• Ricardo Fuentealba conoció la School of Environment y potenció sus redes académicas internacionales.

Durante los primeros meses del verano 2025, el académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, Ricardo Fuentealba, realizó una visita de investigación de seis semanas en la School of Environment de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda).

La actividad, financiada por el proyecto de Subvención a la Instalación en la Academia (SIA85240326) de ANID, alojado en el Instituto de Ciencias Sociales, permitió al investigador desarrollar y potenciar sus redes académicas internacionales, proyectando su trabajo futuro en la UOH.

En su estadía trabajó con JC Gaillard, doctor en geografía y profesor titular de la Escuela, lo que contempló un conjunto de actividades académicas en la Universidad y visitas a terreno en lugares expuestos a diversas amenazas naturales, además de la proyección de una serie de publicaciones a futuro.

“También pude realizar la charla magistral titulada ‘Rethinking Disasters and Development: DRR Policy and the Politics of Risk Creation in Chile’, que se basa en el trabajo de investigación que desarrolló en el SIA85240326 y en el Fondecyt de Iniciación 11240523. Esta actividad fue con la presencia de académicas/os y estudiantes de doctorado y maestría de diferentes casas de estudio, además de funcionarios públicos ligados a la gestión de emergencias en Aotearoa (Nueva Zelanda)”, explicó el académico UOH.

El investigador explicó que además realizaron visitas a terreno para observar algunos lugares afectados por un doble desastre ocurrido hace dos años. “En enero de 2023, una importante inundación afectó a la región oeste de la isla norte de Nueva Zelanda, generando una serie de daños. Tan solo dos semanas después, el país se vio afectado por el Ciclón Gabrielle, también generando impactos en la isla norte. Fue sumamente interesante esta visita para conocer los efectos de la coincidencia de ambas amenazas naturales, pero -sobre todo- aprender sobre lo lento que son los procesos de recuperación, incluso en países que tienen un mayor nivel de desarrollo que el nuestro”.

El académico UOH asegura que Nueva Zelanda resulta un lugar sumamente estimulante para entender la gestión del riesgo de desastre en comparación a Chile. “La Universidad de Auckland, así como otras en el país, tienen varios programas a nivel de postgrado ligados a la gestión del riesgo, así como una serie de unidades de investigación enfocadas en el tema. Con el profesor Gaillard hemos proyectado una serie de artículos que nos mantendrán trabajando en los próximos meses en base a mi agenda de investigación”, finalizó.

• Ana Figueiredo explica que la revista académica busca ampliar la comprensión de los procesos psicosociales desde una mirada latinoamericana. Las/os investigadores/as pueden postular sus trabajos hasta fines de marzo.

El International Journal of Social Psychology ha abierto una convocatoria para el número especial “Procesos psicosociales en contexto: Perspectivas desde América Latina para avanzar hacia una psicología social global“, edición que busca promover un intercambio académico que amplíe la comprensión de los fenómenos psicosociales desde la perspectiva latinoamericana, abordando temas como desigualdad social, violencia política, exclusión, dinámicas migratorias y el impacto de la ecología social en los procesos psicológicos.

Entre los editores invitados se encuentra la académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Ana Figueiredo, quien también es investigadora asociada en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y que -además- hizo un llamado para participar de la convocatoria.

Los/as investigadores e investigadoras interesados en participar deben presentar un resumen antes del 30 de marzo de 2025, que debe incluir: título tentativo, lista de autores con sus afiliaciones institucionales; indicar si la propuesta corresponde a un artículo original completo o un informe breve; la descripción del artículo (antecedentes teóricos, métodos, resultados preliminares y principales conclusiones, con un máximo de 1.000 palabras); material que debe enviarse a través del siguiente formulario.

Los/as autores/as cuyos resúmenes sean seleccionados serán invitados a enviar el manuscrito completo antes del 30 de agosto de 2025. Los trabajos pueden ser presentados en inglés o español, y los artículos aceptados serán publicados en ambos idiomas.

Para más información sobre esta convocatoria, se puede contactar a la editora invitada Ana Figueiredo a través del correo figueiredo.anacm@gmail.

• Gonzalo Palomo será uno de los panelistas de la cita que se realizará en la Universidad de Worcester, en Reino Unido, este mes de marzo.

“Darwinizing the Battle Against Climate Change” es el nombre del workshop organizado por las universidades de Wolverhampton y Worcester, en Reino Unido, y que será financiado por la European Human Behaviour and Evolution Association (EHBEA), una de las organizaciones más relevantes de Europa dedicadas al estudio del comportamiento humano desde una perspectiva evolucionista.

