealba.

Explica que en la Región de O’Higgins -según datos del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)- podemos consignar cifras similares a las mencionadas por el estudio de la CChC. “En nuestra región el 83% de las comunas con PRC los tendrían desactualizados, si seguimos el criterio de la ley, que establece que deben actualizarse cada diez años”.

El académico UOH señala que además de estar desactualizados, los planes reguladores comunales de O’Higgins, tienen una antigüedad promedio de “unos 20 años. Incluso, el 34% de las comunas tiene planes reguladores de antes del año 2000, incluyendo capitales provinciales como San Fernando (1998) y Rancagua (1990)”. Aunque la capital regional, acota, “cuenta con 22 planes seccionales, los cuales son instrumentos complementarios a los PRC, de igual fuerza y similar función, pero con menor escala de aplicación”.

Pérdida de oportunidades

El académico reitera que alguien debe definir cómo se ocupa el suelo urbano y es más probable lograr un desarrollo armónico y equitativo con un PRC actualizado. “Su desactualización hace que perdamos oportunidades de desarrollo urbano, que podría redundar en la mejora de nuestras ciudades”, indica. Sobre quién fiscaliza que los PCR estén actualizados, Ricardo Fuentealba, explica que la Ley y la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones es “clara en que les corresponde a las municipalidades mantener estos instrumentos actualizados. En el caso de centros urbanos grandes, por ejemplo, la ley es explícita en que esta labor le corresponde a un arquitecto que ocupa el cargo de Asesor Urbanista. Estas normas describen en detalle el proceso que deben seguir para actualizar o modificar los PRC”.

Sin embargo, frente a esta claridad legislativa, el experto señala que existe un problema: “la actualización de los planes reguladores no es tan simple y requiere mucho tiempo y recursos. Las municipalidades, en general, tienen otras prioridades y los PRC se ven como algo técnico y que no genera tantos incentivos o beneficios directos para actualizarlos. Las municipalidades de comunas más pequeñas, además, no cuentan con los recursos técnicos para realizar estos procesos. En tal sentido, se necesita bastante apoyo de las Secretarías Ministeriales Regionales y/o los gobiernos regionales para poder llevar adelante estas actualizaciones”.

Si los PRC estuvieran actualizados, ¿se podrían evitar problemas como construir viviendas y edificios en territorios inundables o sobre dunas?

“La sola presencia de planes reguladores o incluso de planes reguladores actualizados, no resuelve todos los problemas de planificación. Por ejemplo, la urbanización de las dunas de Concón se hizo con planes reguladores aprobados recientemente: el actual es del año 2017 (con dos seccionales posteriores) y el anterior es del año 2006 (con cuatro seccionales posteriores). Lo mismo se puede decir respecto a muchas inundaciones en zonas urbanas consolidadas, como vimos el 2023 en el centro-sur de Chile. El punto fundamental es más bien de orden político, es decir, de las relaciones de poder en el desarrollo urbano. Las regulaciones y prohibiciones marcan lo que es legal hacer, pero no necesariamente lo que es deseado por quienes se ven afectados, o incluso buscando lo que sea sostenible y equitativo.

El asunto de fondo es cómo se construye ciudad y quién lidera esto bajo nuestro actual marco jurídico. El mundo privado, a través de empresas inmobiliarias sigue las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, pero se orientan maximizando su rentabilidad y no necesariamente por el bien común. Corresponde más bien al Estado generar las condiciones para que los PRC actualizados logren mayor nivel de equidad y sostenibilidad, con estudios avanzados respecto de las características de cada territorio para zonificar su uso”.

• Ana Figueiredo realizará una estancia de investigación en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford.

Entre septiembre de 2024 y enero de 2025, la académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Ana Figueiredo, realizará una estancia de investigación en el Center for Latin American Studies (CLAS) de la Universidad de Stanford (EE.UU.), luego de adjudicarse la beca Luksic Visiting Scholars and Fellows Program.

