• Mientras la Defensora Nacional reconoció equivocaciones dentro de la administración de justicia, Gabriel Antonio Rodríguez Farías -persona que estuvo privada de libertad siendo inocente- relató su testimonio y su experiencia de haber sido sometido a prisión preventiva en La Gonzalina.

El seminario “Sin Defensa no hay Justicia”, organizado por el Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad de O’Higgins (UOH), presentó el trabajo del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública y su registro de 109 casos identificados desde 2013, en los que personas fueron privadas de libertad aun siendo inocentes. La actividad, que enfocó el debate en el debido proceso, la presunción de inocencia y la formación jurídica, también dejó reflexiones acerca de un sistema de justicia que puede equivocarse, pero que también puede reconocer dónde y cómo ocurren esos errores para corregirlos y así garantizar el Estado de derecho.

El académico del ICSO y docente de Derecho UOH, Javier Velásquez, mencionó que el Proyecto Inocentes busca precisamente ser una instancia de reconocimiento y reparación para personas injustamente imputadas. Especialmente quienes permanecieron en prisión preventiva y posteriormente fueron absueltas, además de apoyarlas para acceder a mecanismos de indemnización mediante abogados externos a la Defensoría.

“De allí que este seminario se haya organizado junto a la Defensoría Penal Pública con una dimensión formativa y con el propósito de acercar a los estudiantes al trabajo de defensores y defensoras, pero también al significado de proteger el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, lo cual proyecta el ejercicio de los futuros profesionales del derecho y el trabajo de defensoría en todos sus niveles”, señaló el académico.

Reconocer y fortalecer

La Defensora Nacional Verónica Encina Vera convalidó el propósito formativo del seminario al debatir con los estudiantes de la UOH sobre las deficiencias del sistema de justicia a partir de los 109 casos registrados por el Proyecto Inocentes, “junto a otros problemas asociados a la labor policial, el reconocimiento fotográfico, las formas de ejercer la persecución penal, la falta de investigación y pruebas, el trabajo del Ministerio Público, condiciones presupuestarias, negligencias y hasta equivocaciones de la defensa que también juegan un factor relevante en los errores”.

Frente a ese escenario, subrayó “la importancia de trabajar en el resguardo y protección del principio de la presunción de inocencia como máxima del Estado de derecho, promover una mayor autonomía de la Defensoría y en un mecanismo de reparación a víctimas que genere incentivos para que quienes intervienen en el sistema ejerzan con mayor rigor sus responsabilidades”. Desde esa mirada, vinculó tres dimensiones: la experiencia de quienes han sufrido una injusticia, la revisión de las prácticas que pueden producir esos errores y la calidad de la formación jurídica de quienes tendrán a su cargo el sistema en el futuro.

“De modo que el primer paso para un buen sistema de justicia es formar buenos y cada vez mejores abogados. Los buenos abogados son los que serán futuros buenos jueces, buenos fiscales y, por supuesto, buenos defensores públicos capaces de reconocer las garantías que deben proteger y, al mismo tiempo, de identificar las fallas que pueden comprometerlas”, subrayó la defensora, señalando la necesidad de seguir fortaleciendo la administración de justicia en Chile.

Víctima del error

El testimonio de Gabriel Rodríguez Farías, quien fue privado de libertad en 2022 por errores del sistema de justicia, aportó una dimensión humana al seminario al mostrar las consecuencias más allá del expediente judicial. Su experiencia de prisión preventiva, según mencionó, impactó su vida familiar y laboral, además de dejar una huella personal marcada por los primeros días de encierro en la cárcel La Gonzalina de Rancagua. “Lo más difícil fue el ingreso y las primeras noches. No dormir, escuchar los gritos. Es estar en otro mundo. Es vivir en otra realidad”, una experiencia que, según relató, reforzó su valoración de la defensa pública y su decisión de compartir su caso, el cual considera “fue una cacería de brujas contra mi persona”.

