• La visita se extendió a dos instituciones de educación superior con las que se intercambiaron experiencias sobre gobernanza y políticas sociales.

El académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (ICSo-UOH), Cristian Leyton Navarro, participó en la 15.ª Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Ciencia Regional, realizada en la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador. En la oportunidad, presentó su ponencia “Capacidades institucionales de los gobiernos regionales en Chile”, la cual formó parte del panel sobre gobernanza, donde abordó los desafíos que enfrentan las instituciones en la conducción efectiva de sus territorios. Esta mesa también incluyó trabajos de investigadores de la Universidade Federal do ABC de Brasil y del Institute of Environmental Engineering, Kauno Technologijos Universitetas (KTU) de Lituania.

En su exposición, Leyton explicó que el estudio analiza cómo los gobiernos regionales transforman sus atribuciones en capacidad efectiva de gestión, destacando que la descentralización no se agota en el traspaso de competencias, sino en la forma en que estas se traducen en coordinación, toma de decisiones y respuesta a problemas públicos en contextos complejos.

“Las instituciones públicas cumplen un rol que va más allá de la asignación y ejecución de recursos. Deben traducir sus atribuciones en coordinación efectiva, y en función de decisiones capaces de orientar políticas públicas. El desafío es fortalecer esas prácticas para que la función del Estado sea coherente y sostenida entre sus distintos niveles de gestión”, señaló el doctor del Instituto de Ciencias Sociales.

Factor clave

El académico y también docente de la carrera de Administración Pública UOH explicó que los gobiernos regionales requieren transformar los datos disponibles en insumos operativos. El objetivo, según señaló, es evitar que estos registros queden como un reporte aislado y lograr que, por el contrario, favorezcan los procesos de trabajo interno, siendo esto un “factor clave dentro de la acción pública institucional”.

Visita extendida

Durante su estadía en Ecuador, Leyton también presentó la conferencia “Políticas sociales y los desafíos de la implementación en tiempos de crisis” en el seminario “Implementar programas sociales en tiempos turbulentos: crisis y resistencias desde la primera línea de intervención profesional”, realizado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Con esta intervención, el académico amplió el intercambio sobre los retos que enfrentan las políticas públicas en contextos de creciente complejidad social. En este espacio participaron principalmente profesores y estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la universidad.

• Especialistas, municipio y academia ampliaron su mirada acerca de la convivencia ciudadana, desafíos territoriales y sobre la importancia que tiene la participación comunitaria en la resolución de conflictos.

Comprender la seguridad más allá del delito y reconocer la responsabilidad compartida que asumen comunidades e instituciones públicas fue el principal objetivo del conversatorio “¿Quién produce seguridad?”, actividad organizada por las académicas del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Loreto Quiroz y María Paz Trebilcock, quienes destacaron la instancia como un espacio de reflexión sobre el fenómeno desde perspectivas territoriales, comunitarias y sociales.

Para Loreto Quiroz, el encuentro surgió de la necesidad de acercar la academia y a quienes implementan políticas públicas con el propósito de construir respuestas conjuntas frente a las problemáticas que afectan a los distintos territorios. “Generamos un espacio de encuentro entre quienes estudian estos fenómenos y quienes enfrentan diariamente sus efectos en las comunidades. Fue un intercambio que abrió nuevas formas de comprender esta realidad y de pensar respuestas más pertinentes para las personas”, señaló la Doctora en Estudios Americanos.

Por su parte, María Paz Trebilcock destacó que la actividad permitió reafirmar la urgencia de abordar estas problemáticas desde una perspectiva más amplia que la mera vigilancia o el control, considerando factores como la desigualdad y las brechas territoriales. Para la Doctora en Sociología, “el conversatorio consensuó la necesidad de construir relatos alternativos a la visión homogeneizadora y punitiva de la seguridad, ampliando el enfoque hacia la convivencia, el acceso a servicios y la reconstrucción de vínculos sociales”.

Mirada municipal

Desde la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Rancagua, Blanca Pinto reconoció el conversatorio como encuentro que ratificó que cada barrio presenta desafíos distintos, lo cual requiere la planificación de estrategias diferenciadas según las características de cada sector. “Se requiere una comprensión amplia de los territorios. Factores como la desigualdad, la periferia, los procesos culturales y las distintas realidades barriales influyen directamente en cómo se manifiestan los problemas de seguridad. Por eso creemos que las estrategias deben planificarse a largo plazo, con enfoques diferenciados y una fuerte participación comunitaria”, afirmó la funcionaria.