“Durante cuatro meses estaré en este prestigioso Centro de Estudios Latinoamericanos, desarrollando mi propia agenda de investigación y generando redes colaborativas con otras y otros académicas y académicos de CLAS y de la Universidad de Stanford”, explica la Doctora en Psicología Social.

Cabe destacar que el Programa Luksic Visiting Scholars and Fellows, cuenta con el patrocinio de la Fundación Luksic Scholars, y fue iniciada por el Centro de Estudios Latinoamericanos el año 2021. La Beca está disponible para ciudadanos chilenos y residentes que estén afiliados a una institución académica chilena.

“Recibir la beca del Programa Luksic Visiting Scholars and Fellows me llena de gratitud, alegría y humildad. Siento que es un gran un reconocimiento a mi trayectoria académica y al potencial impacto que mi trabajo puede tener en la comunidad científica y en la sociedad civil, algo que me impulsa a seguir dedicándome con entusiasmo a mi campo de estudios”, detalló la Dra. Ana Figueiredo.

La académica también destacó que esta beca le dará la oportunidad de conocer, interactuar y –potencialmente- colaborar con académicas y académicos de la Universidad de Stanford. “Esto -sin duda- contribuirá a la internacionalización de mi trabajo académico y a la difusión del trabajo científico que realizamos en América Latina y, particularmente, en Chile. Además, el énfasis del programa en la colaboración interdisciplinaria, se alinea perfectamente con mis propios intereses de investigación, proporcionando un terreno fértil para la colaboración académica y la innovación en investigación”, explicó.

Ana Figueiredo espera que esta beca y el trabajo que realice durante cuatro meses pueda generar puentes entre las universidades de O’Higgins y Stanford. “Espero actuar como embajadora de la UOH en Stanford y contribuir a la posibilidad de desarrollar acuerdos bilaterales e investigaciones colaborativas sobre temas relevantes, tanto teórica como socialmente, para CLAS y, sobre todo, para la región latinoamericana y Chile. Por otro lado, espero que mi experiencia allá me permita adquirir nuevas habilidades, conocimientos y perspectivas que puedan transferirse tanto a colegas como a estudiantes de la UOH. Especialmente, considerando que somos una universidad estatal regional muy joven, creo que tener un vínculo con la Universidad de Stanford aumentará la visibilidad y la reputación nacional e internacional de nuestra casa de estudios”, finalizó la académica UOH.

• Un tercio de los incendios en Chile son intencionales, mientras el 64% son causados de forma accidental o negligente.

Dos detenidos, un bombero de Valparaíso y un brigadista de Conaf, son señalados como el autor material e intelectual, respectivamente, del megaincendio que afectó en febrero a Viña del Mar y Quilpué. Esta catástrofe dejó una estela de devastación con 137 muertos, 4.500 viviendas quemadas, más de 12 mil damnificados y casi 9 mil hectáreas arrasadas por las llamas. Las detenciones de estos individuos marcan un punto de partida en la búsqueda de respuestas sobre las causas detrás de esta tragedia en particular, pero también plantean la interrogante sobre qué motiva a algunas personas a provocar un incendio.

Según explica la psicóloga forense y coordinadora de Vinculación con el Medio de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Paulina Rasso, la piromanía es un trastorno que pertenece a un grupo denominado trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta. “Estos trastornos se caracterizan por generar comportamientos que violan los derechos de los demás o las normas sociales, llevando a conflictos significativos con la ley, las normas y la autoridad”.

En el caso específico de la piromanía, este trastorno consiste en provocar incendios de manera intencionada y reiterada. Las personas que padecen piromanía experimentan una tensión o placer al generar el fuego, y este acto les provoca excitación, gratificación o alivio. Es importante distinguir la piromanía de aquellos incendios que tienen un propósito instrumental, como obtener un beneficio económico, venganza o la expresión de la ira. En la piromanía, la persona tiene una motivación interna de generar el fuego que no se satisface hasta que se produce el incendio.

