• La exposición abordará dilemas teóricos, metodológicos y éticos del trabajo con comunidades indígenas, migrantes y género diverso.

La académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO), Ana Figueiredo, ofrecerá este viernes 25 de septiembre una charla magistral en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, donde abordará los desafíos de investigar cómo influyen las relaciones de poder y colonialidad en grupos minorizados. La actividad, organizada por el Center for Latin American Studies (CLAS) y copatrocinada por el Center for Comparative Studies in Race and Ethnicity (CCSRE), se realizará a las 17:30 horas chilenas en Bolivar House 582 Alvarado Row y contará con transmisión en línea a través de Youtube.

La charla, titulada Conducting Research with Minoritized Groups: Theoretical and Methodological Reflections about Power and Coloniality, recogerá parte de una agenda de investigación que la académica ha desarrollado en torno a temas de memoria colectiva, conflictos históricos, ideologías, relaciones intergrupales y violencia política y estatal.

Áreas de conocimiento

La presentación de Figueiredo examinará los desafíos epistemológicos, teóricos y metodológicos que surgen al realizar investigaciones con comunidades que han experimentado distintas formas de subordinación y discriminación a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva, Figueiredo abordará cómo las relaciones de poder y las dinámicas de colonialidad pueden incidir en las preguntas de investigación, en la relación entre equipos de investigación y participantes y en las formas de producir conocimiento científico.

Uno de los aspectos centrales de esta charla será precisamente exponer la dimensión práctica y ética del trabajo de campo con comunidades indígenas, migrantes y grupos sexo-genérico diversos. Con esta presentación la académica UOH explicará por qué las decisiones metodológicas no pueden desligarse de los contextos históricos y socio-culturales en que se desarrollan las investigaciones, especialmente cuando existen experiencias de injusticia histórica y asimetrías de poder que siguen presentes hoy en día.

La actividad permitirá compartir con estudiantes y académicos/as una perspectiva construida desde la trayectoria de investigación de Figueiredo y los desafíos que ha enfrentado al abordar estos fenómenos en distintos contextos sociales.

Esta charla magistral se enmarca en las actividades de docencia, investigación y difusión científica de Figueiredo durante su estadía en la Stanford University como  Tinker Visiting Professor.

• Diez trabajos fueron presentados durante la jornada internacional, que permitió analizar desde distintas disciplinas cómo el derecho se configura y experimenta en contextos de transición, ambigüedad y coexistencia de órdenes normativos.

La Universidad de O’Higgins se convirtió en punto de encuentro para investigadoras/es de Chile, Colombia, Estados Unidos y Reino Unido, quienes participaron en una jornada destinada a intercambiar perspectivas y metodologías para comprender fenómenos jurídicos que se desarrollan en escenarios marcados por la transición, la ambigüedad y la coexistencia de distintos órdenes normativos.

El workshop internacional “Liminalidad en los estudios sociojurídicos: métodos, campos y posicionamientos” fue organizado conjuntamente por el Laboratorio de Estudios Socio-Legales (Lab ESL) del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la UOH y la red internacional Socio-Legal Methodological Interrogations (SMI).

Durante la jornada se presentaron diez trabajos que, desde distintas disciplinas y aproximaciones metodológicas, analizaron las formas en que el derecho se configura, interpreta y experimenta en espacios donde convergen diferentes normas, prácticas y realidades sociales.

“Para el Lab ESL es especialmente relevante fortalecer las redes internacionales, porque nos permiten situar a la UOH en conversaciones globales sobre el derecho y ampliar las perspectivas desde las cuales estudiamos la legalidad en nuestro país. Este workshop fue especialmente fructífero en este sentido. Nos permitió reunir a investigadoras e investigadores de distintos países y disciplinas para dialogar sobre formas innovadoras de comprender las relaciones entre el derecho y la sociedad”, señaló Ignacio Riquelme, académico del Instituto de Ciencias Sociales y coordinador del Lab ESL.

La actividad contó con financiamiento de la Socio-Legal Studies Association (SLSA), del Reino Unido, y del Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law, de Alemania, reforzando el carácter internacional de la instancia.

El workshop se enmarca en el trabajo que desarrolla el Lab ESL del ICSo para fortalecer las redes internacionales de investigación sociojurídica y promover perspectivas interdisciplinarias capaces de abordar la creciente complejidad de los desafíos que enfrenta el derecho en las sociedades contemporáneas.

De esta manera, la instancia permitió avanzar en la consolidación de espacios de cooperación académica que conecten la investigación desarrollada desde la Universidad de O’Higgins con discusiones y redes internacionales en el campo sociojurídico.

• Este 20 y 21 de agosto, la Universidad de O’Higgins acogerá el segundo lanzamiento regional del Instituto Milenio Autoridad y Regulación Social (ASOR), la única iniciativa a nivel global dedicada a investigar sistemáticamente la autoridad y sus transformaciones en la sociedad contemporánea.

El equipo científico del Instituto Milenio Autoridad y Regulación Social, ASOR, desarrollará una agenda de dos días en Rancagua, continuando el ciclo de lanzamientos regionales del Instituto iniciado en Antofagasta y que concluirá en Santiago durante septiembre. La Universidad de O’Higgins (UOH) es una de las cuatro instituciones albergantes de ASOR, junto a la Universidad Diego Portales, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Católica del Norte.

