• Los académicos Ricardo Fuentealba y Catalina Canals se adjudicaron proyectos Fondecyt 2024 que les permitirán desarrollar estas investigaciones desde el punto de vista social.

Académicos/as e investigadores/as postdoctorales de la UOH se adjudicaron un total de 24 proyectos Fondecyt Iniciación y Postdoctorado 2024. Uno de ellos, es del académico Ricardo Fuentealba, del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) y que trata de “Desarrollo desigual y la política del riesgo de desastres: hacia una resiliencia justa en el Chile post-estallido”.

Desastres y estallido social

El Dr. Fuentealba señala que su investigación se enmarca en “discusiones dentro del campo interdisciplinario de los estudios de desastres. Entendiendo los desastres como procesos sociales complejos y que expresan inequidades ligadas a clase, género, etnia/raza y ubicación, entre otros. Se trata de fenómenos sumamente políticos y que expresan dinámicas de desarrollo desigual”.

Y el objetivo propuesto -explica- es analizar “cómo los habitantes de territorios en riesgo experimentaron el estallido social, y cómo esta experiencia influye en la organización y el funcionamiento de iniciativas colectivas de resiliencia justa”.

“La investigación -precisa el Dr. Fuentealba- se centrará en Chile, en el proceso político post-estallido social, entendiendo cómo sus movilizaciones y discursos críticos podrían influir en cómo se gobiernan los riesgos en territorios expuestos a amenazas naturales”.

Sobre cómo recibe la noticia de la adjudicación, el investigador del ICSo, indica que “muy feliz, con algo de sorpresa y con mucha humildad por el desafío personal que se viene. Desde mi posición como académico UOH en el Instituto de Ciencias Sociales, veo este proyecto como una oportunidad para iniciar una agenda de investigación que busca tener impactos territoriales importantes, sobre todo en la búsqueda de mayor justicia social y ambiental en el contexto del cambio climático”.

Efectos del fin de la selección en los colegios

Catalina Canals, académica ICSo-UOH, desarrollará el proyecto Fondecyt de Postdoctorado “Fin al copago y a la selección escolar: efectos en la segregación escolar, la matrícula pública y la satisfacción de las familias”.

La iniciativa fue patrocinada por el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, y será ejecutado por la Dra. Canals continuando con la colaboración de académicos del CIAE.

La investigadora explica que transcurridos ocho años desde la aprobación de la Ley de Inclusión Escolar -que busca disminuir el rol del mercado en la educación estableciendo medidas como el fin del cobro de mensualidad a los padres y el fin de la selección de estudiantes por parte de establecimientos públicos y privados subvencionados- el objetivo del proyecto es: analizar cuáles han sido y cuáles podrían ser los efectos esperados -en el mediano y largo plazo- de estas medidas. “Se analizará -detalla Catalina Canals- el fin de la selección y el fin del copago en tres variables de interés: la segregación escolar, la matrícula pública y la satisfacción de las familias respecto al establecimiento educacional donde matriculan a sus hijos”.

Sobre cómo recibe la noticia de la adjudicación del proyecto, señaló que: “la Ley de Inclusión Escolar es una de las reformas a la educación más importantes del último tiempo y monitorear y anticipar sus efectos -de mediano y largo plazo- es super relevante para desarrollar políticas públicas que promuevan la equidad en la educación. Por tanto, me da mucha alegría contar con la posibilidad de realizar esta investigación”.

• El docente Mitchel Gelsis explica los alcances de la normativa que entrará en vigencia 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Las empresas y los órganos del Estado deberán establecer un protocolo de prevención del acoso laboral y/o sexual y violencia en el trabajo, reforzando un enfoque preventivo que estaba ausente en la regulación vigente sobre la materia, la Ley Karin, llamada así para recordar el suicidio -por acoso laboral- de Karin Salgado, una profesional de la salud.

El abogado y docente de Derecho Laboral de la Universidad de O’Higgins (UOH), Mitchel Gelsis, explica la importancia de la Ley e indica que es “significativa, pues es un avance en adecuar nuestra normativa laboral a estándares internacionales, específicamente, a las directrices del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo que busca, en términos generales, erradicar la violencia en el trabajo”.