Los datos de Conaf indican que un tercio (33%) de los incendios en Chile son intencionales, mientras que el 64% son causados de forma accidental o negligente.

En la investigación en curso, uno de los fiscales precisó que al brigadista lo motivó el interés de ganar dinero trabajando horas extras durante los incendios. Estas conductas, pueden ser premeditadas y estar motivadas también por la rabia, la venganza o tener una personalidad antisocial.

“El trastorno se manifiesta en la tensión y el deseo incontrolable de provocar el fuego. Las personas con trastornos del control de impulsos tienen dificultades para regular sus emociones y comportamientos. La regulación emocional y conductual falla, lo que lleva a la incapacidad de inhibir el deseo de iniciar un incendio”, añadió Rasso.

Si bien las detenciones de estos presuntos responsables del megaincendio en Viña del Mar y Quilpué representan un avance en la investigación, también ponen de manifiesto la complejidad de las motivaciones detrás de los incendios provocados, que van más allá de la piromanía y pueden involucrar diferentes factores psicológicos y sociales.

“A diferencia de la conducta antisocial, que tiene otros motivos instrumentales o es usada para obtener consecuencias determinadas, el pirómano está centrado en la idea de iniciar el fuego sin considerar las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, pueden buscar espacios donde se inicien incendios o estar pendientes de los bomberos. Aunque se ha dicho que hay bomberos pirómanos, no necesariamente buscan actividades o labores asociadas al fuego, ya que pueden tener cualquier tipo de ocupación”, agregó la profesional.

Las personas que padecen piromanía pueden planificar con anticipación cómo generar un incendio, ya que están motivadas por el alivio o placer que les provoca el fuego. “No es solo un impulso momentáneo; a menudo dedican tiempo a prepararse para iniciar el fuego, lo cual puede tomar días. Siempre está presente la expectativa de satisfacer ese impulso y obtener gratificación o alivio al provocar el incendio”, finalizó Paulina Rasso.

Después de varios meses fuera del centro de atención, la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha vuelto a la agenda política debido a las crecientes preocupaciones sobre el sistema educativo chileno.

Según datos proporcionados por la Comisión Ingresa, la cobranza de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha disminuido significativamente en los últimos años. En 2012, se demandó el pago a 16.224 deudores, de los cuales la Tesorería General de la República logró retener fondos de 3.365, lo que representa una tasa de éxito del Estado del 21%.

En contraste, en 2023, la Comisión Ingresa persiguió a más de 300 mil deudores morosos, pero la Tesorería solo logró recuperar fondos de 34 mil, lo que resulta en una tasa de éxito del 11,2%, incluso menor que durante la pandemia.

Estos datos, obtenidos a través de Transparencia desde la Tesorería General de la República, no solo revelan el número de contribuyentes, sino también los montos involucrados. En 2012, la Tesorería logró retener el 4,5% del total ordenado para cobrar, mientras que en 2023 solo pudo recuperar el 0,8%.

“Es necesario establecer medidas efectivas para responder a un problema público histórico. Estas medidas deben recoger las promesas que llevaron a la coalición actual a ser gobierno. Es importante generar consistencia entre lo prometido y lo que se va a ejecutar, desde una lógica de velar por la confianza pública y – especialmente- la confianza en los y las representantes. Ahora bien, esto debe estar acompañado de responsabilidad fiscal, es necesario pensar en fórmulas que permitan dar una solución integral, con principio de universalidad, lo que no quiere decir que la condonación total sea para todos y todas, pero sí que todas y todos puedan tener una respuesta a la problemática”, indica la jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins (UOH), Javiera Delgadillo.

Por su parte, el docente adjunto de la misma carrera UOH, Manuel Toro, señaló que la efectividad de la cobranza ha disminuido debido a varias razones. Por un lado, muchos deudores no pueden pagar debido a la inestabilidad financiera que ha afectado a las personas en los últimos años. Por otro lado, la creencia en la promesa de condonación de deudas ha llevado a muchos a preguntarse por qué pagar si la deuda será perdonada. “Esta situación crea un problema, ya que no beneficia a nadie y el costo final recaerá en el aval de la deuda, es decir, el Estado”, resalta.