La cita, en la que participará el académico del Instituto de Ciencias Sociales UOH, Gonzalo Palomo, busca explorar cómo las perspectivas evolucionistas pueden contribuir al estudio de estrategias para enfrentar el desafío del cambio climático a través de intervenciones comportamentales.

El workshop contará con la participación de tres ponentes, además del Dr. Palomo: el Dr. John Lazarus (Newcastle University, UK), el Dr. Daniel Farrelly (University of Worcester), y el Dr. David Gordon (Staffordshire University).

“Me parece muy relevante que se estén abriendo espacios para discutir el papel de la ciencia evolucionista del comportamiento en la lucha contra los problemas ambientales y -aún más- considerando que una organización de renombre como la EHBEA es la que está impulsando estas iniciativas. Por supuesto, me siento honrado por la invitación y muy contento de representar al sur global en este evento”, explicó el académico UOH.

La actividad se desarrollará de forma presencial en la Universidad de Worcester el próximo 28 de marzo.

• El investigador Domingo Pérez advierte que no se trata de un fenómeno aislado, es una señal de tensiones estructurales.

Los conflictos laborales en Chile muestran un marcado resurgimiento tras el declive registrado durante la pandemia del Covid-19. De acuerdo con un informe del Observatorio de Huelgas Laborales (OHL), en 2023 se registraron 261 huelgas, un aumento significativo respecto a las 179 de 2022, que representaron un mínimo histórico desde 1990. Este crecimiento, impulsado en gran medida por movilizaciones extra-legales, plantea interrogantes sobre un posible nuevo ciclo de conflictos laborales en el país.

Domingo Pérez Valenzuela, investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), director del Observatorio OHL y primer autor del estudio, señaló que este repunte no es un fenómeno aislado, “es una señal fidedigna de que las tensiones estructurales que subyacen al conflicto laboral en Chile siguen presentes. En este sentido, lo que vemos en 2023 podría ser el comienzo paulatino de un nuevo ciclo huelguista, pero conectado al ciclo anterior”.

El informe destaca un cambio en las prioridades de los trabajadores. Mientras que las demandas salariales han perdido protagonismo, con un 38,8% de las reivindicaciones en 2023; las exigencias relacionadas con condiciones laborales y organización del trabajo han ganado terreno. “Este cambio refleja una creciente preocupación por temas como la seguridad y salud en el lugar de trabajo -tópicos cruciales en empleos precarios, así como en sectores expuestos a vulnerabilidades socioclimáticas-, la estabilidad laboral, y el trato digno por parte de las jefaturas”, explica Pérez Valenzuela.

En términos sectoriales, la educación lideró la actividad huelguista en 2023, seguida por la salud, la administración pública y la agricultura. “El predominio de la educación y la salud demuestra que los conflictos no solo tienen raíces económicas, sino también sociales. Las demandas de estos sectores reflejan el descontento con las condiciones que afectan directamente a la calidad de vida de las personas”, agregó el investigador UOH.

Otro aspecto relevante es la distribución de las huelgas de acuerdo con el tamaño de las empresas. Si bien -históricamente- los grandes conglomerados han sido el epicentro de los conflictos, en 2023 las huelgas en micro y pequeñas empresas alcanzaron su mayor participación histórica: 35% del total. Este fenómeno podría estar vinculado a una creciente organización de trabajadores en empresas más pequeñas, donde tradicionalmente los niveles de sindicalización han sido bajos.

Geográficamente, la Región Metropolitana, que solía concentrar la mayor parte de los conflictos, ha perdido protagonismo desde 2017, mientras que otras regiones muestran una mayor estabilidad en sus niveles de actividad huelguista.

El informe concluye que, tras el impacto de la pandemia y el rechazo del proyecto de Nueva Constitución en 2022, el panorama laboral en Chile parece estar en transición.

“La historia muestra que los ciclos huelguistas no surgen de la nada; son el resultado complejo de tensiones acumuladas en las relaciones laborales. Es importante analizar estas dinámicas para entender hacia dónde se dirige el país en términos laborales y sociales”, concluyó el investigador.

En el estudio también participaron los investigadores Rodrigo Medel Sierralta (UNAB), Diego Velásquez Orellana (FLACSO), Francisca Gutiérrez Crocco (UACh), Pablo Pérez Ahumada (UChile), y Maurizio Atzeni (UAH y CEIL/CONICET, Argentina).