Entre los textos que deberán ser modificados se encuentran el Código del Trabajo, leyes orgánicas constitucionales y estatutos administrativos, ya que esta Ley afecta tanto al sector privado como al público.

El docente detalla que la norma viene a establecer como obligación, de las empresas y de los órganos del Estado, “un protocolo de prevención del acoso laboral y/o sexual y de la violencia en el trabajo, reforzando un enfoque preventivo que estaba ausente en la regulación vigente. Acá vemos un notorio avance, pues si bien los ilícitos laborales de acoso sexual y acoso laboral, ya se encuentran tipificados en el Código del Trabajo y se establece un procedimiento de investigación y sanción, esta norma hace énfasis en la prevención”.

No solo el empleador debe cumplir

Asimismo, la Ley Karin establece que “las relaciones laborales deberán fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona, incorporando conceptos como violencia en el trabajo, perspectiva de género, obligando así, a los empleadores/as a promover la igualdad y a erradicar la discriminación por motivos de género”, sostiene el docente de Derecho UOH.

En materia de violencia en el trabajo -especifica- se utiliza “un criterio más amplio de protección, entendiendo por tal aquellas conductas que afecten a las y los trabajadores, con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros, sin reducirla sólo al empleador”.

El cuerpo legal -detalla el docente de Derecho Laboral- va a modificar “la definición de acoso laboral. Se establece que una conducta puede considerarse constitutiva de acoso laboral, sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, en la actualidad, muchas veces, se exige una conducta reiterada para que se configuren estos ilícitos”.

También establece que los procesos de investigación deberán ajustarse a los principios de imparcialidad, confidencialidad, celeridad y perspectiva de género, teniendo sus directrices establecidas en un reglamento que será dictado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. “Al mismo tiempo, se refuerza el rol de la Dirección del Trabajo (DT) y de la Contraloría General de la República en los correspondientes procedimientos de investigación, con el objetivo de dar garantías a las y los denunciantes”, explica el abogado.

Principales implicancias para los empleadores

“Las principales implicancias dicen relación con la prevención y el conocimiento del protocolo de prevención del acoso laboral y/o sexual y la violencia en el trabajo por parte de las y los trabajadores, sean públicos o privados. Y ello va de la mano con identificar peligros y riesgos, medidas de prevención de tales riesgos y medidas de información de los mismos”, detalla el docente.

Así, toda empresa que tenga 10 o más trabajadores/as deberá “modificar el contenido del reglamento interno, incorporando las nuevas conductas en materias de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo”, puntualiza el docente. Acota que, para las firmas con menos de 10 trabajadores, y que no están obligadas a elaborar dicho reglamento, deberán “poner en conocimiento de las y los trabajadores -al momento de la suscripción del contrato de trabajo- el procedimiento de investigación y sanción al que se someterán dichas conductas”.

En el sector público, entre las modificaciones más relevantes destaca la obligación de los órganos de la administración del Estado de contar con un protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, modificándose el Estatuto Administrativo y el Estatuto de Funcionarios Municipales.

La ley entrará en vigencia a los 6 meses, a partir de su publicación en el Diario Oficial. “Se otorga este plazo a los empleadores -detalla el abogado Gelsis- para que puedan implementar todas las modificaciones necesarias, y dar así, cumplimiento a estas nuevas exigencias, que esperamos sean suficientes para que no se repitan situaciones como la vivida por la trabajadora que, lamentablemente, inspiró esta ley”, finaliza Gelsis.

• Martina Cociña Cholaky sostiene que la situación de las personas migrantes en Chile es “sumamente compleja” y que los requerimientos administrativos impuestos, desde 2018, que regulan su ingreso y permanencia, han incidido en una “mayor irregularidad y precarización de las travesías”.

Desde el año 2018 la “administración chilena ha establecido exigencias adicionales para la entrada y estadía regular de determinados colectivos de extranjeros, como las visas consulares a personas haitianas y venezolanas, las que, debido a su baja concesión, extensa tramitación y burocratización, han incidido en una mayor irregularidad y vulneración de los desplazamientos”, indica Martina Cociña, investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la UOH.

