• Álvaro Brunel, jefe de carrera de Ingeniería Comercial UOH, explica las razones de estas cifras y qué hacer para revertirlo.

En 11 de las 16 regiones de Chile el Producto Interno Bruto (PIB) creció durante 2023. Sin embargo, la Región de O’Higgins no se encuentra en este grupo, ya que registró una caída de un 2,0%. A esto se suma que el consumo de los hogares mostró un descenso de un 6,3%, lo que se explica por el consumo en bienes no-durables y durables.

Pero ¿cuál es el porqué de estas cifras negativas entregadas por el Banco Central? Álvaro Brunel, jefe de carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de O’Higgins (UOH), indica que “se entienden –principalmente- por la disminución de la producción en el sector minero, con una caída de un 2%, seguido por el sector agropecuario-silvícola con un 0,6% y el comercio con un 0,4%. Este resultado no es, particularmente, sorprendente a la luz de los datos presentados por Codelco -a fines de marzo, en su memoria anual- dónde mostró que la producción de cobre -en 2023- había caído de manera importante respecto al año anterior. Y en esta situación la División El Teniente -ubicada en la Región de O’Higgins- juega un rol relevante, ya que durante el 2023 se vio afectada por la postergación en la preparación minera, los eventos climáticos de junio y un sismo en el mes de julio, afectando su producción”.

Asimismo, -acota Brunel- durante el 2023 hubo un incremento importante en los costos de producción que afectó a toda la industria minera nacional.

 Consumo en los hogares

“La caída en el consumo de los hogares es más preocupante”, señala el jefe de carrera de Ingeniería Comercial UOH. “Da cuenta que las caídas en la producción han tenido un efecto negativo en los ingresos y -por tanto- en el consumo de las familias de la región, además de posibles restricciones que éstas puedan enfrentar en el sistema financiero para hacer frente a estos shocks negativos de ingresos”.

En este escenario, se podrían tomar algunas medidas para cambiar estos magros resultados, que ubican a la Región de O’Higgins en el segundo lugar de las cifras negativas (la primera es Arica y Parinacota con un decrecimiento de un 2.42%).

El experto indica que por el lado de la producción minera y el dinamismo que le puede dar a la economía regional, “las noticias en el corto plazo no son muy auspiciosas, ya que la producción de cobre del primer semestre se vio afectada -negativamente, respecto de igual período del año anterior- ya que continúan los efectos de los hechos ocurridos durante el 2023”.

Sin embargo, explica que en el mediano y largo plazo las expectativas son diferentes. “El precio del cobre hoy está en aproximadamente a 4,5 dólares la libra, bastante por encima de los 3,8 de un año atrás; pero lo más importante es que existen proyecciones de un mayor precio de largo plazo, avalados por mayor demanda del mineral impulsada por las energías renovables y la electromovilidad”.

Añade que, para aprovechar estas expectativas de mayor precio, “necesariamente deben ser acompañadas de políticas públicas que incentiven la inversión. Avanzar en iniciativas de reducción de la carga burocrática o en acciones que den más certidumbre a nuevos proyectos que podrían ser de gran ayuda para incentivar la inversión y generar efectos positivos en el empleo. Lo anterior, es para todos los sectores de la economía y no sólo la minería”.

• Ambas partes destacaron la importancia de esta alianza para el desarrollo regional y expresaron su entusiasmo por trabajar juntos en beneficio de la comunidad.

Con el propósito de fortalecer la colaboración entre la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH) y la seremía de Economía, Fomento y Turismo; los jefes de carrera de Administración Pública, Contador Auditor e Ingeniería Comercial, Javiera Delgadillo, Andrea Lucero y Álvaro Brunel, respectivamente, se reunieron con el seremi Darío García.

El encuentro, permitió establecer un diálogo fluido y constructivo entre ambas entidades. Durante la reunión, se discutieron posibles áreas de colaboración, incluyendo programas de pasantías para estudiantes, proyectos de investigación conjunta y actividades de extensión universitaria que beneficien a la comunidad.