Entre tanto, el coordinador del Observatorio Comunal de Seguridad de Rancagua, Felipe Osorio, valoró que este espacio impulsado por la UOH y el ICSo, permitió reflexionar sobre las intervenciones locales y su adecuación a las distintas realidades. Aportó que “la seguridad no puede entenderse únicamente desde el control o la fiscalización; también requiere fortalecer la participación comunitaria, la organización vecinal y la capacidad de diseñar respuestas acordes a las necesidades de cada barrio y cuadrante de la comuna”, agregó el coordinador.

Aportes vinculantes

El conversatorio también contó con la participación del investigador de la Universidad de Oxford, Gonzalo García-Campo, quien cuestionó las narrativas con que habitualmente se instala la discusión sobre seguridad en la opinión pública, planteando que muchas de las demandas ciudadanas expresan aspiraciones más profundas vinculadas a una vida digna, acceso a servicios, salud y bienestar. Asimismo, el académico de Marquette University, Enrique Alvear, advirtió sobre los riesgos asociados a la criminalización de la pobreza, enfatizando la necesidad de fortalecer la organización comunitaria y la cohesión social como una manera de contrarrestar la desigualdad que surge de este tipo de sesgos.

A ello se sumaron los aportes de la Gestora de Seguridad y del Observatorio de Seguridad de la Municipalidad de Rancagua, Camila Maturana y Katherine Vergara, respectivamente, quienes destacaron la relevancia de articular la labor institucional con las comunidades en función de atender la seguridad desde una visión más colaborativa. Subrayaron la necesidad de intervenir espacios públicos con acciones comunitarias, siendo esto una herramienta clave para la prevención y la convivencia.

• El debate de las últimas semanas reinstaló una pregunta incómoda: qué papel cumple el conocimiento científico en la política pública y qué ocurre cuando ese conocimiento se relativiza.

La controversia que marcó la agenda durante las últimas semanas volvió a poner sobre la mesa un asunto que la comunidad científica consideraba zanjado hace tiempo: el negacionismo climático y su efecto sobre las decisiones públicas.

Para Gabriela Guevara Cue, académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH) y autora del Séptimo Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), conviene partir por una distinción básica: “un consenso científico no es una opinión más dentro de un abanico de posturas. La evidencia ya no habla de probabilidades, sino de certezas”, afirma, y recuerda que el último informe del IPCC calificó de “inequívoca” la influencia humana sobre el calentamiento global. Un consenso de ese nivel -agrega- no se rebate con pareceres: “La evidencia científica se debate con más evidencia científica. Y en este caso, la evidencia contraria simplemente no existe.”

La investigadora hace notar -además- una regularidad bastante conocida: “las dudas sobre consensos científicos bien establecidos, rara vez surgen en el vacío. Suelen aparecer en escenarios donde hay intereses en juego, no tanto para negar la evidencia de frente como para sugerir que el debate sigue abierto cuando ya no lo está”.

Ahí -señala la experta- se hace crítica la importancia de un punto que muchas veces queda fuera de la conversación: que la producción de conocimiento científico sea independiente de esos intereses. “Esa independencia es la que permite informar con libertad, incluso aquello que puede resultar inconveniente”, advierte.

Por lo mismo, para la académica UOH, la ciencia que informa a la política pública cumple una función concreta. “Reduce la incertidumbre para que las decisiones se tomen con esa evidencia a la vista y no sobre opiniones o conveniencia”, señala. Con ese valor -añade- viene una responsabilidad para quienes producen conocimiento. “Comunicarlo con claridad, incluso cuando hacerlo, incomoda. Porque cuando quienes manejan la información la dejan en la ambigüedad, esa duda no se queda en lo abstracto”, puntualiza.

“El costo de no decidir bien en escenarios de alta incertidumbre, pero teniendo a mano lo que la ciencia ya ofrece, rara vez lo asumen los científicos o quienes toman las decisiones. Lo terminan pagando las personas, generalmente las más vulnerables, y a veces se traduce incluso en pérdida de vidas”, agrega la experta.