En Chile, sostiene “faltan políticas públicas en migración que comprendan la movilidad humana como un fenómeno sociocultural total, que debe abordarse desde un enfoque de derechos, promoviendo la inclusión sociocultural de las personas. En ese sentido, el Estado de Chile se encuentra al debe”.

La Doctora Cociña explica que uno de los cambios importante del último tiempo, es la modificación del marco normativo, esto debido a que el 12 de febrero de 2022 comenzó a regir la nueva Ley de Migración y Extranjería (Ley N° 21.325) que derogó la anterior regulación (Decreto Ley 1.094 de 1975), “una normativa anacrónica, restrictiva y sustentada en el enfoque de Doctrina de la Seguridad Nacional”, asegura. A los cambios se suma la dictación de la nueva Política de migración y extranjería, en julio de 2023.

En relación al ámbito laboral, la investigadora manifiesta que “estudios en la materia develan que quienes migran, por regla general, experimentan trabajos precarizados, mal remunerados y segmentación laboral, en términos de que pueden solo acceder a determinados tipos de empleos como servicios, construcción, trabajo doméstico, entre otros, con independencia de que cuenten con mayor cualificación”.

Asimismo, Martina Cociña, subraya que -más allá de conceptualizar la migración desde una lógica instrumental, que legitime la presencia migrante por la contribución que puede generar en el país de destino-  “cabe entender la movilidad humana como lo plantea Javier de Lucas, esto es, como ‘res política’, es decir, una cuestión política, que se debe tratarse desde el prisma de los derechos, comprendiendo que las personas, por el mero hecho de ser seres humanos, debieran tener garantizado derechos”.

Por último, la investigadora concluye que atendido “el convulso y complejo panorama regional, los países de Latinoamérica deberían trabajar de manera conjunta en una propuesta regional para gestionar la movilidad humana, entendiendo que los desplazamientos de personas no son dinámicas aisladas y/o que se resuelven con políticas nacionales, sino que requieren la cooperación regional e internacional”.

• Domingo Pérez Valenzuela expuso sobre la geografía de los trabajadores/as precarizados/as de servicios, y presentó libro patrimonial de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.

El XLIII Congreso Nacional y XXVIII Internacional de Geografía de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, realizado en la ciudad de Valdivia, tuvo como representante de la Universidad de O’Higgins al investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo), Domingo Pérez Valenzuela.

El Investigador UOH expuso “Geografía de los trabajadores/as precarizados/as de servicios. Empresas fragmentadas, comunidades periféricas y estrategias del sindicalismo (Chile 2018-2023)“, ponencia que entregó los resultados del Doctorado en Geografía realizado por Domingo Pérez en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUCC) y los nuevos desafíos de investigación que maneja. “Estos desafíos me han llevado hasta la UOH para analizar, más extensamente, la desigualdad social y geográfica entre trabajo y comunidades”, comentó.

Libro patrimonial de la ANEF

Previamente, el 10 de noviembre, el investigador UOH participó del lanzamiento del libro “ANEF (1943-2023) 80 años en defensa de la función pública. Trabajo Decente y servicios públicos de calidad”, trabajo del cual fue investigador responsable, y que fue parte del programa de Diálogo Social de la Subsecretaría del Trabajo.

El equipo encabezado por Domingo Pérez, y compuesto con Jorge Ayala, Vicente Mellado y Renato Fuentes, también elaboró un cortometraje documental y un registro de material histórico, el cual ya ha comenzado a ser subido en la web de la Agrupación (www.anef.cl/archivo-historico-digital/).

El trabajo también contó con la colaboración de José Pérez Debelli, presidente ANEF; Raúl de la Puente, ex presidente de la ANEF; Náyade Zúñiga, secretaria general de la agrupación; Yasna Frías, vicepresidenta de Comunicaciones; entre otros varios dirigentes/as y personas entrevistadas.

• Maximiliano Andrade, estudiante de cuarto año de Administración Pública, fue elegido para ser parte de los jóvenes que, a nivel mundial, integrarán la Red de Jóvenes y Estudiantes del ODS4, que trabajan para dar forma a políticas educativas globales dentro del Mecanismo de Cooperación Educativa Global de la Unesco.

