• La publicación busca aportar herramientas concretas para la organización, la negociación colectiva y la huelga en contextos de explotación neoliberal.

En un escenario marcado por la incertidumbre, la fragmentación del trabajo y profundas asimetrías de poder, el libro “Guía de Acción Sindical” nace como un manual clave para repensar y fortalecer el rol del sindicalismo en Chile. La obra de acceso libre y gratuito se estructura en nueve capítulos desarrollados a partir del análisis de más de un centenar de experiencias acumuladas por organizaciones sindicales a lo largo del país.

Entre sus autores se encuentra el investigador del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Domingo Pérez Valenzuela, quién subraya que esta publicación no se presenta como un manual teórico ni abstracto, sino como una guía sistematizada del quehacer sindical transformado en orientaciones aplicables frente a modelos neoliberales.

“Este es un texto necesario y oportuno para el momento y las dificultades que viven las y los trabajadores en Chile en un panorama incierto. No es un manual abstracto, sino una guía construida desde la experiencia real de más de un centenar de representantes de organizaciones sindicales que reflexionan y comparten sus experiencias de décadas bajo el neoliberalismo laboral en Chile”, explica.

Ejes de acción

Según Pérez Valenzuela, el libro de nueve capítulos se articula en torno a tres dimensiones fundamentales de la acción sindical como una manera de hacer frente a la precariedad laboral que padecen muchos sectores del país: la sindicalización, entendida como base para reconstruir poder colectivo en contextos laborales fragmentados; la negociación colectiva, concebida como una disputa que va más allá de lo salarial e incorpora dignidad, tiempos de vida y derechos; y la huelga, reconocida como una herramienta histórica de presión que mantiene plena vigencia frente a persistentes desigualdades de poder.

“Esta guía es un aporte para reactivar y fortalecer el trabajo sindical en todos estos planos, como una condición necesaria dirigida a enfrentar la precariedad estructural que afecta a amplios sectores y territorios del país. Pero también, enfocada en mejorar las trayectorias laborales y las condiciones de vida de las familias. Se trata de una invitación concreta a volver a pensar el sindicalismo como actor social clave para el Chile que viene”, sugiere el docente universitario.

Para el autor, es necesario promover una tasa de sindicalización que devuelva la dignidad del movimiento laboral en Chile, más allá de las políticas estructurales y gobiernos de turno. Razón por la cual, cree que comprender estas tres dimensiones del libro vienen a ser un primer paso hacia una transformación sindical que reivindique la voz de trabajadores y trabajadoras en todo el país. Reitera que “la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga siguen siendo pilares centrales del quehacer sindical, especialmente cuando las asimetrías de poder persisten y afectan la vida cotidiana de las y los trabajadores”.

Conocimiento aplicado

Pérez Valenzuela agrega que la obra de la editorial “Aún Creemos en los Sueños”, marca el cierre de un extenso ciclo de investigaciones desarrolladas durante la última década, cuyo objetivo es compartir sus principales hallazgos con un público amplio interesado en materias laborales. Basada en más de 110 testimonios provenientes de diversos sectores económicos, la guía, -según añade el autor-, da cuenta de una “enorme riqueza cualitativa” basada en las evidencias ofrecidas por sus protagonistas.

“El texto recoge de manera sistematizada los aprendizajes, aciertos, errores y tensiones surgidas de años de organización, resistencia y acción colectiva frente a contextos laborales marcados por profundas desigualdades sociales, políticas y económicas, razón por la que constituye una obra de gran valor que invito a revisar en aras de la recuperación sindical del país”, culmina el investigador.

La realización del libro contó con el financiamiento del Fondo de Apoyo a la Publicación de la Universidad de O’Higgins, Proyecto N° FPUB2511, así como la colaboración de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Fondecyt Regular N° 1150860.

Puedes leer el texto completo AQUÍ.

• La profesora Chika Watanabe compartió sus aportes teóricos y prácticos en torno al aprendizaje intergeneracional y la resiliencia ante desastres.

En la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica se desarrolló el workshop internacional sobre preparación ante desastres, instancia coorganizada por la investigadora postdoctoral Andrea Vásquez y el académico Ricardo Fuentealba, ambos pertenecientes al Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins. La jornada contó con la presencia de la Dra. Chika Watanabe, antropóloga social y académica de la Universidad de Manchester (Reino Unido), y tuvo el apoyo de la Dra. Magdalena Gil de la Escuela de Gobierno PUC y de CIGIDEN R+, Centro ANID que viene a continuar el trabajo del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres.

