• Álvaro Román cuestiona que la encuesta quede reducida a una disputa política por sus cifras y recalca que sus resultados son fundamentales para orientar políticas públicas y visibilizar desigualdades que permanecen ocultas.

En medio de la controversia generada por los cuestionamientos a los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), desde la academia advierten que el debate no debería reducirse a si la pobreza subió o bajó, sino a la importancia de contar con una herramienta que permita conocer cómo viven los hogares y dónde persisten las principales brechas sociales del país.

Para Álvaro Román, académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), la incorporación de la medición de pobreza multidimensional en 2013 significó un cambio fundamental en la manera de comprender este fenómeno. “Se produjo un salto enorme para comprender dos cosas: que la pobreza no se mide solo por el ingreso y que las desigualdades territoriales en Chile son persistentes y una de las grandes deudas de nuestra sociedad”, explica.

El sociólogo destaca que esta medición permitió visibilizar que las condiciones de pobreza no son iguales en todo el territorio y que factores como el acceso a agua potable, electricidad, educación, conectividad, vivienda o servicios básicos pueden determinar las oportunidades de una persona o una comunidad. “Se ha podido romper con el romanticismo con el que se solía ver la pobreza rural, donde se asumía que de alguna manera se podría parar la olla. Eso siempre fue falso e injusto con quienes padecen la pobreza”, sostiene el Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos.

Información que mueve políticas públicas

Román es categórico respecto del valor de la encuesta para el Estado: “Es indispensable”. Aclara que sus resultados permiten identificar territorios y grupos que requieren mayor apoyo y han servido como insumo para el diseño de políticas públicas. El académico ejemplifica con la Política Nacional de Zonas en Desarrollo, donde los datos permitieron evidenciar que determinadas comunas con altos niveles de pobreza podían quedar fuera de inversiones debido a criterios tradicionales de rentabilidad social.

“Las comunas que requerían más apoyo no lo recibían porque no se consideraban cuestiones como su aislamiento o sus déficits en la cobertura de servicios”, explica.

A su juicio, precisamente ahí radica uno de los principales aportes de la Casen: “entregar evidencia para que las decisiones del Estado no se construyan únicamente sobre promedios nacionales”, asegura.

Herramienta perfectible, pero necesaria

El académico UOH reconoce que la encuesta tiene limitaciones y que su metodología ha experimentado modificaciones. Sin embargo, advierte que esas características no justifican desestimar su valor. “El problema se genera con el mundo de los partidos políticos que buscan obtener ventajas comunicacionales respecto a si aumentó o bajó la pobreza, sin reconocer el debate de fondo, y es que la manera en que comprendemos la pobreza es dinámica”, plantea.

Por ello, frente a las críticas políticas, el investigador llama a mirar la discusión desde una perspectiva más amplia. “Siempre es lamentable que la clase política se coluda para restar seriedad a una herramienta que ha sido súper relevante para evaluar el estado de nuestra sociedad”, afirma.

Para Román, perfeccionar la Casen es parte del desafío, pero poner en duda la necesidad de contar con información rigurosa sobre la realidad social del país supone perder una herramienta esencial para enfrentar precisamente las desigualdades que la encuesta permite visibilizar.

• Marcelo Acuña fue uno de los expositores de la actividad organizada por la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

La reflexión sobre los desafíos éticos que enfrenta actualmente la judicatura fue el eje del seminario online “La ética como estándar exigible en la actualidad: probidad y causales de inhabilidad legal. Algunos casos límites”, organizado por la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua. En la instancia participó como expositor el jefe de carrera de Derecho de la Universidad de O’Higgins, Marcelo Acuña, junto al ministro de la Corte Suprema, Dinko Franulic, y el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua y docente de la carrera de Derecho, Joaquín Nilo.

La actividad reunió a más de un centenar de participantes, entre ellos a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministros, fiscales judiciales, representantes del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de abogados, académicos y estudiantes de la carrera de Derecho de la UOH.

Durante la jornada se abordaron materias relacionadas con la imparcialidad judicial, el Código de Ética del Poder Judicial, las causales de inhabilidad legal y el análisis de casos prácticos que permiten comprender los posibles dilemas que pueden enfrentar quienes ejercen funciones jurisdiccionales.

