• El medicamento diseñado para el manejo de la diabetes tipo 2 y de problemas cardiovasculares, ha ganado adeptos como un vertiginoso reductor de peso.

En búsqueda de un cambio físico y de vida, muchas personas en el mundo comenzaron a interesarse en el medicamento Semaglutida, gran parte inducidos por distintos influencers que lo promocionan y utilizan para reducir peso.

Lo cierto es que la Semaglutida de uso inyectable fue diseñada para el manejo de la diabetes tipo 2 y algunas complicaciones cardiovasculares, especialmente en personas que sufren exceso de azúcar en la sangre.

La académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH) y Doctora en Psicología Clínica y de la Salud, Camila Oda, explica que el problema es que referente a la “pérdida de peso que promete (el uso de la Semaglutida), aún falta investigación para comprobar si puede sostenerse en el tiempo, de hecho, se ha observado que luego de una pérdida que comienza acelerada, esta suele frenarse en un tiempo reducido. Entonces, hasta ahora, no existe ningún método, ninguno, ni siquiera la cirugía bariátrica, que asegure pérdidas de peso que sean sostenibles a largo plazo, es decir, a más de cinco años”.

Para Oda, el interés por este medicamento se está masificando en función de un uso cosmético, en desmedro del uso principal, asociado al manejo de la diabetes.

“¿Cuál es el problema? Que vivimos en una sociedad en la cual existe una cultura de la dieta y el culto a la delgadez, como objetivo vital a lo que solemos asociar al éxito y la felicidad absoluta. Esta cultura está facilitando que el uso de este medicamento se esté masificando. Y si le sumamos que influencers o personas famosas lo usan, hay más ganas de copiar esa acción, como medio, entre otras cosas, de ganar estatus”, puntualizó.

Riesgos de un mal uso

El masivo uso de la Semaglutida, como estrategia para la pérdida de peso, ha detonado una reducción drástica de la disponibilidad de este medicamento en el mercado, en especial para su ocupación original, es decir, para las personas con diabetes.

Según explica Camila Oda, todavía no hay mucha investigación a largo plazo sobre los efectos secundarios del medicamento, algo importante para decidir su uso. “Que tú ocupes algo que no necesitas, hace que tu cuerpo -en el fondo- corra el riesgo de dejar de funcionar bien. Entonces, a través de estas acciones podemos contribuir a generar o desencadenar condiciones de salud que antes no teníamos, como puede pasar con estrategias de pérdida de peso drásticas, tales como el uso de esta medicación, la cirugía bariátrica, entre otras”, finaliza la académica UOH.

• Un estudio publicado por la revista Science dio a conocer que 63 de 1.500 políticas medioambientales son consideras exitosas.

Las políticas medioambientales y climáticas son parte de las distintas estrategias que en la actualidad implementan diversos países a lo largo del mundo. Un trabajo publicado por la revista Science y denominado “Climate policies that achieved major emission reductions: Global evidence from two decades”, dio a conocer el análisis de 1.500 políticas climáticas, donde sólo 63 de ellas se consideran exitosas.

El profesor asistente del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH) y Doctor en Psicología Social Evolucionista y su aplicación en Sustentabilidad Ambiental, Gonzalo Palomo, asegura que si bien muchos titulares asociados a este estudio sugieren que sólo unas pocas políticas climáticas funcionan, lo cierto es que la forma de operacionalizar o decidir si acaso una política climática era efectiva –en este trabajo- implicó que la misma debía cumplir con criterios muy estrictos, entre ellos, una reducción de emisiones en el corto plazo y claramente atribuibles a la política en sí. Por ello, no es tan sorprendente que no tantas políticas “pasaran la prueba”.

Respecto a la situación de nuestro país, según Palomo, el estudio no detecta grandes y (rápidas) reducciones de emisiones, pero sí muestra que “para países con economías en desarrollo, instrumentos tales como subsidios y regulaciones tienden a ser más efectivos en reducción de emisiones”.