“Siento un profundo orgullo, una responsabilidad también, tener que llevar la voz de los jóvenes de Latinoamérica y de Chile, de la Universidad de O’Higgins, a instancias tan grandes como es la Unesco. También es  importante decir que somos de la UOH,  que somos de región, no de Santiago, y que estamos llegando a posiciones que, históricamente, habían ocupado personas de la capital y de universidades de elite, y hoy, lo hacemos desde una Universidad estatal, regional y con gratuidad”, con esas palabras, Maximiliano Andrade, estudiante de cuarto año de Administración Pública de la UOH, resume su sentir y su compromiso tras ser seleccionado para ser parte de los/as 100 jóvenes que, a nivel mundial, integrarán la Red de Jóvenes y Estudiantes del ODS4, la plataforma inclusiva y representativa de grupos de este sector etario, que trabajan para dar forma a políticas educativas globales dentro del Mecanismo de Cooperación Educativa Global de la Unesco.

En su calidad de coordinador general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de O’Higgins (FEUOH) y vocero nacional de la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (Confech), Maximiliano Andrade, había sido propuesto a esta instancia por la Organización del Caribe y Latinoamérica de Estudiantes (Oclade), la que escogió a 5 representantes de Latinoamérica para postular a ser seleccionados.

Sobre los temas que le gustaría abordar señala “quiero aportar para ayudar a mejorar la educación pública, el acceso a ella, así como promover una educación sexual integral”.

Para seleccionar a los/as postulantes a miembros de SDG4 Youth & Student Network, se buscaron activistas, defensores, representantes estudiantiles electos, líderes escolares, maestros y jóvenes profesionales que trabajen, activamente, dentro de organizaciones -juveniles y estudiantiles- y en sus comunidades locales y nacionales para mejorar la calidad y la accesibilidad a la educación.

• La iniciativa se une a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, destacando la importancia de la concientización y la acción colectiva para poner fin a la violencia de género en todas sus formas.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y con el objetivo de contar con un espacio de diálogo crítico y generar conciencia sobre la importancia de abordar las violencias de género desde una perspectiva integral, involucrando a expertos y profesionales de diversas disciplinas, la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins desarrolló el conversatorio “Abordaje interdisciplinar de las violencias contra las mujeres”.

La actividad contó con la presencia de la Rectora UOH, Fernanda Kri; la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Constanza Valencia; el director de la Escuela de Ciencias Sociales, Álvaro Astudillo, autoridades universitarias, estudiantes y comunidad en general.

Entre los exponentes se encontraban la directora regional (s) del Trabajo, Daniela Cabrera; la Dra. en Ciencia Política e investigadora en Violencias, Fabiola Miranda; el psicólogo y docente adjunto del ECSO, Nicolás González y la abogada y también docente del ECSO, María Mata.

El promover la comprensión de las violencias contra las mujeres desde un enfoque integral que involucre a expertos y expertas de diferentes campos fueron algunas temáticas tratadas, así como, la reflexión colectiva para proponer soluciones efectivas y sostenibles que contribuyan a la eliminación de la violencia de género

Para Álvaro Astudillo, director de la Escuela de Ciencias Sociales, “este conversatorio es una iniciativa que busca abordar las violencias contra las mujeres desde una perspectiva interdisciplinaria. Es esencial porque queremos ir más allá de las estadísticas y los informes, involucrando a expertos de diversas disciplinas para comprender la complejidad de este problema social y, lo más importante, encontrar soluciones prácticas y sostenibles”.

Por su parte, la jefa de carrera de Administración Pública, Javiera Delgadillo, comentó “la erradicación de todos los tipos de violencia es un desafío conjunto como sociedad, y en ese marco como Universidad debemos cumplir un rol. Particularmente desde la Escuela de Ciencias Sociales nos proponemos formar a profesionales con alto compromiso social y ético, y para ello, debe existir conciencia de las implicancias de las violencias para el desarrollo de la región, del país y del mundo”.