En la actividad, titulada “La memoria, el juego y lo intergeneracional: preparación para desastres entre Chile y Japón”, la profesora Watanabe compartió sus aportes teóricos y prácticos en torno al aprendizaje intergeneracional y la resiliencia ante desastres, temas centrales de su proyecto “Voces de resiliencia”, el cual explora las experiencias de adultos mayores y el uso de juegos intergeneracionales para fortalecer la preparación comunitaria frente a eventos extremos, con especial énfasis en el terremoto de 2010. Como resultado, se ha producido un documental disponible en inglés y español en YouTube, un juego de mesa y guías metodológicas para replicar la experiencia en otras comunidades.

La profesora Watanabe adelantó además el próximo lanzamiento de su libro “Play to survive. Disaster preparedness along the Ring of Fire”, donde profundiza en la aplicación de métodos lúdicos para fortalecer la preparación intergeneracional en Chile y Japón, y manifestó su interés en continuar colaborando con académicos chilenos y casos de estudio locales. Según la Dra. Watanabe es importante ver la resiliencia de manera amplia, considerando memorias e historias de vida: “Generar encuentros intergeneracionales e internacionales, ayuda a que la preparación en desastres sea transversal. Se tiene que abordar el tema desde diferentes disciplinas y áreas de trabajo, ya sea reducción de riesgo, trabajo social o patrimonio”.

En esa línea, la investigadora UOH Andrea Vásquez agregó que “vivimos en un mundo que se envejece a ritmos acelerados, donde la memoria e historias de vida de los adultos mayores es fundamental para catalizar el aprendizaje intergeneracional de estrategias de preparación en desastres. La charla de la Dra. Watanabe nos invita también a pensar en otros espacios y métodos para fomentar ese aprendizaje intergeneracional y potenciar la colaboración internacional en ese ámbito, como la incorporación de tecnologías digitales junto con el juego”.

El workshop fue realizado como parte de la línea Society de CIGIDEN R+, donde el Dr. Ricardo Fuentealba participa como investigador adjunto.

• Cristian Leyton destacó la urgencia de fortalecer estructuralmente las capacidades de diseño técnico de proyectos de inversión de los equipos locales.

Académicos y expertos de diversas universidades y servicios públicos participaron en el seminario “La Política Pública de los Planes Especiales en el Estado de Chile: Zonas de Desarrollo y Zonas Extremas” organizado por la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile –en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE)-, quienes también lideraron una evaluación de seis planes de zonas de desarrollo en cinco Gobiernos Regionales del país. En el evento se analizó el impacto de la política para zonas Extremas y de Desarrollo, subrayando la necesidad de transitar desde una “cartera de proyectos” hacia una planificación territorial humana y con gobernanza robusta.

En la oportunidad, la Universidad de O’Higgins estuvo representada por el académico del Instituto de Ciencias Sociales, Cristian Leyton, quien hizo hincapié en la urgencia de fortalecer de forma estructural las capacidades de diseño técnico de proyectos de inversión en los equipos locales.

“La política pública de los Planes Especiales en el Estado de Chile, da un marco a los planes de Zonas de Desarrollo (antes llamadas zonas de rezago) y Zonas Extremas, y son un esfuerzo de planificación y gestión de inversiones de largo plazo (10 años) muy poco frecuente en la gestión pública”, explicó el experto UOH.

Agregó que este trabajo es relevante porque “tanto en sus diseños y procesos de implementación la gobernanza se torna central. Especialmente porque estos planes requieren de un trabajo coordinado entre instituciones públicas, pero también involucrando y rindiendo cuentas a organizaciones de la sociedad civil, mundo privado y a la ciudadanía en general”.

El académico ICSo también puntualizó que cuando estos espacios de gobernanza son fuertes y sólidos, “los cambios de autoridades políticas no afectan de modo relevante las prioridades establecidas en dichos planes ni su gestión”.

Durante la jornada, los expertos concluyeron que los Planes Especiales deben dejar de ser excepciones y deben optar a convertirse en motores de bienestar permanente, además de recalcar que es imperativo profundizar la articulación entre el gobierno central, los municipios y las universidades.

Más información del evento AQUÍ.

• Durante la jornada se abordaron experiencias, marcos normativos y estrategias de intervención en contextos escolares, comunitarios y clínicos.

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con las instituciones que reciben estudiantes en práctica de la carrera de Psicología y contribuir a la actualización de conocimientos en torno al abordaje del abuso sexual infantil, la Universidad de O’Higgins realizó el Seminario “De la evidencia a la práctica: estrategias para fortalecer las intervenciones psicosociales en abuso sexual infantil”, actividad desarrollada en el auditorio del Campus Rancagua.

La jornada fue organizada por la carrera de Psicología y la dirección regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y tuvo como propósito -por una parte- reconocer el trabajo de los centros de práctica que han acompañado la formación de estudiantes de Psicología y -por otra- aportar a la comunidad profesional regional con evidencia actualizada y experiencias de intervención en distintos contextos.

