• De acuerdo al “Termómetro de la Salud Mental en Chile Achs-UC” un cuarto de la población nacional presenta síntomas de ansiedad, convirtiéndose en un enemigo preocupante.

El estudio destaca que los síntomas más recurrentes –entre los nacionales- son preocupación excesiva, problemas para relajarse, sentir nervios, angustia o mucha tensión y ser incapaz de no preocuparse. Además, de acuerdo a la investigación, un 57,1% de aquellos que manifestaron síntomas de ansiedad, pensaron en la necesidad de consultar a un profesional de salud mental, sólo un 44% lo logró y un 23% está en tratamiento. Cifras que revelan una preocupante realidad.

Pero, ¿qué es la ansiedad? Según explica la académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH) y Doctora en Psicología Clínica y de la Salud, Camila Oda, la ansiedad es una respuesta aprendida frente a ciertos estímulos, que pierde la función que la origina. “El tener angustia e inquietud frente a ciertos estímulos es algo evolutivamente normal, como estar nerviosa frente a una prueba, es algo que incluso sirve para estar activa y atenta, pero una vez que pasa el estímulo, esa ansiedad desaparece. El problema es cuando esa ansiedad no cumple una función evolutiva, se presenta con o sin estímulos, o de forma sobredimensionada en relación al estímulo. Si tomamos el ejemplo anterior, de la prueba, la ansiedad es tanta que no puedes responderla, termina el examen y sigues con ansiedad durante dos semanas”, explica la experta.

Los trastornos de ansiedad, junto con los trastornos del ánimo, como la depresión o la bipolaridad, son de los problemas de salud mental más prevalentes en nuestro país. “Esto se presenta a lo largo del ciclo vital, no solo en el adulto, también vemos niños con ansiedad, personas mayores, etcétera”, puntualiza la psicóloga.

“La ansiedad genera síntomas somáticos. Muchas personas llegan al hospital pensando que están teniendo un infarto y es una crisis de pánico. Los síntomas más usuales es que la respiración se acelere, presión en el pecho, taquicardia, sensación de que nos vamos a volver locos, de que vamos a morir. A veces puede pasar que incluso tengamos la sensación que el entorno cambia, por ejemplo, que la pieza en que estamos se está modificando. Eso se llama desrealización”, explica Camila Oda.

La investigadora explica que la ansiedad es invalidante, especialmente porque produce sensaciones corporales intensas y súbitas. “Podemos estar de vacaciones, durmiendo, o en una situación social, y la ansiedad puede provocar incluso desmayos. Y eso es sumamente invalidante”.

¿Por qué es importante manejar la ansiedad?

La experta señala que es importante manejar la ansiedad justamente porque es altamente intrusiva, pudiendo llegar a ser invalidante. “Frente a la ansiedad hay dos respuestas clásicas: la huida o evitar las situaciones y el ataque. Lo más usual cuando los síntomas se presentan es evitar ciertas situaciones, lo que repercute en que empezamos a limitar nuestras experiencias vitales. Por ejemplo, dejamos de salir porque nos da miedo tener ansiedad. Se convierte en algo que tiende a aislarte de disfrutar la vida. Y eso es grave”.

“Lo bueno –agrega la psicóloga- es que la ansiedad, al ser una respuesta aprendida, también es posible de desaprender. Se puede hacer bastante desde lo terapéutico. De allí que consultar siempre es importante, lo antes posible. Si en un mes se han presentado tres o cuatro episodios de ansiedad intensa y he terminado en urgencias del hospital, o está afectando el funcionamiento cotidiano, por ejemplo, nuestro descanso, nuestra forma de comer, etcétera, se debería consultar con un especialista lo antes posible. Esto, porque entre más tiempo pasa, más vamos aprendiendo a vivir así”.

¿Y por dónde partir? Camila Oda señala que es importante iniciar con un psicólogo, porque muchas veces desde la terapia se puede tratar la ansiedad y, si es necesario, el psicólogo/a derivará a psiquiatría. “La ansiedad tiene tratamientos, que sabemos que funcionan, por eso es muy importante consultar a un profesional de la salud mental, desde los primeros síntomas”.

• El académico UOH, Gonzalo Palomo Vélez, explica los daños que los residuos, de distinto tipo, generan y plantea formas para promover el cambio de comportamientos en relación a su manejo.

El Día Internacional de Cero Desechos tiene como objetivo promover modalidades de consumo y producción sostenibles, fomentar la transición en la sociedad hacia una economía circular y crear conciencia de la contribución de las iniciativas sobre cero desechos para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, según explica la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre esta conmemoración.

A pocos días del 30 de marzo, fecha que se determinó para conmemorar, el académico del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Gonzalo Palomo Vélez, señala que “evitar la acumulación de los residuos permite que no se contamine y, no se impacte, negativamente, el suelo, el aire, el agua y los distintos tipos de ecosistemas, ya que los residuos no solo tienen una serie de consecuencias para el medioambiente, sino que para para toda la biodiversidad asociada a un ecosistema”.