El seremi Darío García destacó la importancia de esta alianza, señalando que “la academia es clave para impulsar el desarrollo económico sostenible de la Región de O’Higgins, principalmente en áreas de innovación, investigación y desarrollo. Nos interesa que profesores y alumnos apoyen proyectos regionales en todas sus áreas, minería, agro y Turismo.  Y por supuesto, energías renovables”.

Por su parte, los jefes de carrera expresaron su entusiasmo por esta colaboración, destacando el potencial que tiene para enriquecer la formación de los estudiantes y contribuir al desarrollo regional.

“Esta reunión marca un paso importante en nuestra colaboración con instituciones públicas en la Región. Estamos seguros y seguras que esta reunión abrirá oportunidades para nuestros estudiantes, y, también, nos permitirá aportar desde la carrera al medio regional”, apuntó Javiera Delgadillo.

Mientras que Andrea Lucero, comentó que “estamos muy contentas/os por generar estos lazos en las que, en un futuro, el estudiantado podrá apoyar a la comunidad desde sus distintas áreas disciplinares, haciendo una relación recíproca entre la academia y la comunidad regional”.

Por su parte, Álvaro Brunel señaló que “la colaboración con la seremía nos permite acercar la realidad laboral a nuestros estudiantes, preparándolos de manera integral para su futuro profesional.”

Esta reunión marca el inicio de una relación de colaboración continua entre la Escuela de Ciencias Sociales de la UOH y la seremía de Economía, Fomento y Turismo, con el objetivo de generar impacto positivo en la comunidad y fortalecer los lazos entre la academia y el sector público.

• “La economía, como ciencia, va cambiando muy rápidamente”, apuntó el ingeniero comercial, Pablo Guzmán, enfatizando en la importancia de conocer diversas experiencias para ajustar expectativas y planificar una carrera exitosa.

Para hablar sobre los desafíos y la importancia de la innovación, la adaptabilidad y el trabajo en equipo como pilares fundamentales para el éxito profesional en la actualidad, Pablo Guzmán, Ph.D in Economics en Boston University y quien trabaja en el departamento de Ciencia en Recursos Humanos en Amazon, compartió con estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de O’Higgins (UOH) aspectos de su experiencia laboral y trayectoria académica.

Guzmán destacó la importancia del aprendizaje constante en los primeros años de desempeño profesional, señalando que pasar del mundo universitario al profesional puede ser desafiante, pero también una oportunidad para aprender a relacionarse con otras disciplinas y trabajar en equipo.

“Los primeros años son de ajuste, pero más que nada de aprendizaje a relacionarse con otras disciplinas, de trabajar en equipo, de validación”, comentó Guzmán durante la charla.

Además, el profesional hizo hincapié en la importancia de mantenerse actualizado en un campo tan cambiante como la economía. “La economía, como ciencia, va cambiando muy rápidamente, hay nuevos métodos y nuevos papers que van saliendo constantemente”, explicó.

En cuanto a la importancia de conocer las experiencias de profesionales, el Ph.D in Economics destacó que esto es crucial para ajustar expectativas y planificar una carrera exitosa en el campo de la economía. “Conocer las experiencias de profesionales en el campo puede brindarte información valiosa sobre las expectativas laborales, los desafíos y las oportunidades que enfrentarás como economista”, afirmó.

Para el jefe de carrera de Ingeniería Comercial UOH, Álvaro Brunel, la charla “surgió de la necesidad de brindar a nuestras/os estudiantes una mirada fresca y actualizada sobre el mundo laboral en el campo de la economía. Su mensaje sobre la importancia del aprendizaje constante y la adaptación a un mundo laboral cambiante resonó fuertemente en todas/os. Además, su énfasis en la importancia de trabajar en equipo y relacionarse con otras disciplinas fue muy valorado”.