Marcelo Acuña destacó la actividad indicando que “espacios como este permiten vincular los actuales desafíos del Poder Judicial con la formación de nuestras/os estudiantes. Se genera así una mirada crítica sobre la manera en que se desenvuelve la administración de justicia en el siglo XXI. La ética judicial no puede entenderse únicamente como un conjunto de normas que regulan el ejercicio de la judicatura, sino como un compromiso permanente con la imparcialidad, la transparencia y la confianza pública”.

El ministro de la Corte Suprema, Dinko Franulic, destacó que “el Poder Judicial no debe dar lugar a la crítica aún infundada de ser parcial. No basta que los miembros de los tribunales y de las Cortes sean imparciales, tienen todavía más que parecer”.

“No basta que un juez en su fuero interno esté libre de toda vinculación, inclinación o favorecimiento respecto de una de las posiciones del juicio y de las partes, sino que sus actuaciones deben ser tales que no generen dudas objetivas sobre su imparcialidad”, señaló.

Por su parte, el fiscal judicial Joaquín Nilo señaló que “este seminario dirigido a la judicatura, los organismos del sistema de justicia y la academia es elaborar un análisis profundo sobre diversos puntos relacionados con la ética y la probidad de la judicatura, con el objetivo de entregar herramientas, buenas prácticas y guías para situaciones en que la imparcialidad se pueda ver afectada”.

El seminario también permitió generar un espacio de intercambio entre el Poder Judicial y la academia, reforzando la importancia de incorporar la reflexión ética en la formación de las futuras generaciones de profesionales del Derecho y en el ejercicio cotidiano de la función judicial.

• La iniciativa permitió capacitar a funcionarias/os municipales y contar con el apoyo de estudiantes de la carrera de Administración Pública en la construcción de instrumentos de diagnóstico para el Plan de Desarrollo Comunal 2026-2030.

La actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 2026-2030 de Rancagua sumó un nuevo avance gracias a un ciclo de capacitaciones desarrollado en el marco de la alianza estratégica entre la carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins y la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAC) de la Municipalidad de Rancagua.

La iniciativa reunió, en promedio, cerca de 70 funcionarias/os municipales por jornada, quienes participaron en espacios de formación y trabajo colaborativo orientados a fortalecer las herramientas necesarias para la construcción del principal instrumento de planificación de la comuna para los próximos años.

Uno de los aspectos destacados de este proceso fue la participación de estudiantes de la asignatura “Gestión de Programas y Proyectos”, quienes colaboraron en la facilitación de actividades destinadas al diseño de instrumentos para el diagnóstico comunal. Esta experiencia les permitió aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en un contexto real, vinculándose directamente con los desafíos de la gestión pública local.

La docente de la carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins, Javiera Delgadillo, valoró el trabajo desarrollado entre la academia y el municipio. “Como Universidad, creemos que la formación de futuros administradores públicos debe desarrollarse en contacto permanente con las necesidades de los territorios. Este trabajo conjunto permitió que nuestros estudiantes vivieran una experiencia práctica de gran valor y, al mismo tiempo, aportaran al fortalecimiento de un proceso estratégico para el desarrollo de Rancagua”.

La profesional destacó que el enfoque participativo fue uno de los principales sellos de la iniciativa. “La actualización de un PLADECO requiere escuchar distintas miradas y construir acuerdos de manera colaborativa. Estas capacitaciones entregaron herramientas para fortalecer ese proceso y promover una planificación que recoja las necesidades y proyecciones de la comunidad”.

Durante las jornadas, las/os participantes revisaron metodologías de planificación, diagnóstico territorial y formulación de instrumentos, promoviendo el intercambio de experiencias entre funcionarias/os municipales y estudiantes.

Delgadillo agregó que este tipo de experiencias también fortalecen el proceso formativo de las/os futuras/os profesionales. “Para nuestras/os estudiantes fue una oportunidad de comprender cómo los contenidos que revisan en la sala de clases tienen un impacto directo en la gestión de los gobiernos locales. Participar en un proceso como este contribuye al desarrollo de competencias profesionales y al compromiso con el servicio público”.

