• La académica Gabriela Guevara Cué sostiene que la convergencia de crisis económicas, climáticas, de contaminación y energéticas está tensionando un modelo de desarrollo urbano incapaz de responder a los desafíos actuales, profundizando desigualdades y fragilidad territorial.

Las ciudades chilenas están enfrentando una presión inédita. El alza del costo de la vida, la crisis energética, la emergencia climática y un escenario internacional inestable no solo coexisten, sino que interactúan entre sí, configurando lo que distintos especialistas han denominado una “policrisis”. Para Gabriela Guevara, académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), este escenario no hace más que evidenciar un problema más profundo: la fragilidad estructural del modelo urbano que ha predominado en el país durante las últimas décadas.

“Las ciudades están resistiendo desde una posición estructuralmente frágil”, plantea. Su diagnóstico apunta a un modelo de urbanización subsidiario y orientado al mercado, consolidado desde la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979 -cuyo principio fundacional expresó que el suelo urbano no es un recurso escaso-, que ha legado deudas urbanas acumuladas: segregación socioespacial, periferias mal equipadas; un déficit habitacional que, según Déficit Cero y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), supera las 650 mil viviendas; dependencia energética de combustibles fósiles importados e infraestructura diseñada para un clima que ya no existe.

Más que un fenómeno coyuntural, la Dra. Guevara Cué advierte que la actual convergencia de crisis opera como una “prueba de esfuerzo” que deja al descubierto esas fallas con crudeza y de manera profundamente desigual. La actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 2014, elaborada por la Comisión Asesora Presidencial, y las propuestas posteriores del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), reconocieron la necesidad de transitar hacia ciudades integradas, equitativas y sustentables; sin embargo, su implementación ha dependido de voluntades políticas oscilantes entre administraciones y sin mecanismos formales que aseguren su continuidad.

Planificación regional

La Región de O’Higgins constituye, a juicio de la investigadora, un caso ilustrativo de estas tensiones. Rancagua y Machalí han expandido sus manchas urbanas sobre suelos clase I y II del Valle Central —los de mayor capacidad agrícola del país—, mientras el Plan Regulador Metropolitano de Rancagua no ha logrado contener la expansión de baja densidad. Pichilemu, Santa Cruz y el secano costero experimentan una presión inmobiliaria creciente sin infraestructura hídrica ni vial adecuada. “Se trata de territorios que crecen sin la infraestructura necesaria para habitarlos con dignidad”, explica.

En este contexto, uno de los nudos críticos es la debilidad institucional de la planificación a escala regional. La Ley 21.074 de Fortalecimiento de la Regionalización habilitó el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) como instrumento orientador, pero este ha avanzado lentamente y carece de fuerza vinculante sobre los instrumentos de planificación territorial comunales. A esto se suma una gobernanza fragmentada, donde el Gobierno Regional, las SEREMI sectoriales y los municipios operan con competencias difusas y sin articulación efectiva a escala de cuenca o de sistema urbano.

“Las crisis actuales no respetan límites comunales, pero seguimos gestionando el territorio como si lo hicieran”, advierte Guevara Cué. Las cuencas atmosféricas del valle central, los sistemas hídricos del Cachapoal y el Tinguiririca, la movilidad cotidiana y los mercados de suelo operan a escala metropolitana, pero continúan siendo administrados con herramientas fragmentadas y competencias de diversas instituciones involucradas. Áreas como Rancagua, Machalí, Graneros y San Francisco de Mostazal funcionan de facto como una realidad metropolitana sin una institucionalidad metropolitana efectiva que las articule, asegura la experta.

Impacto en sectores vulnerables

El impacto de esta situación se expresa con especial intensidad en los sectores más vulnerables. En comunas como San Vicente de Tagua Tagua, Rengo o en sectores periurbanos de Rancagua, los hogares destinan proporciones muy elevadas de su ingreso a transporte, energía y alimentos, configurando lo que la Ley 21.305 de Eficiencia Energética y la literatura especializada reconocen formalmente como pobreza energética. La megasequía —documentada por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)² en sus informes a la nación— ha golpeado con particular fuerza las cuencas del Rapel y del Cachapoal, donde los camiones aljibe han devenido en política permanente en localidades como Litueche, La Estrella, Marchigüe o Paredones, pese a que la Ley 21.435 de 2022 consagró el agua como bien nacional de uso público.

“La desigualdad territorial no es sólo una brecha, es una forma de injusticia”, sostiene la académica. “Los megaincendios de 2017 en la zona centro sur, y los de Valparaíso de 2024, demostraron que el riesgo climático se concentra donde también convergen la informalidad urbana y la precariedad institucional”, añade. Además, la Ley 21.364, que creó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), opera sobre territorios que carecen aún de planificación preventiva robusta, perpetuando una distribución inequitativa del riesgo.

Gabriela Guevara Cué

Académica Instituto de Ciencias Sociales

Modelo agotado

Frente a este panorama, la académica es enfática en señalar que el modelo actual “está agotado”. Sin embargo, advierte que reconocerlo retóricamente no es suficiente: “No basta con declararlo obsoleto; se requieren cambios estructurales que afecten las reglas del juego”. Instrumentos como la Ley 21.450 de Integración Social y Urbana representan avances en la dirección correcta a su juicio, pero han resultado insuficientes para revertir décadas de segregación acumulada, en parte porque las condiciones habilitantes (como suelo bien localizado, transporte accesible, servicios de calidad) no se han transformado al mismo ritmo.