El promedio de reducción de emisiones fue del 19.4%, siendo mayor en el sector de edificios (22.7%) y electricidad (26%), de acuerdo al artículo.

Caminos para avanzar

El estudio muestra que se ha incrementado el número de políticas climáticas, especialmente en economías desarrolladas, abarcando sectores como electricidad, edificios, transporte e industria.

Lo anterior, va en concordancia con los caminos que se deben tomar por cada país u empresa asociada a este tipo de políticas.

Para el doctor Palomo, un resultado relevante del estudio se asocia a la idea de que las políticas de mercado tales como la fijación de precios de carbono e impuesto a emisiones “tienden a ser más efectivas cuándo se realizan en complementariedad con medidas más bien regulatorias, como limitar vía ley la cantidad de emisiones permitidas para empresas de un sector productivo, o requerir mejoras tecnológicas en cuánto a eficiencia energética para la obtención de permisos, entre otras”.

Finalmente, para el profesor asistente de la UOH, es posible hipotetizar sobre los efectos que pueden tener estos resultados –y más particularmente, su difusión- en la confianza que las personas depositan en este tipo de instrumentos, algo que por cierto debería importarles a los hacedores de política pública (e.g., gobiernos). Lo anterior, dado que una pérdida de confianza en los instrumentos políticos por parte de la población -para afrontar la crisis climática- podría generar una serie de problemas, toda vez que para establecer políticas climáticas se necesita del apoyo público, especialmente cuándo se trata de políticas que implican ciertas restricciones tales cómo impuestos a emisiones.

El estudio sugiere que para cerrar la brecha de emisiones estimada en 23 gigatoneladas para 2030, es necesario escalar estas políticas exitosas a nivel global.

Créditos: Marco Lara.

• El investigador y sociólogo Manuel Canales recuerda que la gran pregunta que dejó octubre es “si este modelo puede dar respuesta a las demandas de pensiones, salud, educación, trabajo y oportunidades decentes para las clases populares”.

La última encuesta CEP detalló que las personas que dicen haber siempre rechazado las manifestaciones de octubre de 2019 triplicaron su porcentaje, a cinco años de la revuelta. En diciembre de 2019 llegaban solo a un 11% y en agosto/septiembre de 2024 alcanzan un 34%, superando a quienes apoyan las manifestaciones (en similar fecha).

El investigador de la Universidad de O’Higgins (UOH) y sociólogo Manuel Canales asegura que el cambio en las encuestas, específicamente en la Encuesta CEP, es por un fenómeno de negación. Aun así, aclara que dichas encuestas están diseñadas para “negar la naturaleza real de octubre” y que su objetivo “no es tanto revelar la verdad, sino distorsionarla o minimizar el apoyo que en su momento tuvo el estallido”.

“Después de cinco años de demonizar a un actor que no tiene representante, organización ni discurso, es comprensible que algunas personas ahora afirmen que no apoyaron el movimiento”, señala el experto y autor del libro “La pregunta de Octubre: fundación, apogeo y crisis del Chile neoliberal”. Pero subraya que no refleja lo que se vivió en ese momento, “el 90% de la población, según encuestas previas, mostró un alto grado de simpatía hacia las demandas de octubre”.

Preguntas sin responder

Para el sociólogo, la gente “sigue sin entender octubre”, y dicho fenómeno es parte “de la estrategia de negación y manipulación que busca desacreditar el significado del estallido social y sus demandas”.

“Octubre nunca fue un rostro, ni siquiera un actor. No es para ser celebrado, se le entiende, se le reconoce. No se le demoniza”, añade el autor. Y asegura que la pregunta que dejó, nunca ha sido respondida: “¿habrá dentro de este modelo posibilidades de una salud decente, de jubilaciones decentes, de empleos decentes y de educación decente?”. Agrega para dejarlo más claro: “vamos a envejecer y nos vamos a empobrecer. Esa es la realidad que octubre vino a dejar como pregunta”.