A ello, suma el impacto en la salud pública que tiene la acumulación de desechos y que puede implicar “problemas de salud, riesgos para la salud humana y de animales, al contaminar, por ejemplo, aguas subterráneas o al convertir espacios en posibles focos de enfermedades o de roedores. Y un tercer elemento, que resulta afectado por los desechos es la protección ambiental, ya que hablamos de recursos finitos que son necesarios de preservar”, detalla.

Allí aparece en escena la economía circular, que busca minimizar los desechos y promover un uso sostenible de los recursos naturales a través del diseño de productos con una vida útil más prolongada, junto al fomento de la reutilización, reparación y del reciclaje.

¿Cómo fomentar los comportamientos sustentables?

El académico, especialista en comportamiento ambiental, señala que para lograr que las personas adhieran a campañas ambientales se debe considerar “cuáles son los factores psicológicos, sociales e institucionales que, de alguna manera, influyen en las decisiones comportamentales que tienen impacto ambiental”.

“Por ejemplo, las decisiones de consumo -necesariamente- se relacionan con la cantidad de desechos que generamos, desechos que van a dar a alguna parte, razón por la que debemos buscar cómo influir –mediante intervenciones comportamentales- en estas decisiones; como, por ejemplo, fomentar separar la basura o botarla en los respectivos receptáculos: todo el plástico en el receptáculo para plásticos, lo orgánico en lo orgánico, y así suma y sigue”, puntualiza.

Las normas

El académico señala que trabajar con normas -tanto descriptivas como prescriptivas- puede contribuir a que “las personas tengan una guía sobre cómo actuar en el manejo de los desechos”. Las normas prescriptivas son “las que nos indican lo que se puede o no hacer: ‘no debes botar basura en este lugar’; ‘debes separar la basura para poder botarla en los distintos receptáculos’; ‘debes reciclar’”.

Luego están las normas descriptivas: lo que la mayoría hace. “De hecho, estas normas tienden a tener un efecto mucho más fuerte que las prescriptivas, pues la gente, en general, sigue a las mayorías o a lo que percibimos como mayoría, porque queremos comportarnos adecuadamente en las situaciones sociales”. Agrega el académico UOH.

Ejemplo de una campaña basada en una norma descriptiva es instalar un letrero cerca de los receptáculos de reciclaje, como los que tiene la UOH, indicando que “la gran mayoría, de los estudiantes y funcionarios de la Universidad de O’Higgins, recicla sus residuos”. Esto genera que el interlocutor (estudiante o funcionario) piense “‘este grupo, que me es relativamente importante, porque son gente que conozco, gente que me puede juzgar, gente que de alguna manera comparte ciertas identidades conmigo, valora esta norma social y, por tanto, yo debería comportarme acorde”, puntualiza Palomo.

Lo fáctico y la autoeficacia

Otra forma en que se puede fomentar el correcto manejo de los residuos es “la que alude a cambios más bien fácticos, de infraestructura: si no hay lugares donde poder separar los desechos, la gente no lo hará. A esto, podríamos llamarle posibilidad fáctica: el poder realizar la conducta deseada. Ejemplos de posibles intervenciones son: informar sobre la locación de puntos de separación de residuos de la Universidad de O’Higgins, sobre qué comunas y en qué lugar cuentan con puntos limpios”, explica el Dr. Palomo.

“Y luego -continúa- está la creencia de autoeficacia, que no se asocia, solamente, con la posibilidad fáctica de llevar a cabo un determinado comportamiento, sino más con la creencia de que puedo hacerlo. Esto implica que no basta que existan, por ejemplo, contenedores dispuestos para reciclar, sino que yo crea que tengo el conocimiento, el tiempo y la habilidad para hacerlo. Es decir, si yo no sé si el desecho que quiero reciclar es papel o es plástico, o si debo ponerlo o no en lo orgánico, difícilmente lo haré”. El académico precisa que “en estos casos, una posibilidad para aumentar la autoeficacia, la eficiencia, podría ser -simplemente- la entrega de información fácil de entender”.

Un caso concreto, -señala- es el Proyecto de Ciencia Pública de la UOH, asociado a Par Explora, que se llama ‘Muévete sin Plásticos’, y detalla que -en términos sencillos- es “una aplicación que puedes tener en tu celular, y que te permite evaluar distintos tipos de plásticos para conocer sus potencialidades de reciclado, y que, además, te entrega una serie de informaciones respecto a los diversos tipos de plásticos”.

