• La investigadora Gemma Rojo, con experiencia en fauna silvestre y zoonosis, explica el alcance de la medida y entrega recomendaciones para la población rural y semi rural.

La decisión del Ministerio de Salud de decretar una alerta sanitaria por hantavirus en gran parte del territorio nacional marca un hecho sin precedentes en la respuesta frente a esta enfermedad. Se trata de una medida que entrega facultades extraordinarias para contratar personal, adquirir insumos con mayor rapidez y reforzar la red asistencial.

La Dra. Gemma Rojo, académica del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3) de la Universidad de O’Higgins (UOH), subrayó que el objetivo de la medida es anticiparse y fortalecer la capacidad de respuesta y no reaccionar ante una emergencia que ya se encuentre en curso.

La investigadora señaló que “esta alerta no significa que estemos frente a una epidemia ni que el sistema de salud esté sobrepasado; se trata de una medida preventiva y de preparación que permite anticiparse y responder con mayor rapidez si aparecen nuevos casos o brotes localizados”.

Lo distintivo es su carácter inédito: el síndrome cardiopulmonar por hantavirus quedó incorporado de manera expresa dentro de un instrumento que ya existía para otras enfermedades vectoriales y zoonóticas, ampliando su cobertura desde Atacama hasta Magallanes y la Antártica Chilena.

Para la académica, esta decisión también refuerza la necesidad de que las instituciones trabajen coordinadamente, compartan información y mantengan una vigilancia oportuna de los cambios que puedan producirse en los distintos territorios.

La Dra. Rojo explicó que “necesitamos integrar la información de salud humana, salud animal y ambiente. Esto no significa aplicar las mismas medidas para todas las enfermedades, sino compartir información, coordinarnos mejor y detectar tempranamente los cambios que ocurren en los territorios”. Cabe destacar que One Health (Una Salud) es un enfoque integrado que busca equilibrar y optimizar la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, reconociendo que son interdependientes.

Recomendaciones

Desde su experiencia en el trabajo con fauna silvestre y zoonosis, la investigadora aclaró que la respuesta no pasa por intervenir la fauna, sino por reducir las condiciones que favorecen el encuentro entre los roedores y las personas.

Es importante entender que los roedores también forman parte de los ecosistemas y cumplen funciones en la naturaleza, por ejemplo, como alimento para otras especies y en la dispersión de semillas. “No se trata, entonces, de verlos como enemigos ni de eliminarlos, sino de evitar las condiciones que los acercan a las viviendas y aumentan el contacto con las personas”, explicó la Dra. Rojo.

En esa línea, recordó que el contagio ocurre principalmente al inhalar aire o polvo contaminado con orina, heces o saliva de un roedor infectado, especialmente al ingresar a recintos que han permanecido cerrados. Por ello, insistió en la importancia de ventilar antes de limpiar y evitar el barrido en seco.

Rojo recomendó que “si una casa, cabaña, bodega o galpón ha permanecido cerrado, se deben abrir puertas y ventanas y ventilar durante al menos 30 minutos antes de permanecer en su interior”.

Junto con estas precauciones, destacó la importancia del ordenamiento y manejo ambiental del entorno de las viviendas. Esto incluye eliminar adecuadamente la basura, los restos de alimentos y los objetos en desuso o “cachureos”; evitar la acumulación de materiales que puedan servir como refugio para los roedores; mantener patios, bodegas y leñeras ordenados; controlar las malezas y la vegetación densa alrededor de las casas; y guardar los alimentos, granos y alimento para animales en recipientes resistentes y cerrados.

A estas medidas sumó humedecer pisos y superficies con agua y cloro antes de limpiar; utilizar guantes y mascarilla, idealmente N95; y sellar las posibles entradas de roedores. Estas precauciones debieran formar parte habitual de las actividades agrícolas, forestales y rurales, y no aplicarse solamente cuando existe una alerta sanitaria.

Asimismo, llamó a consultar oportunamente ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares intensos o dificultad para respirar después de haber permanecido en una zona rural o de haber tenido una posible exposición a roedores. En estos casos, es importante informar al personal de salud sobre las actividades realizadas y el lugar donde ocurrió la exposición.

Rojo concluyó que “en el caso del hantavirus, prevenir la exposición y consultar a tiempo puede marcar una diferencia”.

• Ante el mayor riesgo de hepatitis A asociado a las lluvias e inundaciones, la académica Claudia Foerster detalla las medidas que deben adoptar los hogares en la preparación y consumo de alimentos.