El seminario contó con palabras de bienvenida del director de la Escuela de Ciencias Sociales, Álvaro Astudillo Lizama, y de Carolina Espinoza Aliaga, directora regional subrogante del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, quienes destacaron la relevancia del trabajo interinstitucional y la necesidad de fortalecer enfoques de derechos en la intervención con niños, niñas y adolescentes.

Durante la primera parte del encuentro, Daniela Ramírez, jefa de la Unidad Jurídica de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, presentó los principales aspectos de la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Posteriormente, Matías Kaid Acevedo, trabajador social, y David Carrasco Venegas, psicólogo del Programa PRM ACJ Rancagua 2 de la Corporación de Desarrollo Social ACJ, expusieron una estrategia de intervención interdisciplinaria en abuso sexual infantil, centrada en un modelo integral de trabajo colaborativo orientado a la restitución de derechos y la resignificación de experiencias adversas.

La jornada continuó con la presentación de Daniela Pérez y Gerson Ahumada, psicólogos del Programa PRM CEPIJ Rengo de la Corporación Opción, quienes compartieron la experiencia de la Sala de Estímulo Musical como herramienta terapéutica. Más tarde, Nicolás González, docente de la carrera de Psicología UOH, abordó los procesos de psicoterapia con adolescentes LGBT+ víctimas de agresiones sexuales, desde la perspectiva de psicoterapeutas.

En la segunda parte del seminario, la académica de la Universidad de Chile Dra. Loreto Leiva presentó la ponencia “Claves para la implementación de intervenciones en contextos escolares”, mientras que la Dra. Claudia Capella, también académica de la misma casa de estudios, expuso sobre las intervenciones psicosociales con niños, niñas y adolescentes víctimas de agresiones sexuales y sus cuidadores, poniendo énfasis en los factores que favorecen el cambio.

El encuentro contempló espacios de diálogo y paneles de preguntas, en los que se abordaron temas como la incorporación del enfoque de derechos, la participación activa de niños, niñas y adolescentes en los procesos de intervención, el trabajo interdisciplinario y las estrategias institucionales de autocuidado para equipos psicosociales.

Betzabé Torres, jefa de la carrera de Psicología de la Universidad de O’Higgins, señaló que “este seminario representa un espacio formativo clave para nuestra comunidad académica y profesional, ya que permite articular la evidencia científica con las prácticas reales de intervención en abuso sexual infantil. Como carrera, creemos firmemente en la importancia de formar profesionales con una mirada ética, situada y comprometida con el enfoque de derechos, capaces de responder a las complejidades de los contextos en los que se desempeñan”.

• Ignacio Riquelme realizó una pasantía de investigación en la Universidad Federico II de Nápoles, fortaleciendo la colaboración internacional en investigación y docencia jurídica.

Con el propósito de visibilizar el trabajo académico que se desarrolla en la Universidad de O’Higgins y fortalecer los vínculos de cooperación internacional, la Dirección de Internacionalización gestionó una pasantía de investigación para el académico del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo), Ignacio Riquelme, en la Universidad Federico II de Nápoles, en Italia. Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración vigente entre ambas casas de estudio.

La pasantía fue posible gracias al trabajo articulado entre la Dirección de Internacionalización UOH y la universidad italiana, lo que permitió avanzar en una colaboración sistemática en el ámbito del derecho. Al respecto, el académico señaló que “esta instancia se enmarca en el convenio que mantiene la UOH con la casa de estudios europea y tuvo como objetivo explorar líneas concretas de colaboración futura tanto en investigación como en docencia jurídica”.

Durante su estadía, Riquelme sostuvo reuniones de trabajo con académicas y académicos del Departamento de Filosofía del Derecho de la universidad anfitriona, donde presentó su investigación y compartió el proceso de creación del Laboratorio de Estudios Sociolegales del Instituto de Ciencias Sociales, recientemente constituido. Según señaló, “estos encuentros permitieron dar a conocer el trabajo que estamos desarrollando en la UOH y conocer, a su vez, las líneas de investigación que se impulsan en Nápoles, abriendo posibilidades reales de colaboración académica”.

En el marco de estas actividades, se discutieron posibles proyectos conjuntos, presentaciones académicas y líneas de investigación que podrían desarrollarse al alero del laboratorio. Asimismo, durante la pasantía el académico presentó su investigación en la Universidad LUISS Guido Carli de Roma, en el cierre del curso Derecho y Humanidades, instancia a la que fue invitado por un académico vinculado tanto a la Universidad Federico II como a dicha casa de estudios.

Los principales objetivos de la pasantía estuvieron orientados a fortalecer el vínculo institucional entre ambas universidades, visibilizar el trabajo académico del Instituto de Ciencias Sociales y explorar avenidas concretas de colaboración futura. En ese sentido, Riquelme destacó que “este tipo de experiencias contribuye a posicionar a la Universidad de O’Higgins como un espacio activo de producción de conocimiento, desde una universidad regional que dialoga de manera directa con instituciones internacionales de larga trayectoria”.