Para el Dr. Canales las demandas sociales de octubre —pensiones justas, salud decente, educación y empleo dignos— siguen vigentes, pero es la clase política la que no ha sabido dar una respuesta adecuada. “Estamos negando la demanda social de octubre, porque dicha demanda estructural cuestiona la capacidad del modelo para ofrecer bienestar a las clases populares”.

Agrega que octubre no debió ser visto como un simple estallido de violencia, ni como un acontecimiento que debe ser celebrado o demonizado. “Es una manifestación del agotamiento del sistema neoliberal, que sacó a muchas personas de la pobreza, pero que ya no responde a las expectativas de las nuevas generaciones”.

Y al negar y no responder los cuestionamientos que la revuelta presenta y mantiene “lo que vivimos no es la normalidad. Es un momento de crisis, y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Estamos en una crisis del Chile neoliberal”, asegura el investigador.

Para Manuel Canales seguimos en el mismo lugar. “Cinco años después del estallido estamos en el mismo punto. Nadie ha sabido qué hacer con la pregunta que dejó octubre. Continuamos con un sistema político que no sabe cómo responder. La izquierda, la derecha, nadie ha sabido interpretar esta demanda”.

Respecto a si seremos capaces de afrontar y solucionar el dilema, Manuel Canales es claro. “Yo diría que el tema es largo, como el país. ¿Sobre si daremos el ancho?, digamos que el ancho nunca ha sido el fuerte de Chile. Pero no tiene otro destino. Permaneceremos en ella mientras no la abordemos en serio”, finaliza.

• El académico Patricio Saavedra y la psicóloga Anais Moris fueron parte del simposio “Formas de crisis en la actualidad”.

El pasado 24 de septiembre, el académico Patricio Saavedra y la psicóloga Anais Moris, ambos del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad de O’Higgins, participaron del simposio “Formas de crisis en la actualidad” organizado por el programada de Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

En la oportunidad, ambos investigadores realizaron una presentación oral del trabajo titulado “Validación de una escala de medición orientada a evaluar el estigma social hacia personas que han estado privadas de libertad”. Allí recalcaron la necesidad de considerar la perspectiva de la opinión pública con respecto a quiénes han cumplido penas de cárcel en el contexto de la actual crisis de seguridad.

Los expositores platearon que, salvo aquellos que mueren en la cárcel, todos los que ingresan a los penales deben volver en algún momento a la sociedad y -en este último proceso- la evaluación que hagan las personas de aquellos que han estados privados de libertad es crucial para facilitar los procesos de reinserción social.

“De otra forma, sería altamente probable que aquellos que han cumplido sus condenas se sientan excluidos de la comunidad, y con ello aumenten las posibilidades de reincidir y se mantengan en el circuito del delito”, explicó Patricio Saavedra.

Los investigadores también enfatizaron el hecho de que, junto con las acciones orientadas a enfrentar directamente la criminalidad, es necesario trabajar en estrategias que permitan facilitar la reinserción social e impedir que las personas vuelvan a cometer delitos.

• Con presentaciones en el Collective Action Network (CAN), de la Durham University, y en el Psychology Section, de la British Psychological Society, el académico UOH Patricio Saavedra expuso parte de su trabajo.

A fines de agosto y principios de septiembre, el académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, Patricio Saavedra, tuvo la oportunidad realizar presentaciones –de parte de su trabajo de investigación- en dos importantes actividades académicas de Reino Unido. En ambas instancias, compartió y trabajó con investigadores de Europa, Asia y Oceanía.

El 29 y 31 de septiembre, el Dr. Saavedra participó de la primera reunión anual de la Collective Action Network (CAN) que se desarrolló en la Durham University. Patrocinada por la European Association of Social Psychology (EASP), la British Psychological Society (BPS) y la Society for the Psychological Study of Social Issues (SPSSI), La iniciativa fue liderada por las profesoras Melis Ulug Ozden (University of Sussex), Maja Kutlaka (Durham University) y Helena Radke (James Cook University).