La visibilidad del comportamiento sustentable

Comportamientos ambientales más visibles, en general, son más fáciles de fomentar porque a la gente le gusta ser vista positivamente, asegura Gonzalo Palomo. “La opción -explica el académico de la UOH- es hacer más visible, más llamativos los comportamientos que queremos que se tiendan a repetir. En este caso, separar desechos o el buen tratamiento de los mismos. Por ejemplo, en el contexto del Día Internacional de Cero Desechos, se podría hacer una actividad y entregar -a las personas que participen- una chapita o algún tipo de calcomanía que ellas puedan poner en su mochila o en su polera y que diga: ‘Yo colaboré con un mejor medio ambiente’”.

Sostiene que “esta chapita, esta marca le dice al mundo que: ‘te comportaste de manera altruista, pensaste más allá de solo tus intereses personales y actuaste en beneficio de la comunidad, del medio ambiente’, y eso es motivador para las personas, porque las hace ver bien”. Agrega que otro ejemplo “súper interesante”, sería preparar un evento para promocionar el reciclaje de los desechos instalando contenedores para ello y junto al punto de reciclaje entregar la posibilidad a las personas de tomarse una fotografía en una cabina, con un banner que diga ‘Yo contribuí con un medio ambiente más sustentable’. “La persona, luego, puede subir esta foto a sus redes sociales y así ‘mostrar(se)’ como una persona altruista y con conciencia ambiental”, explica.

Para Gonzalo Palomo, acciones como éstas muestran el valor comunicativo asociado a comportarse proambientalmente. “De alguna manera, el deseo de verse bien, moviliza muchísimo a las personas y, por tanto, impacta profundamente su conducta, en este caso, comportamientos con impacto ambiental. Lo bueno de este tipo de intervenciones es que no requieren que la persona sea un activista ambiental para comprometerse con el cuidado del planeta y, por tanto, son más efectivas en términos de que llevan a cambios comportamentales a muchas más personas”.

Gonzalo Palomo.

Académico del Instituto de Ciencias Sociales.

• Los académicos Ricardo Fuentealba y Catalina Canals se adjudicaron proyectos Fondecyt 2024 que les permitirán desarrollar estas investigaciones desde el punto de vista social.

Académicos/as e investigadores/as postdoctorales de la UOH se adjudicaron un total de 24 proyectos Fondecyt Iniciación y Postdoctorado 2024. Uno de ellos, es del académico Ricardo Fuentealba, del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) y que trata de “Desarrollo desigual y la política del riesgo de desastres: hacia una resiliencia justa en el Chile post-estallido”.

Desastres y estallido social

El Dr. Fuentealba señala que su investigación se enmarca en “discusiones dentro del campo interdisciplinario de los estudios de desastres. Entendiendo los desastres como procesos sociales complejos y que expresan inequidades ligadas a clase, género, etnia/raza y ubicación, entre otros. Se trata de fenómenos sumamente políticos y que expresan dinámicas de desarrollo desigual”.

Y el objetivo propuesto -explica- es analizar “cómo los habitantes de territorios en riesgo experimentaron el estallido social, y cómo esta experiencia influye en la organización y el funcionamiento de iniciativas colectivas de resiliencia justa”.

“La investigación -precisa el Dr. Fuentealba- se centrará en Chile, en el proceso político post-estallido social, entendiendo cómo sus movilizaciones y discursos críticos podrían influir en cómo se gobiernan los riesgos en territorios expuestos a amenazas naturales”.

Sobre cómo recibe la noticia de la adjudicación, el investigador del ICSo, indica que “muy feliz, con algo de sorpresa y con mucha humildad por el desafío personal que se viene. Desde mi posición como académico UOH en el Instituto de Ciencias Sociales, veo este proyecto como una oportunidad para iniciar una agenda de investigación que busca tener impactos territoriales importantes, sobre todo en la búsqueda de mayor justicia social y ambiental en el contexto del cambio climático”.

Efectos del fin de la selección en los colegios

Catalina Canals, académica ICSo-UOH, desarrollará el proyecto Fondecyt de Postdoctorado “Fin al copago y a la selección escolar: efectos en la segregación escolar, la matrícula pública y la satisfacción de las familias”.

La iniciativa fue patrocinada por el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, y será ejecutado por la Dra. Canals continuando con la colaboración de académicos del CIAE.

La investigadora explica que transcurridos ocho años desde la aprobación de la Ley de Inclusión Escolar -que busca disminuir el rol del mercado en la educación estableciendo medidas como el fin del cobro de mensualidad a los padres y el fin de la selección de estudiantes por parte de establecimientos públicos y privados subvencionados- el objetivo del proyecto es: analizar cuáles han sido y cuáles podrían ser los efectos esperados -en el mediano y largo plazo- de estas medidas. “Se analizará -detalla Catalina Canals- el fin de la selección y el fin del copago en tres variables de interés: la segregación escolar, la matrícula pública y la satisfacción de las familias respecto al establecimiento educacional donde matriculan a sus hijos”.