En cuanto a los temas abordados, la pasantía se centró en la docencia del derecho, con énfasis en la incorporación de una perspectiva global en la formación jurídica. Sobre este punto, el académico señaló que “resulta fundamental desprovincializar el estudio del derecho y situarlo en diálogo con experiencias y enfoques desarrollados en otros contextos, especialmente en un mundo cada vez más interconectado”.

Respecto del impacto de esta experiencia para la UOH y la región, Ignacio Riquelme subrayó que “la pasantía permitió visibilizar el trabajo que se está desarrollando en el Instituto de Ciencias Sociales, particularmente a través del Laboratorio de Estudios Sociolegales, fortaleciendo la investigación que se impulsa desde la universidad hacia el entorno regional y nacional”.

El vínculo con la Universidad Federico II de Nápoles abre, además, oportunidades concretas de intercambio académico y colaboración futura. En el corto plazo, está prevista la visita de estudiantes de Derecho de la UOH a la universidad italiana para participar en un taller de invierno. Al respecto, el académico destacó que “estas instancias refuerzan la necesidad de mantener un diálogo fluido y sostenido entre ambas instituciones, generando beneficios directos para estudiantes y académicos”.

Finalmente, el académico valoró el impacto que esta colaboración puede tener en la formación estudiantil y en el fortalecimiento de la investigación institucional, señalando que “acercar a las y los estudiantes de la UOH al trabajo académico que se desarrolla en otras partes del mundo amplía sus horizontes formativos y contribuye a una comprensión más global del derecho”. Asimismo, relevó que la Universidad Federico II de Nápoles costeó gran parte de la pasantía y ha manifestado un interés sostenido en estrechar lazos con la UOH, lo que representa una oportunidad clave para consolidar relaciones de colaboración duraderas y proyectar el trabajo de la universidad a nivel internacional.

En tanto, para la directora de Internacionalización UOH, Carla Gutiérrez indicó que “durante el último año hemos consolidado un trabajo colaborativo permanente con la Universidad Federico II de Nápoles, basado en la continuidad y el compromiso mutuo. Este vínculo ha permitido concretar diversas instancias de cooperación en docencia e investigación, con la participación de estudiantes de Derecho y Administración Pública, jefaturas de carrera y académicas del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins en actividades desarrolladas en dicha universidad. Asimismo, este proceso seguirá fortaleciéndose con una nueva pasantía programada para enero de 2026, en la que participarán una estudiante de Derecho y una docente de la misma carrera”.

• Andrea Canales participó en una pasantía de investigación en la Universidad Federico II de Nápoles, instancia que permitió compartir la experiencia chilena en regulación ambiental y consolidar redes académicas internacionales.

Con el propósito de fortalecer la investigación académica y profundizar la colaboración internacional, Andrea Canales, académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, realizó una pasantía de investigación en la Universidad Federico II de Nápoles, instancia que permitió relevar la experiencia chilena en regulación ambiental y consolidar vínculos académicos con una de las casas de estudio más relevantes de Europa. Esta oportunidad fue generada desde la Dirección de Internacionalización UOH en el marco del convenio de colaboración suscrito con la Universidad Federico II de Nápoles.

La pasantía se desarrolló en el marco de una Summer School orientada a estudiantes de posgrado e investigadores jóvenes, enfocada en el análisis de los impuestos medioambientales desde perspectivas legales y económicas. En este espacio, la académica UOH participó en diversas charlas especializadas y presentó la experiencia latinoamericana en una sesión dedicada a la región, junto a investigadores de Chile y Argentina. Al respecto, Andrea Canales señaló que “fue una instancia muy enriquecedora, ya que permitió dialogar sobre regulación ambiental desde distintas realidades y visibilizar la experiencia chilena en un contexto académico internacional”.

Durante su estadía, la académica pudo conocer en profundidad la regulación y experiencia europea en materia ambiental, así como los principales desafíos que enfrenta este ámbito a nivel global. En ese sentido, destacó que “las políticas medioambientales no se limitan a las fronteras de un país, sino que generan efectos que pueden impactar a otras naciones, incluso a aquellas geográficamente distantes como Chile respecto de la Unión Europea”.

Desde el campo de las ciencias sociales, la regulación ambiental cumple un rol clave en la generación de incentivos que orientan las decisiones de individuos, empresas y gobiernos. Sobre este punto, Canales explicó que “la efectividad de cualquier política ambiental depende de cómo interactúan las instituciones, los incentivos y las decisiones humanas, por lo que estudiar estos mecanismos es fundamental para diseñar políticas más justas, eficientes y sostenibles”.

En cuanto al impacto de esta experiencia para la Universidad de O’Higgins, la académica indicó que “esta pasantía contribuye a fortalecer las líneas de investigación en regulación, políticas públicas y sostenibilidad que se desarrollan en la UOH, incorporando perspectivas comparadas y evidencia internacional que pueden ser adaptadas a los desafíos locales y regionales”.