Defender el derecho

Entre tanto, para la estudiante de tercer año de Derecho UOH, Jéssica Merino, la dimensión humana y el aspecto formativo del seminario estuvieron entre los principales aportes de la jornada. Valoró que la Defensoría expusiera ante los estudiantes cómo funciona el Proyecto Inocentes y destacó especialmente el testimonio de una persona imputada siendo inocente. “Me quedo con el mensaje final, que también lo dijeron los docentes: defender el derecho, defender la justicia, y ser en un futuro parte de la defensoría que es precisamente contribuir a que las personas inocentes no sean condenadas injustamente”, concluyó la estudiante.

• El evento que tendrá lugar los días 07, 14 y 21 de octubre en modalidad virtual mediante la plataforma Zoom, también transmitirá en vivo sus tres jornadas vía YouTube.

El docente adjunto de la carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins (UOH), Pablo Monje Reyes, participará como panelista en el Ciclo Sudamericano de Gestión Social 2026: Perspectivas, prácticas y desafíos contemporáneos, impulsado por la Red Latinoamericana de Gestión Social (RELAGS) que reunirá a la comunidad científica y profesional de Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador vinculada con este campo de investigación y conocimiento.

El profesor invitado por la RELAG, participará en representación de Chile en la primera jornada del 07 de octubre entre las 19:00 y 20:30, correspondiente al eje “Gestión Social como campo interdisciplinario”, donde presentará su ponencia “La gestión social, un campo de investigación interdisciplinaria en Chile”, sesión en la que explicará cómo la economía solidaria, el cooperativismo y la descentralización se pueden articular dentro de una misma visión de desarrollo.

Diálogo interdisciplinario

Según indicó Monje, este eje “propone precisamente discutir los fundamentos de la Gestión Social y cómo el diálogo entre distintas áreas de conocimiento puede ampliar sus objetos de estudio y formas de producir conocimiento en beneficio de los territorios”.

La participación del docente permitirá incorporar la experiencia chilena a una discusión latinoamericana que “busca comprender la gestión social no solo como una práctica de intervención, sino también como un campo de conocimiento en construcción”.

Monje explicó que el encuentro busca, además, poner en diálogo aproximaciones conceptuales, experiencias y problemáticas de distintas realidades nacionales e internacionales acerca de la gestión social, en el marco de un programa de temáticas que incorpora perspectivas como la teoría crítica, la acción comunicativa, la ciudadanía deliberativa y la intersubjetividad.

Jornadas y sesiones

El evento se desarrollará en modalidad virtual de forma gratuita y sin necesidad de registro previo, en tres jornadas de 90 minutos que tendrán lugar los días 7, 14 y 21 de octubre de 2026, en el horario de 19:00 a 20:30. Durante cada sesión se abordará un eje temático específico con la participación de especialistas internacionales: el 7 de octubre se analizará la Gestión Social como campo interdisciplinario con representación de Brasil y Chile; el 14 de octubre se expondrá la Gestión Social como proceso de intervención con ponentes de Colombia y Ecuador; y el 21 de octubre se discutirá la Gestión Social frente a los desafíos contemporáneos a cargo de expertos de Perú y Bolivia.

La RELAGS confirmó que las tres jornadas “se realizarán mediante Zoom, y serán transmitidas y difundidas a través de YouTube en el canal https://www.youtube.com/@gestioncytmgctepn/streams, con el propósito de ampliar el alcance de las reflexiones y contribuir a la divulgación del conocimiento y las experiencias compartidas durante el ciclo”.

• Para el economista Pablo Peña, el escenario refuerza la necesidad de diversificar la matriz productiva de la Región de O’Higgins.

La economía de la Región de O’Higgins registró una contracción de 4,2% durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con las cifras preliminares publicadas por el Banco Central. El resultado estuvo determinado principalmente por el desempeño de la minería del cobre, mientras que una mayor producción frutícola permitió compensar parcialmente la caída.

El dato regional se ubica en un escenario nacional también contractivo, aunque de menor magnitud. Durante el mismo período, el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile disminuyó 0,2%. En el caso de O’Higgins -además- la actividad acumula cuatro trimestres consecutivos con variaciones negativas.

Para Pablo Peña, economista y docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), el resultado constituye una señal relevante para la economía regional, debido al peso que tiene la actividad minera en el funcionamiento del resto de los sectores. “Evidentemente, es una mala noticia y refuerza la preocupación por la economía regional que venimos experimentando todo el año. Este 4,2% de caída de nuestra producción se explica principalmente por la gran caída de la minería”, señala.