En tanto, Andrea Lucero, jefa de carrera de Contador Auditor apuntó que el 25N, “es un día crucial para concientizar sobre la violencia de género. Queremos aprovechar esta fecha emblemática para resaltar la urgencia de la situación y recordar a todos que la violencia contra las mujeres no puede ser ignorada. Además, este día nos brinda la oportunidad de unir fuerzas globalmente, ya que muchas otras iniciativas se llevan a cabo en todo el mundo”.

• La iniciativa busca entregar un espacio de formación hacia mujeres y hombres para fomentar y motivar la participación de vecinos y vecinas en el desarrollo de la comuna.

Tras cinco meses de trabajos, más de 100 dirigentes/as de la comuna de Rancagua se capacitaron en torno a distintas temáticas necesarias para ejercer roles de liderazgo que respondan a los tiempos actuales, a través de la “Escuela de Líderes y Lideresas” que organizó la Ilustre Municipalidad de Rancagua, junto a la Universidad de O’Higgins (UOH).

La carrera de Administración Pública puso a disposición sus docentes para la realización de las clases de la actividad, que abordaron la formulación de proyectos. Junto con ello, estudiantes de la cátedra “Métodos de Investigación” realizaron el proceso de evaluación, desarrollando una encuesta de satisfacción que contribuirá a detectar oportunidades de mejora para versiones futuras.

Para la jefa de carrera de Administración Pública, Javiera Delgadillo, este tipo de instancias de vinculación “contribuyen para conectar a nuestros/as estudiantes con las necesidades de nuestra Región, pues de esa manera, concretamos el rol público de nuestra universidad y la ponemos a disposición de nuestro territorio”.

• Analía Chamorro, quien cursa quinto año de la carrera de Derecho, se refirió a su experiencia de entrar a estudiar en la educación superior.

Perkins Global Community es una organización internacional que se preocupa en el establecimiento y desarrollo de programas educativos de calidad para niños/as y jóvenes con discapacidad visual, discapacidad múltiple y sordoceguera buscando fortalecer las políticas públicas para provocar cambios sistémicos.

La estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de O’Higgins, Analía Chamorro, fue invitada a participar en un artículo de esta organización para entregar su experiencia, un testimonio poderoso de resiliencia, que destaca la lucha constante que ha desarrollado por la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

“Ha sido una oportunidad súper importante, porque eso da a entender el problema que existe en cuanto a las personas sordociegas en Chile y a nivel mundial, la que es una discapacidad y una condición que no es común, entonces estar en ese tipo de publicaciones significa mucho para mí en materia de compartir mi experiencia de vida, que en algún momento va a servir para motivar a otras personas a cumplir sus metas”, indica Analía, quien es la única persona sordociega que está estudiando en una universidad nacional.

En el relato, la futura abogada comparte sus experiencias personales, las que son un llamado de atención frente a una realidad que como sociedad debemos atender. “Está en nosotros la actitud de no darnos por vencidos, golpear puertas, pedir y exigir igualdad de condiciones. Es verdad que cuesta y a veces uno se siente cansado, pero poco a poco vamos sumando avances para construir una sociedad más inclusiva”.

Analía entrega su consejo a los/as jóvenes que quieren entrar a la educación superior pero les cuesta dar el paso por su condición. “Anímense, luchen por sus sueños, por sus metas, porque yo sé que el camino es muy difícil, sé que en algún momento se van a tropezar, pero lo importante es levantarse, aunque se caigan mil veces, es levantarse esas mil veces, porque en cada sacrificio, en cada esfuerzo, va a haber una recompensa, y en algún momento de su vida, esto que vivieron, lo van a recordar como una anécdota, y van a decir que todo valió la pena”.

• La académica de la Universidad de O’Higgins, María Pilar Navarro, junto a los académicos Renato Jijena y Álvaro Magasich, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, estudiaron cómo la legislación tributaria chilena regula el tratamiento de estos datos por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En la era digital en la que vivimos, nuestros datos personales son tratados por diversas instituciones públicas y privadas, lo que genera en la población preguntas como: ¿hasta dónde pueden llegar mis datos? y ¿qué tan expuestos estamos?