El vínculo con la Universidad Federico II de Nápoles abre nuevas oportunidades de colaboración académica, tanto en investigación como en formación. En este contexto, Andrea Canales destacó que “este intercambio permite avanzar en proyectos de investigación conjuntos, estancias académicas, codirección de tesis y participación en seminarios, además de generar redes académicas duraderas con impacto a largo plazo”. Asimismo, relevó que estudiantes de Derecho y Administración Pública de la UOH ya han podido viajar a esta institución italiana, beneficiándose directamente de esta colaboración.

Finalmente, la académica subrayó el aporte de esta experiencia a su labor docente, señalando que “incorporar marcos regulatorios europeos, casos de estudio y debates actuales de la Unión Europea en la docencia permite ofrecer a las y los estudiantes una formación más actualizada, comparada y con una mirada global, fortaleciendo su pensamiento crítico y su preparación profesional”.

En tanto, para Carla Gutiérrez, directora de Internacionalización destacó que con la Universidad Federico II “hemos desarrollado durante el último año una colaboración sostenida, marcada por la continuidad y el compromiso de ambas instituciones, lo que ha permitido generar concretas oportunidades tanto en docencia como en investigación. En este periodo, desde la Universidad de O’Higgins han participado dos estudiantes de Derecho, dos estudiantes de Administración Pública, las jefaturas de carrera de ambas disciplinas y dos académicas del Instituto de Ciencias Sociales, quienes han visitado dicha casa de estudios. A ello se suma que en enero de 2026 se realizará una pasantía en la que participarán un estudiante de Derecho y una docente de la misma carrera”.

• Demandas salariales, desigualdad socioeconómica y debilidad institucional explican una persistencia que obliga a repensar la resolución de conflictos en el marco de una nueva arquitectura sindical.

En un escenario marcado por presiones del nuevo ciclo político y económico, la conflictividad laboral se confirma como un rasgo estructural del país. La Minuta de Huelgas Laborales 2024 del Observatorio de Huelgas Laborales (OHL) evidencia un aumento sostenido de paralizaciones, con más trabajadores involucrados y un alza en días-persona perdidos, mostrando la insuficiencia del sistema chileno para canalizar tensiones dentro de las relaciones laborales.

Según el director del OHL e investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Domingo Pérez Valenzuela, la tendencia iniciada en 2006 e intensificada en 2019 mantiene activas sus causas profundas: tensiones entre salarios y ganancias, persistencia de huelgas legales y extra-legales, y una baja capacidad institucional para encauzar los conflictos en procesos formales.

“La huelga se ha convertido en el principal mecanismo histórico para transformar tensiones latentes en acción colectiva. En Chile, el sistema frecuentemente no logra procesarlas por vías institucionales, lo que explica la persistencia de paralizaciones extra-legales en sectores públicos y privados”, aclara el investigador.

Conflicto sectorizado

Sobre el contexto macro-regional, Pérez destaca que una parte interesante de las movilizaciones responde a un patrón territorial vinculado al sector agroindustrial de las regiones Metropolitana, O’Higgins y del Centro Sur, un sector feminizado y de alta empleabilidad, donde las demandas se concentran en mejoras de ingreso. Según el analista, este fenómeno configura una matriz de conflicto que trasciende el ciclo macroeconómico.

“Las demandas salariales no son coyunturales, por lo que parece que expresan desigualdades laborales, territoriales y posiblemente de género. En estas zonas, el salario es la única reivindicación sostenida desde 2010. El ingreso no es solo una variable económica, sino una condición para la autonomía y la dignidad laboral, especialmente en los sectores feminizados del agro chileno”, añade el docente UOH.

Escenarios en paradoja

El sociólogo deduce que, aunque no es posible proyectar linealmente el comportamiento de las huelgas hacia 2026, sí existen variables de alerta como la dinámica económica, número de trabajadores movilizados y duración de las paralizaciones. Señala que, paradójicamente, en ciclos de mayor crecimiento económico aumenta la posibilidad de conflicto al ampliarse el margen de disputa laboral, razón por la que el monitoreo constituye un factor clave en la anticipación de escenarios de tensión.

“Los ciclos de huelga no responden a una sola variable. En períodos de expansión económica, las partes tienden a prolongar la negociación, haciendo que la probabilidad de conflicto aumente. Observar duración, participación y territorialidad permitirá anticipar escenarios, más allá de intentar cualquier proyección lineal”, indica el Doctor en Geografía, a manera de sugerencia instrumental.

Subraya que el país también enfrenta presiones externas derivadas de una economía global desacelerada, inflación persistente y tensiones acumuladas en contextos laborales frágiles, como los que presenta Chile, respecto a otros países industrializados donde el conflicto tiende a disminuir.