Entre las transformaciones necesarias, plantea la urgencia de transitar desde un urbanismo de expansión y extracción hacia uno de cuidado, proximidad y suficiencia. “Esto implica cuestionar dogmas estructurales: que la vivienda social debe construirse allí donde el suelo es más barato, reproduciendo la segregación que la Ley 21.450 busca corregir; que la movilidad se resuelve con más autopistas; que la infraestructura verde es un ornamento y no una forma de seguridad hídrica; y que la planificación debe subordinarse a la rentabilidad inmobiliaria antes que a los derechos territoriales de la ciudadanía”, detalla.

No obstante, el desafío central no radica únicamente en el diseño de nuevas políticas, sino en las condiciones materiales para su implementación efectiva. La Ley 21.455 Marco de Cambio Climático (2022) instala una arquitectura prometedora (con Planes de Acción de Cambio Climático Comunales, PACCC; y Comités Regionales, CORECC), pero arrastra un problema estructural: “Se descentralizan responsabilidades sin descentralizar capacidades ni recursos”, advierte, en un marco donde las leyes orgánicas municipales y regionales fueron diseñadas para otra complejidad institucional y territorial.

En la práctica, los equipos municipales de medio ambiente están compuestos, salvo excepciones, por dos o tres personas que deben cubrir simultáneamente residuos, arbolado, ordenanzas y ahora también gestión climática. Sin pisos mínimos de dotación técnica, financiamiento y formación, los PACCC corren el riesgo de convertirse en documentos sin correlato operativo. Una revisión del Fondo Común Municipal que incorpore criterios de vulnerabilidad climática -y no sólo socioeconómica- permitiría compensar a comunas altamente expuestas a sequía e incendios, pero que hoy no reciben ninguna compensación por ese riesgo estructural.

A ello se suma una desconexión persistente entre los distintos instrumentos de planificación y la evidencia científica disponible. Los Planes Reguladores, los PROT, los Planes de Descontaminación Atmosférica (Ley 19.300) y los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas de la DGA podrían integrar obligatoriamente los mapas de riesgo climático y los corredores ecológicos. Sin embargo, persiste una brecha entre, por ejemplo, los informes del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)², los del IPCC y los balances hídricos nacionales, y lo que finalmente autorizan los instrumentos de planificación vigentes. “La Evaluación Ambiental Estratégica -regulada por la Ley 19.300 y el DS 32 de 2015- no ha logrado cerrar esa brecha, porque su aplicación ha sido más procedimental que sustantiva”, señala.

Otro elemento crítico, que la literatura técnica suele soslayar -agrega la experta-, es la vulnerabilidad de estos procesos frente a los ciclos políticos. Basta con modificar directrices presidenciales, reducir la prioridad de una agenda en la DIPRES, reemplazar equipos técnicos en el MINVU, el MMA, Energía o la SUBDERE, o desfinanciar concursos del FNDR, para desarticular años de trabajo técnico sin derogar ninguna norma. “Instrumentos como la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT, 2021) dependen así de voluntades con horizontes electorales de cuatro años, pese a que los problemas que abordan requieren perspectivas de al menos quince o veinte”, indica.

“Los territorios más dependientes del Estado son también los más expuestos a estas fluctuaciones”, advierte. En este sentido, proteger la implementación mediante plazos legales, indicadores verificables, presupuestos plurianuales protegidos y mecanismos de rendición de cuentas no es solo una cuestión de eficiencia técnica: “es fundamentalmente una medida de justicia espacial, que reduce la dependencia de los territorios más vulnerables respecto de las oscilaciones del ciclo político nacional”, señala la experta.

Futuro

De cara al futuro, Guevara Cué propone concentrar el liderazgo institucional en una agenda que integre con coherencia las dimensiones ambientales, sociales y económicas. En materia de ordenamiento territorial, destaca la densificación equilibrada en torno al transporte público -inspirada en el modelo de ciudad de quince minutos, adaptado a las realidades heterogéneas del territorio chileno- y un freno efectivo a la expansión sobre suelos agrícolas de alto valor. “La Ley 21.078 sobre Transparencia del Mercado del Suelo representó un avance, pero resulta insuficiente para contener la especulación; las propuestas del CNDU sobre banco de suelos y zonificación inclusiva siguen pendientes de implementación. La infraestructura verde y azul -parques inundables, renaturalización de quebradas, corredores de sombra y humedales urbanos amparados en la Ley 21.202 de Humedales Urbanos de 2020- debe concebirse como política de seguridad hídrica y climática, y no como ornamento paisajístico”, detalla.

Asimismo, enfatiza la urgencia de avanzar en soberanías locales en materia energética y alimentaria: comunidades energéticas bajo la Ley 20.571 y la Ley 21.505, generación distribuida con tarifas justas, y protección efectiva de la agricultura periurbana frente a la expansión inmobiliaria. En paralelo, la participación ciudadana vinculante adquiere carácter central: “los Comités Regionales para el Cambio Climático (CORECC), creados por la Ley 21.455, ganarían en legitimidad si incluyeran representación efectiva de comunidades y pueblos indígenas (en diálogo real con el Convenio 169 de la OIT). El Acuerdo de Escazú, promulgado mediante Decreto 209 del Ministerio de Relaciones Exteriores, ofrece un estándar jurídicamente exigible en acceso a la información, participación y justicia ambiental que todavía no permea suficientemente las prácticas institucionales. Quienes asumen los costos deben tener también capacidad de decisión, y no sólo voz”, afirma.