“Ese riesgo, en Chile, ya es visible. Nada de esto es especulación; es lo que ya está ocurriendo”, destaca la Dra. Guevara.

Por eso -concluye- reconocer el negacionismo y nombrar el valor del conocimiento científico no es un gesto corporativo de la academia, sino una condición para decidir mejor. “Cuando la duda reemplaza a la evidencia, el costo no se mide en titulares, sino en decisiones que se postergan y, ese retraso, habitualmente no lo paga quien sembró la duda”.

• La académica Gabriela Guevara Cué sostiene que la convergencia de crisis económicas, climáticas, de contaminación y energéticas está tensionando un modelo de desarrollo urbano incapaz de responder a los desafíos actuales, profundizando desigualdades y fragilidad territorial.

Las ciudades chilenas están enfrentando una presión inédita. El alza del costo de la vida, la crisis energética, la emergencia climática y un escenario internacional inestable no solo coexisten, sino que interactúan entre sí, configurando lo que distintos especialistas han denominado una “policrisis”. Para Gabriela Guevara, académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), este escenario no hace más que evidenciar un problema más profundo: la fragilidad estructural del modelo urbano que ha predominado en el país durante las últimas décadas.

“Las ciudades están resistiendo desde una posición estructuralmente frágil”, plantea. Su diagnóstico apunta a un modelo de urbanización subsidiario y orientado al mercado, consolidado desde la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979 -cuyo principio fundacional expresó que el suelo urbano no es un recurso escaso-, que ha legado deudas urbanas acumuladas: segregación socioespacial, periferias mal equipadas; un déficit habitacional que, según Déficit Cero y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), supera las 650 mil viviendas; dependencia energética de combustibles fósiles importados e infraestructura diseñada para un clima que ya no existe.

Más que un fenómeno coyuntural, la Dra. Guevara Cué advierte que la actual convergencia de crisis opera como una “prueba de esfuerzo” que deja al descubierto esas fallas con crudeza y de manera profundamente desigual. La actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 2014, elaborada por la Comisión Asesora Presidencial, y las propuestas posteriores del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), reconocieron la necesidad de transitar hacia ciudades integradas, equitativas y sustentables; sin embargo, su implementación ha dependido de voluntades políticas oscilantes entre administraciones y sin mecanismos formales que aseguren su continuidad.

Planificación regional

La Región de O’Higgins constituye, a juicio de la investigadora, un caso ilustrativo de estas tensiones. Rancagua y Machalí han expandido sus manchas urbanas sobre suelos clase I y II del Valle Central —los de mayor capacidad agrícola del país—, mientras el Plan Regulador Metropolitano de Rancagua no ha logrado contener la expansión de baja densidad. Pichilemu, Santa Cruz y el secano costero experimentan una presión inmobiliaria creciente sin infraestructura hídrica ni vial adecuada. “Se trata de territorios que crecen sin la infraestructura necesaria para habitarlos con dignidad”, explica.

En este contexto, uno de los nudos críticos es la debilidad institucional de la planificación a escala regional. La Ley 21.074 de Fortalecimiento de la Regionalización habilitó el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) como instrumento orientador, pero este ha avanzado lentamente y carece de fuerza vinculante sobre los instrumentos de planificación territorial comunales. A esto se suma una gobernanza fragmentada, donde el Gobierno Regional, las SEREMI sectoriales y los municipios operan con competencias difusas y sin articulación efectiva a escala de cuenca o de sistema urbano.

“Las crisis actuales no respetan límites comunales, pero seguimos gestionando el territorio como si lo hicieran”, advierte Guevara Cué. Las cuencas atmosféricas del valle central, los sistemas hídricos del Cachapoal y el Tinguiririca, la movilidad cotidiana y los mercados de suelo operan a escala metropolitana, pero continúan siendo administrados con herramientas fragmentadas y competencias de diversas instituciones involucradas. Áreas como Rancagua, Machalí, Graneros y San Francisco de Mostazal funcionan de facto como una realidad metropolitana sin una institucionalidad metropolitana efectiva que las articule, asegura la experta.