Durante la actividad presentó el trabajo titulado “Understanding protest violence: From participants to non-participants’ support for protest violence”, que resume el trabajo desarrollado en conjunto con el Profesor John Drury, de la University of Sussex, respecto al apoyo a la violencia de protesta por parte de la opinión pública, que fue recientemente publicado como parte del libro “Resistance to Repression and Violence: Global Psychological Perspectives”, editado por los profesores Fouad Bou Zeineddine (University of Greenwich) y Johanna Vollhardt (Clark University) y publicado por la Oxford University Press.

Asimismo, del 2 al 4 de septiembre participó de la reunión anual de la Social Psychology Section de la British Psychological Society, realizada en la Queen’s University of Belfast. Como parte del simposio “Meta-perceptions in groups relations”, liderado por el Profesor John Drury, expuse el trabajo “What others believe about protests and protest violence matters”.

En la exposición explicó cómo las personas podrían legitimar acciones violentas durante protestas cuando los manifestantes se enfrentan a restricciones percibidas como ilegítimas al derecho a protesta, así como también de acuerdo con como las personas perciben que otros como ellos pudiesen legitimar o deslegitimar acciones violentas.

• Para el académico Patricio Saavedra además de atender las cifras de victimización e inseguridad, se deben considerar las repercusiones más amplias que estas tienen en la salud de las personas y la cohesión social.

La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC 2023, que se alza como el principal instrumento del país para medir la victimización y la percepción de seguridad, en esta versión contó –por primera vez- con información fiable y detallada a nivel comunal y regional, además de las cifras nacionales.

Dentro de los números entregados se señala que la victimización alcanzó un 21,7%, manteniéndose estable en relación con 2022; mientras que la percepción de inseguridad, que mide la cantidad de personas que estiman que la delincuencia aumentó en los últimos 12 meses, llegó al 87,6%. De esa cifra, 54,3% consideró que la delincuencia creció en su barrio y 76,4% lo hizo en su comuna.

Patricio Saavedra, académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), abordó las repercusiones de los resultados entregados en la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2023, más allá de las cifras usualmente destacadas sobre victimización y percepción de inseguridad, enfatizando que el verdadero impacto radica en los cambios en la vida diaria de las personas producto de la sensación de inseguridad.

“Un aspecto relevante que muestra la encuesta es cómo las personas han modificado su forma de vida debido a estas altas tasas de inseguridad y victimización”, señaló Saavedra. Los resultados evidencian que muchos optan por evitar salir de noche, caminar solos o participar en actividades recreativas con sus familias, y ese cambio en el comportamiento no solo afecta las rutinas diarias, también tiene implicaciones en el bienestar psicológico y la calidad de vida.

“Hay algo que está quedando fuera del debate: cómo la sensación de inseguridad está impactando en la salud física y mental de las personas. Al evitar salir o reunirse con otros, la gente se aísla, lo que puede llevar a un incremento en las percepciones de soledad y, eventualmente, a problemas de salud más serios, como enfermedades cardiovasculares o depresión”, advirtió el académico.

Saavedra destacó que el aislamiento y la falta de conexión con la comunidad son factores que afectan directamente el bienestar. “Una gran proporción del bienestar de las personas proviene de sentirse parte de una comunidad, de compartir con otros y sentirse útiles. Con los niveles de delincuencia e inseguridad que estamos viendo, esas posibilidades se están restringiendo, afectando el buen vivir de la población”, concluyó.

Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de no solo atender las cifras de victimización e inseguridad, sino también considerar las repercusiones más amplias que estas tienen en la salud y la cohesión social, temas que hasta ahora han estado ausentes en el debate público.