En paralelo, subraya la urgencia de una gobernanza multiescalar que articule acciones a nivel local, regional y nacional. El PROT, en particular, podría convertirse en el instrumento bisagra entre la Ley 21.455 Marco de Cambio Climático y la planificación territorial concreta, integrando riesgos climáticos, seguridad hídrica y justicia distributiva a escala de cuenca y de sistema urbano. Para la Región de O’Higgins esto resulta especialmente relevante: “sin un PROT vinculante es difícil coordinar la gestión hídrica del Cachapoal y el Tinguiririca, proteger los suelos del Valle Central o contener la presión inmobiliaria sobre el secano costero. Esto exige fortalecer las capacidades técnicas y presupuestarias de los gobiernos regionales y dotar a las áreas metropolitanas de instrumentos de planificación con real poder de incidencia”, indica.

Para la académica, la resiliencia integral no se logra únicamente con buenas leyes, sino con la continuidad de los procesos de implementación más allá del ciclo electoral. El Sexto Informe de Evaluación del IPCC (Grupo de Trabajo II, Capítulo 6, “Cities, Settlements and Key Infrastructure”) documenta que los avances relevantes en adaptación urbana integran infraestructura ecológica, tejido social y política social. En los incendios de 2017 y de Valparaíso de 2024, las redes vecinales operaron como primera respuesta antes que el Estado, evidenciando que la infraestructura social de cuidado es también infraestructura de seguridad. “Se trata de transformarse, pero sin que esa transformación y sus costos, recaigan nuevamente sobre los mismos territorios y las mismas personas”, concluye.

En un escenario global marcado por la incertidumbre y estas múltiples crisis, el diagnóstico de la Dra. Guevara Cué es inequívoco: Chile no enfrenta únicamente una crisis de sus ciudades, sino una crisis del modelo que las ha configurado durante décadas. Revertirla implica actuar sobre múltiples frentes de manera simultánea y sostenida: reforma de los instrumentos de planificación para dotarlos de vinculancia real, fortalecimiento de las capacidades técnicas y financieras de los gobiernos subnacionales, gobernanza multiescalar con participación vinculante de las comunidades, soberanías locales en energía y alimentos, y mecanismos institucionales que protejan la continuidad de las políticas frente a los ciclos políticos. “La respuesta —concluye— no puede ser parcial ni fragmentada: debe apuntar a una transformación profunda en la forma de planificar, gestionar y habitar el territorio, sin que esa transformación recaiga, una vez más, sobre los territorios y las personas que ya han cargado históricamente con los costos del modelo que hoy declaramos agotado”, finaliza.

• El diálogo entre estudiantes y destacados expertos nacionales abordó la necesidad de integrar investigación en políticas públicas, perspectiva territorial y la complejidad de los problemas públicos en el rol de la gestión pública contemporánea.

La Universidad de O’Higgins (UOH), a través de su Escuela de Ciencias Sociales (ECSo), la carrera de Administración Pública, y su Centro de Estudiantes en colaboración con el Instituto de Ciencias Sociales (ICSo), desarrolló el conversatorio “Lo Público en Movimiento. Desafíos para la Administración Pública”, instancia que buscó anticiparse a los nuevos escenarios de la profesión en contextos de transformación social. La actividad reunió a las investigadoras Verónica Figueroa Huencho, de la Universidad de Chile; Karina Arias Yurisch, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y al investigador Mauricio Olavarría Gambi, de la Universidad de Santiago de Chile, quienes compartieron sus trayectorias, enfoques metodológicos de investigación y experiencias vinculadas a la incidencia en el diseño e implementación de políticas públicas.

A partir de sus intervenciones, se configuró una mirada común sobre el papel de la Administración Pública moderna: la necesidad de repensar la acción estatal desde enfoques interdisciplinarios, considerando la complejidad territorial, la colaboración entre actores y la adaptación a escenarios dinámicos. Desde la interculturalidad y la gobernanza, pasando por las redes de colaboración y el análisis del poder, hasta el diseño de políticas orientadas al bienestar, coincidieron en la importancia de formar profesionales capaces de articular conocimiento, evidencia y una relación sustantiva con la ciudadanía.

Visión estudiantil

A propósito de esto, la estudiante de quinto año de Administración Pública UOH, Constanza Caroca, valoró el conversatorio como una jornada clave para proyectar su rol profesional, destacando la relevancia de vincular la gestión pública en la comprensión de necesidades ciudadanas. “Me veo como profesional enfocada en aportar soluciones a las problemáticas territoriales y canalizando esas demandas hacia los espacios de toma de decisiones”, señaló la futura administradora pública.

Por su parte, Nayelli Carrasco, estudiante de tercer año, añadió que estos encuentros permiten ampliar la mirada acerca del campo formativo y laboral de la Administración Pública, explicando que “la carrera no solo se limita a la esfera de lo político y roles de poder, sino al desarrollo de otros espacios profesionales que amplían las posibilidades de incidir en distintos ámbitos de las políticas públicas”.

Enfoque académico

Desde la institucionalidad, el director de la Escuela de Ciencias Sociales (ECSo), Álvaro Astudillo, junto al director del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo), Patricio Saavedra, coincidieron en destacar el valor formativo de la actividad, especialmente por tener sello estudiantil. Astudillo señaló sentirse “orgulloso que el conversatorio haya nacido desde el estudiantado, y donde se consideró articular la investigación con una disciplina tan aplicada como la administración pública”. Mientras que Saavedra relevó que “este tipo de diálogos impulsados por estudiantes, fortalecen su propia formación profesional orientada a integrar evidencia, evaluación territorial y toma de decisiones en su futuro desempeño dentro de la investigación y la gestión pública”.