El impacto también se observa en el intercambio comercial. Según el Banco Central, las exportaciones de bienes de O’Higgins disminuyeron 18,9% durante el trimestre, principalmente debido a los menores envíos de cobre. En paralelo, el consumo de los hogares retrocedió 0,5%, explicado por una disminución del gasto en bienes, como alimentos, bebidas y combustibles. Los servicios personales y el consumo en restaurantes y hoteles permitieron compensar parcialmente esa caída.

Peña explica que los efectos de una contracción de este tipo no quedan circunscritos a la actividad minera. “Si la producción minera cae y caen los ingresos mineros, el gasto de los trabajadores mineros dentro de la región disminuye, y eso afecta al consumo, al comercio, al turismo y, en general, a todo el resto de la economía urbana”, plantea.

Por ello, la evolución de la minería durante los próximos meses será un factor relevante para el desempeño regional. “Si la actividad minera no se recupera, entonces los efectos negativos se van a mantener en todo el resto del ecosistema, en el gasto de las familias, en el turismo o en la producción agroindustrial”, advierte el economista. Agrega -además- que se requieren cambios a nivel nacional en CODELCO y también a nivel regional al interior de la División El Teniente de la estatal.

Una mirada de largo plazo

Frente a este escenario, el docente apunta a la inversión como uno de los factores determinantes para recuperar el dinamismo de la actividad minera, tanto mediante nuevos proyectos como a través de mejoras en los procesos productivos.

“En el largo plazo necesitamos que aumente la inversión minera”, sostiene Peña, quien agrega que “repunte positivo del ciclo operacional minero debiese permitir incrementos en la producción en el mediano plazo”.

En el corto plazo, añade, se necesitan mecanismos destinados a sostener el empleo y los ingresos de los trabajadores, para que el dinamismo del comercio y servicios regional continúe, además de aliviar la carga a las familias.

Matriz Productiva

Más allá de la coyuntura, el escenario abre una discusión de mayor alcance para la región, que es la necesidad de diversificar su estructura productiva. “La mejor estrategia para la región es la diversificación. Esto lo hemos venido diciendo durante varios años y no deja de ser cierto”, afirma el economista.

Además, identifica oportunidades en áreas como las energías renovables, la sofisticación de la agroindustria y nuevos sectores vinculados a las industrias creativas y del conocimiento. En este último ámbito, destaca especialmente el potencial que pueden aportar los centros de investigación y la universidad regional.

“Son desafíos de largo plazo que pueden permitir una mayor diversificación y mejores ingresos para la región, pero las tareas hay que empezar a desarrollarlas desde hoy, ciertamente”, concluye.

• La exposición abordará dilemas teóricos, metodológicos y éticos del trabajo con comunidades indígenas, migrantes y género diverso.

La académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO), Ana Figueiredo, ofrecerá este viernes 25 de septiembre una charla magistral en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, donde abordará los desafíos de investigar cómo influyen las relaciones de poder y colonialidad en grupos minorizados. La actividad, organizada por el Center for Latin American Studies (CLAS) y copatrocinada por el Center for Comparative Studies in Race and Ethnicity (CCSRE), se realizará a las 17:30 horas chilenas en Bolivar House 582 Alvarado Row y contará con transmisión en línea a través de Youtube.

La charla, titulada Conducting Research with Minoritized Groups: Theoretical and Methodological Reflections about Power and Coloniality, recogerá parte de una agenda de investigación que la académica ha desarrollado en torno a temas de memoria colectiva, conflictos históricos, ideologías, relaciones intergrupales y violencia política y estatal.

Áreas de conocimiento

La presentación de Figueiredo examinará los desafíos epistemológicos, teóricos y metodológicos que surgen al realizar investigaciones con comunidades que han experimentado distintas formas de subordinación y discriminación a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva, Figueiredo abordará cómo las relaciones de poder y las dinámicas de colonialidad pueden incidir en las preguntas de investigación, en la relación entre equipos de investigación y participantes y en las formas de producir conocimiento científico.