Las lluvias intensas, las inundaciones y los cortes de suministro de agua y electricidad pueden aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Frente a este escenario, la académica del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3) de la Universidad de O’Higgins, Dra. Claudia Foerster, entrega recomendaciones para proteger la salud de las familias.

Riesgo de infecciones

Los sistemas frontales que han afectado al país en las últimas semanas no solo han provocado daños materiales, sino que también han generado condiciones que favorecen la contaminación del agua y de los alimentos. La presencia de aguas servidas, el desborde de cauces y las interrupciones en el suministro de agua potable pueden incrementar el riesgo de infecciones gastrointestinales, entre ellas la hepatitis A.

“La hepatitis A se transmite por la vía fecal-oral, principalmente al consumir agua o alimentos contaminados, o por una higiene inadecuada de las manos. Después de inundaciones, este riesgo aumenta cuando el agua utilizada para preparar alimentos se contamina o cuando estos entran en contacto con aguas servidas”, explica la Dra. Foerster.

La académica señala que algunos alimentos requieren especial atención, en particular aquellos que se consumen crudos o con escasa cocción. “Los mariscos crudos o insuficientemente cocidos, las frutas y verduras que se consumen frescas y los alimentos altamente manipulados presentan un mayor riesgo si no se preparan bajo condiciones higiénicas adecuadas”, indica.

Medidas simples

La académica enfatiza que la prevención depende principalmente de mantener buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos.

Entre las principales recomendaciones destacan:

• Consumir únicamente agua potable, embotellada o hervida (manteniendo la ebullición entre uno y tres minutos).
• Cocinar completamente carnes, pescados y mariscos.
• Lavar cuidadosamente frutas y verduras con agua potable; cuando sea posible, pelar las frutas antes de consumirlas.
• Sanitizar las verduras de hoja utilizando una solución de cloro doméstico apto para desinfección (sin perfumes ni detergentes), siguiendo las indicaciones de la autoridad sanitaria.
• Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, especialmente antes de preparar alimentos y después de ir al baño. Si no se dispone de agua potable, el alcohol gel puede utilizarse temporalmente para la higiene de las manos, siempre que estas no estén visiblemente sucias. No obstante, el lavado con agua segura y jabón sigue siendo la medida más efectiva para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos y debe realizarse tan pronto como sea posible.
• Limpiar y desinfectar mesones, utensilios y superficies que entren en contacto con los alimentos.

La especialista también advierte sobre un riesgo frecuente tras los temporales: los cortes prolongados de electricidad. “Si un refrigerador permanece sin energía durante varias horas, algunos alimentos pueden alcanzar temperaturas que favorecen el crecimiento de bacterias. En esos casos, es recomendable desechar carnes, pescados, mariscos, lácteos y preparaciones perecibles que hayan permanecido por largo tiempo sin refrigeración”, explica la académica.

Finalmente, Foerster recalca que estas medidas deben mantenerse mientras persistan las condiciones sanitarias derivadas de las lluvias.

“La inocuidad alimentaria comienza en el hogar. Mantener una adecuada higiene de manos, utilizar agua segura, cocinar completamente los alimentos y evitar el consumo de productos que puedan haber estado expuestos a la contaminación son medidas simples que reducen significativamente el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos”, concluye la investigadora.

• El académico Jorge Medina fue experto temático del documento sobre economía circular, mientras que la directora de la ECA3, Giovanna Amaya, aportó en tres capítulos del informe que orientará la actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación realizó el lanzamiento oficial de los cuatro informes científicos sobre cambio climático elaborados por el Comité Científico Asesor de Cambio Climático de Chile, documentos que reúnen el trabajo de más de 500 investigadores e investigadoras de todo el país.

La jornada marcó además el inicio formal del proceso de elaboración del informe previo del Comité a la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), mandato establecido por la Ley Marco de Cambio Climático.

En ese contexto, el académico del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Jorge Medina, se desempeñó como experto temático del informe sobre economía circular, coordinando a más de 20 científicos y profesionales de distintas universidades nacionales y extranjeras, además de editar el documento final, su versión sintética y el texto presentado en la última COP.

Medina indicó que “el mensaje principal es que la economía circular debe entenderse como un componente estratégico de la acción climática y no únicamente como una política de gestión de residuos. La evidencia científica demuestra que su implementación permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante un uso más eficiente de los recursos, el ecodiseño, la valorización de materiales y la regeneración de los sistemas naturales”.