El tema central del encuentro –“Autoridad y Seguridad”– se discutirá en el contexto de las transformaciones que han redefinido la relación entre las instituciones encargadas del orden y las comunidades, y de las nuevas demandas ciudadanas en materia de seguridad. “La seguridad involucra abordar los temas de convivencia social”, señala Claudio Fuentes, director alterno de ASOR, quien dictará la conferencia central del encuentro.

ASOR busca promover formas de autoridad y regulación social que contribuyan al desarrollo de las tareas colectivas, favorezcan el bienestar individual y fortalezcan la vida en común, en un marco de igualdad, libertad y respeto a la integridad de las personas. Para ello, colabora con actores gubernamentales, políticos y sociales en el desarrollo de políticas públicas e instrumentos orientados a enfrentar los desafíos actuales de Chile en materia de gobernanza y vínculos sociales.

El Instituto reúne a cerca de 50 investigadores e investigadoras nacionales e internacionales, además de estudiantes de doctorado e investigadores posdoctorales. Su trabajo se organiza en cuatro líneas de investigación: autoridad y vida social; autoridad y seguridad; autoridad y política; y autoridad, tecnologías digitales y mundo digital. La dirección está a cargo de la Dra. Kathya Araujo, directora, y Claudio Fuentes, director alterno, con Ana Figueiredo como investigadora principal y Loreto Quiroz como investigadora adjunta en la UOH.

Programa del encuentro

Como actividad previa a la ceremonia de inauguración, durante la tarde del jueves 20, ASOR convocará a actores clave del mundo de la seguridad pública, la política, la educación y el trabajo, para construir un diagnóstico compartido e identificar posibilidades de colaboración. El encuentro será encabezado por Patricio Saavedra, director del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la UOH, junto a Kathya Araujo y Claudio Fuentes. Participarán también Ana Figueiredo y Loreto Quiroz, de la línea de Autoridad y Seguridad, y Elisa Ansoleaga, investigadora principal de la línea de Autoridad y Vida Social de ASOR.

La mañana del viernes 21 de agosto será el lanzamiento formal del Instituto ante autoridades regionales y locales, representantes de la academia, organizaciones sociales y actores vinculados al ámbito. Claudio Fuentes dictará la conferencia central “Autoridad, orden social y seguridad en el Chile contemporáneo”, seguida de un taller dirigido a integrantes de la comunidad académica y actores del sistema de seguridad y convivencia de la región.

La dirección de ASOR destacó que esta temática reviste especial importancia porque la desestabilización de la autoridad se expresa concretamente en fenómenos como la desconfianza hacia las instituciones o las dificultades para sostener normas compartidas en la vida cotidiana. Estas expresiones son síntomas de las tensiones generadas por procesos de desestabilización y reconfiguración no acabada de la autoridad que atraviesan al conjunto de la sociedad y que requieren respuestas específicas en cada esfera social.

El lanzamiento será transmitido en streaming por los canales de la Universidad de O’Higgins. Inscripciones AQUÍ.

• Álvaro Román cuestiona que la encuesta quede reducida a una disputa política por sus cifras y recalca que sus resultados son fundamentales para orientar políticas públicas y visibilizar desigualdades que permanecen ocultas.

En medio de la controversia generada por los cuestionamientos a los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), desde la academia advierten que el debate no debería reducirse a si la pobreza subió o bajó, sino a la importancia de contar con una herramienta que permita conocer cómo viven los hogares y dónde persisten las principales brechas sociales del país.

Para Álvaro Román, académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), la incorporación de la medición de pobreza multidimensional en 2013 significó un cambio fundamental en la manera de comprender este fenómeno. “Se produjo un salto enorme para comprender dos cosas: que la pobreza no se mide solo por el ingreso y que las desigualdades territoriales en Chile son persistentes y una de las grandes deudas de nuestra sociedad”, explica.

El sociólogo destaca que esta medición permitió visibilizar que las condiciones de pobreza no son iguales en todo el territorio y que factores como el acceso a agua potable, electricidad, educación, conectividad, vivienda o servicios básicos pueden determinar las oportunidades de una persona o una comunidad. “Se ha podido romper con el romanticismo con el que se solía ver la pobreza rural, donde se asumía que de alguna manera se podría parar la olla. Eso siempre fue falso e injusto con quienes padecen la pobreza”, sostiene el Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos.

Información que mueve políticas públicas

Román es categórico respecto del valor de la encuesta para el Estado: “Es indispensable”. Aclara que sus resultados permiten identificar territorios y grupos que requieren mayor apoyo y han servido como insumo para el diseño de políticas públicas. El académico ejemplifica con la Política Nacional de Zonas en Desarrollo, donde los datos permitieron evidenciar que determinadas comunas con altos niveles de pobreza podían quedar fuera de inversiones debido a criterios tradicionales de rentabilidad social.

“Las comunas que requerían más apoyo no lo recibían porque no se consideraban cuestiones como su aislamiento o sus déficits en la cobertura de servicios”, explica.

A su juicio, precisamente ahí radica uno de los principales aportes de la Casen: “entregar evidencia para que las decisiones del Estado no se construyan únicamente sobre promedios nacionales”, asegura.