Uno de los aspectos centrales de esta charla será precisamente exponer la dimensión práctica y ética del trabajo de campo con comunidades indígenas, migrantes y grupos sexo-genérico diversos. Con esta presentación la académica UOH explicará por qué las decisiones metodológicas no pueden desligarse de los contextos históricos y socio-culturales en que se desarrollan las investigaciones, especialmente cuando existen experiencias de injusticia histórica y asimetrías de poder que siguen presentes hoy en día.

La actividad permitirá compartir con estudiantes y académicos/as una perspectiva construida desde la trayectoria de investigación de Figueiredo y los desafíos que ha enfrentado al abordar estos fenómenos en distintos contextos sociales.

Esta charla magistral se enmarca en las actividades de docencia, investigación y difusión científica de Figueiredo durante su estadía en la Stanford University como  Tinker Visiting Professor.

• Diez trabajos fueron presentados durante la jornada internacional, que permitió analizar desde distintas disciplinas cómo el derecho se configura y experimenta en contextos de transición, ambigüedad y coexistencia de órdenes normativos.

La Universidad de O’Higgins se convirtió en punto de encuentro para investigadoras/es de Chile, Colombia, Estados Unidos y Reino Unido, quienes participaron en una jornada destinada a intercambiar perspectivas y metodologías para comprender fenómenos jurídicos que se desarrollan en escenarios marcados por la transición, la ambigüedad y la coexistencia de distintos órdenes normativos.

El workshop internacional “Liminalidad en los estudios sociojurídicos: métodos, campos y posicionamientos” fue organizado conjuntamente por el Laboratorio de Estudios Socio-Legales (Lab ESL) del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la UOH y la red internacional Socio-Legal Methodological Interrogations (SMI).

Durante la jornada se presentaron diez trabajos que, desde distintas disciplinas y aproximaciones metodológicas, analizaron las formas en que el derecho se configura, interpreta y experimenta en espacios donde convergen diferentes normas, prácticas y realidades sociales.

“Para el Lab ESL es especialmente relevante fortalecer las redes internacionales, porque nos permiten situar a la UOH en conversaciones globales sobre el derecho y ampliar las perspectivas desde las cuales estudiamos la legalidad en nuestro país. Este workshop fue especialmente fructífero en este sentido. Nos permitió reunir a investigadoras e investigadores de distintos países y disciplinas para dialogar sobre formas innovadoras de comprender las relaciones entre el derecho y la sociedad”, señaló Ignacio Riquelme, académico del Instituto de Ciencias Sociales y coordinador del Lab ESL.

La actividad contó con financiamiento de la Socio-Legal Studies Association (SLSA), del Reino Unido, y del Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law, de Alemania, reforzando el carácter internacional de la instancia.

El workshop se enmarca en el trabajo que desarrolla el Lab ESL del ICSo para fortalecer las redes internacionales de investigación sociojurídica y promover perspectivas interdisciplinarias capaces de abordar la creciente complejidad de los desafíos que enfrenta el derecho en las sociedades contemporáneas.

De esta manera, la instancia permitió avanzar en la consolidación de espacios de cooperación académica que conecten la investigación desarrollada desde la Universidad de O’Higgins con discusiones y redes internacionales en el campo sociojurídico.

Especialistas abordan los efectos de sumar una jornada de descanso al calendario de Fiestas Patrias desde la producción, el gasto y la recuperación laboral.

La eventual incorporación del jueves 17 de septiembre como feriado, que se sumaría al viernes 18 y sábado 19, instala un debate sobre los efectos de una jornada adicional de descanso. Mientras una mirada advierte sobre su impacto en la actividad productiva, otra plantea que el tiempo de recuperación también puede generar beneficios para las personas y las organizaciones.

Para el economista y docente de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de O’Higgins (UOH), Pablo Peña, el análisis de un feriado adicional debe considerar dos efectos contrapuestos: la actividad que deja de generarse durante una jornada laboral y el gasto que ello puede movilizar. Su impacto, no sería homogéneo y dependerá de las características de cada sector, según indica el docente.