El documento estima que una implementación integral de estos principios podría reducir hasta un 37% de las emisiones proyectadas para Chile al año 2030, incrementar el PIB en un 1,54% y generar cerca de 33.000 nuevos empleos verdes. Sobre el trabajo colaborativo que dio origen al informe, el investigador subrayó el carácter interdisciplinario del proceso.

“La economía circular y el cambio climático son temas inherentemente interdisciplinarios, por lo que fue necesario integrar conocimientos provenientes de las ciencias ambientales, la ingeniería, la economía, las políticas públicas y las ciencias sociales. El principal desafío consistió en construir consensos sin perder rigurosidad científica”, explicó el académico.

El investigador agregó que, si bien el país cuenta hoy con un marco normativo sólido y una Estrategia Nacional de Economía Circular, el desafío es acelerar su implementación mediante inversión en infraestructura de valorización, innovación tecnológica, capacidades técnicas en el Estado y el sector productivo, y mecanismos de coordinación entre lo público, lo privado y la academia.

Por su parte, la directora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ECA3) de la UOH, Giovanna Amaya, contribuyó con tres secciones asociadas a tres capítulos distintos del informe, con un enfoque centrado en las condiciones necesarias para que las políticas lleguen efectivamente a los territorios.

Amaya señaló que “aunque trabajé en tres capítulos distintos, para mí todos hablaban de lo mismo: cómo pasamos de las buenas intenciones a que las cosas realmente ocurran en los territorios. Tenemos leyes, estrategias y hojas de ruta que son muy buenas, pero mi aporte fue mostrar que eso no basta si no existe coordinación entre las instituciones, financiamiento, capacidades en las regiones y una forma de hacer seguimiento a los avances”.

La investigadora advirtió que las brechas entre municipios son uno de los puntos que requiere mayor atención en la discusión pública, ya que condicionan la velocidad con que avanza la transición hacia un modelo circular.

“El problema de Chile no es que falten leyes. De hecho, tenemos un marco normativo bastante sólido y reconocido internacionalmente. El gran desafío es cómo logramos que todas esas políticas conversen entre sí y lleguen de manera equitativa a los territorios. La acción climática también se construye desde los territorios y no sólo desde el nivel central”, puntualizó la directora de la ECA3.

Los cuatro informes presentados constituyen la base científica sobre la cual se actualizarán los compromisos climáticos que Chile presentará ante la comunidad internacional, un proceso en el que la Universidad de O’Higgins continuará aportando evidencia y capacidades desde la región.

• En el congreso conjunto ASLO-SIL 2026, realizado en Montreal, la Dra. Morgane Derrien expuso los resultados de un seguimiento estacional de una cuenca andina, que revela el papel de la materia orgánica disuelta y de las comunidades microbianas en la salud de los ríos frente al cambio climático y a la actividad humana.

Entre el 12 y el 16 de mayo, la ciudad de Montreal (Canadá) acogió el ASLO-SIL 2026, primer encuentro conjunto de la Association for the Sciences of Limnology and Oceanography (ASLO) y la International Society of Limnology (SIL), que reunió a especialistas en aguas continentales y marinas de todo el mundo bajo el lema “Aquatic Confluence: Science, People, Knowledge”.

En ese escenario, la Universidad de O’Higgins estuvo representada por la Dra. Morgane Derrien, académica del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3), quien presentó una investigación que siguió el recorrido completo de un río andino, desde la alta cordillera hasta su desembocadura en el mar.

El trabajo observó la cuenca como un sistema conectado y en movimiento, midiendo cómo cambia el agua a medida que desciende y a lo largo de las cuatro estaciones, bajo la premisa de que un río no se comporta igual en la montaña que en el valle, ni en invierno que en verano.

“Si hubiéramos muestreado una sola vez, habríamos obtenido solo una fotografía del sistema. Al seguir el río durante las cuatro estaciones y a lo largo de toda la cuenca, pudimos observar cómo los procesos espaciales y temporales interactúan entre sí”, explicó la investigadora.

Uno de los focos del estudio es la materia orgánica disuelta: una mezcla de compuestos de carbono presentes en el agua que, pese a ser invisibles a simple vista, resultan decisivos para la vida del río. Proviene tanto de fuentes terrestres, como la vegetación y los suelos, como de fuentes acuáticas, a través de la actividad de algas, microorganismos y otras formas de vida presentes en el río. También puede originarse a partir del deshielo de nieve y glaciares. Esta materia orgánica constituye la principal fuente de energía para una gran parte de los organismos acuáticos.