• Martina Cociña Cholaky, investigadora UOH, señala que lo fundamental es que las políticas que se implementen busquen resguardar a la población migrante y en movilidad forzada, incentivando -además- un diálogo regional multilateral.

“El éxodo venezolano no es reciente, viene observándose -al menos- hace una década, configurándose en la mayor movilidad en la región a nivel contemporáneo”, explica Martina Cociña, investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad de O’Higgins (UOH), respecto a los anuncios de una migración masiva desde la tierra de Simón Bolívar por el complejo escenario político que generaron los resultados oficiales entregados tras las votaciones del pasado 28 de julio de 2024.

Para dar respuesta a interrogantes sobre si habrá un éxodo masivo y las consecuencias que tendrá para Chile y Latinoamérica, la experta en migración de la UOH, indica que “lo reciente de las elecciones dificulta efectuar un análisis de sus implicancias, en especial, por lo incierto del escenario. Lo que es claro es que no existe acuerdo sobre sus resultados, mientras el Consejo Nacional Electoral informó que Nicolás Maduro había obtenido la mayoría (52%), por lo que continuaba el siguiente mandato; la oposición, liderada por María Corina Machado, a través de una declaración pública, proclamó a Edmundo González vencedor con una amplia diferencia (en torno al 70%)”.

La investigadora detalla que, a mayo de 2024, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), portal que registra que la diáspora venezolana, ésta alcanza más de 7,7 millones de personas. “De ellas, 6,6 millones se asientan en América Latina y El Caribe, principalmente, en Colombia (2,9 millones), Perú (1,5 millones) y Brasil (568 mil). Chile es el cuarto país en la región con mayor flujo venezolano (con más de 500 mil personas), transformándose desde 2017 en la mayor comunidad de migrantes de nuestro país”. Por tanto, la Doctora Cociña plantea que “los recientes comicios, en particular la incertidumbre poselectoral que se vive en Venezuela podría incidir en el aumento de su éxodo, en especial hacia países latinoamericanos, como Colombia -por la cercanía geográfica y cultural- y a otros territorios en que se ha establecido su diáspora, como es el caso de Chile”.

Preparación de las naciones

La investigadora sostiene que “sin duda, la situación venezolana se ha transformado en una preocupación y en un desafío para toda la región latinoamericana”, y agrega que “es hora de aunar todos los esfuerzos y las energías para instar por mediadores que posibiliten una salida democrática, sin violencia y promoviendo vías que garanticen el respeto de los derechos humanos, en este conflicto”.

Mientras ello se gesta, Martina Cociña Cholaky, señala que, ante el posible aumento de la movilidad humana, los países “cuentan -en sus legislaciones- con mecanismos para abordar la migración de personas, como son los visados de residencias temporal o permanente, o medidas ad hoc; como el visado de responsabilidad democrático creado en Chile para responder al flujo venezolano”. En este sentido, arguye que “lo primordial es que los gobiernos adopten medidas que velen por el respeto de los derechos esenciales, ya sea posibilitando el ingreso y permanencia regular en el territorio, facilitándole la realización de trámites y/o el otorgamiento de protección, en caso de movilidad forzada”. Detalla que, en este ámbito, desde febrero de 2022, Chile cuenta con la figura de protección complementaria consagrada en la nueva Ley de Migración y Extranjería que garantiza el principio de no devolución.

Asimismo, la especialista en movilidad señala que “para la diáspora, en contexto forzado, cabría aplicar el reconocimiento ‘prima facie’, esto es, el reconocimiento grupal de protección frente a una situación generalizada de vulneración a los Derechos Humanos, tal como lo ha realizado Brasil. Otros países han implementado herramientas para fomentar la estadía regular, a través de permisos provisorios, como es el caso colombiano”.