“Desde la perspectiva de la productividad, un día laboral menos implica menor producción, lo que afecta principalmente a empresas industriales, agrícolas, energéticas o aquellas que requieren cadenas de producción continuas, especialmente las orientadas hacia la exportación. Por contrapartida, las empresas y organizaciones enfocadas en servicios que abarcan a la mayoría del empleo en Chile en general tienen mayor flexibilidad para absorber un día laboral menos”, señala Peña.

Variables en contexto

El análisis de Peña incorpora el comportamiento del gasto durante una celebración que concentra actividad comercial y servicios. Subraya que, en estos casos, el efecto económico debe observarse como un balance entre ambos factores, considerando además que parte de las empresas ya anticipa cambios en su funcionamiento durante esas fechas.

“Por el lado del gasto, los feriados, especialmente los asociados a fiestas populares como Fiestas Patrias o fiestas de fin de año, implican una activación del sector comercio y, por tanto, un incremento en el gasto de la economía. El resultado desde el punto de vista económico dependerá de si el incremento esperado en el gasto asociado al 17 de septiembre o el bienestar por un día de descanso adicional compensa la reducción de la actividad en el sector productivo. Además, buena parte de las empresas, independiente de la discusión política de turno, ya tiene planes de contingencia para ese día como salidas anticipadas o mayor flexibilidad, adelantando el efecto de celebraciones que se enmarcan dentro de nuestro contexto cultural”, explica Peña.

Recuperación y bienestar

Para la docente de la carrera de Psicología de la Universidad de O’Higgins, Alejandra Pallamar, el debate asociado a convertir el 17 de septiembre en feriado debe ir más allá de los cálculos sobre productividad y gasto, pues también debe considerar los efectos del descanso en las personas. Esta dimensión, según indica, puede traducirse tanto en bienestar como en la forma en que las personas retoman posteriormente su actividad laboral.

“Si lo queremos ver desde el punto de vista económico, que es donde está centrado el debate, más días y horas de trabajo no necesariamente significan mayor productividad en el mediano o largo plazo. También hay que visibilizar que el descanso trae consigo resultados positivos para la organización, ya que, en general, según la evidencia científica, la recuperación en períodos no prolongados aumenta el compromiso, la satisfacción, la creatividad, y el desempeño laboral posterior a los días de descanso”, agrega la psicóloga.

Pallamar plantea que la discusión tampoco consiste en determinar mecánicamente cuántos días libres son suficientes, sino en que el descanso reúna condiciones que permitan una recuperación efectiva. “Está establecido que el descanso requiere, para tener efecto recuperativo, continuidad, previsibilidad y calidad. En ese sentido, podemos decir que un feriado más largo cumple con esas características. Además, un feriado, a diferencia de un día libre individual, permite que un gran número de personas descanse al mismo tiempo. Eso hace más fácil organizarse, juntarse con amigos o simplemente compartir tiempo con otros significativos”, sostiene la docente.

Ampliar el debate

Añade que las experiencias de recuperación permiten disponer de autonomía sobre el tiempo libre y una desconexión temporal, lo que genera beneficios físicos, psicológicos y emocionales. “Según estudios, estos espacios reducen la fatiga, el agotamiento y el estrés, favorecen el sueño y contribuyen a recuperar energía y atención. Su relevancia aumenta por el incremento muy significativo y sostenido de las enfermedades profesionales de origen mental en el país, lo cual se asocia en forma directa con factores organizacionales tales como la carga laboral, uno de los riesgos psicosociales de mayor presencia. En ese sentido el llamado es a mirar más integralmente la productividad en Chile y a buscar un mejor balance entre productividad y bienestar, ya que se influyen recíprocamente”, concluye la especialista UOH invitando a incorporar estos factores al debate nacional sobre feriados.

• Pablo Monje participó en una jornada de la Asociación Nacional de Administradores Públicos de la Dirección de Vialidad, donde abordó la relación entre infraestructura, pobreza, equidad territorial y descentralización.

Una carretera no solo conecta dos puntos. Para quienes viven en territorios aislados, puede significar un mejor acceso a servicios, menores costos de transporte y nuevas oportunidades para sus comunidades. Desde esa perspectiva, el docente adjunto de la carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins, Pablo Monje Reyes, abordó el rol social que cumple la infraestructura vial y su relación con la superación de brechas territoriales.