• Durante dos días, cerca de 40 alumnas/os participaron en charlas y presenciaron alegatos en la Segunda Sala de la Corte.

Con el objetivo de familiarizarse con su funcionamiento, estudiantes de primer año de la carrera de Derecho de la Universidad de O’Higgins visitaron la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Durante dos jornadas, cerca de 40 futuras/os abogadas/os tuvieron la oportunidad de recorrer las dependencias del tribunal de alzada y participar en charlas dirigidas por el administrador de la Corte, Juan Gómez. En éstas, las y los estudiantes pudieron conocer las materias que se revisan diariamente en el Tribunal y despejar dudas sobre su funcionamiento.

Además, las/os estudiantes presenciaron alegatos en la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones, las que fueron integradas por el presidente del tribunal de alzada, Ricardo Pairicán, los ministros Pedro Caro y Michel González, el fiscal judicial Joaquín Nilo -docente de la carrera-, y los abogados integrantes Sergio Gana y Paloma Valenzuela -docente de la carrera-.

“Agradecemos a la Ilustrísima Corte por abrir sus puertas y compartir su quehacer con nuestras/os estudiantes. Es una experiencia muy significativa que se repetirá a lo largo del año en este y otros tribunales de la jurisdicción considerando su alto valor formativo, ya que brindan a las/os estudiantes una perspectiva práctica de la carrera”, apuntó el jefe de la carrera de Derecho UOH, Marcelo Acuña.

Por su parte, la estudiante Regina Folatre expresó que la visita fue “una experiencia muy agradable y motivadora. Fue todo muy dinámico y me permite tener una base para más adelante y seguir en esta carrera”.

• La legisladora impartió una charla sobre el rol del Derecho en la vida profesional y la importancia de la expresión oral y escrita en el ámbito legal, brindando a las/os estudiantes consejos prácticos para su futuro.

Con el objetivo de compartir los alcances que la carrera de Derecho puede ofrecer en la vida profesional, basándose en su experiencia como abogada y legisladora, la diputada Marcela Riquelme charló con estudiantes del ramo de Expresión Oral y Escrita de la carrera.

Durante la actividad, la diputada Riquelme compartió sus vivencias en el ejercicio de la abogacía, detallando cómo estos conocimientos han sido fundamentales en su labor legislativa. Además, relató su trayectoria y cómo llegó a desempeñarse como diputada, brindando a los estudiantes una visión integral de la profesión y su impacto en la sociedad.

“Fue una charla muy amena en la cual pude interactuar con las/os futuras/os colegas sobre el ejercicio de la profesión y también cómo llegué a ser diputada y de qué forma los conocimientos en materia de Derecho me han ayudado en el desarrollo de mi trabajo legislativo”.

Asimismo, la diputada enfatizó la importancia de la expresión oral y escrita en el ámbito legal, destacando la relevancia de saber comunicarse efectivamente y transmitir ideas de forma clara y precisa. “Es relevante, en esta profesión, expresarse frente a los terceros, de cómo atender, cómo poder llegar a la gente y cuáles son los valores que uno siempre debe tener presente al momento de ejercer, además de la importancia de valores como la ética y el respeto en el ejercicio profesional del Derecho”.

Por su parte, para Cristián Moreno, docente del ramo, la actividad “fue provechosa, ya que las/os estudiantes mostraron un gran interés y participación, y pudieron beneficiarse enormemente de la experiencia y sabiduría de la diputada. Fue una oportunidad única para entender cómo los conocimientos en Derecho se aplican en la vida profesional y política, y estoy seguro de que esta experiencia les será de gran ayuda en su futuro como abogados”.

• Las cifras entregadas por el Gobierno y por algunas encuestas de nivel nacional no permiten coincidir la dimensión pragmática de la seguridad pública y la percepción de quienes diariamente deben enfrentar la calle y el bombardeo informativo.