“A medida que el agua fluye desde la cordillera hasta el mar, esta materia orgánica va siendo transformada por los microorganismos. “Por eso, los ríos no son solo conductos que transportan agua: también participan activamente en el ciclo global del carbono y ayudan a regular cuánto carbono permanece almacenado y cuánto vuelve a la atmósfera”, detalló Derrien.

La investigación también analizó la relación entre esa materia orgánica y las comunidades de microorganismos que habitan el río, y constató que ambos están estrechamente conectados y responden en conjunto al entorno.

“Los microorganismos actúan como un motor invisible que recicla nutrientes, degrada materia orgánica y participa en procesos que determinan la calidad del agua y el funcionamiento del ecosistema”, señaló la académica.

“Entender cómo interactúan estos procesos nos ayuda a anticipar cómo responderán los ríos frente al cambio climático y a las actividades humanas” puntualizó Derrien.

La participación en el ASLO-SIL 2026 proyecta internacionalmente una línea de trabajo que el ICA3 desarrolla en la Región de O’Higgins, orientada a comprender la calidad del agua en cuencas andinas de alta montaña y a aportar información útil para un manejo que considere al río como un sistema integrado, donde la química del agua, la biodiversidad y la hidrología están estrechamente relacionadas.

El Centro de Investigación de Suelos y Funciones Ecosistémicas de Chile (CISFECh) expuso ante la Comisión de Agricultura del Senado sus observaciones al proyecto de ley que crea el Sistema de Incentivos para la Gestión Sostenible de Suelos Agropecuarios (SIGESS).

Participaron el Dr. Osvaldo Salazar, director alterno del CISFECh y académico de la Universidad de Chile, quien presentó al Centro y sus objetivos ante la comisión, y la Dra. Claudia Rojas, investigadora asociada del CISFECh, presidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo y académica de la Universidad de O’Higgins.

Los acompañó Valentina Gatica, encargada de Gobernanza y Políticas de Suelo del CISFECh, área encargada de tender puentes entre la política pública y las investigaciones científicas desarrolladas por las distintas líneas del Centro. Esta labor responde a que la incidencia política es uno de los objetivos principales de los Centros de Investigación de Interés Nacional de ANID, categoría a la que pertenece el CISFECh, de ahí la relevancia de su presencia en la Comisión de Agricultura del Senado.

En dicha instancia, el equipo planteó que Chile necesita conocer y caracterizar sus suelos con análisis físicos, químicos y biológicos, ya que su enorme diversidad impide aplicar fórmulas homogéneas para su gestión sostenible a nivel nacional.

También advirtió que el proyecto de ley SIGESS, tal como está, flexibiliza estas exigencias, así como también elimina instrumentos de transferencia de conocimientos hacia agricultores, reduce los requisitos técnicos para elaborar los planes de manejo y evalúa el impacto principalmente en términos económicos, dejando en segundo plano la condición real del suelo.

Frente a esto, el CISFECh propuso exigir una caracterización predial mínima para optar a la bonificación, con financiamiento público que favorezca el acceso de los pequeños productores a estos análisis. Asimismo, recomendó el monitoreo permanente del suelo intervenido, el fortalecimiento de capacidades técnicas de los agricultores, la necesidad de contar con operadores técnicos con conocimiento de la ciencia del suelo y la evaluación de resultados concretos sobre el suelo, no solo de la ejecución presupuestaria.

“No es necesario elegir entre facilitar el acceso de los agricultores a la bonificación o exigir evidencia científica”, planteó la Dra. Claudia Rojas: ambos objetivos no son excluyentes y pueden conciliarse con un sistema de caracterización mínima, financiamiento diferenciado y monitoreo permanente. Una política de suelos, señaló, solo puede demostrar su impacto si el país cuenta con la infraestructura científica para medirlo.

El CISFECh reafirmó que seguridad alimentaria y seguridad del suelo son inseparables de un desarrollo resiliente al cambio climático, y su compromiso de que la evidencia científica siga siendo un insumo real para las políticas públicas.

Sobre el CISFECh

El CISFECh es un Centro de Investigación de Interés Nacional financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, código CIN250005, y patrocinado por la Universidad Austral de Chile, con la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile como instituciones asociadas. Además, cuenta con la colaboración de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, la Universidad de O’Higgins y numerosas instituciones de Chile y el extranjero.