Conoce el informe completo en ESTE ENLACE.

• La actividad organizada por la Universidad Tecnológica Metropolitana reunió a académicas/os, investigadoras/es y estudiantes de diversas casas de estudio.

Con exposiciones, mesas de trabajo, charlas y diversas actividades se desarrolló las XXX Jornadas de Estudios Migratorios, organizadas por el Departamento y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en conjunto con la Asociación de Estudios Migratorios y el Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

La iniciativa que tuvo lugar el 7 y 8 de noviembre en el Campus Central UTEM en Santiago contó con la participación de la investigadora de la Universidad de O’Higgins, Martina Cociña Cholaky, quien fue parte de la mesa “Discutiendo el aporte de la noción de interseccionalidad en los estudios migratorios. Contribuciones desde investigaciones empíricas en Chile”, donde presentó la ponencia “Movilidad forzada en Chile: aproximación desde la interseccionalidad”; y en la mesa “Migraciones, seguridad y fronteras en Chile en el siglo XXI”, con la exposición sobre “La reconducción de personas extranjeras en Chile: una selectiva medida al debe en el debido proceso”.

Ambas ponencias las desarrolló bajo el marco de la investigación FONDECYT Posdoctoral “El derecho al refugio en Chile”, que es financiada por ANID.

Las XXX Jornadas de Estudios Migratorios centró su debate en derechos humanos, seguridad de los Estados, interculturalidad, y transformaciones de los territorios a partir de la movilidad humana contemporánea.

Durante ambas jornadas, se desarrollaron trece mesas de debate y diferentes ponencias y exposiciones de expertos y académicos de diversas casas de estudio, generando diálogo, reflexión y aprendizaje en torno a la temática migratoria.

• El Índice Paz Ciudadana, entregado hace unos días, reveló que el 97% de personas en Chile ha cambiado alguna rutina por temor. Aun así, para el académico Patricio Saavedra, los valores también aclaran que las percepciones de inseguridad serían inequitativas.

Aunque disminuyó la victimización en delitos de robo con o sin violencia y la proporción de personas que se clasifican con alto temor, además de mantenerse el índice de temor promedio, las cifras de la muestra 2024 de la Fundación Paz Ciudadana siguen siendo las más altas de temor al delito de su serie histórica.

Pese a esto datos, para el académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Patricio Saavedra, “las percepciones de inseguridad son inequitativas”, ya que la mayor cantidad de personas que se sienten inseguras son mujeres y personas de estratos socioeconómicos medios.

“Y aquellos que se sienten menos inseguros son personas que viven en los barrios más acomodados”, lo que evidencia -según el investigador- una diferencia marcada según el nivel socioeconómico. “Es una inequidad en las sensaciones de inseguridad dadas por las diferencias estructurales de la sociedad”.

Para el Dr. Saavedra los sectores medios y desaventajados estarían sufriendo más este fenómeno, impactando en su libertad y movilidad. “La inseguridad limita los movimientos y decisiones cotidianas, con una restricción de libertad general de la ciudadanía por este problema”, añade.

“No estamos hablando de que las personas imaginan que pasan cosas, sino que más bien calculan cierta probabilidad de que algo que afecte negativamente su seguridad y la de su familia pueda ocurrir al transitar por ciertas áreas de la ciudad; y por ello deciden realizar ciertos cambios como dejar de ir a ciertos lugares o evitar salir a ciertas horas, lo cual afecta la libertad individual, ya que las rutinas se ven alteradas”, puntualiza el experto.

El académico aclara que no se trata solo de desplazamientos que cambian, también se estarían produciendo modificaciones en las interacciones sociales junto con una tendencia al aislamiento. “Las percepciones de inseguridad afectan directamente las relaciones sociales, ya que las personas cambian su forma de interactuar con otros. Cierran sus círculos sociales y disminuyen las interacciones fuera del núcleo familiar”, lo que asegura -a la larga- podría aumentar la probabilidad de que la gente se sienta cada vez más sola y con menos redes de apoyo a las cuales recurrir. “Esto último se encontraría en línea con los hallazgos del último informe de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD en que se reporta que cada vez más personas declaran tener menos amigos y menos interacciones con los pocos que tienen”, comenta el investigador, quien también advierte que esto puede llevar a problemas de salud mental, como depresión, ansiedad y sentimientos de soledad crónicos.