El proceso del préstamo voluntario implica que el banco entregue el dinero directamente a la institución educativa, mientras que el Estado actúa como garante, respaldando el 90% del capital y los intereses del préstamo. En caso de incumplimiento por parte del estudiante, el Estado asume la responsabilidad final como aval, utilizando los impuestos pagados por todos los contribuyentes para cubrir la deuda.

“La dificultad en el pago de las deudas es comprensible. Una de las razones es la imposibilidad real de los deudores de pagar debido a los altos montos de las deudas y las necesidades cotidianas que tienen un alto costo, lo que puede relegar el pago del CAE a un segundo plano. Además, la esperanza de una eventual condonación, promovida por las actuales autoridades del gobierno, también contribuye a esta situación”, apunta Javiera Delgadillo.

La última encuesta Plaza Pública de Cadem, la condonación de la deuda estudiantil es vista como el séptimo problema en educación y la penúltima prioridad en cuanto a la asignación de más recursos al área. Mejorar la calidad de la educación es la principal preocupación, con un 56% de los encuestados considerándola prioritaria.

“El Gobierno enfrenta una de sus decisiones más complejas desde que asumió el poder. La eventual condonación de la deuda estudiantil, que ascendería a más de 11.900 millones de dólares (equivalente al 4% del PIB), ha generado una disputa interna sobre si es el momento adecuado para priorizar esta histórica demanda”, cerró Manuel Toro.

• Manuel Toro, docente UOH, explica su importancia, los pactos que se deberán votar y quiénes pueden sufragar.

El próximo 09 de junio, el electorado chileno se enfrentará a la primera decisión ciudadana del año. Se trata de las elecciones primarias, donde algunos pactos políticos esperan congregar voluntades y votos. Pero ¿qué debemos saber de estas elecciones?

Manuel Toro, docente adjunto de la carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins (UOH) explica que, en palabras simples, se trata de elecciones realizadas para nominar candidatos y candidatas únicos que representen a un pacto electoral. “Existe la Ley N°20.640, que establece y regula la realización de este tipo de comicios que pasan a tener validez legal para la nominación de aspirantes a los cargos públicos y que son vinculantes con las próximas elecciones”, señala.

¿Y por qué el 09 de junio? El experto detalla que la normativa indica que dicha elección deberá realizarse el vigésimo domingo anterior a la fecha de las elecciones municipales, las cuales se desarrollarán el próximo 27 de octubre de 2024.

Dónde habrá primarias

Manuel Toro recuerda que sólo habrá primarias en las comunas en que los partidos o pactos resuelvan decidir por esta vía sus candidatos. “Los pactos que establecieron primarias para las elecciones de alcaldes son tres y corresponden a la siguiente conformación: Partido Social Cristiano e independientes; Chile Vamos (RN, UDI, Evolución Política e independientes), y Contigo Chile Mejor (DC, PPD, PS, PC, PR, RD, FRVS, Comunes, Liberal, Convergencia Social, Acción Humanista e independientes)”.

¿Quiénes pueden votar?

“Si bien hay 5 opciones entre las cuales cada partido o pacto electoral debe decidir e informar al Servicio Electoral, para este proceso todos los electores están habilitados para sufragar, pero sólo podrán hacerlo personas independientes o afiliadas a los partidos que han declarado primarias”, destaca el experto UOH.

Cabe destacar que el voto para este proceso es voluntario, y –que en esta ocasión- las elecciones primarias convocarán a 215 candidatos a lo largo del país, 209 para alcaldes y alcaldesas, y 6 para gobernadores y gobernadoras.

“Los 209 candidatos a municipios se distribuyen en 60 comunas del país y las 6 opciones para gobernadores y gobernadoras serán en las regiones de Coquimbo y Aysén”, puntualiza el docente UOH.