Herramienta perfectible, pero necesaria

El académico UOH reconoce que la encuesta tiene limitaciones y que su metodología ha experimentado modificaciones. Sin embargo, advierte que esas características no justifican desestimar su valor. “El problema se genera con el mundo de los partidos políticos que buscan obtener ventajas comunicacionales respecto a si aumentó o bajó la pobreza, sin reconocer el debate de fondo, y es que la manera en que comprendemos la pobreza es dinámica”, plantea.

Por ello, frente a las críticas políticas, el investigador llama a mirar la discusión desde una perspectiva más amplia. “Siempre es lamentable que la clase política se coluda para restar seriedad a una herramienta que ha sido súper relevante para evaluar el estado de nuestra sociedad”, afirma.

Para Román, perfeccionar la Casen es parte del desafío, pero poner en duda la necesidad de contar con información rigurosa sobre la realidad social del país supone perder una herramienta esencial para enfrentar precisamente las desigualdades que la encuesta permite visibilizar.

• Las advertencias meteorológicas reabren el debate sobre cuánto ha aprendido el país de las grandes emergencias registradas hasta la fecha.

El sistema frontal pronosticado para los próximos días por la Dirección Meteorológica de Chile y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), no solo pondrá a prueba la capacidad operativa de los organismos de emergencia frente a alertas por precipitaciones, viento y bajas temperaturas. También permitirá evaluar si las lecciones que dejaron décadas de inundaciones y otros eventos extremos se tradujeron en una mejor preparación del país frente a una amenaza ampliamente anticipada.

Para el académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Ricardo Fuentealba, las mayores grietas podrían quedar en evidencia en la capacidad de respuesta que logren desplegar los distintos territorios. A su juicio, el principal desafío no estará únicamente en contener los efectos del fenómeno, sino en cómo reaccionará cada comunidad ante una emergencia que podría dejar al descubierto las debilidades que aún persisten en la gestión del riesgo.

“El sistema frontal que amenaza en los próximos días puede mostrar, lamentablemente, las grietas que persisten en la gestión del riesgo en nuestro país. Por supuesto, hay una serie de protocolos que ya están en marcha y que deben mantenerse para mitigar sus efectos y favorecer una respuesta oportuna. Si bien la labor de SENAPRED y de la Ley 21.364 ha sido clave para promover una cultura de preparación e involucrar a distintos actores en la respuesta ante emergencias, estos instrumentos, por sí solos, siguen siendo insuficientes. Se necesita una articulación efectiva entre las instituciones, la sociedad civil y los planes orientados a proteger a las personas”, señala el experto.

Capacidades desiguales

Por otro lado, Fuentealba sostiene que esta preparación no depende exclusivamente de la existencia de planes de emergencia, igualmente importantes. Se construye, según explica, mucho antes de que ocurra un evento extremo, mediante liderazgos locales, organizaciones comunitarias y acciones permanentes orientadas a reducir la vulnerabilidad. Aclara que esa diferencia permite que algunos territorios enfrenten estas amenazas con mejores herramientas que otros.

“Como todo en Chile, hay mucha desigualdad social y territorial respecto de cómo afrontar este tipo de amenazas. No basta con promover planes de emergencia y de reducción del riesgo de desastres. Es necesario instalar capacidades y fortalecer liderazgos que organicen a los grupos más expuestos. Hay territorios que podrían estar sumamente preparados porque cuentan con organizaciones o comités locales con arraigo territorial. Lamentablemente, el sistema frontal dejará en evidencia los efectos de un modelo de desarrollo que genera precariedad, sobre todo en territorios históricamente excluidos. Como se dice en los estudios de desastres, siempre llueve más a quienes ya están mojados”, subraya el sociólogo a manera de comparación.

Aprendizajes pendientes

En cuanto a la experiencia chilena, Fuentealba advierte que, si bien las lluvias de las décadas de 1980 y 1990, los aluviones registrados en Atacama durante 2015 y las inundaciones ocurridas en el centro-sur en 2023, constituyen una experiencia acumulada que debe seguir orientando la preparación del país, ya no bastan como antecedentes para proyectar con precisión el comportamiento de fenómenos como este sistema frontal. Asegura que el cambio climático ha modificado su dinámica, por lo que resulta cada vez más difícil anticipar su intensidad y sus efectos a partir de eventos históricos.

“Es importante recordar esas experiencias y sacar lecciones para los hogares, las instituciones públicas y las organizaciones privadas. El problema es que hoy resulta difícil trazar exactamente el comportamiento del sistema frontal que se avecina, porque está vinculado con la emergencia climática. Aunque se utilicen modelos y pronósticos basados en eventos anteriores, estamos ante una nueva normalidad en la que los efectos de estas amenazas se vuelven más impredecibles”, añade el investigador a modo de explicar la complejidad del momento actual.

Responsabilidad compartida

Respecto a la reducción del riesgo de desastres, Fuentealba aclara que esta no recae únicamente en la institucionalidad pública. Resalta que, aunque el Estado dispone de organismos y mecanismos para enfrentar este tipo de emergencias, su efectividad también requiere una ciudadanía informada, preparada y consciente de su papel antes, durante y después de un evento extremo.