La alianza entre la Universidad de O’Higgins y la Municipalidad de Rancagua busca seguir impulsando iniciativas de colaboración que contribuyan tanto al fortalecimiento de la gestión pública como a la formación de profesionales capaces de responder a los desafíos del desarrollo territorial.

• Las advertencias meteorológicas reabren el debate sobre cuánto ha aprendido el país de las grandes emergencias registradas hasta la fecha.

El sistema frontal pronosticado para los próximos días por la Dirección Meteorológica de Chile y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), no solo pondrá a prueba la capacidad operativa de los organismos de emergencia frente a alertas por precipitaciones, viento y bajas temperaturas. También permitirá evaluar si las lecciones que dejaron décadas de inundaciones y otros eventos extremos se tradujeron en una mejor preparación del país frente a una amenaza ampliamente anticipada.

Para el académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Ricardo Fuentealba, las mayores grietas podrían quedar en evidencia en la capacidad de respuesta que logren desplegar los distintos territorios. A su juicio, el principal desafío no estará únicamente en contener los efectos del fenómeno, sino en cómo reaccionará cada comunidad ante una emergencia que podría dejar al descubierto las debilidades que aún persisten en la gestión del riesgo.

“El sistema frontal que amenaza en los próximos días puede mostrar, lamentablemente, las grietas que persisten en la gestión del riesgo en nuestro país. Por supuesto, hay una serie de protocolos que ya están en marcha y que deben mantenerse para mitigar sus efectos y favorecer una respuesta oportuna. Si bien la labor de SENAPRED y de la Ley 21.364 ha sido clave para promover una cultura de preparación e involucrar a distintos actores en la respuesta ante emergencias, estos instrumentos, por sí solos, siguen siendo insuficientes. Se necesita una articulación efectiva entre las instituciones, la sociedad civil y los planes orientados a proteger a las personas”, señala el experto.

Capacidades desiguales

Por otro lado, Fuentealba sostiene que esta preparación no depende exclusivamente de la existencia de planes de emergencia, igualmente importantes. Se construye, según explica, mucho antes de que ocurra un evento extremo, mediante liderazgos locales, organizaciones comunitarias y acciones permanentes orientadas a reducir la vulnerabilidad. Aclara que esa diferencia permite que algunos territorios enfrenten estas amenazas con mejores herramientas que otros.

“Como todo en Chile, hay mucha desigualdad social y territorial respecto de cómo afrontar este tipo de amenazas. No basta con promover planes de emergencia y de reducción del riesgo de desastres. Es necesario instalar capacidades y fortalecer liderazgos que organicen a los grupos más expuestos. Hay territorios que podrían estar sumamente preparados porque cuentan con organizaciones o comités locales con arraigo territorial. Lamentablemente, el sistema frontal dejará en evidencia los efectos de un modelo de desarrollo que genera precariedad, sobre todo en territorios históricamente excluidos. Como se dice en los estudios de desastres, siempre llueve más a quienes ya están mojados”, subraya el sociólogo a manera de comparación.

Aprendizajes pendientes

En cuanto a la experiencia chilena, Fuentealba advierte que, si bien las lluvias de las décadas de 1980 y 1990, los aluviones registrados en Atacama durante 2015 y las inundaciones ocurridas en el centro-sur en 2023, constituyen una experiencia acumulada que debe seguir orientando la preparación del país, ya no bastan como antecedentes para proyectar con precisión el comportamiento de fenómenos como este sistema frontal. Asegura que el cambio climático ha modificado su dinámica, por lo que resulta cada vez más difícil anticipar su intensidad y sus efectos a partir de eventos históricos.

“Es importante recordar esas experiencias y sacar lecciones para los hogares, las instituciones públicas y las organizaciones privadas. El problema es que hoy resulta difícil trazar exactamente el comportamiento del sistema frontal que se avecina, porque está vinculado con la emergencia climática. Aunque se utilicen modelos y pronósticos basados en eventos anteriores, estamos ante una nueva normalidad en la que los efectos de estas amenazas se vuelven más impredecibles”, añade el investigador a modo de explicar la complejidad del momento actual.