El docente participó en la jornada nacional “Mejoramiento de la gestión institucional ANAP-DV”, organizada por la Asociación Nacional de Administradores Públicos de la Dirección de Vialidad (ANAP-DV), realizada en Santiago y que congregó a profesionales provenientes de distintas regiones del país.

El encuentro estuvo orientado a analizar los componentes institucionales de la Dirección de Vialidad y relevar el aporte de sus profesionales administrativos y logísticos, además de abordar materias relacionadas con infraestructura, conectividad territorial, probidad, control de gestión y los desafíos asociados a la transferencia de competencias en el contexto de la modernización y descentralización del Estado.

Los caminos y su impacto social

En este contexto, Monje presentó la ponencia “Rol social de la Dirección de Vialidad en la superación de la pobreza de zonas aisladas, más allá de sólo hacer caminos”, en la que planteó una mirada sobre la infraestructura vial que trasciende su dimensión física y pone el acento en sus efectos sobre la calidad de vida de las comunidades.

Durante su exposición, el académico abordó la relación existente entre conectividad y pobreza multidimensional, tomando como referencia, antecedentes de la Región de O’Higgins y las particularidades que enfrentan comunas con mayores dificultades de conectividad.

Uno de los casos analizados fue el de Navidad, utilizado para ejemplificar cómo las características territoriales y la disponibilidad de infraestructura pueden relacionarse con las posibilidades de acceso de las familias a servicios y oportunidades.

Desde esta perspectiva, Monje planteó que “contar con una adecuada red caminera puede favorecer la disponibilidad de servicios de transporte a menores costos y, con ello, generar efectos positivos en la economía de los hogares”. De esta manera, la labor desarrollada por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas puede producir externalidades que van más allá de la infraestructura y contribuir indirectamente a los objetivos de las políticas sociales orientadas a la superación de la pobreza.

La exposición permitió así relevar el carácter social de la inversión pública en conectividad, particularmente en aquellos territorios donde las distancias y las condiciones geográficas pueden transformarse en barreras para acceder a servicios, educación, salud, empleo y otras oportunidades.

Descentralización y modernización del Estado

Otro de los ejes abordados por el docente de Administración Pública fue el proceso de descentralización y sus implicancias para la gestión pública. En particular, analizó los alcances de la Ley N° 21.074, sobre fortalecimiento de la regionalización del país, y los desafíos asociados al traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales.

Monje destacó la necesidad de que estos procesos “sean acompañados por capacidades institucionales que permitan responder adecuadamente a las particularidades de cada territorio y, al mismo tiempo, resguardar las condiciones de quienes forman parte de los organismos públicos”.

En ese sentido, enfatizó que los procesos de modernización del Estado y transferencia de competencias “deben desarrollarse resguardando los derechos laborales y considerando la experiencia técnica de las y los funcionarios”. Asimismo, relevó la importancia de que las organizaciones gremiales participen activamente en estas transformaciones, aportando propuestas y conocimiento especializado a la discusión pública y legislativa.

• Este 20 y 21 de agosto, la Universidad de O’Higgins acogerá el segundo lanzamiento regional del Instituto Milenio Autoridad y Regulación Social (ASOR), la única iniciativa a nivel global dedicada a investigar sistemáticamente la autoridad y sus transformaciones en la sociedad contemporánea.

El equipo científico del Instituto Milenio Autoridad y Regulación Social, ASOR, desarrollará una agenda de dos días en Rancagua, continuando el ciclo de lanzamientos regionales del Instituto iniciado en Antofagasta y que concluirá en Santiago durante septiembre. La Universidad de O’Higgins (UOH) es una de las cuatro instituciones albergantes de ASOR, junto a la Universidad Diego Portales, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Católica del Norte.

El tema central del encuentro –“Autoridad y Seguridad”– se discutirá en el contexto de las transformaciones que han redefinido la relación entre las instituciones encargadas del orden y las comunidades, y de las nuevas demandas ciudadanas en materia de seguridad. “La seguridad involucra abordar los temas de convivencia social”, señala Claudio Fuentes, director alterno de ASOR, quien dictará la conferencia central del encuentro.