Labor sobresaliente

Finalmente, el académico del ICSo-UOH, Cristian Leyton, destacó el trabajo articulado del Centro de Estudiantes con profesores de la Universidad, así como la presencia de académicas y expertos de gran trayectoria en el área, subrayando que la actividad “además de promover la colaboración y el diálogo académico, generó una reflexión compartida: la administración pública contemporánea requiere de profesionales capaces traducir el conocimiento sobre fenómenos complejos en orientaciones para la toma de decisiones que impacten en la vida de las personas. Muchas gracias a todas las personas involucradas en este conversatorio de gran relevancia para la carrera de Administración Pública UOH y para las ciencias sociales”, concluyó el investigador.

• La socióloga y académica UOH María Paz Trebilcock plantea que los proyectos de ley impulsados -esta semana- por el Gobierno deben complementarse con una agenda de convivencia y salud socioemocional, advirtiendo que sanciones como la pérdida de la gratuidad podrían ser desmedidas y poco efectivas.

En medio del debate por los proyectos de ley ingresados al Congreso para fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales, la socióloga y académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH) e investigadora adjunta de VIODEMOS, María Paz Trebilcock, realizó un análisis crítico respecto del alcance y las limitaciones de las medidas propuestas, enfatizando la necesidad de abordar el fenómeno desde una mirada más integral.

Si bien reconoce que iniciativas como la revisión de mochilas, detectores de metales o el aumento de controles pueden contribuir a mejorar la sensación de seguridad en el corto plazo, advierte que estas responden principalmente a una lógica punitiva que no logra hacerse cargo de las causas profundas de la violencia escolar. “Poner el acento solo en sanciones no reconoce la importancia de enfoques restitutivos o restaurativos, especialmente en la etapa escolar, donde el objetivo principal es formar”, sostiene.

Desde su perspectiva, uno de los principales déficits de las propuestas es la ausencia de una estrategia robusta orientada a fortalecer la convivencia al interior de las comunidades educativas. En ese sentido, subraya que tras la pandemia se han agudizado diversos factores que inciden directamente en el clima escolar, como el debilitamiento de los vínculos entre estudiantes, el aumento del bullying, el estrés, la sobreexposición a estímulos y la presencia de múltiples distractores en la sala de clases.

“La violencia no surge de manera aislada, sino que está vinculada a procesos sociales más amplios”, explica la académica, advirtiendo que limitar la respuesta a medidas de control puede incluso reforzar dinámicas de desconfianza al interior de los establecimientos. A su juicio, esto corre el riesgo de institucionalizar una lógica de sospecha que tensiona aún más las relaciones entre estudiantes, docentes y comunidades educativas.

Para Trebilcock, enfrentar estos desafíos requiere avanzar en transformaciones estructurales que permitan reconfigurar los espacios escolares como entornos de cuidado. Entre las medidas que propone, destaca la necesidad de capacitar a docentes en herramientas de gestión de la convivencia, fomentar el aprendizaje colaborativo, desarrollar habilidades socioemocionales en los estudiantes y promover el sentido de pertenencia a la escuela. Asimismo, releva la importancia de fortalecer liderazgos internos y generar instancias de participación activa de apoderados, familias y estudiantes.

“El enfoque punitivo se queda en la primera capa del problema; no lo resuelve. Si no se intervienen las condiciones que generan la violencia, las medidas terminan siendo reactivas y de corto alcance”, enfatiza.

Respecto a las sanciones más severas contempladas en el debate, como la eventual pérdida de la gratuidad, la socióloga es categórica al señalar que pueden resultar desproporcionadas y contraproducentes. A su juicio, este tipo de medidas extiende el castigo en el tiempo sin considerar la capacidad de restitución o reparación, lo que contradice el carácter formativo del sistema escolar y puede profundizar trayectorias de exclusión.

Finalmente, la experta advierte que la evidencia y recomendaciones de organismos internacionales apuntan en una dirección distinta: priorizar la construcción de entornos socioemocionales adecuados, donde el orden y la seguridad sean consecuencia de relaciones basadas en la confianza, el respeto y el cuidado mutuo. “Responder a la violencia solo con más control puede terminar perpetuando aquello que se busca erradicar. El desafío es más complejo, pero también más profundo: reconstruir vínculos y fortalecer el sentido de comunidad en la escuela”, concluye.

• La red apunta a implementar rigor metodológico, articulación regional y promoción del debate público en torno a nuevas narrativas sobre violencia y control social.

La académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Loreto Quiroz Rojas, co-coordinará, junto a los investigadores Antonio Fuentes Díaz (México) y Fabio Magalhães Candotti (Brasil), el Grupo de Trabajo N°86 “Vigilantismo, violencias punitivas y producción de seguridad” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). La adjudicación se resolvió tras un exigente proceso de evaluación que culminó con la conformación de 88 equipos de investigación, integrados por 5.492 especialistas, quienes desarrollarán sus estudios entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de diciembre de 2028.