Sobre cómo recibe la noticia de la adjudicación del proyecto, señaló que: “la Ley de Inclusión Escolar es una de las reformas a la educación más importantes del último tiempo y monitorear y anticipar sus efectos -de mediano y largo plazo- es super relevante para desarrollar políticas públicas que promuevan la equidad en la educación. Por tanto, me da mucha alegría contar con la posibilidad de realizar esta investigación”.

• Martina Cociña Cholaky sostiene que la situación de las personas migrantes en Chile es “sumamente compleja” y que los requerimientos administrativos impuestos, desde 2018, que regulan su ingreso y permanencia, han incidido en una “mayor irregularidad y precarización de las travesías”.

Desde el año 2018 la “administración chilena ha establecido exigencias adicionales para la entrada y estadía regular de determinados colectivos de extranjeros, como las visas consulares a personas haitianas y venezolanas, las que, debido a su baja concesión, extensa tramitación y burocratización, han incidido en una mayor irregularidad y vulneración de los desplazamientos”, indica Martina Cociña, investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la UOH.

En Chile, sostiene “faltan políticas públicas en migración que comprendan la movilidad humana como un fenómeno sociocultural total, que debe abordarse desde un enfoque de derechos, promoviendo la inclusión sociocultural de las personas. En ese sentido, el Estado de Chile se encuentra al debe”.

La Doctora Cociña explica que uno de los cambios importante del último tiempo, es la modificación del marco normativo, esto debido a que el 12 de febrero de 2022 comenzó a regir la nueva Ley de Migración y Extranjería (Ley N° 21.325) que derogó la anterior regulación (Decreto Ley 1.094 de 1975), “una normativa anacrónica, restrictiva y sustentada en el enfoque de Doctrina de la Seguridad Nacional”, asegura. A los cambios se suma la dictación de la nueva Política de migración y extranjería, en julio de 2023.

En relación al ámbito laboral, la investigadora manifiesta que “estudios en la materia develan que quienes migran, por regla general, experimentan trabajos precarizados, mal remunerados y segmentación laboral, en términos de que pueden solo acceder a determinados tipos de empleos como servicios, construcción, trabajo doméstico, entre otros, con independencia de que cuenten con mayor cualificación”.

Asimismo, Martina Cociña, subraya que -más allá de conceptualizar la migración desde una lógica instrumental, que legitime la presencia migrante por la contribución que puede generar en el país de destino-  “cabe entender la movilidad humana como lo plantea Javier de Lucas, esto es, como ‘res política’, es decir, una cuestión política, que se debe tratarse desde el prisma de los derechos, comprendiendo que las personas, por el mero hecho de ser seres humanos, debieran tener garantizado derechos”.

Por último, la investigadora concluye que atendido “el convulso y complejo panorama regional, los países de Latinoamérica deberían trabajar de manera conjunta en una propuesta regional para gestionar la movilidad humana, entendiendo que los desplazamientos de personas no son dinámicas aisladas y/o que se resuelven con políticas nacionales, sino que requieren la cooperación regional e internacional”.

• Domingo Pérez Valenzuela expuso sobre la geografía de los trabajadores/as precarizados/as de servicios, y presentó libro patrimonial de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.

El XLIII Congreso Nacional y XXVIII Internacional de Geografía de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, realizado en la ciudad de Valdivia, tuvo como representante de la Universidad de O’Higgins al investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo), Domingo Pérez Valenzuela.

El Investigador UOH expuso “Geografía de los trabajadores/as precarizados/as de servicios. Empresas fragmentadas, comunidades periféricas y estrategias del sindicalismo (Chile 2018-2023)“, ponencia que entregó los resultados del Doctorado en Geografía realizado por Domingo Pérez en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUCC) y los nuevos desafíos de investigación que maneja. “Estos desafíos me han llevado hasta la UOH para analizar, más extensamente, la desigualdad social y geográfica entre trabajo y comunidades”, comentó.

Libro patrimonial de la ANEF

Previamente, el 10 de noviembre, el investigador UOH participó del lanzamiento del libro “ANEF (1943-2023) 80 años en defensa de la función pública. Trabajo Decente y servicios públicos de calidad”, trabajo del cual fue investigador responsable, y que fue parte del programa de Diálogo Social de la Subsecretaría del Trabajo.

El equipo encabezado por Domingo Pérez, y compuesto con Jorge Ayala, Vicente Mellado y Renato Fuentes, también elaboró un cortometraje documental y un registro de material histórico, el cual ya ha comenzado a ser subido en la web de la Agrupación (www.anef.cl/archivo-historico-digital/).

El trabajo también contó con la colaboración de José Pérez Debelli, presidente ANEF; Raúl de la Puente, ex presidente de la ANEF; Náyade Zúñiga, secretaria general de la agrupación; Yasna Frías, vicepresidenta de Comunicaciones; entre otros varios dirigentes/as y personas entrevistadas.