“Las instituciones hacen lo que pueden, dentro de sus capacidades y del marco presupuestario del país. Así como el objetivo último de la institucionalidad de desastres es hacer todo lo posible para disminuir la mortalidad y los impactos negativos, la sociedad civil debería evitar comportamientos que pongan vidas en riesgo. La principal consideración es la cautela, la confianza en las instituciones, contar con un plan familiar y revisar constantemente las alertas de SENAPRED; y si ocurre algo, pues, promover la solidaridad con quienes la estén pasando mal. Esa es la responsabilidad compartida que debemos fomentar en momentos de emergencia”, concluye el también docente de la Escuela de Ciencias Sociales UOH.

• La visita se extendió a dos instituciones de educación superior con las que se intercambiaron experiencias sobre gobernanza y políticas sociales.

El académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (ICSo-UOH), Cristian Leyton Navarro, participó en la 15.ª Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Ciencia Regional, realizada en la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador. En la oportunidad, presentó su ponencia “Capacidades institucionales de los gobiernos regionales en Chile”, la cual formó parte del panel sobre gobernanza, donde abordó los desafíos que enfrentan las instituciones en la conducción efectiva de sus territorios. Esta mesa también incluyó trabajos de investigadores de la Universidade Federal do ABC de Brasil y del Institute of Environmental Engineering, Kauno Technologijos Universitetas (KTU) de Lituania.

En su exposición, Leyton explicó que el estudio analiza cómo los gobiernos regionales transforman sus atribuciones en capacidad efectiva de gestión, destacando que la descentralización no se agota en el traspaso de competencias, sino en la forma en que estas se traducen en coordinación, toma de decisiones y respuesta a problemas públicos en contextos complejos.

“Las instituciones públicas cumplen un rol que va más allá de la asignación y ejecución de recursos. Deben traducir sus atribuciones en coordinación efectiva, y en función de decisiones capaces de orientar políticas públicas. El desafío es fortalecer esas prácticas para que la función del Estado sea coherente y sostenida entre sus distintos niveles de gestión”, señaló el doctor del Instituto de Ciencias Sociales.

Factor clave

El académico y también docente de la carrera de Administración Pública UOH explicó que los gobiernos regionales requieren transformar los datos disponibles en insumos operativos. El objetivo, según señaló, es evitar que estos registros queden como un reporte aislado y lograr que, por el contrario, favorezcan los procesos de trabajo interno, siendo esto un “factor clave dentro de la acción pública institucional”.

Visita extendida

Durante su estadía en Ecuador, Leyton también presentó la conferencia “Políticas sociales y los desafíos de la implementación en tiempos de crisis” en el seminario “Implementar programas sociales en tiempos turbulentos: crisis y resistencias desde la primera línea de intervención profesional”, realizado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Con esta intervención, el académico amplió el intercambio sobre los retos que enfrentan las políticas públicas en contextos de creciente complejidad social. En este espacio participaron principalmente profesores y estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la universidad.

• Especialistas, municipio y academia ampliaron su mirada acerca de la convivencia ciudadana, desafíos territoriales y sobre la importancia que tiene la participación comunitaria en la resolución de conflictos.

Comprender la seguridad más allá del delito y reconocer la responsabilidad compartida que asumen comunidades e instituciones públicas fue el principal objetivo del conversatorio “¿Quién produce seguridad?”, actividad organizada por las académicas del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Loreto Quiroz y María Paz Trebilcock, quienes destacaron la instancia como un espacio de reflexión sobre el fenómeno desde perspectivas territoriales, comunitarias y sociales.

Para Loreto Quiroz, el encuentro surgió de la necesidad de acercar la academia y a quienes implementan políticas públicas con el propósito de construir respuestas conjuntas frente a las problemáticas que afectan a los distintos territorios. “Generamos un espacio de encuentro entre quienes estudian estos fenómenos y quienes enfrentan diariamente sus efectos en las comunidades. Fue un intercambio que abrió nuevas formas de comprender esta realidad y de pensar respuestas más pertinentes para las personas”, señaló la Doctora en Estudios Americanos.

Por su parte, María Paz Trebilcock destacó que la actividad permitió reafirmar la urgencia de abordar estas problemáticas desde una perspectiva más amplia que la mera vigilancia o el control, considerando factores como la desigualdad y las brechas territoriales. Para la Doctora en Sociología, “el conversatorio consensuó la necesidad de construir relatos alternativos a la visión homogeneizadora y punitiva de la seguridad, ampliando el enfoque hacia la convivencia, el acceso a servicios y la reconstrucción de vínculos sociales”.

Mirada municipal

Desde la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Rancagua, Blanca Pinto reconoció el conversatorio como encuentro que ratificó que cada barrio presenta desafíos distintos, lo cual requiere la planificación de estrategias diferenciadas según las características de cada sector. “Se requiere una comprensión amplia de los territorios. Factores como la desigualdad, la periferia, los procesos culturales y las distintas realidades barriales influyen directamente en cómo se manifiestan los problemas de seguridad. Por eso creemos que las estrategias deben planificarse a largo plazo, con enfoques diferenciados y una fuerte participación comunitaria”, afirmó la funcionaria.

Entre tanto, el coordinador del Observatorio Comunal de Seguridad de Rancagua, Felipe Osorio, valoró que este espacio impulsado por la UOH y el ICSo, permitió reflexionar sobre las intervenciones locales y su adecuación a las distintas realidades. Aportó que “la seguridad no puede entenderse únicamente desde el control o la fiscalización; también requiere fortalecer la participación comunitaria, la organización vecinal y la capacidad de diseñar respuestas acordes a las necesidades de cada barrio y cuadrante de la comuna”, agregó el coordinador.