• El informe de monitoreo glaciológico 2024-2025, elaborado por la Universidad de O’Higgins, confirma un balance de masa negativo, el acelerado retroceso del principal glaciar de Chile central y advierte que hoy se encuentra en desequilibrio frente al clima.

La pérdida de hielo del glaciar Universidad continúa acelerándose. Esa es la principal conclusión del Informe de Monitoreo Glaciológico 2024-2025, presentado en el Campus Colchagua de la Universidad de O’Higgins (UOH), cuyos resultados revelan que durante el último año hidrológico el glaciar perdió un volumen de hielo equivalente a 36 millones de metros cúbicos de agua, similar al consumo anual de una ciudad de 580 mil habitantes, corroborando así que mantiene un balance de masa negativo y que su estado responde al progresivo calentamiento que afecta a la cordillera de Chile central.

El estudio fue desarrollado por investigadores de la Universidad de O’Higgins para la Dirección General de Aguas (DGA), en el marco de la Estrategia Nacional de Glaciares. La investigación entrega nuevos antecedentes sobre la evolución del glaciar más extenso de la Región de O’Higgins, responsable de aportar entre un 20% y un 25% del caudal del río Tinguiririca durante el verano.

“Las mediciones realizadas entre 2024 y 2025 muestran que la nieve logró acumularse únicamente por sobre los 3.500 metros de altitud, mientras que bajo los 3.000 metros el glaciar incluso se derritió durante el invierno. En la temporada estival el derretimiento afectó prácticamente a toda su superficie, alcanzando pérdidas de hasta diez metros de espesor en algunos sectores de la lengua glaciar”, explica Hans Fernández Navarro, investigador del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3) de la Universidad de O’Higgins y director del estudio.

A ello se suma un registro particularmente ilustrativo: una de las balizas instaladas sobre el glaciar evidenció un derretimiento vertical de 9 metros en menos de un año, reflejando la intensidad del proceso observado en terreno.

Los resultados se insertan en una tendencia de largo plazo. Desde 1955, el glaciar Universidad ha reducido su superficie desde 31,5 hasta 25,6 kilómetros cuadrados, lo que representa una disminución cercana al 19%. Asimismo, el frente glaciar retrocede actualmente a un ritmo promedio de 24 metros por año, una velocidad mayor a la registrada durante el siglo anterior, lo que evidencia una aceleración del fenómeno.

El informe determinó que la Línea de Equilibrio Glaciar alcanzó los 3.717 metros sobre el nivel del mar, lo que confirma que el glaciar perdió más hielo del que logró recuperar mediante la acumulación de nieve.

“El glaciar Universidad constituye uno de los mejores indicadores para entender cómo está respondiendo la cordillera de Chile central al cambio climático. Los resultados del monitoreo muestran que la pérdida de masa se mantiene y que el glaciar continúa en desequilibrio frente a las condiciones climáticas actuales. Contar con mediciones permanentes nos permite cuantificar estos cambios y comprender cómo esto afecta la disponibilidad de agua para las próximas décadas”, detalló Hans Fernández.

La investigación también documentó la desaparición de una laguna que se había formado frente al glaciar producto del deshielo, además de confirmar que la velocidad de desplazamiento del hielo ha disminuido durante las últimas cuatro décadas, otro indicador del debilitamiento progresivo del glaciar.

Durante la presentación se informó además que el monitoreo continuará fortaleciéndose mediante nuevas balizas de medición en las zonas altas, una estación meteorológica automática instalada a casi 3.800 metros de altitud y una cámara de monitoreo permanente. Toda la información generada ha sido enviada al World Glacier Monitoring Service (WGMS), entidad internacional dedicada a recibir y a sistematizar la información de los glaciares alrededor del mundo.

Con el trabajo desarrollado por la UOH, el glaciar Universidad se instala como un sitio clave para comprender cómo el cambio climático está transformando las reservas de agua de Los Andes.

• El investigador Humberto Aponte expuso ante especialistas de todo el mundo en Nanjing, resultados que abrieron nuevas colaboraciones científicas con China y Francia y un proyecto editorial internacional.

El académico del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3) de la Universidad de O’Higgins, Humberto Aponte, presentó resultados preliminares de su Proyecto Fondecyt de Iniciación 11241285 en el 23° Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo, realizado en Nanjing, China, donde la evidencia sobre polímeros biodegradables concentró buena parte de la atención de los asistentes.