Responsabilidad compartida

Respecto a la reducción del riesgo de desastres, Fuentealba aclara que esta no recae únicamente en la institucionalidad pública. Resalta que, aunque el Estado dispone de organismos y mecanismos para enfrentar este tipo de emergencias, su efectividad también requiere una ciudadanía informada, preparada y consciente de su papel antes, durante y después de un evento extremo.

“Las instituciones hacen lo que pueden, dentro de sus capacidades y del marco presupuestario del país. Así como el objetivo último de la institucionalidad de desastres es hacer todo lo posible para disminuir la mortalidad y los impactos negativos, la sociedad civil debería evitar comportamientos que pongan vidas en riesgo. La principal consideración es la cautela, la confianza en las instituciones, contar con un plan familiar y revisar constantemente las alertas de SENAPRED; y si ocurre algo, pues, promover la solidaridad con quienes la estén pasando mal. Esa es la responsabilidad compartida que debemos fomentar en momentos de emergencia”, concluye el también docente de la Escuela de Ciencias Sociales UOH.

• El último informe de la OCDE muestra que Chile volvió a retroceder en los niveles de confianza hacia las instituciones públicas. Para Javiera Delgadillo este fenómeno responde a problemas estructurales que van más allá de un gobierno de turno y refleja una creciente desconexión entre el Estado y las necesidades de la ciudadanía.

Chile concretó un nuevo descenso en el último informe OCDE sobre los factores determinantes de la confianza en las instituciones públicas, datos que revelan que solo un 26% de la población chilena declara confiar moderada o altamente en el Gobierno nacional, cifra inferior a la registrada en 2023 y muy por debajo del promedio de los países de la OCDE.

Para Javiera Delgadillo, docente adjunta de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), la confianza en las instituciones públicas no se construye únicamente con crecimiento económico o buenos indicadores de gestión. Depende, sobre todo, de que las personas perciban que el Estado responde a sus necesidades, actúe con transparencia y sea capaz de mejorar su calidad de vida. “Cuando esa percepción se debilita, también lo hace la legitimidad de las instituciones y, con ella, la fortaleza de la democracia”, explica la experta.

La Administradora Pública señala que reducir el fenómeno a una evaluación del desempeño gubernamental sería una interpretación incompleta. “La confianza en las instituciones permite que las personas comprendan al Estado como una entidad que influye positivamente en su vida diaria, resolviendo sus necesidades y resguardando su integridad. Cuando esa experiencia cotidiana no ocurre, la confianza comienza a deteriorarse”, explica.

Paradoja del desarrollo

Delgadillo sostiene que Chile enfrenta una contradicción que ayuda a comprender este fenómeno: exhibe indicadores económicos propios de un país desarrollado, pero mantiene profundas brechas sociales que afectan la percepción ciudadana.

“Chile vive una paradoja. Tenemos niveles importantes de desarrollo económico, pero también una de las mayores tazas de desigualdad. Para muchas familias, llegar a fin de mes sigue siendo una incertidumbre, y esa experiencia pesa más que cualquier indicador macroeconómico”, afirma.

A su juicio, la distancia entre las cifras de crecimiento y la realidad cotidiana provoca que muchas personas sientan que las instituciones no representan sus intereses ni responden efectivamente a sus problemas.

Confianza y seguridad

Otro elemento que influye en este deterioro es la percepción de inseguridad. Aunque Chile continúa ubicándose entre los países más seguros de América Latina, el temor al delito ha aumentado de forma sostenida durante la última década. “La sensación de inseguridad ha crecido y eso impacta directamente en la forma en que las personas evalúan el desempeño de las instituciones. Muchas veces la percepción termina siendo tan influyente como la realidad”, señala Delgadillo.

A ello se suma la persistente percepción de corrupción, uno de los factores que, según distintos estudios internacionales, mantiene una relación directa con la pérdida de confianza institucional.

“Cuando la ciudadanía percibe que existen altos niveles de corrupción, resulta mucho más difícil confiar en quienes administran el Estado. Esa relación ha sido ampliamente documentada y Chile no es la excepción”, sostiene.

Desafío para la democracia

La docente advierte que el problema trasciende las cifras y tiene consecuencias concretas para el funcionamiento democrático. “Mantener niveles persistentemente bajos de confianza fisura la convivencia democrática, porque las personas dejan de sentirse parte de un proyecto común y comienzan a perder confianza en la capacidad de las instituciones para resolver los problemas públicos”, explica la docente.