Aportes vinculantes

El conversatorio también contó con la participación del investigador de la Universidad de Oxford, Gonzalo García-Campo, quien cuestionó las narrativas con que habitualmente se instala la discusión sobre seguridad en la opinión pública, planteando que muchas de las demandas ciudadanas expresan aspiraciones más profundas vinculadas a una vida digna, acceso a servicios, salud y bienestar. Asimismo, el académico de Marquette University, Enrique Alvear, advirtió sobre los riesgos asociados a la criminalización de la pobreza, enfatizando la necesidad de fortalecer la organización comunitaria y la cohesión social como una manera de contrarrestar la desigualdad que surge de este tipo de sesgos.

A ello se sumaron los aportes de la Gestora de Seguridad y del Observatorio de Seguridad de la Municipalidad de Rancagua, Camila Maturana y Katherine Vergara, respectivamente, quienes destacaron la relevancia de articular la labor institucional con las comunidades en función de atender la seguridad desde una visión más colaborativa. Subrayaron la necesidad de intervenir espacios públicos con acciones comunitarias, siendo esto una herramienta clave para la prevención y la convivencia.

• El debate de las últimas semanas reinstaló una pregunta incómoda: qué papel cumple el conocimiento científico en la política pública y qué ocurre cuando ese conocimiento se relativiza.

La controversia que marcó la agenda durante las últimas semanas volvió a poner sobre la mesa un asunto que la comunidad científica consideraba zanjado hace tiempo: el negacionismo climático y su efecto sobre las decisiones públicas.

Para Gabriela Guevara Cue, académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH) y autora del Séptimo Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), conviene partir por una distinción básica: “un consenso científico no es una opinión más dentro de un abanico de posturas. La evidencia ya no habla de probabilidades, sino de certezas”, afirma, y recuerda que el último informe del IPCC calificó de “inequívoca” la influencia humana sobre el calentamiento global. Un consenso de ese nivel -agrega- no se rebate con pareceres: “La evidencia científica se debate con más evidencia científica. Y en este caso, la evidencia contraria simplemente no existe.”

La investigadora hace notar -además- una regularidad bastante conocida: “las dudas sobre consensos científicos bien establecidos, rara vez surgen en el vacío. Suelen aparecer en escenarios donde hay intereses en juego, no tanto para negar la evidencia de frente como para sugerir que el debate sigue abierto cuando ya no lo está”.

Ahí -señala la experta- se hace crítica la importancia de un punto que muchas veces queda fuera de la conversación: que la producción de conocimiento científico sea independiente de esos intereses. “Esa independencia es la que permite informar con libertad, incluso aquello que puede resultar inconveniente”, advierte.

Por lo mismo, para la académica UOH, la ciencia que informa a la política pública cumple una función concreta. “Reduce la incertidumbre para que las decisiones se tomen con esa evidencia a la vista y no sobre opiniones o conveniencia”, señala. Con ese valor -añade- viene una responsabilidad para quienes producen conocimiento. “Comunicarlo con claridad, incluso cuando hacerlo, incomoda. Porque cuando quienes manejan la información la dejan en la ambigüedad, esa duda no se queda en lo abstracto”, puntualiza.

“El costo de no decidir bien en escenarios de alta incertidumbre, pero teniendo a mano lo que la ciencia ya ofrece, rara vez lo asumen los científicos o quienes toman las decisiones. Lo terminan pagando las personas, generalmente las más vulnerables, y a veces se traduce incluso en pérdida de vidas”, agrega la experta.

“Ese riesgo, en Chile, ya es visible. Nada de esto es especulación; es lo que ya está ocurriendo”, destaca la Dra. Guevara.

Por eso -concluye- reconocer el negacionismo y nombrar el valor del conocimiento científico no es un gesto corporativo de la academia, sino una condición para decidir mejor. “Cuando la duda reemplaza a la evidencia, el costo no se mide en titulares, sino en decisiones que se postergan y, ese retraso, habitualmente no lo paga quien sembró la duda”.

• La académica Gabriela Guevara Cué sostiene que la convergencia de crisis económicas, climáticas, de contaminación y energéticas está tensionando un modelo de desarrollo urbano incapaz de responder a los desafíos actuales, profundizando desigualdades y fragilidad territorial.

Las ciudades chilenas están enfrentando una presión inédita. El alza del costo de la vida, la crisis energética, la emergencia climática y un escenario internacional inestable no solo coexisten, sino que interactúan entre sí, configurando lo que distintos especialistas han denominado una “policrisis”. Para Gabriela Guevara, académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), este escenario no hace más que evidenciar un problema más profundo: la fragilidad estructural del modelo urbano que ha predominado en el país durante las últimas décadas.

“Las ciudades están resistiendo desde una posición estructuralmente frágil”, plantea. Su diagnóstico apunta a un modelo de urbanización subsidiario y orientado al mercado, consolidado desde la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979 -cuyo principio fundacional expresó que el suelo urbano no es un recurso escaso-, que ha legado deudas urbanas acumuladas: segregación socioespacial, periferias mal equipadas; un déficit habitacional que, según Déficit Cero y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), supera las 650 mil viviendas; dependencia energética de combustibles fósiles importados e infraestructura diseñada para un clima que ya no existe.