De acuerdo al Servicio Electoral, habrá 4.766.161 independientes que podrán votar en estas elecciones primarias, y 78.499 afiliados a partidos políticos, un 32% del padrón electoral de la última elección. “Siempre es importante recordar que quienes estén afiliados a partidos que no pactaron primarias en su comuna o región, no podrán votar”, explica Toro.

Región de O’Higgins

En el caso de O’Higgins, la región tendrá primarias en 7 de las 33 comunas: Machalí (Chile Vamos); Nancagua (Contigo Chile Mejor); Olivar (Contigo Chile Mejor); Paredones (Contigo Chile Mejor); Rancagua (Contigo Chile Mejor); San Fernando (Contigo Chile Mejor); y Santa Cruz (Contigo Chile Mejor).

Para saber toda su información electoral y conocer si fue designado o no vocal de mesa para estas elecciones primarias, puede visitar la web: https://consulta.servel.cl/

• A un año de la entrada en vigencia de la Ley 21.484, que regula la responsabilidad parental y el pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, aproximadamente 170 mil niños, niñas y adolescentes han sido beneficiados.

A un año de la entrada en vigencia de la Ley 21.484, que regula la responsabilidad parental y el pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, aproximadamente 170 mil niños, niñas y adolescentes han sido beneficiados. En este periodo, los juzgados de familia han ordenado el pago de $830 mil millones, equivalentes a más de US$ 920 millones. De este monto, poco más de US$ 350 millones ya han sido pagados efectivamente, mientras que los restantes US$ 570 millones están en proceso.

Conforme a esta ley, el cobro de las deudas de pensiones de alimentos se realiza a través de dos vías: una “especial” y otra “extraordinaria”. La vía especial permite a los juzgados, previa solicitud del acreedor, despachar oficios a entidades bancarias, financieras y de inversión para retener los recursos del deudor y asegurar el pago de la deuda. Según datos del Poder Judicial, mediante este procedimiento, se ha entregado un total de $48 mil millones (aproximadamente US$ 53 millones) y se ha ordenado el pago de $293 mil millones (alrededor de US$ 322 millones), beneficiando a 104 mil niños,

“Un Estado que necesita usar medios coercitivos para asegurar el cumplimiento de una obligación básica no está logrando un cambio cultural significativo. Aunque la ley ha abordado aspectos sociales y económicos novedosos, como darle mayor importancia al derecho de alimentos y permitir que se usen fondos de seguridad social y se limite la capacidad crediticia del deudor para el pago de estas deudas, esto solo resuelve el problema de forma temporal”, apunta la docente de la carrera de Derecho de la Universidad de O’Higgins (UOH), Paola Lagos.

La vía extraordinaria autoriza a los tribunales a dirigirse a la AFP en la que el deudor mantiene sus fondos de capitalización individual, ordenando su retención para efectuar los pagos. A través de este mecanismo, se ha pagado $269 mil millones (cerca de US$ 299 millones), beneficiando a más de 63 mil niños, niñas y adolescentes Hasta el 15 de mayo de este año, se encuentran con orden de pago $537 mil millones (alrededor de US$ 591 millones).

Pese a la eficacia del mecanismo, “a largo plazo, esta solución podría afectar al Estado, ya que los deudores que usaron sus fondos de AFP para pagar sus deudas no tendrán dinero para su jubilación y dependerán de recursos públicos para recibir una pensión básica solidaria”, agregó Paola Lagos.

Según la abogada, el verdadero cambio cultural implica asumir responsabilidades de manera integral, desde políticas de control de natalidad hasta cambiar la falta de empatía de los padres no custodios. “Estos padres a menudo delegan su responsabilidad en el padre o madre cuidador y en su red de apoyo, sin reconocer que las necesidades de su hijo deben ser cubiertas por ellos mismos. El cambio cultural requiere que los padres entiendan que no están ‘cooperando’ con sus hijos, sino cumpliendo con su responsabilidad”, apuntó la abogada.