“Los resultados preliminares mostraron que la presencia de microplásticos en el suelo puede reducir de manera significativa la actividad biológica y, por ende, las funciones que llevan a cabo los microorganismos en el suelo, especialmente cuando se trata de polímeros biodegradables como el ácido poliláctico (PLA)”, explicó Aponte.

El investigador precisó que la degradación acelerada de estos materiales podría liberar aditivos químicos capaces de afectar a los microorganismos con mayor rapidez que microplásticos convencionales como el polietileno o el poliestireno, un punto especialmente sensible ante el creciente impulso global por incorporar materiales biodegradables sin evidencia suficiente sobre su comportamiento real en ambientes terrestres.

El estudio corresponde a la tesis de pregrado de Arlet Cortez, primera egresada de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UOH, cuya resonancia en un espacio de esta envergadura es destacada por Aponte como un logro institucional.

“Es un motivo de orgullo. Se trata de mi primera egresada y la primera graduada de Ingeniería Ambiental de la Universidad de O’Higgins, y su estudio corresponde al primer análisis de microplásticos en suelos realizado en la Región de O’Higgins”, señaló el académico.

De esa presentación surgieron dos líneas de colaboración internacional: un análisis conjunto con un investigador de la Tsinghua University, en Beijing, y vínculos con especialistas del IFP Energies nouvelles, en Francia.

Adicionalmente, la estadía en el congreso se tradujo en un proyecto editorial que Aponte encabezará en el ámbito de la contaminación de suelos, articulado con las líneas de investigación que desarrolla en la Universidad de O’Higgins.

“El Research Topic que lideraré en Frontiers in Soil Science busca comprender cómo distintos contaminantes alteran el funcionamiento del suelo mediante procesos físicos, químicos y biológicos que operan desde escalas moleculares hasta ecosistémicas”, detalló el investigador.

El académico agregó que la iniciativa apunta a identificar patrones generales en los efectos de contaminantes emergentes y convencionales para cerrar brechas en la biogeoquímica y ecotoxicología de suelos, en directa sintonía con su trabajo sobre microplásticos y metales, su degradación y su impacto en las comunidades microbianas del suelo.

• Académico UOH advierte que la contaminación de ecosistemas marinos no se resuelve con regulaciones sobre su extensión, sino con la capacidad de resguardarlos frente a residuos orgánicos y amenazas de producción acuícola.

Chile se ha consolidado como uno de los países con mayor superficie marina protegida del planeta, resguardando cerca de 947 mil km² de ecosistemas oceánicos a través de áreas como los parques marinos Nazca-Desventuradas, Rapa Nui y Juan Fernández. A ello se suma la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar y el papel asumido por el país en las negociaciones impulsadas por Naciones Unidas para enfrentar la contaminación por plásticos.

Sin embargo, tras la reciente conmemoración del Día Mundial de los Océanos, surge una interrogante que trasciende las cifras: ¿cómo garantizar que estos avances se traduzcan efectivamente en una mejor protección de los ecosistemas marinos?

Para el académico del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Gustavo Núñez, el desafío trasciende la expansión de áreas protegidas y los avances en gobernanza oceánica. Sostiene, que la discusión debe centrarse en cómo enfrentar presiones que continúan alterando el funcionamiento de los ecosistemas marinos, como la contaminación por residuos plásticos, el impacto de actividades productivas y la necesidad de fortalecer capacidades de monitoreo y anticipación de riesgos ambientales.

“Chile ha dado señales importantes en gobernanza oceánica, como la expansión de áreas marinas protegidas, pero existe una brecha entre los compromisos internacionales y la capacidad regulatoria y de fiscalización. La protección ambiental debe avanzar al mismo ritmo que las presiones que enfrentan los ecosistemas marinos. De lo contrario, la regulación seguirá reaccionando a los problemas en lugar de anticiparlos”, advierte el Doctor en Recursos Acuáticos.

Contaminación silenciosa

Por otro lado, Núñez señala que los 11 millones de toneladas de plásticos y microplásticos que llegan al océano, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es otra de las amenazas que supera el tema de la extensión marina. En el caso de los microplásticos, según explica, estas partículas se encuentran en prácticamente todos los ambientes marinos y pueden transportar otros contaminantes, amplificando sus efectos sobre la biodiversidad y las cadenas alimentarias.