La académica destaca que la adjudicación de la propuesta amplía la proyección de los estudios sobre vigilantismo a escala latinoamericana y también nacional. A este respecto, cabe señalar que la académica UOH María Paz Trebilcock también es parte del Grupo de Trabajo. Loreto Quiroz agrega que la red de investigadores que está tras la propuesta que fue adjudicada, ha contribuido al desarrollo de estudios empíricos y avances conceptuales -como las nociones de vigilantismo duro, blando y difuso- que permiten comprender este fenómeno como una dinámica relacional, más que como una simple ausencia del Estado.

“Como Grupo de Trabajo, hemos avanzado en la configuración emergente de un campo de estudios sobre vigilantismo en la región, avanzando en investigación comparada y en la construcción de marcos conceptuales propios. Esto nos ha permitido comprender que estas prácticas no responden a una ausencia estatal, sino que forman parte de dinámicas relacionales complejas de gobernanza securitaria en América Latina”, sostiene la académica explicando la relevancia de estos estudios dentro de Latinoamérica.

Infraestructura intelectual

La Doctora en Estudios Americanos añade que esta adjudicación no solo reconoce un campo de investigación en proceso de consolidación académica, sino que también se configura como una plataforma que favorece la acumulación de conocimiento, así como la formación de nuevas generaciones de investigadores e investigadoras en la región.

Asimismo, subraya que la labor de esta red internacional de la cual forma parte también implica dialogar con problemáticas sociales y políticas de alta relevancia para los países de la región, constituyéndose en una instancia concreta de colaboración entre academia y sociedad. “En este sentido, CLACSO opera como una plataforma clave para ampliar redes, potenciar la investigación comparada y fortalecer el vínculo entre producción académica, debate público e incidencia en temas de seguridad, democracia y derechos humanos”, agrega la experta.

Proyección y desarrollo

En relación con el desarrollo de la investigación durante el período 2026-2028, la académica señala que el Grupo de Trabajo N°86 proyecta expandir su enfoque hacia dimensiones emergentes, donde factores como las tecnologías de vigilancia, las narrativas sobre la violencia y las formas contemporáneas de control social marcarán el rumbo de la producción académica.

“Entre los principales desafíos se encuentran consolidar un corpus teórico-metodológico propio, fortalecer la articulación con organizaciones sociales y actores no académicos, y lograr incidir en políticas públicas en contextos atravesados por la expansión de discursos punitivos y la centralidad de la inseguridad en la agenda política. Todo ello supone sostener un equilibrio complejo entre rigurosidad académica, trabajo colaborativo regional e intervención en debates públicos altamente sensibles”, concluye la académica UOH, delineando así la proyección de esta investigación sobre vigilantismo en América Latina.

Resultados CLACSO 2026-2028

• La actividad forma parte de los encuentros que se impulsan desde el proyecto ANID FOVI240153 “Territorios y Gobernanza del Riesgo: fortaleciendo la interdisciplina para prevenir desastres socio-naturales”.

El Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins desarrolló un seminario internacional con la presentación “The practice of inter and transdisciplinary research”, impartida por el profesor Kees Boersma, de la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad Libre de Ámsterdam, en el que explicó cómo los conceptos “frontera”, que son términos utilizados por diferentes disciplinas y campos profesionales, vienen a jugar un papel preponderante dentro de asuntos científicos que constituyen “wicked problems”, tales como aquellos asociados a la gestión del riesgo de desastres.

“Mi presentación buscó describir mi experiencia de investigación desde una perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria, en la que los conceptos ‘frontera’ operan como eje articulador frente a wicked problems, como la gobernanza del riesgo, la resiliencia y la gestión de crisis. El objetivo de este enfoque es avanzar hacia perspectivas interdisciplinarias más integrales en torno a nuestros desafíos como sociedad, sobre todo porque las universidades están llamadas a desempeñar un rol central para pensar estos asuntos y contribuir así a solucionarlos”, explicó el experto.

Mirada ICSo

Por su parte, el director del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo-UOH), Patricio Saavedra, añadió que la participación del profesor Boersma resultó clave al aportar tres ejes para comprender la investigación interdisciplinaria: la articulación de saberes entre disciplinas, su despliegue colaborativo con la comunidad mediante la coproducción de conocimiento y la relevancia de estructuras e incentivos institucionales que permitan sostener estos procesos complejos en el tiempo.

“En ese sentido, cabe comprender que la interdisciplina no solo implica integrar conceptos entre áreas, sino también trabajar con la comunidad en una lógica horizontal de creación de conocimiento. Además, el profesor Boersma dejó claro que esto requiere condiciones institucionales: liderazgo comprometido, tiempo, coordinación e incentivos que valoren estos procesos más allá de los esquemas de investigación tradicionales”, reiteró Saavedra, coincidiendo con la mirada del invitado internacional.

Entre tanto, el académico ICSo, Ricardo Fuentealba, señaló que la presentación del profesor Boersma no solo generó un espacio de discusión que trascendió las fronteras de la UOH en materia de investigación interdisciplinaria, sino que también cumplió un doble propósito, al estar enmarcada dentro de las iniciativas impulsadas por el proyecto ANID FOVI240153 “Territorios y Gobernanza del Riesgo: fortaleciendo la interdisciplina para prevenir desastres socio-naturales”, del cual es responsable.

“Nos sentimos muy satisfechos de haber contado con la visita y presentación ‘The practice of inter and transdisciplinary research’ del profesor Kees Boersma, en el marco de un proyecto que busca justamente consolidar un enfoque integrador entre comunidades y distintas disciplinas en materia de investigación social y científica”, concluyó el académico.

• Docente UOH advierte impacto en precios, posibles medidas del Gobierno y efectos en la economía regional.