ASOR busca promover formas de autoridad y regulación social que contribuyan al desarrollo de las tareas colectivas, favorezcan el bienestar individual y fortalezcan la vida en común, en un marco de igualdad, libertad y respeto a la integridad de las personas. Para ello, colabora con actores gubernamentales, políticos y sociales en el desarrollo de políticas públicas e instrumentos orientados a enfrentar los desafíos actuales de Chile en materia de gobernanza y vínculos sociales.

El Instituto reúne a cerca de 50 investigadores e investigadoras nacionales e internacionales, además de estudiantes de doctorado e investigadores posdoctorales. Su trabajo se organiza en cuatro líneas de investigación: autoridad y vida social; autoridad y seguridad; autoridad y política; y autoridad, tecnologías digitales y mundo digital. La dirección está a cargo de la Dra. Kathya Araujo, directora, y Claudio Fuentes, director alterno, con Ana Figueiredo como investigadora principal y Loreto Quiroz como investigadora adjunta en la UOH.

Programa del encuentro

Como actividad previa a la ceremonia de inauguración, durante la tarde del jueves 20, ASOR convocará a actores clave del mundo de la seguridad pública, la política, la educación y el trabajo, para construir un diagnóstico compartido e identificar posibilidades de colaboración. El encuentro será encabezado por Patricio Saavedra, director del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la UOH, junto a Kathya Araujo y Claudio Fuentes. Participarán también Ana Figueiredo y Loreto Quiroz, de la línea de Autoridad y Seguridad, y Elisa Ansoleaga, investigadora principal de la línea de Autoridad y Vida Social de ASOR.

La mañana del viernes 21 de agosto será el lanzamiento formal del Instituto ante autoridades regionales y locales, representantes de la academia, organizaciones sociales y actores vinculados al ámbito. Claudio Fuentes dictará la conferencia central “Autoridad, orden social y seguridad en el Chile contemporáneo”, seguida de un taller dirigido a integrantes de la comunidad académica y actores del sistema de seguridad y convivencia de la región.

La dirección de ASOR destacó que esta temática reviste especial importancia porque la desestabilización de la autoridad se expresa concretamente en fenómenos como la desconfianza hacia las instituciones o las dificultades para sostener normas compartidas en la vida cotidiana. Estas expresiones son síntomas de las tensiones generadas por procesos de desestabilización y reconfiguración no acabada de la autoridad que atraviesan al conjunto de la sociedad y que requieren respuestas específicas en cada esfera social.

El lanzamiento será transmitido en streaming por los canales de la Universidad de O’Higgins. Inscripciones AQUÍ.

• Álvaro Román cuestiona que la encuesta quede reducida a una disputa política por sus cifras y recalca que sus resultados son fundamentales para orientar políticas públicas y visibilizar desigualdades que permanecen ocultas.

En medio de la controversia generada por los cuestionamientos a los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), desde la academia advierten que el debate no debería reducirse a si la pobreza subió o bajó, sino a la importancia de contar con una herramienta que permita conocer cómo viven los hogares y dónde persisten las principales brechas sociales del país.

Para Álvaro Román, académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), la incorporación de la medición de pobreza multidimensional en 2013 significó un cambio fundamental en la manera de comprender este fenómeno. “Se produjo un salto enorme para comprender dos cosas: que la pobreza no se mide solo por el ingreso y que las desigualdades territoriales en Chile son persistentes y una de las grandes deudas de nuestra sociedad”, explica.

El sociólogo destaca que esta medición permitió visibilizar que las condiciones de pobreza no son iguales en todo el territorio y que factores como el acceso a agua potable, electricidad, educación, conectividad, vivienda o servicios básicos pueden determinar las oportunidades de una persona o una comunidad. “Se ha podido romper con el romanticismo con el que se solía ver la pobreza rural, donde se asumía que de alguna manera se podría parar la olla. Eso siempre fue falso e injusto con quienes padecen la pobreza”, sostiene el Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos.

Información que mueve políticas públicas

Román es categórico respecto del valor de la encuesta para el Estado: “Es indispensable”. Aclara que sus resultados permiten identificar territorios y grupos que requieren mayor apoyo y han servido como insumo para el diseño de políticas públicas. El académico ejemplifica con la Política Nacional de Zonas en Desarrollo, donde los datos permitieron evidenciar que determinadas comunas con altos niveles de pobreza podían quedar fuera de inversiones debido a criterios tradicionales de rentabilidad social.