Consecuencias Políticas y Sociales

Pero estás cifras no solo hablan de los cambios de hábitos. Para Patricio Saavedra también tiene que ver con percepciones importantes, ya que “la percepción de que el Estado es ineficiente al controlar el orden público puede llevar a una pérdida de confianza en la democracia y podría surgir la idea de que la democracia no es suficiente para mantener el Estado de derecho y la seguridad ciudadana”, lo que según el académico puede abrir la puerta a liderazgos populistas o autoritarios.

“Líderes populistas, de izquierda o derecha, juegan con el discurso de la inseguridad ofreciendo soluciones sencillas”, añade el académico, asegurando que las respuestas simplistas pueden ser peligrosas, ya que estas propuestas populistas “pueden hacer escalar la violencia de bandas criminales o incluso atentar contra el Estado de derecho”.

Nueva criminalidad

El investigador también aclara que uno de los puntos centrales es que “estamos enfrentados a una nueva criminalidad, con bandas de carácter internacional”, y ese tipo de delincuencia es percibida por la gente como más amenazante. “El tipo de delito que cometen agrava la sensación de inseguridad”, asegura, ya que son delitos más violentos, como homicidios, y generan mayor temor.

A eso se suma que “la frecuencia de estos delitos y cómo son reportados por los medios influye en la percepción pública”. Aún así asegura que no se puede culpar exclusivamente a los medios de comunicación por la percepción de inseguridad, “no hay que reducir todo a una distorsión mediática o teorías conspirativas; la gente tiene cierta capacidad de discernimiento sobre lo que ocurre en las calles y los barrios en que habita, así como también sobre los delitos que cada vez parecen afectar a personas que pertenecen a su círculo más cercano”, destaca.

Instituciones policiales

Por último, los casos de ineficiencia policial o -incluso- permeabilidad a través de coimas e incentivos, pone en jaque la percepción de las policías, lo que agrava el sentimiento de inseguridad en la población.

“Sin duda que la percepción de ineficacia de las policías puede debilitar su legitimidad”, ya que según aclara el experto, las personas necesitan ver a las policías como eficientes y justas.          “La legitimidad de las policías no solo depende de que sean objetivamente eficaces, sino de que la ciudadanía perciba que lo son”.

Agrega que es crucial que las irregularidades dentro de las policías sean castigadas para mantener su legitimidad y debe haber una comunicación clara sobre las sanciones a policías corruptos. “No solo deben ser eficaces en la persecución del delito, sino también realizar procedimientos justos y percibidos como tales”, finaliza Saavedra.

• El medicamento diseñado para el manejo de la diabetes tipo 2 y de problemas cardiovasculares, ha ganado adeptos como un vertiginoso reductor de peso.

En búsqueda de un cambio físico y de vida, muchas personas en el mundo comenzaron a interesarse en el medicamento Semaglutida, gran parte inducidos por distintos influencers que lo promocionan y utilizan para reducir peso.

Lo cierto es que la Semaglutida de uso inyectable fue diseñada para el manejo de la diabetes tipo 2 y algunas complicaciones cardiovasculares, especialmente en personas que sufren exceso de azúcar en la sangre.

La académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH) y Doctora en Psicología Clínica y de la Salud, Camila Oda, explica que el problema es que referente a la “pérdida de peso que promete (el uso de la Semaglutida), aún falta investigación para comprobar si puede sostenerse en el tiempo, de hecho, se ha observado que luego de una pérdida que comienza acelerada, esta suele frenarse en un tiempo reducido. Entonces, hasta ahora, no existe ningún método, ninguno, ni siquiera la cirugía bariátrica, que asegure pérdidas de peso que sean sostenibles a largo plazo, es decir, a más de cinco años”.

Para Oda, el interés por este medicamento se está masificando en función de un uso cosmético, en desmedro del uso principal, asociado al manejo de la diabetes.

“¿Cuál es el problema? Que vivimos en una sociedad en la cual existe una cultura de la dieta y el culto a la delgadez, como objetivo vital a lo que solemos asociar al éxito y la felicidad absoluta. Esta cultura está facilitando que el uso de este medicamento se esté masificando. Y si le sumamos que influencers o personas famosas lo usan, hay más ganas de copiar esa acción, como medio, entre otras cosas, de ganar estatus”, puntualizó.

Riesgos de un mal uso

El masivo uso de la Semaglutida, como estrategia para la pérdida de peso, ha detonado una reducción drástica de la disponibilidad de este medicamento en el mercado, en especial para su ocupación original, es decir, para las personas con diabetes.