“Se puede deducir que algunos países con menores derechos laborales, respecto a otros industrializados, tienden a mostrar mayor conflictividad laboral, dado que los problemas y tensiones de los trabajadores pocas veces se resuelven y se acumulan, desencadenando en paralizaciones y huelgas”, infiere el sociólogo.

Hacia una arquitectura sindical

Finalmente, Pérez subraya que el desafío central no es reducir la huelga como mecanismo, sino fortalecer la capacidad institucional para procesar el conflicto. Sostiene que la persistencia de huelgas extra-legales muestra una débil edificación sindical para equilibrar la negociación, especialmente frente a empresas y en sectores donde el sindicalismo es fragmentado.

“Chile no enfrenta solo un desafío en la frecuencia de huelgas, sino el problema de una insuficiente arquitectura institucional. Sin mesas de negociación efectivas y sindicatos fortalecidos, el conflicto seguirá desplazándose hacia formas extra-legales. El reto es dotar al sistema de canales y bases estables que conviertan la tensión o las paralizaciones en acuerdos sostenibles para trabajadores, empresas y Estado”, concluye el director del OHL.

• La nueva configuración parlamentaria anticipa discusiones y negociaciones para el impulso de reformas que reorienten las finanzas, fortalezcan la inversión y reactiven el crecimiento sostenible.

El gobierno que asumirá en marzo de 2026 enfrentará un panorama económico de bajo crecimiento, con proyecciones que oscilan entre 2% y 3% entre 2026 y 2029, según el Banco Mundial, FMI y Banco Central. A ello se suma un Congreso sin mayorías, donde la fragmentación obligará a articular acuerdos amplios para avanzar en materia fiscal y seguridad jurídica, ámbitos claves para sostener el desempeño económico del país.

El economista y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Pablo Peña, advierte que la gobernabilidad económica dependerá tanto del manejo fiscal como de la capacidad de tejer pactos transversales. Subraya que Chile arrastra más de una década de bajo crecimiento de la productividad, fenómeno que erosiona empleo, salarios y competitividad, y que exige decisiones estratégicas desde el Estado en materia de inversión y modernización regulatoria.

En este marco, sostiene que la agenda legislativa, más allá del número de asientos parlamentarios ocupados por las fracciones, “deberá enfrentar con urgencia la persistencia del déficit fiscal y el aumento de la deuda pública, que pasó de menos del 20% del PIB en 2015 a cerca del 43% en 2025, además atender el aumento sostenido del costo de intereses que se duplicó en el mismo período, alcanzando valores cercanos al 1,2% en 2024”.

Considera que el desafío de un gobierno, a priori, sin mayoría parlamentaria, estaría justo en cambiar estas tendencias y estabilizar las finanzas con el menor costo posible, “pero sin desconocer la necesidad de apretar el cinturón, en términos de restricciones presupuestarias”. Y, si en esa medida las reformas resultan exitosas, el crecimiento de 2027 y 2028 debería reflejar cambios y mejoras en las condiciones de vida de la población, según indica el especialista.

Reformar y equilibrar

Peña plantea que el Parlamento deberá asumir una discusión estructural sobre el tamaño del Estado, la eficiencia del gasto público y la priorización de inversiones. Esto implica contener el aumento del costo de la deuda -que duplicó su peso en una década- y rediseñar regulaciones para asegurar sostenibilidad fiscal.

“El nuevo gobierno deberá promover reglas modernas que ordenen las cuentas públicas y mejoren las condiciones internas para invertir y crecer. El reto es ejecutar un ajuste ordenado, focalizado en servicios mal evaluados, evitando presiones inflacionarias, protegiendo al mismo tiempo las funciones críticas del Estado”, señala el experto.

Transformar e incentivar

En cuanto a la perspectiva actual, el economista expone que el país avanza hacia un 2026 sin crisis inmediata, pero con poco dinamismo. Prevé un crecimiento similar al desempeño de 2025, apoyado en tendencias externas como precios del cobre, demanda global y estabilidad interna; lo que, bajo su mirada, requiere de una transformación que incentive el aparato productivo, siendo esto una tarea que considera, la más significativa.

“Chile necesita un salto cualitativo que promueva el empleo, salarios y utilidades para trabajadores y empresas. La principal palanca de todo gobierno es mejorar condiciones de regulación y seguridad (jurídica, orden público, estabilidad social). Asimismo, el impulso de una agenda público-privada que apunte a una mayor productividad e inversión también puede ser una forma de incentivar la actividad económica nacional”, afirma el docente a manera de alertar sobre los temas que deberá discutir el Congreso.

¿Trabajo o fragmentación?

Finalmente, Peña señala que los desafíos económicos que tendrá el próximo gobierno, exigen un acuerdo político amplio entre todas las fracciones. Asume que la fragmentación del Congreso podría dificultar este camino, pues cualquier avance requerirá pactos transversales con la oposición de turno, que sean capaces de sostener cambios regulatorios y de prioridades, que no choquen con la realidad.