• La académica de la Universidad de O’Higgins, María Pilar Navarro, junto a los académicos Renato Jijena y Álvaro Magasich, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, estudiaron cómo la legislación tributaria chilena regula el tratamiento de estos datos por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En la era digital en la que vivimos, nuestros datos personales son tratados por diversas instituciones públicas y privadas, lo que genera en la población preguntas como: ¿hasta dónde pueden llegar mis datos? y ¿qué tan expuestos estamos?

La académica de la Universidad de O’Higgins (UOH), María Pilar Navarro, junto a los académicos Renato Jijena y Álvaro Magasich, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, realizaron un estudio, cuyo objetivo fue identificar “cómo la legislación tributaria chilena regula el tratamiento de estos datos personales por parte del Servicio de Impuestos Internos: qué es lo que puede y no puede hacer con la información y qué protecciones se establecen al tratamiento de los datos personales”, detalla María Pilar Navarro.

Antes de mostrar los resultados, la académica señala que se debe diferenciar entre datos personales y datos privados. “Según la visión que plasmamos en el trabajo, los datos personales pueden, por Ley, ser conocidos por terceros y utilizados para los fines propios de los servicios públicos. Asimismo, ciertos datos personales se vinculan con la vida privada; concretamente, estamos pensando en los datos sensibles. Esos datos privados o derivados de la vida privada, pertenecen a una esfera más íntima de cada persona y su tratamiento -por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII)- no se admite legalmente, salvo que la persona expresamente lo autorice”, asegura.

Ejemplo del uso de nuestros datos personales, por parte de una institución privada, es “cuando vamos a comprar al supermercado y damos nuestro RUT, lo que permite asociar la compra a una persona determinada; luego nos llaman de distintas compañías para ofrecernos productos y ellas tuvieron acceso a nuestro nombre y teléfono sin que se los hayamos dado”, detalla.

El SII y mis datos personales

El SII, institución en la que se centró la investigación, no es la excepción en manejo de datos personales y cuenta con muchos antecedentes de los ciudadanos. Ello porque la legislación “establece que tanto el propio contribuyente, como terceros, deben enviar información referida a personas determinadas a esta entidad”, detalla María Pilar Navarro, y explica que “los datos son utilizados por el SII para cumplir con la finalidad para la cual fue creado por ley: fiscalizar que las personas cumplan correctamente con sus obligaciones tributarias. Y lo más importante, que paguen debidamente sus impuestos”.

Ejemplo de datos personales que maneja el SII son aquellos que identifican o hacen identificable a una persona natural, como lo es, su nombre, su RUT, su dirección postal y su correo electrónico, entre otros.

Ante la preocupación sobre dónde podrían llegar nuestros datos personales y qué obligaciones de manejo reservado de ellos tiene el SII, la académica señala que “pudimos identificar que los datos personales de los contribuyentes que trata el Servicio de Impuestos Internos están protegidos legalmente por lo que se conoce como secreto o reserva tributaria. Esto significa que si el titular del dato (contribuyente) no consciente en su entrega, o bien, si la ley en un caso particular no establece un caso de excepción, que permita que el SII entregue ese dato (especificando a quién y en qué condiciones), el Servicio está impedido de hacerlo público”.

Cambios en la legislación y controles

Asimismo, los investigadores señalan que, en los últimos años, la legislación ha aumentado la protección de los datos personales que son tratados por el SII. “Primero se aumentaron los supuestos de secreto o reserva tributaria y a partir del año 2020 se establece, expresamente, en el Código Tributario como derecho del contribuyente que en los actos de fiscalización el SII respete la vida privada, proteja los datos personales [de los contribuyentes] en conformidad con la ley y que las declaraciones impositivas tengan el carácter reservado, salvo que la ley establezca lo contrario”, detalla María Pilar Navarro.

Explica que, para resguardar el cumplimiento del secreto o reserva tributaria, la legislación establece sanciones para los funcionarios que no lo respeten y, asimismo, existen niveles de seguridad en el manejo de esta información. Ello se traduce en que “no todos los funcionarios tienen acceso a datos personales, sino que está restringido a aquellos que realizan una labor para la cual necesitan tener acceso a ellos. Esto se posibilita, a través de la creación de perfiles que permiten acceder a sistemas en los cuales se aloja esta información y a los controles que se efectúan en el mismo sistema para ver a qué información ha accedido cada usuario del perfil, los horarios en los que accedió, qué información vio, y si se relaciona o no con un caso que está revisando”, sostiene la académica.

Entendiendo la preocupación de la ciudadanía por el acceso y uso de sus datos personales, ¿por qué es importante que, como ciudadanos, entendamos que es necesario que organismos como el SII tengan acceso a nuestros datos?