Sobre la automatización en los cobros, Paola Lagos fue tajante. “Todo lo automatizado, carece de la corrección necesaria y está no es la excepción. Los errores constantes en las liquidaciones de pensiones, solicitudes realizadas por la web del Poder Judicial, mal tramitadas hace que lo que se pensó sea rápido, resulte engorroso y lento debido a la necesidad de solicitar la corrección”.

Con todo, aunque todavía queda un largo camino por recorrer para lograr un cambio cultural profundo en la sociedad, esta ley representa un paso significativo en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en la promoción de la responsabilidad parental.

• Las cifras entregadas por el Gobierno y por algunas encuestas de nivel nacional no permiten coincidir la dimensión pragmática de la seguridad pública y la percepción de quienes diariamente deben enfrentar la calle y el bombardeo informativo.

El último informe entregado por el Ministerio del Interior de Chile señala que hubo una baja en la cantidad de homicidios entre 2022 y 2023, mientras que -la misma semana- la Encuesta Bicentenario 2023 (UC) destacó la preocupación al alza de la población respecto a la inseguridad, con el temor como principal actor. Pero ¿qué hace que esta distancia entre percepción y cifras permanezca?

“Hay una diferencia entre la dimensión objetiva de los homicidios con respecto a la preocupación por la seguridad. Ésta última va en un alza constante en los últimos años y si bien hay una disminución en un cierto tipo de crimen, hay otros fenómenos dando vueltas que podrían explicar esta alza en la preocupación. Por ejemplo, la presencia del crimen organizado. Si bien siempre existía un cierto grado de criminalidad en bandas locales, en el último tiempo ha destacado la presencia de bandas que operan de manera internacional, con un nivel de violencia no acostumbrada”, explica el académico del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Patricio Saavedra.

El experto añade que lo mismo pasa con las bandas locales, “si bien los homicidios han bajado a nivel objetivo, hay delitos de mayor connotación social que han aumentado, quizás no en número, pero sí en agresividad, y también la frecuencia con que se muestran estos hechos en los medios de comunicación o las redes sociales”.

Las percepciones que tienen las personas de cuán seguro es un lugar, donde vive o transita, no sólo tiene que ver con los datos objetivos –asegura el académico-, muchas veces para las personas comunes son solo datos estadísticos, “lo que vale es cómo tú te sientes efectivamente, si puedes salir de tu casa o llegar tarde al hogar, y cuáles son los peligros que puedes enfrentar”.

Medios de comunicación e instituciones

El Dr. Saavedra explica que existe un realce en los medios de comunicación y las redes sociales de los delitos de mayor connotación social, porque son más vistosos, “y eso puede estar jugando con la percepción de inseguridad”, indica.

También entra en juego la percepción y la confianza que tienen las personas de las instituciones. “No necesariamente con prevenir el delito, que es el caso de las policías, más bien cómo se trata a las personas que -por ejemplo- son capturadas infraganti o sospechosas de crímenes. Es decir, cómo operan los tribunales de justicia o la justicia en general y las leyes”.

“Cuando el Estado no es capaz de brindar seguridad a las personas en términos objetivos y subjetivos, puede amenazar la estabilidad institucional, ya que las personas empiezan a dejar de creer que la institucionalidad es útil y efectiva”, agrega el experto.

Migración

“El fenómeno de la migración, como lo señala la encuesta Bicentenario, es uno de los conflictos más importantes en la actualidad para la sociedad chilena”, añade el Dr. Saavedra. Se trata de un conflicto que viene in crescendo en los últimos años y dado la presencia de estas bandas criminales internacionales, el fenómeno que se da es “criminalizar la inmigración”.