“Las comunas que requerían más apoyo no lo recibían porque no se consideraban cuestiones como su aislamiento o sus déficits en la cobertura de servicios”, explica.

A su juicio, precisamente ahí radica uno de los principales aportes de la Casen: “entregar evidencia para que las decisiones del Estado no se construyan únicamente sobre promedios nacionales”, asegura.

Herramienta perfectible, pero necesaria

El académico UOH reconoce que la encuesta tiene limitaciones y que su metodología ha experimentado modificaciones. Sin embargo, advierte que esas características no justifican desestimar su valor. “El problema se genera con el mundo de los partidos políticos que buscan obtener ventajas comunicacionales respecto a si aumentó o bajó la pobreza, sin reconocer el debate de fondo, y es que la manera en que comprendemos la pobreza es dinámica”, plantea.

Por ello, frente a las críticas políticas, el investigador llama a mirar la discusión desde una perspectiva más amplia. “Siempre es lamentable que la clase política se coluda para restar seriedad a una herramienta que ha sido súper relevante para evaluar el estado de nuestra sociedad”, afirma.

Para Román, perfeccionar la Casen es parte del desafío, pero poner en duda la necesidad de contar con información rigurosa sobre la realidad social del país supone perder una herramienta esencial para enfrentar precisamente las desigualdades que la encuesta permite visibilizar.

• Marcelo Acuña fue uno de los expositores de la actividad organizada por la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

La reflexión sobre los desafíos éticos que enfrenta actualmente la judicatura fue el eje del seminario online “La ética como estándar exigible en la actualidad: probidad y causales de inhabilidad legal. Algunos casos límites”, organizado por la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua. En la instancia participó como expositor el jefe de carrera de Derecho de la Universidad de O’Higgins, Marcelo Acuña, junto al ministro de la Corte Suprema, Dinko Franulic, y el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua y docente de la carrera de Derecho, Joaquín Nilo.

La actividad reunió a más de un centenar de participantes, entre ellos a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministros, fiscales judiciales, representantes del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de abogados, académicos y estudiantes de la carrera de Derecho de la UOH.

Durante la jornada se abordaron materias relacionadas con la imparcialidad judicial, el Código de Ética del Poder Judicial, las causales de inhabilidad legal y el análisis de casos prácticos que permiten comprender los posibles dilemas que pueden enfrentar quienes ejercen funciones jurisdiccionales.

Marcelo Acuña destacó la actividad indicando que “espacios como este permiten vincular los actuales desafíos del Poder Judicial con la formación de nuestras/os estudiantes. Se genera así una mirada crítica sobre la manera en que se desenvuelve la administración de justicia en el siglo XXI. La ética judicial no puede entenderse únicamente como un conjunto de normas que regulan el ejercicio de la judicatura, sino como un compromiso permanente con la imparcialidad, la transparencia y la confianza pública”.

El ministro de la Corte Suprema, Dinko Franulic, destacó que “el Poder Judicial no debe dar lugar a la crítica aún infundada de ser parcial. No basta que los miembros de los tribunales y de las Cortes sean imparciales, tienen todavía más que parecer”.

“No basta que un juez en su fuero interno esté libre de toda vinculación, inclinación o favorecimiento respecto de una de las posiciones del juicio y de las partes, sino que sus actuaciones deben ser tales que no generen dudas objetivas sobre su imparcialidad”, señaló.

Por su parte, el fiscal judicial Joaquín Nilo señaló que “este seminario dirigido a la judicatura, los organismos del sistema de justicia y la academia es elaborar un análisis profundo sobre diversos puntos relacionados con la ética y la probidad de la judicatura, con el objetivo de entregar herramientas, buenas prácticas y guías para situaciones en que la imparcialidad se pueda ver afectada”.

El seminario también permitió generar un espacio de intercambio entre el Poder Judicial y la academia, reforzando la importancia de incorporar la reflexión ética en la formación de las futuras generaciones de profesionales del Derecho y en el ejercicio cotidiano de la función judicial.