Más que un fenómeno coyuntural, la Dra. Guevara Cué advierte que la actual convergencia de crisis opera como una “prueba de esfuerzo” que deja al descubierto esas fallas con crudeza y de manera profundamente desigual. La actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 2014, elaborada por la Comisión Asesora Presidencial, y las propuestas posteriores del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), reconocieron la necesidad de transitar hacia ciudades integradas, equitativas y sustentables; sin embargo, su implementación ha dependido de voluntades políticas oscilantes entre administraciones y sin mecanismos formales que aseguren su continuidad.

Planificación regional

La Región de O’Higgins constituye, a juicio de la investigadora, un caso ilustrativo de estas tensiones. Rancagua y Machalí han expandido sus manchas urbanas sobre suelos clase I y II del Valle Central —los de mayor capacidad agrícola del país—, mientras el Plan Regulador Metropolitano de Rancagua no ha logrado contener la expansión de baja densidad. Pichilemu, Santa Cruz y el secano costero experimentan una presión inmobiliaria creciente sin infraestructura hídrica ni vial adecuada. “Se trata de territorios que crecen sin la infraestructura necesaria para habitarlos con dignidad”, explica.

En este contexto, uno de los nudos críticos es la debilidad institucional de la planificación a escala regional. La Ley 21.074 de Fortalecimiento de la Regionalización habilitó el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) como instrumento orientador, pero este ha avanzado lentamente y carece de fuerza vinculante sobre los instrumentos de planificación territorial comunales. A esto se suma una gobernanza fragmentada, donde el Gobierno Regional, las SEREMI sectoriales y los municipios operan con competencias difusas y sin articulación efectiva a escala de cuenca o de sistema urbano.

“Las crisis actuales no respetan límites comunales, pero seguimos gestionando el territorio como si lo hicieran”, advierte Guevara Cué. Las cuencas atmosféricas del valle central, los sistemas hídricos del Cachapoal y el Tinguiririca, la movilidad cotidiana y los mercados de suelo operan a escala metropolitana, pero continúan siendo administrados con herramientas fragmentadas y competencias de diversas instituciones involucradas. Áreas como Rancagua, Machalí, Graneros y San Francisco de Mostazal funcionan de facto como una realidad metropolitana sin una institucionalidad metropolitana efectiva que las articule, asegura la experta.

Impacto en sectores vulnerables

El impacto de esta situación se expresa con especial intensidad en los sectores más vulnerables. En comunas como San Vicente de Tagua Tagua, Rengo o en sectores periurbanos de Rancagua, los hogares destinan proporciones muy elevadas de su ingreso a transporte, energía y alimentos, configurando lo que la Ley 21.305 de Eficiencia Energética y la literatura especializada reconocen formalmente como pobreza energética. La megasequía —documentada por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)² en sus informes a la nación— ha golpeado con particular fuerza las cuencas del Rapel y del Cachapoal, donde los camiones aljibe han devenido en política permanente en localidades como Litueche, La Estrella, Marchigüe o Paredones, pese a que la Ley 21.435 de 2022 consagró el agua como bien nacional de uso público.

“La desigualdad territorial no es sólo una brecha, es una forma de injusticia”, sostiene la académica. “Los megaincendios de 2017 en la zona centro sur, y los de Valparaíso de 2024, demostraron que el riesgo climático se concentra donde también convergen la informalidad urbana y la precariedad institucional”, añade. Además, la Ley 21.364, que creó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), opera sobre territorios que carecen aún de planificación preventiva robusta, perpetuando una distribución inequitativa del riesgo.

Gabriela Guevara Cué

Académica Instituto de Ciencias Sociales

Modelo agotado

Frente a este panorama, la académica es enfática en señalar que el modelo actual “está agotado”. Sin embargo, advierte que reconocerlo retóricamente no es suficiente: “No basta con declararlo obsoleto; se requieren cambios estructurales que afecten las reglas del juego”. Instrumentos como la Ley 21.450 de Integración Social y Urbana representan avances en la dirección correcta a su juicio, pero han resultado insuficientes para revertir décadas de segregación acumulada, en parte porque las condiciones habilitantes (como suelo bien localizado, transporte accesible, servicios de calidad) no se han transformado al mismo ritmo.

Entre las transformaciones necesarias, plantea la urgencia de transitar desde un urbanismo de expansión y extracción hacia uno de cuidado, proximidad y suficiencia. “Esto implica cuestionar dogmas estructurales: que la vivienda social debe construirse allí donde el suelo es más barato, reproduciendo la segregación que la Ley 21.450 busca corregir; que la movilidad se resuelve con más autopistas; que la infraestructura verde es un ornamento y no una forma de seguridad hídrica; y que la planificación debe subordinarse a la rentabilidad inmobiliaria antes que a los derechos territoriales de la ciudadanía”, detalla.

No obstante, el desafío central no radica únicamente en el diseño de nuevas políticas, sino en las condiciones materiales para su implementación efectiva. La Ley 21.455 Marco de Cambio Climático (2022) instala una arquitectura prometedora (con Planes de Acción de Cambio Climático Comunales, PACCC; y Comités Regionales, CORECC), pero arrastra un problema estructural: “Se descentralizan responsabilidades sin descentralizar capacidades ni recursos”, advierte, en un marco donde las leyes orgánicas municipales y regionales fueron diseñadas para otra complejidad institucional y territorial.