La académica de la Universidad de O’Higgins (UOH), María Pilar Navarro, junto a los académicos Renato Jijena y Álvaro Magasich, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, realizaron un estudio, cuyo objetivo fue identificar “cómo la legislación tributaria chilena regula el tratamiento de estos datos personales por parte del Servicio de Impuestos Internos: qué es lo que puede y no puede hacer con la información y qué protecciones se establecen al tratamiento de los datos personales”, detalla María Pilar Navarro.

Antes de mostrar los resultados, la académica señala que se debe diferenciar entre datos personales y datos privados. “Según la visión que plasmamos en el trabajo, los datos personales pueden, por Ley, ser conocidos por terceros y utilizados para los fines propios de los servicios públicos. Asimismo, ciertos datos personales se vinculan con la vida privada; concretamente, estamos pensando en los datos sensibles. Esos datos privados o derivados de la vida privada, pertenecen a una esfera más íntima de cada persona y su tratamiento -por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII)- no se admite legalmente, salvo que la persona expresamente lo autorice”, asegura.

Ejemplo del uso de nuestros datos personales, por parte de una institución privada, es “cuando vamos a comprar al supermercado y damos nuestro RUT, lo que permite asociar la compra a una persona determinada; luego nos llaman de distintas compañías para ofrecernos productos y ellas tuvieron acceso a nuestro nombre y teléfono sin que se los hayamos dado”, detalla.

El SII y mis datos personales

El SII, institución en la que se centró la investigación, no es la excepción en manejo de datos personales y cuenta con muchos antecedentes de los ciudadanos. Ello porque la legislación “establece que tanto el propio contribuyente, como terceros, deben enviar información referida a personas determinadas a esta entidad”, detalla María Pilar Navarro, y explica que “los datos son utilizados por el SII para cumplir con la finalidad para la cual fue creado por ley: fiscalizar que las personas cumplan correctamente con sus obligaciones tributarias. Y lo más importante, que paguen debidamente sus impuestos”.

Ejemplo de datos personales que maneja el SII son aquellos que identifican o hacen identificable a una persona natural, como lo es, su nombre, su RUT, su dirección postal y su correo electrónico, entre otros.

Ante la preocupación sobre dónde podrían llegar nuestros datos personales y qué obligaciones de manejo reservado de ellos tiene el SII, la académica señala que “pudimos identificar que los datos personales de los contribuyentes que trata el Servicio de Impuestos Internos están protegidos legalmente por lo que se conoce como secreto o reserva tributaria. Esto significa que si el titular del dato (contribuyente) no consciente en su entrega, o bien, si la ley en un caso particular no establece un caso de excepción, que permita que el SII entregue ese dato (especificando a quién y en qué condiciones), el Servicio está impedido de hacerlo público”.

Cambios en la legislación y controles

Asimismo, los investigadores señalan que, en los últimos años, la legislación ha aumentado la protección de los datos personales que son tratados por el SII. “Primero se aumentaron los supuestos de secreto o reserva tributaria y a partir del año 2020 se establece, expresamente, en el Código Tributario como derecho del contribuyente que en los actos de fiscalización el SII respete la vida privada, proteja los datos personales [de los contribuyentes] en conformidad con la ley y que las declaraciones impositivas tengan el carácter reservado, salvo que la ley establezca lo contrario”, detalla María Pilar Navarro.

Explica que, para resguardar el cumplimiento del secreto o reserva tributaria, la legislación establece sanciones para los funcionarios que no lo respeten y, asimismo, existen niveles de seguridad en el manejo de esta información. Ello se traduce en que “no todos los funcionarios tienen acceso a datos personales, sino que está restringido a aquellos que realizan una labor para la cual necesitan tener acceso a ellos. Esto se posibilita, a través de la creación de perfiles que permiten acceder a sistemas en los cuales se aloja esta información y a los controles que se efectúan en el mismo sistema para ver a qué información ha accedido cada usuario del perfil, los horarios en los que accedió, qué información vio, y si se relaciona o no con un caso que está revisando”, sostiene la académica.