Según explica Camila Oda, todavía no hay mucha investigación a largo plazo sobre los efectos secundarios del medicamento, algo importante para decidir su uso. “Que tú ocupes algo que no necesitas, hace que tu cuerpo -en el fondo- corra el riesgo de dejar de funcionar bien. Entonces, a través de estas acciones podemos contribuir a generar o desencadenar condiciones de salud que antes no teníamos, como puede pasar con estrategias de pérdida de peso drásticas, tales como el uso de esta medicación, la cirugía bariátrica, entre otras”, finaliza la académica UOH.

• Un estudio publicado por la revista Science dio a conocer que 63 de 1.500 políticas medioambientales son consideras exitosas.

Las políticas medioambientales y climáticas son parte de las distintas estrategias que en la actualidad implementan diversos países a lo largo del mundo. Un trabajo publicado por la revista Science y denominado “Climate policies that achieved major emission reductions: Global evidence from two decades”, dio a conocer el análisis de 1.500 políticas climáticas, donde sólo 63 de ellas se consideran exitosas.

El profesor asistente del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH) y Doctor en Psicología Social Evolucionista y su aplicación en Sustentabilidad Ambiental, Gonzalo Palomo, asegura que si bien muchos titulares asociados a este estudio sugieren que sólo unas pocas políticas climáticas funcionan, lo cierto es que la forma de operacionalizar o decidir si acaso una política climática era efectiva –en este trabajo- implicó que la misma debía cumplir con criterios muy estrictos, entre ellos, una reducción de emisiones en el corto plazo y claramente atribuibles a la política en sí. Por ello, no es tan sorprendente que no tantas políticas “pasaran la prueba”.

Respecto a la situación de nuestro país, según Palomo, el estudio no detecta grandes y (rápidas) reducciones de emisiones, pero sí muestra que “para países con economías en desarrollo, instrumentos tales como subsidios y regulaciones tienden a ser más efectivos en reducción de emisiones”.

El promedio de reducción de emisiones fue del 19.4%, siendo mayor en el sector de edificios (22.7%) y electricidad (26%), de acuerdo al artículo.

Caminos para avanzar

El estudio muestra que se ha incrementado el número de políticas climáticas, especialmente en economías desarrolladas, abarcando sectores como electricidad, edificios, transporte e industria.

Lo anterior, va en concordancia con los caminos que se deben tomar por cada país u empresa asociada a este tipo de políticas.

Para el doctor Palomo, un resultado relevante del estudio se asocia a la idea de que las políticas de mercado tales como la fijación de precios de carbono e impuesto a emisiones “tienden a ser más efectivas cuándo se realizan en complementariedad con medidas más bien regulatorias, como limitar vía ley la cantidad de emisiones permitidas para empresas de un sector productivo, o requerir mejoras tecnológicas en cuánto a eficiencia energética para la obtención de permisos, entre otras”.

Finalmente, para el profesor asistente de la UOH, es posible hipotetizar sobre los efectos que pueden tener estos resultados –y más particularmente, su difusión- en la confianza que las personas depositan en este tipo de instrumentos, algo que por cierto debería importarles a los hacedores de política pública (e.g., gobiernos). Lo anterior, dado que una pérdida de confianza en los instrumentos políticos por parte de la población -para afrontar la crisis climática- podría generar una serie de problemas, toda vez que para establecer políticas climáticas se necesita del apoyo público, especialmente cuándo se trata de políticas que implican ciertas restricciones tales cómo impuestos a emisiones.

El estudio sugiere que para cerrar la brecha de emisiones estimada en 23 gigatoneladas para 2030, es necesario escalar estas políticas exitosas a nivel global.

Créditos: Marco Lara.

• El investigador y sociólogo Manuel Canales recuerda que la gran pregunta que dejó octubre es “si este modelo puede dar respuesta a las demandas de pensiones, salud, educación, trabajo y oportunidades decentes para las clases populares”.

La última encuesta CEP detalló que las personas que dicen haber siempre rechazado las manifestaciones de octubre de 2019 triplicaron su porcentaje, a cinco años de la revuelta. En diciembre de 2019 llegaban solo a un 11% y en agosto/septiembre de 2024 alcanzan un 34%, superando a quienes apoyan las manifestaciones (en similar fecha).