El reciente incremento en los precios de los combustibles tendrá efectos directos y significativos en la economía chilena, especialmente en el aumento del costo de la vida. Así lo explicó el economista y docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, Pablo Peña, quien advirtió que este escenario impactará tanto a nivel macroeconómico como en los hogares.

Según el experto, los combustibles son uno de los mercados más estratégicos, debido a su incidencia transversal en la economía. “Un alza cercana al 50% en el diésel y de un 35% en las bencinas encarece toda la cadena logística, lo que inevitablemente se traduce en un aumento generalizado de precios”, señaló. En ese contexto, proyectó que la inflación podría incrementarse entre un 1,5% y un 2% mensual durante abril y mayo, presionando directamente el presupuesto familiar.

En cuanto a la respuesta de las autoridades, Peña sostuvo que el Gobierno enfrenta un complejo escenario, tanto económico como político. Por un lado, podría optar por aumentar el endeudamiento fiscal para implementar subsidios que amortigüen el impacto en los precios; por otro, trasladar el costo a los consumidores, con las consecuencias inflacionarias y sociales que ello implica. “Es una disyuntiva relevante, porque cualquier decisión tendrá diferentes costos económicos y también políticos”, indicó.

Respecto al rol del Banco Central, el académico explicó que la principal herramienta disponible es la tasa de política monetaria. En ese sentido, anticipó que, ante mayores presiones inflacionarias, el organismo podría verse obligado a incrementarla, lo que contribuiría a contener los precios, pero también a desacelerar la actividad económica.

Sobre la duración de estos efectos, Peña aclaró que, si bien pueden ser reversibles, difícilmente esto ocurriría en el corto plazo. Esto, debido a que el conflicto internacional ha afectado la producción de petróleo y gas, presionando al alza los precios globales. “Aunque Chile no compra directamente a los países en conflicto, los precios están determinados por el mercado internacional, por lo que el impacto es inevitable”, explicó.

Panorama para regiones

El panorama para las regiones, como el caso de la Región de O’Higgins, también presenta limitaciones. Al no contar con herramientas propias de estabilización, los efectos del alza de combustibles se trasladan directamente a los costos de producción y a los precios finales. No obstante, el economista indicó que, en el corto plazo, no se esperan alzas significativas en alimentos, debido a que la producción de la última temporada ya se encuentra finalizada.

Sin embargo, advirtió que un conflicto prolongado podría afectar la próxima temporada agrícola, especialmente por el aumento en los costos de fertilizantes, insumo clave en la producción agroindustrial. “Ese es un factor que podría impactar de manera más directa a la región en el mediano plazo”, puntualizó.

Finalmente, el especialista llamó a las familias a mantener atención sobre el comportamiento de los precios, particularmente en el mercado de alimentos, donde podrían concentrarse los principales efectos del escenario inflacionario.

• El encuentro de carácter híbrido convocó a expertos internacionales, instituciones públicas, academia y entidades municipales en aras de fortalecer capacidades locales ante escenarios de amenaza.

La Universidad de O’Higgins (UOH) realizó el seminario “Experiencias y Herramientas para la Gobernanza Territorial del Riesgo de Desastres”, generando un espacio de articulación entre investigación aplicada y experiencias institucionales orientadas a anticipar escenarios críticos. La jornada se desarrolló en el marco del proyecto ANID FOVI240153 “Territorios y Gobernanza del Riesgo: fortaleciendo la interdisciplina para prevenir desastres socio-naturales”, que busca abordar problemáticas complejas desde la mirada global de la Región.

El responsable del proyecto y académico del Instituto de Ciencias Sociales, Ricardo Fuentealba, explicó que la actividad permitió exponer avances del proyecto, junto con aportes internacionales ofrecidos por el profesor Kees Boersma, de la Universidad Libre de Ámsterdam, y aprendizajes locales como la experiencia de la Municipalidad de Pudahuel, reconocida como Nodo de Resiliencia por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), evidenciando la relevancia de integrar conocimientos diversos.

Mencionó que este seminario plantea la necesidad de avanzar hacia enfoques preventivos sostenidos, considerando los cambios normativos recientes y las brechas existentes en su aplicación a nivel regional y local. “Esta jornada buscó abrir una reflexión profunda sobre cómo estamos enfrentando estos fenómenos. Si bien la Ley 21.364 marca un progreso significativo en materia institucional sustituyendo la antigua ONEMI por SENAPRED, su implementación aún enfrenta desafíos importantes fuera del nivel central”, siendo esto una tarea urgente por resolver subrayó el académico.

Aprendizajes compartidos

El Doctor en Ciencias Sociales señaló que el seminario también planteó la importancia de incorporar prácticas permanentes de anticipación, así como fortalecer vínculos entre actores para mejorar la capacidad de respuesta y adaptación frente a escenarios cada vez más complejos. “Y en ese sentido, la idea es transitar desde un enfoque reactivo a uno preventivo, basado en acciones cotidianas de reducción del riesgo, como las que ya se implementan en los Países Bajos o en Pudahuel”, agregó el experto.

Respecto a los redes de articulación, Fuentealba destacó que la jornada desarrollada en formato híbrido, logró convocar representantes de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) O’Higgins, Consejo de Monumentos Nacionales, Cruz Roja, FOSIS y de municipios como Rancagua, Palmilla, Litueche, entre otras organizaciones y servicios públicos. Todo esto contribuye directamente a cumplir con parte de los objetivos que persigue el proyecto ANID FOVI240153”.