Impacto en sectores vulnerables

El impacto de esta situación se expresa con especial intensidad en los sectores más vulnerables. En comunas como San Vicente de Tagua Tagua, Rengo o en sectores periurbanos de Rancagua, los hogares destinan proporciones muy elevadas de su ingreso a transporte, energía y alimentos, configurando lo que la Ley 21.305 de Eficiencia Energética y la literatura especializada reconocen formalmente como pobreza energética. La megasequía —documentada por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)² en sus informes a la nación— ha golpeado con particular fuerza las cuencas del Rapel y del Cachapoal, donde los camiones aljibe han devenido en política permanente en localidades como Litueche, La Estrella, Marchigüe o Paredones, pese a que la Ley 21.435 de 2022 consagró el agua como bien nacional de uso público.

“La desigualdad territorial no es sólo una brecha, es una forma de injusticia”, sostiene la académica. “Los megaincendios de 2017 en la zona centro sur, y los de Valparaíso de 2024, demostraron que el riesgo climático se concentra donde también convergen la informalidad urbana y la precariedad institucional”, añade. Además, la Ley 21.364, que creó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), opera sobre territorios que carecen aún de planificación preventiva robusta, perpetuando una distribución inequitativa del riesgo.

Gabriela Guevara Cué

Académica Instituto de Ciencias Sociales

Modelo agotado

Frente a este panorama, la académica es enfática en señalar que el modelo actual “está agotado”. Sin embargo, advierte que reconocerlo retóricamente no es suficiente: “No basta con declararlo obsoleto; se requieren cambios estructurales que afecten las reglas del juego”. Instrumentos como la Ley 21.450 de Integración Social y Urbana representan avances en la dirección correcta a su juicio, pero han resultado insuficientes para revertir décadas de segregación acumulada, en parte porque las condiciones habilitantes (como suelo bien localizado, transporte accesible, servicios de calidad) no se han transformado al mismo ritmo.

Entre las transformaciones necesarias, plantea la urgencia de transitar desde un urbanismo de expansión y extracción hacia uno de cuidado, proximidad y suficiencia. “Esto implica cuestionar dogmas estructurales: que la vivienda social debe construirse allí donde el suelo es más barato, reproduciendo la segregación que la Ley 21.450 busca corregir; que la movilidad se resuelve con más autopistas; que la infraestructura verde es un ornamento y no una forma de seguridad hídrica; y que la planificación debe subordinarse a la rentabilidad inmobiliaria antes que a los derechos territoriales de la ciudadanía”, detalla.

No obstante, el desafío central no radica únicamente en el diseño de nuevas políticas, sino en las condiciones materiales para su implementación efectiva. La Ley 21.455 Marco de Cambio Climático (2022) instala una arquitectura prometedora (con Planes de Acción de Cambio Climático Comunales, PACCC; y Comités Regionales, CORECC), pero arrastra un problema estructural: “Se descentralizan responsabilidades sin descentralizar capacidades ni recursos”, advierte, en un marco donde las leyes orgánicas municipales y regionales fueron diseñadas para otra complejidad institucional y territorial.

En la práctica, los equipos municipales de medio ambiente están compuestos, salvo excepciones, por dos o tres personas que deben cubrir simultáneamente residuos, arbolado, ordenanzas y ahora también gestión climática. Sin pisos mínimos de dotación técnica, financiamiento y formación, los PACCC corren el riesgo de convertirse en documentos sin correlato operativo. Una revisión del Fondo Común Municipal que incorpore criterios de vulnerabilidad climática -y no sólo socioeconómica- permitiría compensar a comunas altamente expuestas a sequía e incendios, pero que hoy no reciben ninguna compensación por ese riesgo estructural.

A ello se suma una desconexión persistente entre los distintos instrumentos de planificación y la evidencia científica disponible. Los Planes Reguladores, los PROT, los Planes de Descontaminación Atmosférica (Ley 19.300) y los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas de la DGA podrían integrar obligatoriamente los mapas de riesgo climático y los corredores ecológicos. Sin embargo, persiste una brecha entre, por ejemplo, los informes del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)², los del IPCC y los balances hídricos nacionales, y lo que finalmente autorizan los instrumentos de planificación vigentes. “La Evaluación Ambiental Estratégica -regulada por la Ley 19.300 y el DS 32 de 2015- no ha logrado cerrar esa brecha, porque su aplicación ha sido más procedimental que sustantiva”, señala.