“Dado que las personas sienten que hay demasiados inmigrantes, asocia la inmigración con criminalidad. La inseguridad tiene que ver también con eso, la interacción entre lo que la gente percibe y el hecho criminal, en este caso quien lo ejecuta. Pero lo cierto es que no existe evidencia para sostener que un mayor número de inmigración esté relacionado con un mayor aumento de la criminalidad o con aumentos de delitos como el homicidio”, destaca el académico UOH.

Distorsión

El académico UOH detalla que la situación inestable y la desconfianza en las instituciones puede llevar a las personas a pensar en que ciertas libertades pueden ser coartadas con el objetivo de mantener la seguridad. “Si yo percibo que el mundo es violento, que es una amenaza para mí, lo que harán las personas es aislarse en su círculo y esto tiene como resultado una mayor polarización. Y esto puede conllevar – a la larga- a una aceptación –en algunos casos- de la violación de ciertos derechos humanos”. Lo cual –asegura- es tremendamente peligroso para un Estado democrático. “En un sistema como el nuestro la opinión pública debe actuar como mecanismo de control y de rendición de cuentas para aquellas instituciones que deberían proveer de seguridad o justicia”, finaliza.

• Estudiantes de primer año se adentraron a su futura profesión, la que puede ser una carrera gratificante y fundamental para el desarrollo de la sociedad moderna.

Para hablar sobre los desafíos de la administración pública en los años venideros, Karymy Negrete, administradora pública de profesión y asesora en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, compartió su experiencia laboral y trayectoria académica a estudiantes de primer año de la carrera en el marco de la Cátedra Introducción a la Administración Pública, a cargo de las docentes adjuntas Priscila González y Javiera Delgadillo.

Durante la charla, Negrete enfatizó en la relevancia de direccionar los intereses y la especialización dentro de la carrera, como también el desarrollo de actividades extracurriculares que pueden enriquecer la formación universitaria, así como los ámbitos interdisciplinarios que ofrece la Administración Pública para ejercer efectivamente la formulación, implementación o evaluación de políticas públicas.

“Es importante ir delimitando cuál va a ser tu especialidad para luego ejercerla”, señaló la profesional, quien destacó que “hay diversas oportunidades de trabajo en la profesión, tales como las políticas públicas, fomento productivo, pymes y desarrollo productivo”.

“Esta clase busca inspirar a los estudiantes a reflexionar sobre su propia trayectoria académica y futura especialización, al tiempo que les muestra las diversas oportunidades y caminos que ofrece la Administración Pública como carrera profesional”, añadió Karymy Negrete, cuyo desarrollo profesional está ligado al desarrollo ambiental, particularmente la economía circular.

“Con este tipo de instancias, buscamos que los estudiantes comiencen a reflexionar desde temprano sobre lo público, el Estado y sus comunidades, y, que comprendan que el ejercicio de la Administración Pública va más allá de los espacios tradicionales. Es importante mirar los desafíos que supone la realidad actual de nuestra región, Chile y el mundo, y, por ello, hemos traído a una colega que se ha desarrollado en un área trascendental como es el cuidado y protección ambiental, desde la mirada de la Gestión Pública”, señaló Javiera Delgadillo, jefa de carrera de Administración Pública UOH.

Por último, la docente adjunta Priscila González recalcó que “nuestro interés es que los y las estudiantes identifiquen desde temprano los ámbitos de desempeño o de la carrera con actividades concretas que permiten reforzar los contenidos de nuestra clase, y contribuye a comprender que las trayectorias profesionales se relacionan con las oportunidades y las decisiones que vamos tomando en distintos momentos de nuestras vidas”.

• El académico UOH Gonzalo Palomo lideró un estudio que analiza cómo la confianza ciudadana en las competencias y la integridad de las instituciones -que regulan políticas energéticas- es central a la hora de migrar a energías renovables.

Para combatir el cambio climático es necesario transitar hacia una forma de producción de energía mucho más sustentable. En otras palabras, la eliminación gradual de los combustibles fósiles -en la producción energética- no es sólo una necesidad, es una condición inherente a la transición energética.