Ese escenario -agrega- favorece la aparición de discursos que desacreditan la política y cuestionan el valor de las instituciones democráticas.

“Cuando se instala la idea de que todas las instituciones fallan o que la política no sirve, aumenta el riesgo de que prosperen respuestas simplistas frente a problemas complejos. Eso debilita la democracia”, advierte.

Vínculo Estado-Ciudadanía

Para Delgadillo, recuperar la confianza exige mirar el problema desde una perspectiva de largo plazo y reconocer que se trata de un fenómeno complejo. “No existen soluciones rápidas. Es necesario preguntarnos si el modelo político y económico que tenemos está respondiendo a las expectativas de la ciudadanía y si ofrece condiciones para un desarrollo más equitativo”, plantea.

Asimismo, considera indispensable fortalecer la educación ciudadana para que las personas comprendan mejor el funcionamiento de las instituciones y participen activamente en la vida democrática.

“La confianza también se construye cuando la ciudadanía conoce sus instituciones, entiende cómo funcionan y siente que puede incidir en ellas. Recuperar ese vínculo será uno de los principales desafíos para el país durante los próximos años”, concluye.

• La visita se extendió a dos instituciones de educación superior con las que se intercambiaron experiencias sobre gobernanza y políticas sociales.

El académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (ICSo-UOH), Cristian Leyton Navarro, participó en la 15.ª Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Ciencia Regional, realizada en la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador. En la oportunidad, presentó su ponencia “Capacidades institucionales de los gobiernos regionales en Chile”, la cual formó parte del panel sobre gobernanza, donde abordó los desafíos que enfrentan las instituciones en la conducción efectiva de sus territorios. Esta mesa también incluyó trabajos de investigadores de la Universidade Federal do ABC de Brasil y del Institute of Environmental Engineering, Kauno Technologijos Universitetas (KTU) de Lituania.

En su exposición, Leyton explicó que el estudio analiza cómo los gobiernos regionales transforman sus atribuciones en capacidad efectiva de gestión, destacando que la descentralización no se agota en el traspaso de competencias, sino en la forma en que estas se traducen en coordinación, toma de decisiones y respuesta a problemas públicos en contextos complejos.

“Las instituciones públicas cumplen un rol que va más allá de la asignación y ejecución de recursos. Deben traducir sus atribuciones en coordinación efectiva, y en función de decisiones capaces de orientar políticas públicas. El desafío es fortalecer esas prácticas para que la función del Estado sea coherente y sostenida entre sus distintos niveles de gestión”, señaló el doctor del Instituto de Ciencias Sociales.

Factor clave

El académico y también docente de la carrera de Administración Pública UOH explicó que los gobiernos regionales requieren transformar los datos disponibles en insumos operativos. El objetivo, según señaló, es evitar que estos registros queden como un reporte aislado y lograr que, por el contrario, favorezcan los procesos de trabajo interno, siendo esto un “factor clave dentro de la acción pública institucional”.

Visita extendida

Durante su estadía en Ecuador, Leyton también presentó la conferencia “Políticas sociales y los desafíos de la implementación en tiempos de crisis” en el seminario “Implementar programas sociales en tiempos turbulentos: crisis y resistencias desde la primera línea de intervención profesional”, realizado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Con esta intervención, el académico amplió el intercambio sobre los retos que enfrentan las políticas públicas en contextos de creciente complejidad social. En este espacio participaron principalmente profesores y estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la universidad.

• La inesperada cifra reduce presiones sobre una política monetaria que también depende de la evolución de los conflictos en Medio Oriente y Rusia.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo de 2026 registró una variación mensual de 0,2%, por debajo de las expectativas del mercado, que apuntaban a 0,4%, mientras que la inflación acumuló 2,8% en lo que va de año, y 3,9% en los últimos doce meses.

El resultado sorprendió a los especialistas y aporta un leve margen de estabilidad económica en el corto plazo, y que también dependerá de factores externos como el precio de los combustibles y la marcha de la economía global.