“Este escenario exige articulación política, no más polarización amplificada por el entorno mediático. Sin acuerdos amplios, ninguna estrategia será sostenible, por el riesgo de reversión de nuevas mayorías circunstanciales en el futuro. No bastan triunfos parlamentarios coyunturales: urge avanzar en consensos que modernicen el modelo productivo, fortalezcan la inversión y estabilicen las finanzas públicas. La pregunta es: ¿Podrá la nueva configuración legislativa promover regulaciones modernas que apunten a disminuir el gasto, aumentar la inversión público-privada e incentivar el crecimiento a largo plazo?”, finaliza.

• La académica UOH Gabriela Guevara advierte que Chile enfrenta un momento decisivo para transformar su modelo urbano y territorial.

En Chile, la forma en que planificamos y gestionamos el territorio se ha convertido en un asunto político y social de primer orden. Con el 88% de la población viviendo en áreas urbanas, el país enfrenta un escenario donde las ciudades concentran los principales desafíos estructurales: déficit de vivienda, expansión descontrolada, desigualdad territorial y creciente vulnerabilidad frente al cambio climático.

“La magnitud del problema es inédita. Hoy más de 17 millones de personas viven en ciudades que arrastran décadas de expansión acelerada, carencias de infraestructura y servicios, y una profunda segregación socioespacial”, explica Gabriela Guevara Cué, académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH).

El déficit habitacional supera el millón de hogares y más de 120.000 familias habitan en asentamientos informales. A esto se suma el impacto del cambio climático: “El país ha experimentado un aumento de 1,1 °C en su temperatura media y una reducción proyectada de hasta 30% en las precipitaciones hacia 2050. Esto agrava la sequía, el estrés hídrico y los incendios urbanos y rurales”, advierte la investigadora.

Del diagnóstico a la acción

Frente a este escenario, Guevara plantea que el próximo gobierno debe asumir un liderazgo estratégico que articule políticas de Estado con enfoque territorial. “El verdadero desafío presidencial no reside únicamente en enunciar nuevas estrategias, sino en dotarlas de estructuras coherentes, articulación entre actores y capacidades técnicas para su ejecución”, sostiene.

Chile ya ha avanzado en el diseño de instrumentos, como la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa (ENTSJ) y la Contribución Determinada a Nivel Nacional 2025–2035, que incluyen más de 70 metas y un centenar de medidas en materia ambiental, social y laboral. Sin embargo, para que estas políticas se traduzcan en transformaciones reales, “es imprescindible contar con estructuras operativas y mecanismos efectivos de coordinación entre Estado, sector privado, municipios, academia y ciudadanía”, advierte.

Fragmentación institucional y brechas locales

La académica UOH enfatiza que uno de los mayores obstáculos es la fragmentación institucional: “Chile gestiona más de 60 instrumentos legales vinculados a la planificación territorial y urbana, pero esta multiplicidad no ha garantizado coherencia ni efectividad. Menos del 25% de los municipios cuenta con equipos técnicos capaces de incorporar criterios de equidad, gestión de riesgo y adaptación climática”, puntualiza.

Para superar esa debilidad, Guevara Cué propone avanzar hacia una gobernanza territorial anticipatoria e inclusiva, que otorgue mayor autonomía política, capacidad financiera y potestad regulatoria a los gobiernos regionales. “Antes de 2030, al menos el 80% de las comunas debería contar con planes reguladores vigentes, alineados con principios de justicia espacial, equidad y resiliencia. Es una meta ambiciosa, pero necesaria si queremos ciudades preparadas para el siglo XXI”, agrega.

¿Nuevo contrato social urbano?

La transformación, sin embargo, no puede venir solo desde el Estado. Replantear el contrato social urbano y territorial es -según la académica- una condición indispensable para un desarrollo equilibrado. “Más allá de la discusión constitucional, debemos darnos la oportunidad de repensar la forma en que el mundo público y privado planifican el país. La justicia espacial debe ser el lente transversal y obligatorio en toda política urbana y territorial”, afirma.

En esa línea, Guevara Cué destaca la necesidad de mecanismos de cooperación público-privada que trasciendan la lógica de la rentabilidad inmediata. “El futuro gobierno tiene el desafío ineludible de promover alianzas donde empresas, municipios y comunidades colaboren desde las etapas tempranas de diseño e implementación. Solo así lograremos ciudades más equitativas, sostenibles y resilientes”, señala.

Participación y transparencia

La académica también propone fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana vinculante. “El desafío está en evolucionar desde procesos consultivos a instrumentos reales de gobernanza urbana, donde la ciudadanía pueda incidir, monitorear avances y exigir cuentas respecto al impacto social y ambiental de las intervenciones”, explica.