El académico del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Gonzalo Palomo, explica que estas transiciones requieren implementar políticas públicas que muchas veces pueden ser percibidas -por la comunidad- como riesgosas, “por ejemplo, para la seguridad energética o por su impacto en la economía, y en este sentido, estos riesgos potenciales pueden afectar su apoyo público”.

Precisa que los procesos de transición energética no ocurren en un vacío institucional, por el contrario, son regulados y dirigidos por una serie de actores e instituciones que operan a distintos niveles, “disponen de distintas competencias técnicas y deben velar por el correcto funcionamiento de distintas acciones: unas generando políticas nacionales y otras aplicando dichas directrices a nivel local”.

Estos planteamientos fueron estudiados por el Dr. Palomo, junto a las investigadoras Nadja Contzen de EAWAG de Suiza, y Goda Perlaviciute y Linda Steg, ambas de la University of Groningen en Países Bajos. Juntos, utilizando el escenario energético de Países Bajos -que actualmente transita desde producción energética a base de gas natural, hacia energías renovables-, evaluaron “hasta qué punto la confianza en las competencias y la integridad de instituciones responsables de conducir dicha transición energética influía en su aceptabilidad pública”.

La confianza en las instituciones, no importando si está es asociada a las competencias técnicas o a la honestidad e integridad de las mismas, da cuenta de cuán dispuestas están las personas a exponerse a riesgos -reales o potenciales- debido al operar de estos actores, señala el académico de la UOH. “Por ello, la confianza en las instituciones es un muy buen predictor de aceptabilidad de políticas públicas y proyectos -en este caso- asociados a producción energética”.

“Particularmente -continúa- examinamos, si el alcance de la operación de las instituciones que gobiernan la política energética en Países Bajos -si operan a nivel más bien local o nacional- influye en cuán confiables la gente las percibe, y si las personas tienden a asociar un cierto tipo de confianza –relacionada a la competencia o la integridad de la institución- dependiendo de su nivel de operación. Sabiendo luego las dinámicas a la base de las confianzas en estas instituciones, evaluamos también cuál tipo de confianza se asociaba a mayor aceptabilidad de las políticas energéticas orientadas a reducir el uso de gas natural como fuente de energía”.

Honestidad, transparencia e integridad

A nivel local, explica el Dr. Palomo, las instituciones tendieron a ser percibidas como “más honestas y transparentes, mientras que, a nivel nacional, fueron percibidas como más competentes y con más conocimientos técnicos. Asimismo, nuestros resultados mostraron que, tanto para las instituciones locales como nacionales, la confianza asociada a la integridad aparecía como más relevante a la hora de asegurar apoyo público de políticas energéticas sustentables”.

Caso chileno

Gonzalo Palomo precisa que “si bien nuestras predicciones fueron probadas en el caso de Países Bajos, los resultados podrían, en principio, ser utilizados para examinar el caso chileno y, potencialmente, dar recomendaciones para incrementar la confianza en instituciones asociadas a la energía y la aceptabilidad de proyectos y políticas”.

Por ejemplo, el evaluar “hasta qué punto los chilenos confían en instituciones asociadas a energía -tanto a nivel local (municipalidades, gobernaciones) como central/nacional- y qué tipo de confianza asocian a cada uno de estos actores, permitiría desarrollar estrategias acordes para fortalecer puntos débiles. Así, si las personas evaluaran como poco honestas y transparentes a las instituciones, lo más razonable sería apuntar a intervenciones y cambios que busquen aumentar la participación pública en distintos niveles de toma de decisión. En cambio, si el problema radicara en la percepción de competencia de estas instituciones, proveer de profesionales con competencias técnicas, y dar cuenta de ello a la población, podría ser una alternativa a seguir”.

El artículo denominado “¿Confiar en el ministro o confiar en el alcalde? Competencia e integridad percibidas de las instituciones holandesas centrales y locales que rigen los asuntos energéticos”, puede revisarse en Environmental Research Communications.