Especifica que “lo fundamental es que las políticas que se implementen tengan por objeto resguardar a la población migrante y en movilidad forzada, para lo que se debe incentivar el diálogo regional multilateral. El éxodo venezolano requiere respuestas coordinadas e integrales; y acciones como el cierre de embajadas y el retiro del personal diplomático de Venezuela en siete países latinoamericanos (Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay) va en contra de la necesidad de desarrollar diálogos regionales. Además, afecta a la población extranjera residente, impidiéndole obtener documentos y realizar trámites esenciales para su inclusión y movilidad”.

• Ricardo Fuentealba, académico UOH, señala que estos instrumentos son fundamentales para resguardar el desarrollo armónico y promover la integración y la equidad social.

“El plan regulador comunal (PRC) es el principal instrumento para ordenar el uso de suelo urbano en las comunas”, explica Ricardo Fuentealba, académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH). Ello implica que el PRC define “que ciertas áreas sean industriales o de vivienda, cuál es la estructura vial, dónde hay parques y servicios públicos, entre otros aspectos urbanísticos. Además, regula asuntos cruciales sobre cómo habitamos los centros poblados; en tanto, define los límites urbanos, las características de las edificaciones, la densidad o las prioridades de urbanización”, añade.

De allí entonces su importancia, ya que se trata de “un instrumento de planificación primordial de las zonas urbanas (los planos reguladores no regulan las áreas rurales, cuya zonificación carece de un instrumento análogo) y por definición buscan el desarrollo armónico de ciudades y otros centros poblados. Deben, por tanto, resguardar y promover asuntos importantes como la integración y la equidad social. Además, son vinculantes, es decir, tienen fuerza de ley y deben seguirse para zonificar las comunas. Y esto, es importante si lo comparamos con otros instrumentos que pueden ser relevantes como los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO), pero que no son vinculantes, sino indicativos u orientadores”, precisa.

Por ello, las cifras entregadas por el estudio que realizó la Cámara Chilena de Construcción (CChC), que reveló que el 82% de las 34 comunas del Gran Santiago tienen su PRC desactualizado, son “preocupantes”, según sostiene el Dr. Fuentealba.

Explica que en la Región de O’Higgins -según datos del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)- podemos consignar cifras similares a las mencionadas por el estudio de la CChC. “En nuestra región el 83% de las comunas con PRC los tendrían desactualizados, si seguimos el criterio de la ley, que establece que deben actualizarse cada diez años”.

El académico UOH señala que además de estar desactualizados, los planes reguladores comunales de O’Higgins, tienen una antigüedad promedio de “unos 20 años. Incluso, el 34% de las comunas tiene planes reguladores de antes del año 2000, incluyendo capitales provinciales como San Fernando (1998) y Rancagua (1990)”. Aunque la capital regional, acota, “cuenta con 22 planes seccionales, los cuales son instrumentos complementarios a los PRC, de igual fuerza y similar función, pero con menor escala de aplicación”.

Pérdida de oportunidades

El académico reitera que alguien debe definir cómo se ocupa el suelo urbano y es más probable lograr un desarrollo armónico y equitativo con un PRC actualizado. “Su desactualización hace que perdamos oportunidades de desarrollo urbano, que podría redundar en la mejora de nuestras ciudades”, indica. Sobre quién fiscaliza que los PCR estén actualizados, Ricardo Fuentealba, explica que la Ley y la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones es “clara en que les corresponde a las municipalidades mantener estos instrumentos actualizados. En el caso de centros urbanos grandes, por ejemplo, la ley es explícita en que esta labor le corresponde a un arquitecto que ocupa el cargo de Asesor Urbanista. Estas normas describen en detalle el proceso que deben seguir para actualizar o modificar los PRC”.

Sin embargo, frente a esta claridad legislativa, el experto señala que existe un problema: “la actualización de los planes reguladores no es tan simple y requiere mucho tiempo y recursos. Las municipalidades, en general, tienen otras prioridades y los PRC se ven como algo técnico y que no genera tantos incentivos o beneficios directos para actualizarlos. Las municipalidades de comunas más pequeñas, además, no cuentan con los recursos técnicos para realizar estos procesos. En tal sentido, se necesita bastante apoyo de las Secretarías Ministeriales Regionales y/o los gobiernos regionales para poder llevar adelante estas actualizaciones”.