Retroalimentación

Además del seminario, el equipo del proyecto FOVI visitó la nueva sede de SENAPRED regional, donde conocieron la Unidad de Alerta Temprana (UAT), encargada de monitorear amenazas naturales en la región. Dicha actividad fue valorada por la académica de la Facultad de Gobierno y directora de CITRID de la Universidad de Chile, Paulina Vergara, quien es además investigadora asociada al proyecto FOVI y coorganizadora del seminario. “Recorrer SENAPRED O’Higgins permite dimensionar los avances en la capacidad estatal para enfrentar eventos adversos. La reorganización del servicio y su énfasis en el trabajo coordinado resultan fundamentales para responder a múltiples amenazas. Este tipo de articulación interinstitucional fortalece la respuesta ante contingencias y proyecta acciones sostenidas que mejoran las posibilidades de la región de salir adelante en caso de una emergencia y de reducir el riesgo de desastre a largo plazo”, concluyó Vergara, haciendo una mención especial al desarrollo del seminario y a sus actividades de retroalimentación.

• La propuesta de la CPC de eliminar la irrenunciabilidad de los feriados reactivó una discusión que mezcla crecimiento económico con derechos laborales. Sin embargo, el economista Pablo Peña advierte que el impacto en productividad es mucho más complejo y estructural.

La reciente propuesta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) de eliminar la irrenunciabilidad de los feriados ha reabierto el debate sobre su impacto en la economía. Mientras el gremio sostiene que estas restricciones afectan la actividad comercial y el empleo, desde el mundo académico surgen matices clave: no todo lo que reduce ventas impacta necesariamente la productividad.

Pablo Peña, economista y docente de la Universidad de O’Higgins, plantea que es fundamental separar ambas discusiones. “La merma en el comercio es directa. Si un feriado es irrenunciable y no tienes acceso a trabajadores, evidentemente hay una disminución de la actividad. Eso no tiene mucha discusión”, explica.

Sin embargo, advierte que este efecto no debe confundirse con productividad. “La productividad no tiene que ver con la cantidad de días trabajados, sino con qué tan eficaz es un trabajador en una tarea”, señala. En ese sentido, factores como la capacitación, la tecnología y la especialización resultan mucho más determinantes que la cantidad de jornadas laborales.

El académico sostiene que en Chile —y en gran parte del mundo— la productividad es un desafío estructural que va más allá del calendario laboral. “Los factores de ganancia en productividad han decaído globalmente. Hoy no es tan fácil que alguien se vuelva más productivo, incluso con altos niveles de tecnología”, afirma.

Desde esta perspectiva, la discusión sobre feriados irrenunciables se ubica en otro plano. “Es una conversación que tiene que ver con horas trabajadas, con el Código del Trabajo y también con dimensiones sociales y culturales. No es una discusión sobre productividad”, enfatiza Peña.

De hecho, el economista va más allá y define el debate como un cruce de intereses. “Aquí hay una tensión entre intereses sectoriales —particularmente del comercio— y aspectos culturales o sociales. Incluso podría hablarse de un choque sociocultural más que económico”, sostiene.

En contraste, la productividad aparece como uno de los grandes desafíos pendientes del país. “Es un tema central para el desarrollo, pero el sistema político no lo ha tomado con la seriedad necesaria”, advierte. A su juicio, avanzar en esta materia requiere mirar con mayor precisión las capacidades territoriales, identificando sectores y regiones con potencial de crecimiento.

Así, mientras la discusión sobre feriados irrenunciables continúa tensionando el debate público entre crecimiento y derechos laborales, la evidencia sugiere que el verdadero salto económico no pasa por trabajar más días, sino por trabajar mejor.

• La generación 2021 cerró su etapa universitaria tras cinco años de formación atravesados por la pandemia, con un fuerte llamado a ejercer la profesión con ética y responsabilidad social.

En una emotiva y solemne ceremonia realizada en el auditorio del Campus Rancagua, la carrera de Derecho de la Universidad de O’Higgins despidió a la generación 2021, un grupo de 51 estudiantes, que culminó sus diez semestres de formación universitaria, con un llamado a la ética y a la defensa de los Derechos Humanos.

La actividad reunió a autoridades académicas, docentes, funcionarias/os y familiares, quienes acompañaron a las/os egresadas/os en el cierre de esta etapa formativa. Entre los presentes estuvieron el jefe de carrera de Derecho, Marcelo Acuña; el contralor universitario, Guillermo Ramírez; y la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la carrera, Sofía Núñez.

Con este hito, las/os estudiantes ponen término a sus estudios de pregrado y comienzan una nueva etapa que contempla la rendición del examen de licenciatura y la realización de la práctica profesional.

Durante la ceremonia, el jefe de carrera, Marcelo Acuña, entregó un mensaje llamando a la reflexión respecto del sentido social de la profesión, al exhortar a las/os egresadas/os a “que la ley jamás les haga perder la sensibilidad frente a la injusticia. La región y el país necesitan de vuestro criterio y de vuestra integridad”.

En sus palabras, también destacó el carácter particular de esta generación, señalando que fue la última cuya formación estuvo atravesada por la pandemia. En ese contexto, recordó como muchas y muchos estudiantes, durante su primer año, se conocieron a través de pantallas y luego, al ingresar presencialmente a las aulas, lograron construir comunidad, dando vida al espacio universitario.