En la práctica, los equipos municipales de medio ambiente están compuestos, salvo excepciones, por dos o tres personas que deben cubrir simultáneamente residuos, arbolado, ordenanzas y ahora también gestión climática. Sin pisos mínimos de dotación técnica, financiamiento y formación, los PACCC corren el riesgo de convertirse en documentos sin correlato operativo. Una revisión del Fondo Común Municipal que incorpore criterios de vulnerabilidad climática -y no sólo socioeconómica- permitiría compensar a comunas altamente expuestas a sequía e incendios, pero que hoy no reciben ninguna compensación por ese riesgo estructural.

A ello se suma una desconexión persistente entre los distintos instrumentos de planificación y la evidencia científica disponible. Los Planes Reguladores, los PROT, los Planes de Descontaminación Atmosférica (Ley 19.300) y los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas de la DGA podrían integrar obligatoriamente los mapas de riesgo climático y los corredores ecológicos. Sin embargo, persiste una brecha entre, por ejemplo, los informes del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)², los del IPCC y los balances hídricos nacionales, y lo que finalmente autorizan los instrumentos de planificación vigentes. “La Evaluación Ambiental Estratégica -regulada por la Ley 19.300 y el DS 32 de 2015- no ha logrado cerrar esa brecha, porque su aplicación ha sido más procedimental que sustantiva”, señala.

Otro elemento crítico, que la literatura técnica suele soslayar -agrega la experta-, es la vulnerabilidad de estos procesos frente a los ciclos políticos. Basta con modificar directrices presidenciales, reducir la prioridad de una agenda en la DIPRES, reemplazar equipos técnicos en el MINVU, el MMA, Energía o la SUBDERE, o desfinanciar concursos del FNDR, para desarticular años de trabajo técnico sin derogar ninguna norma. “Instrumentos como la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT, 2021) dependen así de voluntades con horizontes electorales de cuatro años, pese a que los problemas que abordan requieren perspectivas de al menos quince o veinte”, indica.

“Los territorios más dependientes del Estado son también los más expuestos a estas fluctuaciones”, advierte. En este sentido, proteger la implementación mediante plazos legales, indicadores verificables, presupuestos plurianuales protegidos y mecanismos de rendición de cuentas no es solo una cuestión de eficiencia técnica: “es fundamentalmente una medida de justicia espacial, que reduce la dependencia de los territorios más vulnerables respecto de las oscilaciones del ciclo político nacional”, señala la experta.

Futuro

De cara al futuro, Guevara Cué propone concentrar el liderazgo institucional en una agenda que integre con coherencia las dimensiones ambientales, sociales y económicas. En materia de ordenamiento territorial, destaca la densificación equilibrada en torno al transporte público -inspirada en el modelo de ciudad de quince minutos, adaptado a las realidades heterogéneas del territorio chileno- y un freno efectivo a la expansión sobre suelos agrícolas de alto valor. “La Ley 21.078 sobre Transparencia del Mercado del Suelo representó un avance, pero resulta insuficiente para contener la especulación; las propuestas del CNDU sobre banco de suelos y zonificación inclusiva siguen pendientes de implementación. La infraestructura verde y azul -parques inundables, renaturalización de quebradas, corredores de sombra y humedales urbanos amparados en la Ley 21.202 de Humedales Urbanos de 2020- debe concebirse como política de seguridad hídrica y climática, y no como ornamento paisajístico”, detalla.

Asimismo, enfatiza la urgencia de avanzar en soberanías locales en materia energética y alimentaria: comunidades energéticas bajo la Ley 20.571 y la Ley 21.505, generación distribuida con tarifas justas, y protección efectiva de la agricultura periurbana frente a la expansión inmobiliaria. En paralelo, la participación ciudadana vinculante adquiere carácter central: “los Comités Regionales para el Cambio Climático (CORECC), creados por la Ley 21.455, ganarían en legitimidad si incluyeran representación efectiva de comunidades y pueblos indígenas (en diálogo real con el Convenio 169 de la OIT). El Acuerdo de Escazú, promulgado mediante Decreto 209 del Ministerio de Relaciones Exteriores, ofrece un estándar jurídicamente exigible en acceso a la información, participación y justicia ambiental que todavía no permea suficientemente las prácticas institucionales. Quienes asumen los costos deben tener también capacidad de decisión, y no sólo voz”, afirma.

En paralelo, subraya la urgencia de una gobernanza multiescalar que articule acciones a nivel local, regional y nacional. El PROT, en particular, podría convertirse en el instrumento bisagra entre la Ley 21.455 Marco de Cambio Climático y la planificación territorial concreta, integrando riesgos climáticos, seguridad hídrica y justicia distributiva a escala de cuenca y de sistema urbano. Para la Región de O’Higgins esto resulta especialmente relevante: “sin un PROT vinculante es difícil coordinar la gestión hídrica del Cachapoal y el Tinguiririca, proteger los suelos del Valle Central o contener la presión inmobiliaria sobre el secano costero. Esto exige fortalecer las capacidades técnicas y presupuestarias de los gobiernos regionales y dotar a las áreas metropolitanas de instrumentos de planificación con real poder de incidencia”, indica.