“Los microplásticos ya se han detectado en casi todos los compartimentos del océano, desde la superficie hasta las fosas más profundas, y en tejidos de más de 800 especies marinas. Lo que preocupa especialmente a la comunidad científica es su capacidad como vectores de otros contaminantes orgánicos persistentes y metales pesados. Para la salud humana esto se traduce en exposición dietaria a través del consumo de pescado y mariscos”, añade el experto como otras de las advertencias que también superan el tema de la superficie marina protegida.

Impactos acumulativos

Los efectos asociados a determinadas actividades productivas desarrolladas en zonas costeras es otra de las amenazas que menciona Núñez. En su análisis, algunos compuestos utilizados en sistemas intensivos de cultivo pueden afectar organismos que cumplen funciones clave en las redes tróficas marinas, y con impactos extendidos a distintos niveles del ecosistema marino.

“Los compuestos utilizados en la producción intensiva de peces, como los antiparasitarios y antibióticos usados en la industria salmonera chilena, no reconocen los límites de una jaula. Una vez liberados al ambiente marino actúan sobre organismos para los que nunca fueron diseñados. Existe evidencia de toxicidad sobre crustáceos silvestres que cumplen roles fundamentales en la red trófica costera. Lo preocupante es la exposición crónica y subletal, que puede acumularse y escalar desde el individuo hasta todo el ecosistema”, subraya el investigador.

Monitoreo y prevención

Frente a este escenario, el académico sugiere implementar tecnologías como las utilizadas en Noruega o Escocia capaces de detectar oportunamente alteraciones ambientales y en biodiversidad mediante el análisis de ADN. O, bien extender a toda la superficie marina protegida de Chile las iniciativas impulsadas por el Laboratorio de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) y el programa ADN Aysén, donde ya se incorporaron capacidades para el seguimiento y monitoreo de ecosistemas marinos.

“Hoy podemos detectar genes de resistencia, biomarcadores de estrés o señales genómicas de perturbación ambiental directamente en muestras de agua o sedimento. Estas herramientas permiten un monitoreo mucho más oportuno, pero deben complementarse con estándares rigurosos, datos accesibles y sistemas productivos que reduzcan su presión sobre el entorno marino chileno”, subraya el investigador reiterando la necesidad de aplicar oportunamente estas tecnologías.

Reducir las presiones de origen

Para Núñez, la protección de los océanos exige actuar de manera eficaz sobre las causas que generan deterioro ambiental. Considera que una “protección efectiva requiere reducir las presiones en origen”, integrando investigación científica, regulación, innovación tecnológica y participación de las comunidades costeras. A su juicio, el éxito no dependerá de la superficie protegida, sino de la capacidad de mantener ecosistemas funcionales y resilientes que sostengan biodiversidad, bienestar y salud de las personas, concluye el también docente de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ECA3).

• Especialista en producción animal plantea que la confianza de quienes adquieren alimentos depende de mecanismos capaces de acreditar las condiciones reales de crianza y manejo de las aves.

La ausencia de una definición legal para expresiones como “gallinas felices” abrió un debate sobre los mecanismos que permiten acreditar el bienestar animal en la producción de huevos, luego de que el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) advirtiera que esta denominación carece de reconocimiento normativo específico en Chile, con lo que se plantea la necesidad de respaldar este tipo de afirmaciones mediante indicadores objetivos y sistemas de verificación.

Para la académica del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Paula Toro Mujica, la discusión no debería centrarse únicamente en el uso de determinadas expresiones comerciales, sino en la existencia de antecedentes verificables que permitan comprobar aquello que se comunica al público respecto de las condiciones de producción.

“Mientras no exista una definición legal o técnica que establezca qué significa exactamente una ‘gallina feliz’, el término no puede interpretarse como una garantía de bienestar animal. Lo relevante es conocer las condiciones reales de crianza y verificar si existen certificaciones o mecanismos que respalden las afirmaciones presentes en el etiquetado”, señala la ingeniera agrónoma.

La investigadora explica que, cuando no es posible conocer directamente el origen de los huevos o visitar una granja avícola, la transparencia resulta fundamental para distinguir entre una promesa comercial y una práctica efectivamente respaldada. A su juicio, conceptos como “gallinas felices”, “huevos de campo” o “naturales” no necesariamente deben prohibirse, pero sí acompañarse de información que permita comprender qué condiciones concretas representan, para que estos no se conviertan en formas de publicidad engañosa o estrategias de marketing sin respaldo.