El último informe entregado por el Ministerio del Interior de Chile señala que hubo una baja en la cantidad de homicidios entre 2022 y 2023, mientras que -la misma semana- la Encuesta Bicentenario 2023 (UC) destacó la preocupación al alza de la población respecto a la inseguridad, con el temor como principal actor. Pero ¿qué hace que esta distancia entre percepción y cifras permanezca?

“Hay una diferencia entre la dimensión objetiva de los homicidios con respecto a la preocupación por la seguridad. Ésta última va en un alza constante en los últimos años y si bien hay una disminución en un cierto tipo de crimen, hay otros fenómenos dando vueltas que podrían explicar esta alza en la preocupación. Por ejemplo, la presencia del crimen organizado. Si bien siempre existía un cierto grado de criminalidad en bandas locales, en el último tiempo ha destacado la presencia de bandas que operan de manera internacional, con un nivel de violencia no acostumbrada”, explica el académico del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Patricio Saavedra.

El experto añade que lo mismo pasa con las bandas locales, “si bien los homicidios han bajado a nivel objetivo, hay delitos de mayor connotación social que han aumentado, quizás no en número, pero sí en agresividad, y también la frecuencia con que se muestran estos hechos en los medios de comunicación o las redes sociales”.

Las percepciones que tienen las personas de cuán seguro es un lugar, donde vive o transita, no sólo tiene que ver con los datos objetivos –asegura el académico-, muchas veces para las personas comunes son solo datos estadísticos, “lo que vale es cómo tú te sientes efectivamente, si puedes salir de tu casa o llegar tarde al hogar, y cuáles son los peligros que puedes enfrentar”.

Medios de comunicación e instituciones

El Dr. Saavedra explica que existe un realce en los medios de comunicación y las redes sociales de los delitos de mayor connotación social, porque son más vistosos, “y eso puede estar jugando con la percepción de inseguridad”, indica.

También entra en juego la percepción y la confianza que tienen las personas de las instituciones. “No necesariamente con prevenir el delito, que es el caso de las policías, más bien cómo se trata a las personas que -por ejemplo- son capturadas infraganti o sospechosas de crímenes. Es decir, cómo operan los tribunales de justicia o la justicia en general y las leyes”.

“Cuando el Estado no es capaz de brindar seguridad a las personas en términos objetivos y subjetivos, puede amenazar la estabilidad institucional, ya que las personas empiezan a dejar de creer que la institucionalidad es útil y efectiva”, agrega el experto.

Migración

“El fenómeno de la migración, como lo señala la encuesta Bicentenario, es uno de los conflictos más importantes en la actualidad para la sociedad chilena”, añade el Dr. Saavedra. Se trata de un conflicto que viene in crescendo en los últimos años y dado la presencia de estas bandas criminales internacionales, el fenómeno que se da es “criminalizar la inmigración”.

“Dado que las personas sienten que hay demasiados inmigrantes, asocia la inmigración con criminalidad. La inseguridad tiene que ver también con eso, la interacción entre lo que la gente percibe y el hecho criminal, en este caso quien lo ejecuta. Pero lo cierto es que no existe evidencia para sostener que un mayor número de inmigración esté relacionado con un mayor aumento de la criminalidad o con aumentos de delitos como el homicidio”, destaca el académico UOH.

Distorsión

El académico UOH detalla que la situación inestable y la desconfianza en las instituciones puede llevar a las personas a pensar en que ciertas libertades pueden ser coartadas con el objetivo de mantener la seguridad. “Si yo percibo que el mundo es violento, que es una amenaza para mí, lo que harán las personas es aislarse en su círculo y esto tiene como resultado una mayor polarización. Y esto puede conllevar – a la larga- a una aceptación –en algunos casos- de la violación de ciertos derechos humanos”. Lo cual –asegura- es tremendamente peligroso para un Estado democrático. “En un sistema como el nuestro la opinión pública debe actuar como mecanismo de control y de rendición de cuentas para aquellas instituciones que deberían proveer de seguridad o justicia”, finaliza.