Para el economista y docente de Ingeniería Comercial de la Universidad de O’Higgins (UOH), Pablo Peña, estas cifras constituyen una noticia favorable para una economía que continúa exhibiendo un bajo crecimiento, una inflación cercana al límite superior del rango meta definido por el Banco Central y una elevada exposición a factores internacionales que influyen sobre los costos.

“En un contexto marcado por el bajo dinamismo de la actividad económica y por la incertidumbre del escenario internacional, este IPC de 0,2% representa una señal positiva. Si bien los precios continúan aumentando, lo hacen a un ritmo menor al previsto por el mercado, lo que genera mayores márgenes de acción para las decisiones monetarias y fiscales que deberán adoptarse durante los próximos meses”, explica el docente, destacando la importancia de seguir observando la trayectoria inflacionaria dentro de esta coyuntura tan cambiante.

Contención de costos

Peña añade que uno de los aspectos más relevantes del resultado de mayo es la estabilización de los combustibles tras las alzas observadas durante marzo y abril, considerando que el transporte y la logística repercuten sobre una amplia variedad de bienes y servicios. En ese sentido, la contención de este componente evitó una propagación aún más intensa de los costos hacia otros sectores de la economía, contribuyendo a moderar el índice general.

“Lo relevante de este 0,2% registrado en mayo es que logra contener la escalada de precios luego del fuerte incremento que experimentaron los combustibles durante marzo y abril. Lo más significativo es que por ahora ese aumento de costos no se trasladó con intensidad hacia alimentos ni a otros bienes de consumo, lo que contribuye a moderar la evolución de los precios, siendo un indicador favorable para la economía en el escenario actual”, sostiene el docente, apuntando a uno de los elementos que más inciden en el presupuesto familiar.

Política monetaria

Otro de los efectos que Peña asocia a este resultado es su incidencia sobre las decisiones que deberá evaluar el Banco Central en las próximas reuniones. Explica que una trayectoria más contenida de los precios reduce la necesidad de aplicar medidas monetarias más restrictivas, como eventuales alzas en la tasa de interés, que podrían encarecer el crédito, afectar la inversión y dificultar una recuperación más sólida de la actividad económica.

Añade que este escenario también entrega cierto margen a la discusión fiscal que enfrenta el país. Si bien no resuelve los desafíos asociados al endeudamiento público ni al escaso dinamismo productivo, para el docente, “una inflación más estable facilita la implementación de medidas de ajuste y otorga mayor holgura a los actores para enfrentar la discusión de la mega reforma sin enfrentar un escenario adicional de encarecimiento generalizado”.

Riesgos externos, perspectivas internas

Sin embargo, el economista advierte que la evolución futura del IPC dependerá en gran medida de variables externas asociadas al mercado energético internacional, siendo Chile un país que mantiene una alta dependencia de la importación de hidrocarburos, cuyos valores continúan estrechamente vinculados al desarrollo de los conflictos en Rusia, Ucrania y Medio Oriente.

“Las alzas futuras de precios estarán más asociadas a los costos, especialmente a los hidrocarburos, que a una demanda interna fuerte. Mientras los conflictos internacionales sigan sin resolverse, difícilmente se esperarán bajas significativas en los combustibles. El escenario más probable es observar precios relativamente elevados durante buena parte del año y un IPC creciendo de manera moderada, aunque sin descensos importantes en el corto plazo”, advierte el profesor.

Estabilidad condicionada

El analista sostiene que el resultado de mayo otorga una cuota de tranquilidad que estabiliza las proyecciones inflacionarias sin sumar nuevos obstáculos a una economía que todavía avanza por debajo de su potencial. A su juicio, el desafío consiste en sostener el control de los precios en un contexto global incierto. “Si bien el IPC de mayo constituye un respiro para la inflación, no elimina de plano los riesgos que siguen presentes en el horizonte económico chileno”, concluye el especialista en macroeconomía.

• El acto académico reconoció el esfuerzo y la perseverancia de las y los egresados, quienes hoy inician una nueva etapa profesional tras completar su formación en la Universidad de O’Higgins.

La emoción de las familias, los abrazos entre compañeras/os y la satisfacción de quienes culminaron años de esfuerzo marcaron la ceremonia de titulación de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins. En la instancia, 150 nuevas y nuevos profesionales de las carreras de Psicología, Administración Pública e Ingeniería Comercial recibieron sus títulos, cerrando una etapa universitaria para dar paso a nuevos desafíos personales y laborales.