“Por la función que cumple dicha institución. Todo Estado requiere de financiamiento para cubrir las necesidades de las personas. La principal fuente de este financiamiento son los tributos recaudados. La Tesorería General de la República recauda los tributos, pero el Servicio de Impuestos Internos fiscaliza que se declaren y paguen cumpliendo con la legalidad. Es decir, fiscaliza el debido cumplimiento tributario de personas determinadas y, cuando detecta incumplimientos, hace uso de sus facultades legales para corregir tal comportamiento”.

La académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la UOH señala que la investigación realizada abre nuevas preguntas para futuros estudios. Las posibilidades de utilización de los datos personales son enormes y surgen interrogantes respecto de su uso o no uso en situaciones concretas por parte del Servicio de Impuestos Internos.

El artículo “Protección de datos personales: el nuevo paradigma del secreto fiscal o reserva fiscal en Chile” de la académica María Pilar Navarro y los académicos Renato Jijena y Álvaro Magasich, fue publicado en la revista International Data Privacy Law, prestigiosa publicación internacional que muestra problemáticas relacionadas con la protección de los datos personales desde la perspectiva del derecho.

• Los académicos Camila Oda y Nicolás Schongut destacan la importancia de desarrollar políticas públicas que apoyen a las personas, en su gran mayoría mujeres, que se hacen cargo de familiares que se encuentran en situación de dependencia.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, alrededor de 640.000 personas se declaran en situación de dependencia moderada o severa en el Registro Social de Hogares, por lo que se estima que existiría en Chile una cifra similar de cuidadores/as. Asimismo, el Gobierno, en noviembre de 2022, implementó una plataforma para el registro de cuidadores y, a julio de 2023, 54.000 personas se han identificado como tal.

Esa es la realidad en Chile. No hay cifras claras y no hay política pública específica al celebrarse un nuevo Día Internacional de las Personas Cuidadoras, fecha que estableció la ONU el año 2014.

Camila Oda, académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), explica que “la mayoría de las veces las personas que se desempeñan como cuidadores/as son mujeres, familiares directas de la persona cuidada: esposa, cuñada, nuera, hermana, hija, y el punto, es que por las actividades de cuidado, tienen que dejar muchas veces -parcial o totalmente- sus actividades fuera del hogar. Lo anterior supone, en muchas ocasiones, que quien cuida esté en una situación de vulnerabilidad económica, muchas veces mayor, porque pueden dedicarse a cuidar -años y años- y después no tienen jubilación ni protección social”.

A ello, señala Camila Oda, se suman los altos costos de ser cuidador/a en materia de salud. “Cuidar muchas veces es desgastante; es distinto cuidar una guagua que va en camino hacia la autonomía, que cuidar a una persona que va hacia el deterioro o que no tiene autonomía. A ello, se suma la angustia de no saber qué va a pasar con esa persona, quién lo va a cuidar cuando quién cuida ya no esté, porque en Chile no existe un entramado social -como en otros países-  que se haga cargo de garantizar el cuidado de la persona cuidada y del cuidador”.

El académico del Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) de la UOH, Nicolás Schongut, señala que entre las consecuencias que sufren las personas que cuidan, está, fundamentalmente, el llamado “burnout del cuidador”. Y detalla que “en una persona que no tiene espacios de descanso, no tiene red de apoyo ni espacios de cuidado para sí misma, y que debe estar disponible 24-7 para una persona que tiene necesidades y demandas constantes, complejas y agotadoras -física y mentalmente- se produce este síndrome. El burnout del cuidador/a se caracteriza por ser una condición de estrés crónico, donde quien cuida tiene sentimientos de culpa, además de fatiga y agotamiento físico y emocional. Son personas que, al estar con estrés crónico, están con niveles de cortisol permanentemente elevados, lo que incrementa el riesgo de padecer ansiedad, depresión, problemas digestivos, aumento de peso y enfermedades cardiacas como hipertensión arterial o accidentes cerebrovasculares, entre otras cosas”.

¿Qué falta y qué existe?

Falta de una política pública en el tema de los/as cuidadores/as es una aseveración en la que coinciden ambos académicos UOH. Camila Oda señala que “primero, hay que reconocer que cuidar a otra persona es un trabajo; segundo, hay que garantizar apoyos desde el Estado para que estas personas cuenten con, por ejemplo, ayuda en las tareas domésticas y a nivel económico; para que tengan espacios para que pueden ventilarse y desahogarse; pero sin embargo, hoy día, asumimos que cuidar es una tarea que heredas por  tener familia y que sobre todo, lo heredas si eres mujer; que  una  renuncia no es discutible, que es lo que se espera de ti. Eso debe cambiar”.