Entendiendo la preocupación de la ciudadanía por el acceso y uso de sus datos personales, ¿por qué es importante que, como ciudadanos, entendamos que es necesario que organismos como el SII tengan acceso a nuestros datos?

“Por la función que cumple dicha institución. Todo Estado requiere de financiamiento para cubrir las necesidades de las personas. La principal fuente de este financiamiento son los tributos recaudados. La Tesorería General de la República recauda los tributos, pero el Servicio de Impuestos Internos fiscaliza que se declaren y paguen cumpliendo con la legalidad. Es decir, fiscaliza el debido cumplimiento tributario de personas determinadas y, cuando detecta incumplimientos, hace uso de sus facultades legales para corregir tal comportamiento”.

La académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la UOH señala que la investigación realizada abre nuevas preguntas para futuros estudios. Las posibilidades de utilización de los datos personales son enormes y surgen interrogantes respecto de su uso o no uso en situaciones concretas por parte del Servicio de Impuestos Internos.

El artículo “Protección de datos personales: el nuevo paradigma del secreto fiscal o reserva fiscal en Chile” de la académica María Pilar Navarro y los académicos Renato Jijena y Álvaro Magasich, fue publicado en la revista International Data Privacy Law, prestigiosa publicación internacional que muestra problemáticas relacionadas con la protección de los datos personales desde la perspectiva del derecho.

• Los académicos Camila Oda y Nicolás Schongut destacan la importancia de desarrollar políticas públicas que apoyen a las personas, en su gran mayoría mujeres, que se hacen cargo de familiares que se encuentran en situación de dependencia.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, alrededor de 640.000 personas se declaran en situación de dependencia moderada o severa en el Registro Social de Hogares, por lo que se estima que existiría en Chile una cifra similar de cuidadores/as. Asimismo, el Gobierno, en noviembre de 2022, implementó una plataforma para el registro de cuidadores y, a julio de 2023, 54.000 personas se han identificado como tal.

Esa es la realidad en Chile. No hay cifras claras y no hay política pública específica al celebrarse un nuevo Día Internacional de las Personas Cuidadoras, fecha que estableció la ONU el año 2014.

Camila Oda, académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), explica que “la mayoría de las veces las personas que se desempeñan como cuidadores/as son mujeres, familiares directas de la persona cuidada: esposa, cuñada, nuera, hermana, hija, y el punto, es que por las actividades de cuidado, tienen que dejar muchas veces -parcial o totalmente- sus actividades fuera del hogar. Lo anterior supone, en muchas ocasiones, que quien cuida esté en una situación de vulnerabilidad económica, muchas veces mayor, porque pueden dedicarse a cuidar -años y años- y después no tienen jubilación ni protección social”.

A ello, señala Camila Oda, se suman los altos costos de ser cuidador/a en materia de salud. “Cuidar muchas veces es desgastante; es distinto cuidar una guagua que va en camino hacia la autonomía, que cuidar a una persona que va hacia el deterioro o que no tiene autonomía. A ello, se suma la angustia de no saber qué va a pasar con esa persona, quién lo va a cuidar cuando quién cuida ya no esté, porque en Chile no existe un entramado social -como en otros países-  que se haga cargo de garantizar el cuidado de la persona cuidada y del cuidador”.

El académico del Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) de la UOH, Nicolás Schongut, señala que entre las consecuencias que sufren las personas que cuidan, está, fundamentalmente, el llamado “burnout del cuidador”. Y detalla que “en una persona que no tiene espacios de descanso, no tiene red de apoyo ni espacios de cuidado para sí misma, y que debe estar disponible 24-7 para una persona que tiene necesidades y demandas constantes, complejas y agotadoras -física y mentalmente- se produce este síndrome. El burnout del cuidador/a se caracteriza por ser una condición de estrés crónico, donde quien cuida tiene sentimientos de culpa, además de fatiga y agotamiento físico y emocional. Son personas que, al estar con estrés crónico, están con niveles de cortisol permanentemente elevados, lo que incrementa el riesgo de padecer ansiedad, depresión, problemas digestivos, aumento de peso y enfermedades cardiacas como hipertensión arterial o accidentes cerebrovasculares, entre otras cosas”.