El investigador de la Universidad de O’Higgins (UOH) y sociólogo Manuel Canales asegura que el cambio en las encuestas, específicamente en la Encuesta CEP, es por un fenómeno de negación. Aun así, aclara que dichas encuestas están diseñadas para “negar la naturaleza real de octubre” y que su objetivo “no es tanto revelar la verdad, sino distorsionarla o minimizar el apoyo que en su momento tuvo el estallido”.

“Después de cinco años de demonizar a un actor que no tiene representante, organización ni discurso, es comprensible que algunas personas ahora afirmen que no apoyaron el movimiento”, señala el experto y autor del libro “La pregunta de Octubre: fundación, apogeo y crisis del Chile neoliberal”. Pero subraya que no refleja lo que se vivió en ese momento, “el 90% de la población, según encuestas previas, mostró un alto grado de simpatía hacia las demandas de octubre”.

Preguntas sin responder

Para el sociólogo, la gente “sigue sin entender octubre”, y dicho fenómeno es parte “de la estrategia de negación y manipulación que busca desacreditar el significado del estallido social y sus demandas”.

“Octubre nunca fue un rostro, ni siquiera un actor. No es para ser celebrado, se le entiende, se le reconoce. No se le demoniza”, añade el autor. Y asegura que la pregunta que dejó, nunca ha sido respondida: “¿habrá dentro de este modelo posibilidades de una salud decente, de jubilaciones decentes, de empleos decentes y de educación decente?”. Agrega para dejarlo más claro: “vamos a envejecer y nos vamos a empobrecer. Esa es la realidad que octubre vino a dejar como pregunta”.

Para el Dr. Canales las demandas sociales de octubre —pensiones justas, salud decente, educación y empleo dignos— siguen vigentes, pero es la clase política la que no ha sabido dar una respuesta adecuada. “Estamos negando la demanda social de octubre, porque dicha demanda estructural cuestiona la capacidad del modelo para ofrecer bienestar a las clases populares”.

Agrega que octubre no debió ser visto como un simple estallido de violencia, ni como un acontecimiento que debe ser celebrado o demonizado. “Es una manifestación del agotamiento del sistema neoliberal, que sacó a muchas personas de la pobreza, pero que ya no responde a las expectativas de las nuevas generaciones”.

Y al negar y no responder los cuestionamientos que la revuelta presenta y mantiene “lo que vivimos no es la normalidad. Es un momento de crisis, y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Estamos en una crisis del Chile neoliberal”, asegura el investigador.

Para Manuel Canales seguimos en el mismo lugar. “Cinco años después del estallido estamos en el mismo punto. Nadie ha sabido qué hacer con la pregunta que dejó octubre. Continuamos con un sistema político que no sabe cómo responder. La izquierda, la derecha, nadie ha sabido interpretar esta demanda”.

Respecto a si seremos capaces de afrontar y solucionar el dilema, Manuel Canales es claro. “Yo diría que el tema es largo, como el país. ¿Sobre si daremos el ancho?, digamos que el ancho nunca ha sido el fuerte de Chile. Pero no tiene otro destino. Permaneceremos en ella mientras no la abordemos en serio”, finaliza.

• El académico Patricio Saavedra y la psicóloga Anais Moris fueron parte del simposio “Formas de crisis en la actualidad”.

El pasado 24 de septiembre, el académico Patricio Saavedra y la psicóloga Anais Moris, ambos del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad de O’Higgins, participaron del simposio “Formas de crisis en la actualidad” organizado por el programada de Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

En la oportunidad, ambos investigadores realizaron una presentación oral del trabajo titulado “Validación de una escala de medición orientada a evaluar el estigma social hacia personas que han estado privadas de libertad”. Allí recalcaron la necesidad de considerar la perspectiva de la opinión pública con respecto a quiénes han cumplido penas de cárcel en el contexto de la actual crisis de seguridad.

Los expositores platearon que, salvo aquellos que mueren en la cárcel, todos los que ingresan a los penales deben volver en algún momento a la sociedad y -en este último proceso- la evaluación que hagan las personas de aquellos que han estados privados de libertad es crucial para facilitar los procesos de reinserción social.

“De otra forma, sería altamente probable que aquellos que han cumplido sus condenas se sientan excluidos de la comunidad, y con ello aumenten las posibilidades de reincidir y se mantengan en el circuito del delito”, explicó Patricio Saavedra.

Los investigadores también enfatizaron el hecho de que, junto con las acciones orientadas a enfrentar directamente la criminalidad, es necesario trabajar en estrategias que permitan facilitar la reinserción social e impedir que las personas vuelvan a cometer delitos.