• Estudiantes de primer año se adentraron a su futura profesión, la que puede ser una carrera gratificante y fundamental para el desarrollo de la sociedad moderna.

Para hablar sobre los desafíos de la administración pública en los años venideros, Karymy Negrete, administradora pública de profesión y asesora en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, compartió su experiencia laboral y trayectoria académica a estudiantes de primer año de la carrera en el marco de la cátedra Introducción a la Administración Pública, a cargo de las docentes adjuntas Priscila González y Javiera Delgadillo.

Durante la charla, Negrete enfatizó en la relevancia de direccionar los intereses y la especialización dentro de la carrera, además de desarrollar actividades extracurriculares que puedan enriquecer la formación universitaria. La profesional también abordó los ámbitos interdisciplinarios que ofrece la administración pública para ejercer efectivamente la formulación, implementación o evaluación de políticas públicas.

“Es importante ir delimitando cuál va a ser tu especialidad para luego ejercerla”, señaló la profesional, quien destacó que “hay diversas oportunidades de trabajo en la profesión, tales como las políticas públicas, fomento productivo, pymes y desarrollo productivo”.

“Esta clase busca inspirar a los/as estudiantes a reflexionar sobre su propia trayectoria académica y futura especialización, al tiempo que les muestra las diversas oportunidades y caminos que ofrece la administración pública como carrera”, añadió Karymy Negrete, cuyo desarrollo profesional está ligado al ámbito ambiental, particularmente la economía circular.

“Con este tipo de instancias buscamos que los/as estudiantes comiencen a reflexionar desde temprano sobre lo público, el Estado y sus comunidades, y que comprendan que el ejercicio de la administración pública va más allá de los espacios tradicionales. Es importante mirar los desafíos que supone la realidad actual de nuestra región, Chile y el mundo, y, por ello, hemos traído a una colega que se ha desarrollado en un área trascendental como es el cuidado y protección ambiental, desde la mirada de la Gestión Pública”, señaló Javiera Delgadillo, jefa de carrera de Administración Pública UOH.

Por último, la docente adjunta Priscila González recalcó que “nuestro interés es que los y las estudiantes identifiquen desde temprano los ámbitos de desempeño o de la carrera con actividades concretas que permiten reforzar los contenidos de nuestra clase y contribuye a comprender que las trayectorias profesionales se relacionan con las oportunidades y las decisiones que vamos tomando en distintos momentos de nuestras vidas”.

• El académico UOH Gonzalo Palomo lideró un estudio que analiza cómo la confianza ciudadana en las competencias y la integridad de las instituciones -que regulan políticas energéticas- es central a la hora de migrar a energías renovables.

Para combatir el cambio climático es necesario transitar hacia una forma de producción de energía mucho más sustentable. En otras palabras, la eliminación gradual de los combustibles fósiles -en la producción energética- no es sólo una necesidad, es una condición inherente a la transición energética.

El académico del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Gonzalo Palomo, explica que estas transiciones requieren implementar políticas públicas que muchas veces pueden ser percibidas -por la comunidad- como riesgosas, “por ejemplo, para la seguridad energética o por su impacto en la economía, y en este sentido, estos riesgos potenciales pueden afectar su apoyo público”.

Precisa que los procesos de transición energética no ocurren en un vacío institucional, por el contrario, son regulados y dirigidos por una serie de actores e instituciones que operan a distintos niveles, “disponen de distintas competencias técnicas y deben velar por el correcto funcionamiento de distintas acciones: unas generando políticas nacionales y otras aplicando dichas directrices a nivel local”.