Nicolás Schongut indica que el hecho de que el cuidado se otorgue a “solo una persona dentro de la familia no es un problema de la familia, es un problema social. El trabajo de cuidado no remunerado está prácticamente feminizado. Al menos 9 cada 10 personas que cuidan, no remuneradamente, son mujeres. Y eso, tiene que ver más con lógicas sociales, que con lógicas dentro de la familia; y, muchas veces, son contingentes porque también hay una brecha salarial que favorece a los hombres, entonces, si alguien tiene que renunciar al trabajo va a ser la mujer porque gana menos. Esto no es fácil de resolver, por eso es que se necesitan políticas públicas”.

El académico es claro al decir que “en general, aunque se habla del tema de los cuidadores/as, ha habido pocas intervenciones públicas al respecto. Por ejemplo, ahora en el Senado se está discutiendo la Ley de Teletrabajo, la que va a permitir a las personas que cuiden niños/as -menores de 14 años o personas con discapacidad de moderada o grave- puedan optar, como un derecho, al teletrabajo. Es decir, se les va a permitir optar, por derecho, al teletrabajo sin tener que negociarlo con el empleador. Esta es una política pública súper importante porque muchas personas tienen que dejar su trabajo remunerado porque no tienen otra opción, pero sí tienen miles de problemas”.

Experiencia en otros países

Camila Oda hace presente que, pese a que estamos envejeciendo como sociedad, no nos estamos haciendo cargo del fenómeno, como sí se observa que lo hacen otros países. “El/la cuidador/a, a nivel de la salud mental, presenta una alta prevalencia de trastornos del ánimo o trastornos ansiosos, entre otros factores, por la carga emocional que, muchas veces, genera la sensación de renuncia, respecto  de lo que están perdiendo de sus propias vidas, además de una significativa sensación de soledad. En tanto, se observa que en otros países existen políticas públicas que permiten contar con un sistema de cuidado de cuidadores, que van desde tener una reunión para conversar sobre lo que significa cuidar o charlar de otra cosa. Para que el cuidador pueda acudir a estos espacios, el Estado garantiza que una persona irá a apoyarles en lo doméstico, por ejemplo, cuidando a la persona cuidada, para que quién cuida pueda salir. También hay programas que envían una persona para que limpie y ordene la casa, y así alivianar el trabajo de quién cuida”.

Otro caso que expone es el de España donde “el Estado realiza un programa de vacaciones para las personas en situación de discapacidad, es decir, el Estado las lleva de paseo para que sus cuidadores/as y ellas mismas puedan descansar y recuperarse”.

¿Cómo colaborar?

Aunque es claro que hacen falta políticas públicas en Chile sobre el tema de los cuidadores/as, Camila Oda, señala que a nivel familiar podemos hacer aportes, que ayuden a las y los cuidadores. “Si tenemos conciencia de lo desgastante e importante que es el trabajo del cuidador/a, si tenemos uno/a en la familia, podemos y debemos cooperar. Por ejemplo, ir un día en la semana y hacernos cargo de la persona a cuidar para que el/la cuidador/a pueda hacer una pausa, salir, o lo que sea que desee hacer. No se debería esperar que el/la cuidador/a nos pida ayuda, no decir ‘a mí nadie me aviso que se necesitaba ayuda’, sino, más bien, ofrecerla. El cuidado no debería recaer sobre un solo integrante del grupo familiar”.

• Un seminario que contó con la presencia de los expertos/as María Soledad Mortera y Claudio Fuentes, indagó en cómo se han desarrollado los diversos procesos y el actuar de las encuestas.

“¿En qué está el proceso constitucional?: Apuntes para tu decisión” es el nombre del seminario que realizó el Instituto y la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), con apoyo de la Dirección de Comunicaciones de la casa de estudios, con el objetivo de informar sobre el actual proceso constitucional y cómo se ha desarrollado en el tiempo.

La actividad estuvo moderada por la investigadora UOH Martina Cociña y contó con la participación de los expositores: María Soledad Mortera, quien es abogada, magíster en derecho constitucional y docente UOH, y Claudio Fuentes, Doctor en Ciencia Política y profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP).

La docente UOH realizó un recorrido por los procesos constitucionales chilenos y el contexto en que se han desarrollado los dos últimos, mientras que el docente UDP se centró en la dimensiones cuantitativas y cualitativas del proceso constituyente y la actuación de la opinión pública en su desarrollo.

Para la abogada y magíster en derecho constitucional, María Soledad Mortera, estos espacios son absolutamente necesarios y fundamentales. “Estamos en una universidad, son estudiantes para generar instancias de debate y al mismo tiempo son generaciones de futuro y ellos van a tener que tomar las decisiones el día de mañana. Debemos pensar que no somos personas para transmitirles conocimientos y que ellos repliquen, tenemos que formar a profesionales como seres pensantes. Entonces, estas instancias son sumamente importantes, porque el día de mañana ellos van a ser los tomadores de decisiones”.