“Si una empresa utiliza conceptos como ‘gallinas felices’, debería informar si las aves son libres de jaula, si tienen acceso al exterior, cuáles son sus condiciones de manejo o si existe una auditoría externa que valide esa información. Lo importante es que las personas puedan comprobar aquello que la etiqueta promete”, sostiene la académica.

¿Pero qué hay detrás de una etiqueta?

Según la Dra. Toro, una etiqueta que atribuya condiciones de bienestar animal debiera sustentarse en información sobre el sistema de crianza que pueda ser contrastada mediante criterios técnicos y observables. Menciona que existen estándares internacionales que sirven de referencia para evaluar estas condiciones, entre ellos las denominadas Cinco Libertades.

“Las Cinco Libertades establecen que los animales deben estar libres de hambre y sed, incomodidad, dolor, lesiones y enfermedades, además de poder expresar su comportamiento natural y vivir sin miedo ni angustia. Estos principios se traducen en parámetros medibles que permiten evaluar objetivamente su bienestar dentro del sistema productivo. Así, lo que se declara en una etiqueta puede contrastarse con prácticas reales de manejo, como alimentación, infraestructura, estado sanitario y conducta animal, constituyendo la base técnica de cualquier etiquetado”, comenta la experta en Gestión Sostenible

De la mera declaración al dato verificable

La académica subraya que el debate no se limita al uso de distintas denominaciones o referencias comerciales, sino a la necesidad de avanzar hacia sistemas de certificación más sólidos que permitan traducir esos criterios en indicadores concretos, capaces de respaldar la información que se entrega al consumidor.

“Las exigencias seguirán aumentando porque las personas demandan conocer cómo se producen los alimentos que consumen. La oportunidad está en avanzar desde conceptos atractivos pero ambiguos hacia estándares verificables basados en indicadores de bienestar animal. Cuando existan mecanismos claros para demostrar esas condiciones, la confianza podrá construirse sobre evidencia y no únicamente sobre mensajes presentes en una etiqueta”, concluye la también docente de la ICA3-UOH, insistiendo en la necesidad de pasar de una mera declaración hacia lo efectivamente demostrable en materia de bienestar animal.

Invitación complementaria

Como una forma de ampliar el conocimiento en el ámbito del bienestar animal en la producción de huevos, la académica del ICA3, invita a participar en el Seminario “Huevos con bienestar: Pilares para una avicultura sostenible” actividad enmarcada dentro del proyecto FIC IDI 40048415-0 “huevos con calidad integral certificada”, que se realizará el 14 de julio en el Campus Colchagua de la Universidad de O’Higgins.

• El investigador postdoctoral de la UOH, Dr. Andree Álvarez, sostuvo reuniones con referentes de la Universidad del Tolima para proyectar futuras colaboraciones académicas y científicas.

Con el objetivo de fortalecer la vinculación académica, científica y de extensión entre la Universidad de O’Higgins e instituciones colombianas, el investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3), Dr. Andree Álvarez, desarrolló una agenda de actividades académicas en Colombia, por invitación del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (SENA) y la Asociación de Biólogos de la Universidad del Tolima.

Durante la visita, el doctor en Biotecnología Molecular realizó charlas para estudiantes colombianas/os, visitas a terreno, recorrió diversos laboratorios y se reunió con investigadora/es y equipos técnicos del SENA y de la Universidad del Tolima. Las actividades abordaron temas relacionados con biotecnología vegetal, agricultura, investigación aplicada y formación científica.

“Considero que estas instancias aportan positivamente al trabajo que realizo en la Universidad de O’Higgins, ya que permite ampliar redes de colaboración internacional, identificar oportunidades de trabajo conjunto y vincular la investigación desarrollada en la UOH con problemáticas productivas y científicas de América Latina. Además, contribuyen a fortalecer la proyección del ICA3 y de la Universidad en espacios de formación, investigación y transferencia de conocimiento. De manera complementaria, la visita también permitió fortalecer vínculos académicos y temáticos relacionados con redes iberoamericanas de colaboración, como las iniciativas asociadas a CYTED en las que participo”, señaló el investigador UOH.

Andree Álvarez González es biólogo colombiano, M.Sc. (Universidad de Tolima) y Ph.D. (Universidad de Chile). Su trabajo se centra en el estudio de los mecanismos de defensa e inmunidad en plantas, integrando enfoques de biología molecular, cultivo in vitro, transformación genética y análisis de respuestas hormonales y metabólicas asociadas al estrés.