Si los PRC estuvieran actualizados, ¿se podrían evitar problemas como construir viviendas y edificios en territorios inundables o sobre dunas?

“La sola presencia de planes reguladores o incluso de planes reguladores actualizados, no resuelve todos los problemas de planificación. Por ejemplo, la urbanización de las dunas de Concón se hizo con planes reguladores aprobados recientemente: el actual es del año 2017 (con dos seccionales posteriores) y el anterior es del año 2006 (con cuatro seccionales posteriores). Lo mismo se puede decir respecto a muchas inundaciones en zonas urbanas consolidadas, como vimos el 2023 en el centro-sur de Chile. El punto fundamental es más bien de orden político, es decir, de las relaciones de poder en el desarrollo urbano. Las regulaciones y prohibiciones marcan lo que es legal hacer, pero no necesariamente lo que es deseado por quienes se ven afectados, o incluso buscando lo que sea sostenible y equitativo.

El asunto de fondo es cómo se construye ciudad y quién lidera esto bajo nuestro actual marco jurídico. El mundo privado, a través de empresas inmobiliarias sigue las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, pero se orientan maximizando su rentabilidad y no necesariamente por el bien común. Corresponde más bien al Estado generar las condiciones para que los PRC actualizados logren mayor nivel de equidad y sostenibilidad, con estudios avanzados respecto de las características de cada territorio para zonificar su uso”.

• Ana Figueiredo realizará una estancia de investigación en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford.

Entre septiembre de 2024 y enero de 2025, la académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Ana Figueiredo, realizará una estancia de investigación en el Center for Latin American Studies (CLAS) de la Universidad de Stanford (EE.UU.), luego de adjudicarse la beca Luksic Visiting Scholars and Fellows Program.

“Durante cuatro meses estaré en este prestigioso Centro de Estudios Latinoamericanos, desarrollando mi propia agenda de investigación y generando redes colaborativas con otras y otros académicas y académicos de CLAS y de la Universidad de Stanford”, explica la Doctora en Psicología Social.

Cabe destacar que el Programa Luksic Visiting Scholars and Fellows, cuenta con el patrocinio de la Fundación Luksic Scholars, y fue iniciada por el Centro de Estudios Latinoamericanos el año 2021. La Beca está disponible para ciudadanos chilenos y residentes que estén afiliados a una institución académica chilena.

“Recibir la beca del Programa Luksic Visiting Scholars and Fellows me llena de gratitud, alegría y humildad. Siento que es un gran un reconocimiento a mi trayectoria académica y al potencial impacto que mi trabajo puede tener en la comunidad científica y en la sociedad civil, algo que me impulsa a seguir dedicándome con entusiasmo a mi campo de estudios”, detalló la Dra. Ana Figueiredo.

La académica también destacó que esta beca le dará la oportunidad de conocer, interactuar y –potencialmente- colaborar con académicas y académicos de la Universidad de Stanford. “Esto -sin duda- contribuirá a la internacionalización de mi trabajo académico y a la difusión del trabajo científico que realizamos en América Latina y, particularmente, en Chile. Además, el énfasis del programa en la colaboración interdisciplinaria, se alinea perfectamente con mis propios intereses de investigación, proporcionando un terreno fértil para la colaboración académica y la innovación en investigación”, explicó.

Ana Figueiredo espera que esta beca y el trabajo que realice durante cuatro meses pueda generar puentes entre las universidades de O’Higgins y Stanford. “Espero actuar como embajadora de la UOH en Stanford y contribuir a la posibilidad de desarrollar acuerdos bilaterales e investigaciones colaborativas sobre temas relevantes, tanto teórica como socialmente, para CLAS y, sobre todo, para la región latinoamericana y Chile. Por otro lado, espero que mi experiencia allá me permita adquirir nuevas habilidades, conocimientos y perspectivas que puedan transferirse tanto a colegas como a estudiantes de la UOH. Especialmente, considerando que somos una universidad estatal regional muy joven, creo que tener un vínculo con la Universidad de Stanford aumentará la visibilidad y la reputación nacional e internacional de nuestra casa de estudios”, finalizó la académica UOH.