Para Guevara Cué la justicia espacial sintetiza el espíritu del cambio que Chile necesita: “significa priorizar la inversión pública en infraestructura y equipamiento de calidad en los barrios históricamente postergados, revirtiendo la inercia de la desigualdad. Implica que el bienestar no dependa del código postal, sino del compromiso de construir un territorio más justo, resiliente y humano”.

• El auge de las apuestas en plataformas tecnológicas no solo revela la urgencia de un marco legal robusto, también demanda una educación digital que contribuya al desarrollo emocional de la juventud chilena.

El estudio “Pantallas que atrapan. Radiografía del juego online en jóvenes chilenos” -realizado por la Corporación de Juego Responsable y la Red Preventiva Copreventive- advierte que el 14 % de los jóvenes en Chile ha apostado online en el último año, mientras que un 11 % de los adolescentes de entre 12 y 17 años ha participado en plataformas de azar. En el segmento universitario, el 58 % reconoce haber apostado al menos una vez.

El docente de la Carrera de Psicología de la Universidad de O’Higgins (UOH), Nicolás González, explica que estas cifras no son un fenómeno aislado, sino un reflejo del impacto que los entornos digitales tienen sobre el bienestar emocional, la socialización y la percepción del riesgo. Según el docente, la falta de regulación y acompañamiento adulto ha convertido las pantallas en espacios donde la inmediatez refuerza conductas adictivas.

“Nos encontramos ante un aumento sostenido en el uso de dispositivos tecnológicos por parte de niños, niñas y adolescentes, muchas veces sin la debida supervisión adulta. Aunque este ámbito no está regulado en Chile, debemos preguntarnos: si un menor no puede entrar y apostar en un casino físico, ¿por qué si puede hacerlo digitalmente?”, advierte González a manera de ilustrar la amenaza oculta tras los juegos de azar en línea no regulados.

Gratificación inmediata

Más allá del vacío legal, el psicólogo, señala que el diseño de las plataformas digitales -basado en recompensas rápidas- activa mecanismos cerebrales vinculados a la dopamina. Esto condiciona la conducta juvenil a ciclos de gratificación inmediata y a estrategias de escape frente al estrés, la frustración o la soledad.

“Los adolescentes buscan recompensas instantáneas a través de las pantallas, y en algunos casos, el juego se convierte en una vía de escape frente a diversas dificultades. No es solo impulsividad; también es una forma de autorregulación emocional mal canalizada”, explica el especialista.

Validación social

El informe también revela que el 53 % de los jóvenes apuesta motivado por ganar dinero, el 36 % por aburrimiento y el 33 % por curiosidad. Según González, estos patrones reflejan una búsqueda de validación y pertenencia en espacios digitales donde las apuestas se han naturalizado como parte del entretenimiento juvenil.

“Diversas investigaciones muestran que muchos adolescentes se acercan a estos espacios buscando validación social. Las apuestas se han normalizado y son promovidas por pares o figuras influyentes. Así, los jóvenes adoptan estos comportamientos porque refuerzan su sentido de pertenencia”, señala el docente.

Hacia una cultura digital

Ante esta realidad, González enfatiza la urgencia de replantear la educación digital en la juventud chilena. Cree que en vez de prohibir o restringir sin ofrecer soluciones prácticas, propone resignificar la experiencia digital y orientar su uso hacia fines constructivos: aprendizaje, creatividad y colaboración. Para el docente, el objetivo consiste en educar a la juventud en el uso consciente de la tecnología, fomentando la autorregulación emocional.

“Si bien es importante retrasar lo más posible la exposición digital durante la adolescencia, muchas veces no se tratará de prohibir, sino de fomentar la creación de espacios colaborativos que promuevan la creatividad, la autoeficacia y el sentido de pertenencia de manera saludable. El desafío está en educar emocional y digitalmente a los jóvenes”, plantea González

Prevención integral

Para el psicólogo, enfrentar el problema exige estrategias coordinadas entre familias, escuelas y Estado. Según observa la problemática, la prevención psicoeducativa, el acompañamiento parental y la promoción del compromiso escolar podrían funcionar como escudos frente a la exposición desmedida a los juegos de azar en línea.

“Reducir las conductas problemáticas requiere reconstruir vínculos sanos y entornos protectores. El compromiso escolar y la comunicación familiar positiva son factores que amortiguan los riesgos. En el fondo, necesitamos reconectar a los adolescentes con comunidades reales”, sostiene el profesor.

Finalmente, González advierte que la prevención no bastará sin un marco legal robusto que regule el acceso de menores a plataformas de apuestas en línea. Y en ese sentido, “avanzar hacia cambios estructurales que aseguren una mejor regulación y control de los entornos digitales, especialmente aquellos que amenazan el desarrollo emocional y social de jóvenes y adolescentes”, concluye el encargado de la Línea Jurídica de Psicología UOH.