Estos planteamientos fueron estudiados por el Dr. Palomo, junto a las investigadoras Nadja Contzen de EAWAG de Suiza, y Goda Perlaviciute y Linda Steg, ambas de la University of Groningen en Países Bajos. Juntos, utilizando el escenario energético de Países Bajos -que actualmente transita desde producción energética a base de gas natural, hacia energías renovables-, evaluaron “hasta qué punto la confianza en las competencias y la integridad de instituciones responsables de conducir dicha transición energética influía en su aceptabilidad pública”.

La confianza en las instituciones, no importando si está es asociada a las competencias técnicas o a la honestidad e integridad de las mismas, da cuenta de cuán dispuestas están las personas a exponerse a riesgos -reales o potenciales- debido al operar de estos actores, señala el académico de la UOH. “Por ello, la confianza en las instituciones es un muy buen predictor de aceptabilidad de políticas públicas y proyectos -en este caso- asociados a producción energética”.

“Particularmente -continúa- examinamos, si el alcance de la operación de las instituciones que gobiernan la política energética en Países Bajos -si operan a nivel más bien local o nacional- influye en cuán confiables la gente las percibe, y si las personas tienden a asociar un cierto tipo de confianza –relacionada a la competencia o la integridad de la institución- dependiendo de su nivel de operación. Sabiendo luego las dinámicas a la base de las confianzas en estas instituciones, evaluamos también cuál tipo de confianza se asociaba a mayor aceptabilidad de las políticas energéticas orientadas a reducir el uso de gas natural como fuente de energía”.

Honestidad, transparencia e integridad

A nivel local, explica el Dr. Palomo, las instituciones tendieron a ser percibidas como “más honestas y transparentes, mientras que, a nivel nacional, fueron percibidas como más competentes y con más conocimientos técnicos. Asimismo, nuestros resultados mostraron que, tanto para las instituciones locales como nacionales, la confianza asociada a la integridad aparecía como más relevante a la hora de asegurar apoyo público de políticas energéticas sustentables”.

Caso chileno

Gonzalo Palomo precisa que “si bien nuestras predicciones fueron probadas en el caso de Países Bajos, los resultados podrían, en principio, ser utilizados para examinar el caso chileno y, potencialmente, dar recomendaciones para incrementar la confianza en instituciones asociadas a la energía y la aceptabilidad de proyectos y políticas”.

Por ejemplo, el evaluar “hasta qué punto los chilenos confían en instituciones asociadas a energía -tanto a nivel local (municipalidades, gobernaciones) como central/nacional- y qué tipo de confianza asocian a cada uno de estos actores, permitiría desarrollar estrategias acordes para fortalecer puntos débiles. Así, si las personas evaluaran como poco honestas y transparentes a las instituciones, lo más razonable sería apuntar a intervenciones y cambios que busquen aumentar la participación pública en distintos niveles de toma de decisión. En cambio, si el problema radicara en la percepción de competencia de estas instituciones, proveer de profesionales con competencias técnicas, y dar cuenta de ello a la población, podría ser una alternativa a seguir”.

El artículo denominado “¿Confiar en el ministro o confiar en el alcalde? Competencia e integridad percibidas de las instituciones holandesas centrales y locales que rigen los asuntos energéticos”, puede revisarse en Environmental Research Communications.

• La académica UOH Ana Figueiredo destaca, junto a sus colegas Borja Martinović y Sabina Toruńczyk-Ruiz, el valor de los territorios y los lazos de las personas con ellos, considerando al aumento en la movilidad y la conectividad facilitadas por nuevas olas migratorias y nuevas tecnologías.

Se trata de un número especial, recientemente publicado en la revista Peace and Conflict: The Journal of Peace Psychology, cuya misión principal es entender y explicar distintas dinámicas de conflicto y paz.