La ceremonia fue encabezada por el Vicerrector Académico, Federico Navarro, junto al director de la Escuela de Ciencias Sociales, Álvaro Astudillo, y contó con la participación de autoridades universitarias, jefaturas de carrera, académicas, académicos, docentes, además de familiares y amistades que acompañaron este importante hito.

Durante la actividad también se entregó la Distinción Académica a quienes obtuvieron el mejor promedio ponderado de sus respectivas carreras. El reconocimiento fue para Martina Navas, de Administración Pública; Mario Wilson, de Ingeniería Comercial; y Renata Bascuñán, de Psicología.

En su discurso, el director de la Escuela de Ciencias Sociales, Álvaro Astudillo, invitó a las y los titulados a reflexionar sobre qué clase de profesional querían ser y cómo se relacionarían con el mundo. “El ser profesional les impone una gran responsabilidad. La sociedad espera mucho de ustedes y de su trabajo. Que esta idea no les abrume, sino por el contrario, úsenla como motivación. Que sea el motor que las y los impulse a soñar en grande y a ser personas creativas y hasta revolucionarias. Sean críticos, valientes y por sobre todo muy preparados en su disciplina, ya que cualquier intervención requiere lo mejor de nosotros”

La ceremonia concluyó con el reconocimiento de familiares y docentes, quienes acompañaron a las/os nuevas/os profesionales en uno de los hitos más importantes de su trayectoria académica. Con este paso, la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins suma una nueva generación de tituladas y titulados que comenzará a aportar desde sus distintas disciplinas al desarrollo del territorio y del país.

• Especialistas, municipio y academia ampliaron su mirada acerca de la convivencia ciudadana, desafíos territoriales y sobre la importancia que tiene la participación comunitaria en la resolución de conflictos.

Comprender la seguridad más allá del delito y reconocer la responsabilidad compartida que asumen comunidades e instituciones públicas fue el principal objetivo del conversatorio “¿Quién produce seguridad?”, actividad organizada por las académicas del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Loreto Quiroz y María Paz Trebilcock, quienes destacaron la instancia como un espacio de reflexión sobre el fenómeno desde perspectivas territoriales, comunitarias y sociales.

Para Loreto Quiroz, el encuentro surgió de la necesidad de acercar la academia y a quienes implementan políticas públicas con el propósito de construir respuestas conjuntas frente a las problemáticas que afectan a los distintos territorios. “Generamos un espacio de encuentro entre quienes estudian estos fenómenos y quienes enfrentan diariamente sus efectos en las comunidades. Fue un intercambio que abrió nuevas formas de comprender esta realidad y de pensar respuestas más pertinentes para las personas”, señaló la Doctora en Estudios Americanos.

Por su parte, María Paz Trebilcock destacó que la actividad permitió reafirmar la urgencia de abordar estas problemáticas desde una perspectiva más amplia que la mera vigilancia o el control, considerando factores como la desigualdad y las brechas territoriales. Para la Doctora en Sociología, “el conversatorio consensuó la necesidad de construir relatos alternativos a la visión homogeneizadora y punitiva de la seguridad, ampliando el enfoque hacia la convivencia, el acceso a servicios y la reconstrucción de vínculos sociales”.

Mirada municipal

Desde la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Rancagua, Blanca Pinto reconoció el conversatorio como encuentro que ratificó que cada barrio presenta desafíos distintos, lo cual requiere la planificación de estrategias diferenciadas según las características de cada sector. “Se requiere una comprensión amplia de los territorios. Factores como la desigualdad, la periferia, los procesos culturales y las distintas realidades barriales influyen directamente en cómo se manifiestan los problemas de seguridad. Por eso creemos que las estrategias deben planificarse a largo plazo, con enfoques diferenciados y una fuerte participación comunitaria”, afirmó la funcionaria.

Entre tanto, el coordinador del Observatorio Comunal de Seguridad de Rancagua, Felipe Osorio, valoró que este espacio impulsado por la UOH y el ICSo, permitió reflexionar sobre las intervenciones locales y su adecuación a las distintas realidades. Aportó que “la seguridad no puede entenderse únicamente desde el control o la fiscalización; también requiere fortalecer la participación comunitaria, la organización vecinal y la capacidad de diseñar respuestas acordes a las necesidades de cada barrio y cuadrante de la comuna”, agregó el coordinador.