¿Qué falta y qué existe?

Falta de una política pública en el tema de los/as cuidadores/as es una aseveración en la que coinciden ambos académicos UOH. Camila Oda señala que “primero, hay que reconocer que cuidar a otra persona es un trabajo; segundo, hay que garantizar apoyos desde el Estado para que estas personas cuenten con, por ejemplo, ayuda en las tareas domésticas y a nivel económico; para que tengan espacios para que pueden ventilarse y desahogarse; pero sin embargo, hoy día, asumimos que cuidar es una tarea que heredas por  tener familia y que sobre todo, lo heredas si eres mujer; que  una  renuncia no es discutible, que es lo que se espera de ti. Eso debe cambiar”.

Nicolás Schongut indica que el hecho de que el cuidado se otorgue a “solo una persona dentro de la familia no es un problema de la familia, es un problema social. El trabajo de cuidado no remunerado está prácticamente feminizado. Al menos 9 cada 10 personas que cuidan, no remuneradamente, son mujeres. Y eso, tiene que ver más con lógicas sociales, que con lógicas dentro de la familia; y, muchas veces, son contingentes porque también hay una brecha salarial que favorece a los hombres, entonces, si alguien tiene que renunciar al trabajo va a ser la mujer porque gana menos. Esto no es fácil de resolver, por eso es que se necesitan políticas públicas”.

El académico es claro al decir que “en general, aunque se habla del tema de los cuidadores/as, ha habido pocas intervenciones públicas al respecto. Por ejemplo, ahora en el Senado se está discutiendo la Ley de Teletrabajo, la que va a permitir a las personas que cuiden niños/as -menores de 14 años o personas con discapacidad de moderada o grave- puedan optar, como un derecho, al teletrabajo. Es decir, se les va a permitir optar, por derecho, al teletrabajo sin tener que negociarlo con el empleador. Esta es una política pública súper importante porque muchas personas tienen que dejar su trabajo remunerado porque no tienen otra opción, pero sí tienen miles de problemas”.

Experiencia en otros países

Camila Oda hace presente que, pese a que estamos envejeciendo como sociedad, no nos estamos haciendo cargo del fenómeno, como sí se observa que lo hacen otros países. “El/la cuidador/a, a nivel de la salud mental, presenta una alta prevalencia de trastornos del ánimo o trastornos ansiosos, entre otros factores, por la carga emocional que, muchas veces, genera la sensación de renuncia, respecto  de lo que están perdiendo de sus propias vidas, además de una significativa sensación de soledad. En tanto, se observa que en otros países existen políticas públicas que permiten contar con un sistema de cuidado de cuidadores, que van desde tener una reunión para conversar sobre lo que significa cuidar o charlar de otra cosa. Para que el cuidador pueda acudir a estos espacios, el Estado garantiza que una persona irá a apoyarles en lo doméstico, por ejemplo, cuidando a la persona cuidada, para que quién cuida pueda salir. También hay programas que envían una persona para que limpie y ordene la casa, y así alivianar el trabajo de quién cuida”.

Otro caso que expone es el de España donde “el Estado realiza un programa de vacaciones para las personas en situación de discapacidad, es decir, el Estado las lleva de paseo para que sus cuidadores/as y ellas mismas puedan descansar y recuperarse”.

¿Cómo colaborar?

Aunque es claro que hacen falta políticas públicas en Chile sobre el tema de los cuidadores/as, Camila Oda, señala que a nivel familiar podemos hacer aportes, que ayuden a las y los cuidadores. “Si tenemos conciencia de lo desgastante e importante que es el trabajo del cuidador/a, si tenemos uno/a en la familia, podemos y debemos cooperar. Por ejemplo, ir un día en la semana y hacernos cargo de la persona a cuidar para que el/la cuidador/a pueda hacer una pausa, salir, o lo que sea que desee hacer. No se debería esperar que el/la cuidador/a nos pida ayuda, no decir ‘a mí nadie me aviso que se necesitaba ayuda’, sino, más bien, ofrecerla. El cuidado no debería recaer sobre un solo integrante del grupo familiar”.