“La gente -en general- tiende a tener fuertes vínculos psicológicos con lugares como vecindarios, escuelas, pueblos y países. Estos vínculos pueden ser de diferente naturaleza, propiedad o apego al lugar; también pueden desarrollarse por diferentes razones, tales como el hecho de que han vivido toda su vida en esos lugares o los tiempos de su estadía. Estos entendimientos generan diferentes dinámicas de personas y grupos en contextos específicos”, explica la investigadora Ana Figueiredo, quien es académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad de O’Higgins (UOH).

Esto queda plasmado en el artículo “El papel del lugar en los conflictos intergrupales y la solidaridad intragrupal: avances y perspectivas recientes” escrito para este número especial de la revista Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology de la American Psychological Association (APA), donde se buscó analizar los avances y perspectivas recientes respecto al papel del lugar y el contexto de distintos conflictos intra e intergrupales y la solidaridad dentro de estos vínculos.

El texto resalta la persistente importancia de los territorios para las personas y se enfoca en cómo los individuos y grupos sociales establecen vínculos emocionales y psicológicos con los lugares donde viven y otros significativos para ellos, lo que construye y -a la vez- influye en su identidad y respuesta al entorno.

“Exploramos cómo estos lazos territoriales pueden dar lugar tanto a comportamientos prosociales, participación cívica y activismo para mejorar la comunidad, como a conflictos interpersonales e intra e intergrupales”, añade la Dra. Figueiredo.

Respecto a los aspectos positivos de los vínculos territoriales, destacan el apego al lugar y la propiedad psicológica, los que pueden fomentar comportamientos prosociales y de participación, lo que además podría incidir en la mejora de las relaciones intra e intergrupales en el entorno local y nacional.

Los conflictos territoriales son comunes y a menudo persistentes, involucrando muchas veces a países vecinos o grupos étnicos contiguos. Un ejemplo reciente: la guerra entre Rusia y Ucrania. “Estos conflictos no se limitan a disputas entre naciones, también se encuentran en contextos locales, como barrios y espacios públicos, donde pueden surgir tensiones y exclusiones basadas en la pertenencia”, añade la investigadora.

El artículo introductorio y el número especial, profundizan en los vínculos territoriales, centrándose en el apego al lugar y la propiedad psicológica colectiva, destacando cómo estos conceptos están relacionados con la identidad grupal, los conflictos intra e intergrupales y la participación cívica en distintos contextos.

Cabe destacar que este número especial, donde se incluye el artículo, busca avanzar en la comprensión del potencial de los vínculos entre las personas y el lugar donde pertenecen, para entender cómo se dividen y diferencian los grupos, relacionando –potencialmente- correlatos de conflictos intergrupales e intragrupales, así como el potencial para estimular la solidaridad y la cohesión social dentro y entre los grupos.

Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology reúne diez artículos empíricos basados en investigaciones cuantitativas y cualitativas realizadas en diferentes partes del mundo con grupos étnicos distintos, mayoritarios y minoritarios.

 La docente UOH Paulina Delgado explica las principales modificaciones que permitirán considerar como víctimas no solo a las mujeres, también a niños/as y adolescentes.

Tras el rechazo del Tribunal Constitucional (TC) al requerimiento presentado -por un grupo de parlamentarios- respecto del artículo 12 de la Ley que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género; el cuerpo legal quedó listo para ser publicado en el Diario Oficial.

Pero, ¿qué cambios implicará y qué diferencias tiene con la anterior normativa? La abogada y docente de la carrera de Derecho de la Universidad de O’Higgins (UOH), Paulina Delgado, asegura que se trata de un cambio radical, “ya que no existía -en la legislación chilena- una ley integral que recogiera la violencia de género en contra de la mujer. Antes, era la Ley de Violencia Intrafamiliar (VIF) que regulaba los actos de violencia intrafamiliar físicos, psicológicos y de otra índole que provocaran algún menoscabo en una persona en el seno de la familia. Es decir, podía ser mujer u hombre. No había una ley que recogiera, íntegramente, la violencia en contra de la mujer, específicamente”.