Asimismo, Carlos Fuentes, profesor titular de la Escuela de Ciencia Política UDP, recalcó que las universidades “tienen un rol fundamental en generar espacios para reflexionar, para mirar el país y también para pensar en soluciones a los problemas que tienen y, por lo tanto, creo que este tipo de espacios son súper relevantes, y por eso mi interés por participar”.

UOH constitucional

Una vez terminada la actividad, Marcelo Acuña, jefe de la carrera de Derecho de la UOH, destacó la relevancia de realizar este tipo de actividades ya que permite que expertos y expertas compartan con estudiantes e integrantes de la comunidad local “sus conocimientos, análisis, perspectivas acerca de este proceso que entra en su etapa final, ya que el próximo martes 7 de noviembre se conocerá la versión definitiva del texto que se plebiscitará en diciembre de 2023”.

Por su parte, la jefa de carrera de Administración Pública relevó la importancia de que la comunidad universitaria cuente con la información necesaria para efectuar su voto, “es fundamental que la juventud y la comunidad universitaria en general, cuente con información clara y responsable en relación al proceso que se vive en nuestro país. La Constitución impacta en el carácter de las políticas públicas del Estado, y, por lo tanto, es fundamental saber qué es lo que se propone de parte del órgano que está a cargo del proceso, para reflexionar en torno a la manera en que ésta responde a los desafíos del Chile actual”.

La UOH espera realizar durante noviembre nuevos conversatorios en la previa de la consulta final por el actual proceso constitucional, que se desarrollará en diciembre próximo.

• Jefe de la División Jurídica de la institución, Cristián Vargas Bugueño, dio charla a universitarios de la cátedra de Ética Profesional de la Universidad de O’Higgins.

“Fue una instancia que permitió a los estudiantes discutir temáticas propias de la carrera con el jefe de la División Jurídica de la Tesorería General de la República, Cristian Vargas, en una conversación fluida y que les dio la oportunidad de ver que las materias que se estudian en la Universidad tienen una aplicación práctica importante”, con estas palabras el jefe de carrera de Derecho de la Universidad de O’Higgins (UOH), Marcelo Acuña, resumió el resultado de la charla dictada en el auditorio del Campus Rancagua.

Por su parte, la académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) y docente de los futuros abogados/as, María Pilar Navarro, acotó que “el expositor les planteó la importancia de las atribuciones legales de la Tesorería General de la República en el funcionamiento del aparato público estatal, ejemplificadas con situaciones actuales”.

Marcelo Acuña señaló que tras la charla “Tesorería General de la República: Su integración en la Administración y sus funciones”, se generó la invitación para que “una vez que se firme un convenio de colaboración entre la Universidad y la Tesorería General de la República, nuestros y nuestras estudiantes puedan realizar alguna pasantía en la División Jurídica de la TGR”.

• La presentación se centró en la compleja temática del conflicto y la cohesión social, explorando resultados de investigaciones en el contexto de la memoria colectiva, identidades sociales y relaciones intergrupales.

La académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, Ana Figueiredo, participó la pasada semana en la jornada de inauguración del XVII Congreso Chileno de Psicología, actividad donde presentó, como invitada magistral, parte de sus investigaciones sobre el conflicto y la cohesión social en Chile, enfocándose sobre todo en sus estudios con personas del pueblo Mapuche.

Durante la ponencia abordó la dificultad de definir el conflicto social y cómo este puede surgir cuando los objetivos, valores y normas de diferentes grupos no son compatibles, “lo que lleva a luchas por recursos, ya sean materiales o simbólicos”, explicó. También destacó la importancia de comprender el conflicto a nivel intergrupal y de diferentes actores sociales que influyen en estas dinámicas.

Respecto a la cohesión social, lo presentó como un concepto desafiante de definir, proponiéndose entenderla como la capacidad de una sociedad y sus instituciones democráticas para promover relaciones igualitarias, un sentido de pertenencia y de interacciones hacia al bien común. “La cohesión y el conflicto social no son estáticos, sino procesos multidimensionales situados en contextos sociohistóricos, económicos, políticos y geográficos”, advirtió.

La presentación también introdujo la noción de “memoria colectiva”, como un conjunto de representaciones compartidas sobre el pasado, basadas en la identidad de un grupo. La académica UOH explicó que estas “memorias colectivas” cumplen diversas funciones, como definir la identidad grupal, establecer normas y valores, movilizar la identidad y la pertenencia, influir en el estado psicológico y, en algunos casos, defender el estatus quo o promover el cambio social.

Subrayó la relevancia de observar el conflicto y la cohesión como procesos multinivel y multidimensionales que se despliegan en diversos contextos, como también la necesidad de una psicología social y política que complejice ciertos constructos y teorías para abordar adecuadamente estas dinámicas.

Finalmente, Ana Figueiredo se centró en el contexto chileno y cómo la historia colonial y poscolonial sigue influyendo en las dinámicas sociales y de identidad, particularmente en relación con el pueblo mapuche.