Otro elemento crítico, que la literatura técnica suele soslayar -agrega la experta-, es la vulnerabilidad de estos procesos frente a los ciclos políticos. Basta con modificar directrices presidenciales, reducir la prioridad de una agenda en la DIPRES, reemplazar equipos técnicos en el MINVU, el MMA, Energía o la SUBDERE, o desfinanciar concursos del FNDR, para desarticular años de trabajo técnico sin derogar ninguna norma. “Instrumentos como la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT, 2021) dependen así de voluntades con horizontes electorales de cuatro años, pese a que los problemas que abordan requieren perspectivas de al menos quince o veinte”, indica.

“Los territorios más dependientes del Estado son también los más expuestos a estas fluctuaciones”, advierte. En este sentido, proteger la implementación mediante plazos legales, indicadores verificables, presupuestos plurianuales protegidos y mecanismos de rendición de cuentas no es solo una cuestión de eficiencia técnica: “es fundamentalmente una medida de justicia espacial, que reduce la dependencia de los territorios más vulnerables respecto de las oscilaciones del ciclo político nacional”, señala la experta.

Futuro

De cara al futuro, Guevara Cué propone concentrar el liderazgo institucional en una agenda que integre con coherencia las dimensiones ambientales, sociales y económicas. En materia de ordenamiento territorial, destaca la densificación equilibrada en torno al transporte público -inspirada en el modelo de ciudad de quince minutos, adaptado a las realidades heterogéneas del territorio chileno- y un freno efectivo a la expansión sobre suelos agrícolas de alto valor. “La Ley 21.078 sobre Transparencia del Mercado del Suelo representó un avance, pero resulta insuficiente para contener la especulación; las propuestas del CNDU sobre banco de suelos y zonificación inclusiva siguen pendientes de implementación. La infraestructura verde y azul -parques inundables, renaturalización de quebradas, corredores de sombra y humedales urbanos amparados en la Ley 21.202 de Humedales Urbanos de 2020- debe concebirse como política de seguridad hídrica y climática, y no como ornamento paisajístico”, detalla.

Asimismo, enfatiza la urgencia de avanzar en soberanías locales en materia energética y alimentaria: comunidades energéticas bajo la Ley 20.571 y la Ley 21.505, generación distribuida con tarifas justas, y protección efectiva de la agricultura periurbana frente a la expansión inmobiliaria. En paralelo, la participación ciudadana vinculante adquiere carácter central: “los Comités Regionales para el Cambio Climático (CORECC), creados por la Ley 21.455, ganarían en legitimidad si incluyeran representación efectiva de comunidades y pueblos indígenas (en diálogo real con el Convenio 169 de la OIT). El Acuerdo de Escazú, promulgado mediante Decreto 209 del Ministerio de Relaciones Exteriores, ofrece un estándar jurídicamente exigible en acceso a la información, participación y justicia ambiental que todavía no permea suficientemente las prácticas institucionales. Quienes asumen los costos deben tener también capacidad de decisión, y no sólo voz”, afirma.

En paralelo, subraya la urgencia de una gobernanza multiescalar que articule acciones a nivel local, regional y nacional. El PROT, en particular, podría convertirse en el instrumento bisagra entre la Ley 21.455 Marco de Cambio Climático y la planificación territorial concreta, integrando riesgos climáticos, seguridad hídrica y justicia distributiva a escala de cuenca y de sistema urbano. Para la Región de O’Higgins esto resulta especialmente relevante: “sin un PROT vinculante es difícil coordinar la gestión hídrica del Cachapoal y el Tinguiririca, proteger los suelos del Valle Central o contener la presión inmobiliaria sobre el secano costero. Esto exige fortalecer las capacidades técnicas y presupuestarias de los gobiernos regionales y dotar a las áreas metropolitanas de instrumentos de planificación con real poder de incidencia”, indica.

Para la académica, la resiliencia integral no se logra únicamente con buenas leyes, sino con la continuidad de los procesos de implementación más allá del ciclo electoral. El Sexto Informe de Evaluación del IPCC (Grupo de Trabajo II, Capítulo 6, “Cities, Settlements and Key Infrastructure”) documenta que los avances relevantes en adaptación urbana integran infraestructura ecológica, tejido social y política social. En los incendios de 2017 y de Valparaíso de 2024, las redes vecinales operaron como primera respuesta antes que el Estado, evidenciando que la infraestructura social de cuidado es también infraestructura de seguridad. “Se trata de transformarse, pero sin que esa transformación y sus costos, recaigan nuevamente sobre los mismos territorios y las mismas personas”, concluye.