• Un tercio de los incendios en Chile son intencionales, mientras el 64% son causados de forma accidental o negligente.

Dos detenidos, un bombero de Valparaíso y un brigadista de Conaf, son señalados como el autor material e intelectual, respectivamente, del megaincendio que afectó en febrero a Viña del Mar y Quilpué. Esta catástrofe dejó una estela de devastación con 137 muertos, 4.500 viviendas quemadas, más de 12 mil damnificados y casi 9 mil hectáreas arrasadas por las llamas. Las detenciones de estos individuos marcan un punto de partida en la búsqueda de respuestas sobre las causas detrás de esta tragedia en particular, pero también plantean la interrogante sobre qué motiva a algunas personas a provocar un incendio.

Según explica la psicóloga forense y coordinadora de Vinculación con el Medio de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Paulina Rasso, la piromanía es un trastorno que pertenece a un grupo denominado trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta. “Estos trastornos se caracterizan por generar comportamientos que violan los derechos de los demás o las normas sociales, llevando a conflictos significativos con la ley, las normas y la autoridad”.

En el caso específico de la piromanía, este trastorno consiste en provocar incendios de manera intencionada y reiterada. Las personas que padecen piromanía experimentan una tensión o placer al generar el fuego, y este acto les provoca excitación, gratificación o alivio. Es importante distinguir la piromanía de aquellos incendios que tienen un propósito instrumental, como obtener un beneficio económico, venganza o la expresión de la ira. En la piromanía, la persona tiene una motivación interna de generar el fuego que no se satisface hasta que se produce el incendio.

Los datos de Conaf indican que un tercio (33%) de los incendios en Chile son intencionales, mientras que el 64% son causados de forma accidental o negligente.

En la investigación en curso, uno de los fiscales precisó que al brigadista lo motivó el interés de ganar dinero trabajando horas extras durante los incendios. Estas conductas, pueden ser premeditadas y estar motivadas también por la rabia, la venganza o tener una personalidad antisocial.

“El trastorno se manifiesta en la tensión y el deseo incontrolable de provocar el fuego. Las personas con trastornos del control de impulsos tienen dificultades para regular sus emociones y comportamientos. La regulación emocional y conductual falla, lo que lleva a la incapacidad de inhibir el deseo de iniciar un incendio”, añadió Rasso.

Si bien las detenciones de estos presuntos responsables del megaincendio en Viña del Mar y Quilpué representan un avance en la investigación, también ponen de manifiesto la complejidad de las motivaciones detrás de los incendios provocados, que van más allá de la piromanía y pueden involucrar diferentes factores psicológicos y sociales.

“A diferencia de la conducta antisocial, que tiene otros motivos instrumentales o es usada para obtener consecuencias determinadas, el pirómano está centrado en la idea de iniciar el fuego sin considerar las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, pueden buscar espacios donde se inicien incendios o estar pendientes de los bomberos. Aunque se ha dicho que hay bomberos pirómanos, no necesariamente buscan actividades o labores asociadas al fuego, ya que pueden tener cualquier tipo de ocupación”, agregó la profesional.

Las personas que padecen piromanía pueden planificar con anticipación cómo generar un incendio, ya que están motivadas por el alivio o placer que les provoca el fuego. “No es solo un impulso momentáneo; a menudo dedican tiempo a prepararse para iniciar el fuego, lo cual puede tomar días. Siempre está presente la expectativa de satisfacer ese impulso y obtener gratificación o alivio al provocar el incendio”, finalizó Paulina Rasso.