Para la académica, la resiliencia integral no se logra únicamente con buenas leyes, sino con la continuidad de los procesos de implementación más allá del ciclo electoral. El Sexto Informe de Evaluación del IPCC (Grupo de Trabajo II, Capítulo 6, “Cities, Settlements and Key Infrastructure”) documenta que los avances relevantes en adaptación urbana integran infraestructura ecológica, tejido social y política social. En los incendios de 2017 y de Valparaíso de 2024, las redes vecinales operaron como primera respuesta antes que el Estado, evidenciando que la infraestructura social de cuidado es también infraestructura de seguridad. “Se trata de transformarse, pero sin que esa transformación y sus costos, recaigan nuevamente sobre los mismos territorios y las mismas personas”, concluye.

En un escenario global marcado por la incertidumbre y estas múltiples crisis, el diagnóstico de la Dra. Guevara Cué es inequívoco: Chile no enfrenta únicamente una crisis de sus ciudades, sino una crisis del modelo que las ha configurado durante décadas. Revertirla implica actuar sobre múltiples frentes de manera simultánea y sostenida: reforma de los instrumentos de planificación para dotarlos de vinculancia real, fortalecimiento de las capacidades técnicas y financieras de los gobiernos subnacionales, gobernanza multiescalar con participación vinculante de las comunidades, soberanías locales en energía y alimentos, y mecanismos institucionales que protejan la continuidad de las políticas frente a los ciclos políticos. “La respuesta —concluye— no puede ser parcial ni fragmentada: debe apuntar a una transformación profunda en la forma de planificar, gestionar y habitar el territorio, sin que esa transformación recaiga, una vez más, sobre los territorios y las personas que ya han cargado históricamente con los costos del modelo que hoy declaramos agotado”, finaliza.

• La socióloga y académica UOH María Paz Trebilcock plantea que los proyectos de ley impulsados -esta semana- por el Gobierno deben complementarse con una agenda de convivencia y salud socioemocional, advirtiendo que sanciones como la pérdida de la gratuidad podrían ser desmedidas y poco efectivas.

En medio del debate por los proyectos de ley ingresados al Congreso para fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales, la socióloga y académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH) e investigadora adjunta de VIODEMOS, María Paz Trebilcock, realizó un análisis crítico respecto del alcance y las limitaciones de las medidas propuestas, enfatizando la necesidad de abordar el fenómeno desde una mirada más integral.

Si bien reconoce que iniciativas como la revisión de mochilas, detectores de metales o el aumento de controles pueden contribuir a mejorar la sensación de seguridad en el corto plazo, advierte que estas responden principalmente a una lógica punitiva que no logra hacerse cargo de las causas profundas de la violencia escolar. “Poner el acento solo en sanciones no reconoce la importancia de enfoques restitutivos o restaurativos, especialmente en la etapa escolar, donde el objetivo principal es formar”, sostiene.

Desde su perspectiva, uno de los principales déficits de las propuestas es la ausencia de una estrategia robusta orientada a fortalecer la convivencia al interior de las comunidades educativas. En ese sentido, subraya que tras la pandemia se han agudizado diversos factores que inciden directamente en el clima escolar, como el debilitamiento de los vínculos entre estudiantes, el aumento del bullying, el estrés, la sobreexposición a estímulos y la presencia de múltiples distractores en la sala de clases.

“La violencia no surge de manera aislada, sino que está vinculada a procesos sociales más amplios”, explica la académica, advirtiendo que limitar la respuesta a medidas de control puede incluso reforzar dinámicas de desconfianza al interior de los establecimientos. A su juicio, esto corre el riesgo de institucionalizar una lógica de sospecha que tensiona aún más las relaciones entre estudiantes, docentes y comunidades educativas.

Para Trebilcock, enfrentar estos desafíos requiere avanzar en transformaciones estructurales que permitan reconfigurar los espacios escolares como entornos de cuidado. Entre las medidas que propone, destaca la necesidad de capacitar a docentes en herramientas de gestión de la convivencia, fomentar el aprendizaje colaborativo, desarrollar habilidades socioemocionales en los estudiantes y promover el sentido de pertenencia a la escuela. Asimismo, releva la importancia de fortalecer liderazgos internos y generar instancias de participación activa de apoderados, familias y estudiantes.

“El enfoque punitivo se queda en la primera capa del problema; no lo resuelve. Si no se intervienen las condiciones que generan la violencia, las medidas terminan siendo reactivas y de corto alcance”, enfatiza.

Respecto a las sanciones más severas contempladas en el debate, como la eventual pérdida de la gratuidad, la socióloga es categórica al señalar que pueden resultar desproporcionadas y contraproducentes. A su juicio, este tipo de medidas extiende el castigo en el tiempo sin considerar la capacidad de restitución o reparación, lo que contradice el carácter formativo del sistema escolar y puede profundizar trayectorias de exclusión.

Finalmente, la experta advierte que la evidencia y recomendaciones de organismos internacionales apuntan en una dirección distinta: priorizar la construcción de entornos socioemocionales adecuados, donde el orden y la seguridad sean consecuencia de relaciones basadas en la confianza, el respeto y el cuidado mutuo. “Responder a la violencia solo con más control puede terminar perpetuando aquello que se busca erradicar. El desafío es más complejo, pero también más profundo: reconstruir vínculos y fortalecer el sentido de comunidad en la escuela”, concluye.