“Es una ley de protección amplia”, precisa. “El Estado de Chile estaba al debe, ya que al haber ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belem Do Para), debía tener una Ley como ésta”, añade.

Ley en razón del género

La experta recalca que la nueva Ley de Protección Integral -pronta a publicarse- se centra, específicamente, en erradicar la violencia en contra de la mujer, por actos cometidos en su contra en razón de su género. Al incorporarse esta Ley al sistema jurídico, modifica algunas normas de la Ley VIF. “Entre ellas, la definición de violencia. La ordena, especifica los tipos de violencia que recoge la Ley VIF que van a ser tratados en el ámbito penal o en el ámbito de familia”, puntualiza.

Asimismo, modifica algunas cuestiones procesales, “como la prohibición de establecer acuerdos reparatorios o suspensiones condicionales en ciertas condiciones, y también modifica la sanción que se le va a dar a la violencia de competencia del tribunal de familia. Por ejemplo, cuando se condena a alguien por un hecho de violencia intrafamiliar, en el ámbito del derecho de familia, como la violencia psicológica. Se aumenta la sanción y se aumenta la pena de multa”.

Cumplimiento de las sanciones

Un punto que destaca la docente es que se entregará más protección a las víctimas. “Se establece la obligación, tanto de los tribunales de familia como de los tribunales penales, de verificar el cumplimiento de las medidas cautelares”.

Detalla que -además de la pena que fija el Código Penal- siempre se debe establecer “una medida accesoria de la Ley de Violencia Intrafamiliar, y el tribunal queda obligado a realizar audiencias periódicas para revisar el cumplimiento de esas penas accesorias. Asimismo, en caso de que no se estén dando cumplimiento a ellas, es deber del juez informar al Ministerio Público para que pueda proceder conforme al delito de desacato”.

El tribunal –sostiene la experta- tendrá un rol más proactivo: revisará cómo se está cumpliendo la medida cautelar o cómo se está cumpliendo la sanción accesoria. “Se va a poder pesquisar más casos de incumplimiento. Es una protección adicional que no existía y que se puede entender como positiva, para el efecto final que se quiere, que es erradicar o prevenir la violencia intrafamiliar en contra de las víctimas mujeres en razón de su género”, detalla.

Víctimas indirectas

Otro punto “positivo y novedoso”, sostiene Paulina Delgado, es que se establece que niños, niñas y adolescentes que sean víctimas indirectas, es decir, que exista en contra de ellos/as un tipo de menoscabo físico o psicológico con el objeto de dañar a su madre o cuidadora, también se van a entender como víctimas y estarán protegidos por la Ley. “Ya no solo se les considerará testigos, sino que víctimas, lo que implicará que se les dará una protección especial”.

Cambios culturales

Consultada sobre si se proyecta que los agresores tengan menos posibilidades de acercarse a las víctimas y así bajar las tasas de femicidio, responde que “es difícil porque, generalmente, estos conflictos se dan cuando hay sentimientos de por medio, sentimientos de venganza, de traición, de enojo, y –generalmente- pueden ser personas que no tengan antecedentes penales, que no estén involucradas en hechos delictivos, pero que, gatillados por algún sentimiento específico, realizan conductas que no pueden controlar y que terminan siendo violentas en contra de las mujeres”.

Plantea que “no hay una posibilidad de que esto se elimine o se controle en un 100%, por la ley o por el juez o por el Ministerio Público. Esta Ley apunta, también, a la prevención, a educar a los niños y niñas desde pequeños en relación a las conductas que pueden constituir violencia contra el familiar, a los actos que no se deben realizar y a erradicar la cultura machista y patriarcal”, puntualiza.

La Ley establece obligaciones para los establecimientos educacionales para “educar a niños y niñas en relación a la igualdad entre hombres y mujeres y no sólo a la igualdad formal, sino que la igualdad material y a la erradicación de los actos de violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres”.