Asimismo, enfatizó que el derecho no debe entenderse como un conjunto técnico de normas, sino como una vocación de servicio. En esa línea, sostuvo que “no han estudiado Derecho solo para ejercer una profesión, lo han hecho para asumir un rol en la sociedad, para intervenirla y mejorarla”.

Desde la mirada de las/os egresadas/os, la jornada también estuvo marcada por la emoción y el cierre de un proceso exigente. Diego Sánchez expresó que “es un momento importante, porque significa el cierre de un proceso que fue largo y complejo. Al final uno queda orgulloso de lo que logró y también de los compañeros que hizo, porque se rescatan buenas amistades”.

El egresado también relevó el esfuerzo personal y familiar que implicó este camino, señalando que “fue un proceso que también se vivió en la casa, porque hay que estudiar mucho y dar el máximo en cada evaluación”.

Por su parte, Constanza Vidal valoró la experiencia compartida con su generación y el apoyo mutuo que se construyó durante los años de formación. En ese sentido, destacó que “quiero dar las gracias a todos mis compañeros por hacer estos años de universidad inolvidables, momentos que atesoraré por siempre”.

Asimismo, subrayó el compañerismo vivido durante la carrera, señalando que “siempre hubo disposición para ayudar al otro, compartiendo clases, apuntes o explicando la materia de una forma más sencilla, lo que hizo más llevadero un camino que no es fácil”.

En su intervención, también reflexionó sobre la motivación que marcó el inicio de este proceso, indicando que “cuando entramos a la carrera, teníamos en mente un concepto de justicia, de hacer lo correcto”, destacando así el sentido que guía la formación en Derecho.

De esta forma, la generación 2021 de Derecho UOH cierra un ciclo marcado por la resiliencia y se abre paso a una nueva etapa, con el desafío de ejercer una profesión clave para el desarrollo de una sociedad más justa.

• Estudio comparativo basado en datos PISA 2006–2022 muestra que, aunque la desventaja de las mujeres en matemáticas disminuyó en la última década y media, sigue siendo significativa en 8 de 10 países. Brasil y Colombia lideran el avance regional gracias a mejoras en el rendimiento femenino.

¿Cómo han cambiado las brechas de género en Matemáticas a lo largo del tiempo en Latinoamérica y el Caribe? ¿Existen diferentes trayectorias en los países de la región? ¿Influyen el nivel socioeconómico o el hecho de vivir en zonas rurales en las diferencias de género? Estas son algunas de las preguntas que aborda el estudio “Pathways to gender equity in Latin America and the Caribbean: A comparative analysis of trends in mathematics gender gaps using PISA data”, publicado en la revista Studies in Educational Evaluation y desarrollado por un equipo de investigadoras/es de la Universidad de O’Higgins, la Universidad de Chile y la Universidad de Oxford.

La investigación analiza datos de más de 470 mil estudiantes de 15 años que participaron entre 2006 y 2022 en la prueba Programme for International Student Assessment (PISA), comparando diez países de América Latina y el Caribe. A través de un diseño longitudinal con datos transversales repetidos, el estudio examina la magnitud de la brecha de género en matemáticas, su evolución en el tiempo y los factores que podrían moderarla, como el nivel socioeconómico (SES) y la ruralidad de las escuelas.

Según explica la académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Catalina Canals, los resultados muestran que la brecha de género -históricamente favorable a los hombres- se redujo en la región: pasó de 17 puntos PISA en 2006 a 10 puntos en 2022. Sin embargo, en 8 de los diez países analizados la diferencia sigue siendo estadísticamente significativa. “Es decir, el avance existe, pero persiste la desigualdad”, explica la investigadora UOH.

“Sin embargo, existen importantes variaciones según país -agrega-, Brasil y Colombia destacan como los casos más claros de avance, al lograr disminuir la brecha mediante aumentos significativos en los puntajes de las mujeres sin perjudicar los resultados de los hombres. En contraste, países como Argentina, México y Uruguay muestran brechas estables, mientras que Chile se redujo la diferencia en el largo plazo, pero registró un aumento entre 2018 y 2022 producto de una caída en los puntajes de las estudiantes mujeres”.

Respecto del impacto de la pandemia, el estudio no encontró una ampliación generalizada de la brecha de género entre 2018 y 2022. En la mayoría de los países, las pérdidas de aprendizaje afectaron de manera similar a hombres y mujeres, contrastando con el caso de Chile; único país donde hubo un aumento significativo de la brecha en ese período.

En cuanto a los factores socioeconómicos y territoriales, la Dra. Canals revela que la brecha de género en matemáticas tiende a ser menor en el nivel socioeconómico medio y mayor en los extremos. “En zonas rurales, si bien el rendimiento promedio es más bajo para ambos géneros, la brecha es algo menor que en áreas urbanas, lo que sugiere dinámicas complejas entre género, contexto social y territorio”, puntualiza la experta.

El estudio concluye que las desigualdades de género en matemáticas no son inevitables ni biológicas, sino sensibles a condiciones estructurales y sociales. “Identificar las trayectorias nacionales que han logrado avances, como Brasil y Colombia, abre una agenda de investigación futura orientada a comprender qué reformas educativas, cambios culturales o políticas de equidad pueden acelerar el cierre de brechas en la región”, detalla la académica UOH.

En el estudio, además de la académica UOH Catalina Canals, participaron los/as investigadores/as Lorena Ortega, Matías Montero, Álvaro Romero y Alejandra Mizala, todos/as del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE-IE) de la Universidad de Chile.

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