Aportes vinculantes

El conversatorio también contó con la participación del investigador de la Universidad de Oxford, Gonzalo García-Campo, quien cuestionó las narrativas con que habitualmente se instala la discusión sobre seguridad en la opinión pública, planteando que muchas de las demandas ciudadanas expresan aspiraciones más profundas vinculadas a una vida digna, acceso a servicios, salud y bienestar. Asimismo, el académico de Marquette University, Enrique Alvear, advirtió sobre los riesgos asociados a la criminalización de la pobreza, enfatizando la necesidad de fortalecer la organización comunitaria y la cohesión social como una manera de contrarrestar la desigualdad que surge de este tipo de sesgos.

A ello se sumaron los aportes de la Gestora de Seguridad y del Observatorio de Seguridad de la Municipalidad de Rancagua, Camila Maturana y Katherine Vergara, respectivamente, quienes destacaron la relevancia de articular la labor institucional con las comunidades en función de atender la seguridad desde una visión más colaborativa. Subrayaron la necesidad de intervenir espacios públicos con acciones comunitarias, siendo esto una herramienta clave para la prevención y la convivencia.

• El debate de las últimas semanas reinstaló una pregunta incómoda: qué papel cumple el conocimiento científico en la política pública y qué ocurre cuando ese conocimiento se relativiza.

La controversia que marcó la agenda durante las últimas semanas volvió a poner sobre la mesa un asunto que la comunidad científica consideraba zanjado hace tiempo: el negacionismo climático y su efecto sobre las decisiones públicas.

Para Gabriela Guevara Cue, académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH) y autora del Séptimo Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), conviene partir por una distinción básica: “un consenso científico no es una opinión más dentro de un abanico de posturas. La evidencia ya no habla de probabilidades, sino de certezas”, afirma, y recuerda que el último informe del IPCC calificó de “inequívoca” la influencia humana sobre el calentamiento global. Un consenso de ese nivel -agrega- no se rebate con pareceres: “La evidencia científica se debate con más evidencia científica. Y en este caso, la evidencia contraria simplemente no existe.”

La investigadora hace notar -además- una regularidad bastante conocida: “las dudas sobre consensos científicos bien establecidos, rara vez surgen en el vacío. Suelen aparecer en escenarios donde hay intereses en juego, no tanto para negar la evidencia de frente como para sugerir que el debate sigue abierto cuando ya no lo está”.

Ahí -señala la experta- se hace crítica la importancia de un punto que muchas veces queda fuera de la conversación: que la producción de conocimiento científico sea independiente de esos intereses. “Esa independencia es la que permite informar con libertad, incluso aquello que puede resultar inconveniente”, advierte.

Por lo mismo, para la académica UOH, la ciencia que informa a la política pública cumple una función concreta. “Reduce la incertidumbre para que las decisiones se tomen con esa evidencia a la vista y no sobre opiniones o conveniencia”, señala. Con ese valor -añade- viene una responsabilidad para quienes producen conocimiento. “Comunicarlo con claridad, incluso cuando hacerlo, incomoda. Porque cuando quienes manejan la información la dejan en la ambigüedad, esa duda no se queda en lo abstracto”, puntualiza.

“El costo de no decidir bien en escenarios de alta incertidumbre, pero teniendo a mano lo que la ciencia ya ofrece, rara vez lo asumen los científicos o quienes toman las decisiones. Lo terminan pagando las personas, generalmente las más vulnerables, y a veces se traduce incluso en pérdida de vidas”, agrega la experta.

“Ese riesgo, en Chile, ya es visible. Nada de esto es especulación; es lo que ya está ocurriendo”, destaca la Dra. Guevara.

Por eso -concluye- reconocer el negacionismo y nombrar el valor del conocimiento científico no es un gesto corporativo de la academia, sino una condición para decidir mejor. “Cuando la duda reemplaza a la evidencia, el costo no se mide en titulares, sino en decisiones que se postergan y, ese retraso, habitualmente no lo paga quien sembró la duda”.