En un escenario global marcado por la incertidumbre y estas múltiples crisis, el diagnóstico de la Dra. Guevara Cué es inequívoco: Chile no enfrenta únicamente una crisis de sus ciudades, sino una crisis del modelo que las ha configurado durante décadas. Revertirla implica actuar sobre múltiples frentes de manera simultánea y sostenida: reforma de los instrumentos de planificación para dotarlos de vinculancia real, fortalecimiento de las capacidades técnicas y financieras de los gobiernos subnacionales, gobernanza multiescalar con participación vinculante de las comunidades, soberanías locales en energía y alimentos, y mecanismos institucionales que protejan la continuidad de las políticas frente a los ciclos políticos. “La respuesta —concluye— no puede ser parcial ni fragmentada: debe apuntar a una transformación profunda en la forma de planificar, gestionar y habitar el territorio, sin que esa transformación recaiga, una vez más, sobre los territorios y las personas que ya han cargado históricamente con los costos del modelo que hoy declaramos agotado”, finaliza.

• La socióloga y académica UOH María Paz Trebilcock plantea que los proyectos de ley impulsados -esta semana- por el Gobierno deben complementarse con una agenda de convivencia y salud socioemocional, advirtiendo que sanciones como la pérdida de la gratuidad podrían ser desmedidas y poco efectivas.

En medio del debate por los proyectos de ley ingresados al Congreso para fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales, la socióloga y académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH) e investigadora adjunta de VIODEMOS, María Paz Trebilcock, realizó un análisis crítico respecto del alcance y las limitaciones de las medidas propuestas, enfatizando la necesidad de abordar el fenómeno desde una mirada más integral.

Si bien reconoce que iniciativas como la revisión de mochilas, detectores de metales o el aumento de controles pueden contribuir a mejorar la sensación de seguridad en el corto plazo, advierte que estas responden principalmente a una lógica punitiva que no logra hacerse cargo de las causas profundas de la violencia escolar. “Poner el acento solo en sanciones no reconoce la importancia de enfoques restitutivos o restaurativos, especialmente en la etapa escolar, donde el objetivo principal es formar”, sostiene.

Desde su perspectiva, uno de los principales déficits de las propuestas es la ausencia de una estrategia robusta orientada a fortalecer la convivencia al interior de las comunidades educativas. En ese sentido, subraya que tras la pandemia se han agudizado diversos factores que inciden directamente en el clima escolar, como el debilitamiento de los vínculos entre estudiantes, el aumento del bullying, el estrés, la sobreexposición a estímulos y la presencia de múltiples distractores en la sala de clases.

“La violencia no surge de manera aislada, sino que está vinculada a procesos sociales más amplios”, explica la académica, advirtiendo que limitar la respuesta a medidas de control puede incluso reforzar dinámicas de desconfianza al interior de los establecimientos. A su juicio, esto corre el riesgo de institucionalizar una lógica de sospecha que tensiona aún más las relaciones entre estudiantes, docentes y comunidades educativas.

Para Trebilcock, enfrentar estos desafíos requiere avanzar en transformaciones estructurales que permitan reconfigurar los espacios escolares como entornos de cuidado. Entre las medidas que propone, destaca la necesidad de capacitar a docentes en herramientas de gestión de la convivencia, fomentar el aprendizaje colaborativo, desarrollar habilidades socioemocionales en los estudiantes y promover el sentido de pertenencia a la escuela. Asimismo, releva la importancia de fortalecer liderazgos internos y generar instancias de participación activa de apoderados, familias y estudiantes.

“El enfoque punitivo se queda en la primera capa del problema; no lo resuelve. Si no se intervienen las condiciones que generan la violencia, las medidas terminan siendo reactivas y de corto alcance”, enfatiza.

Respecto a las sanciones más severas contempladas en el debate, como la eventual pérdida de la gratuidad, la socióloga es categórica al señalar que pueden resultar desproporcionadas y contraproducentes. A su juicio, este tipo de medidas extiende el castigo en el tiempo sin considerar la capacidad de restitución o reparación, lo que contradice el carácter formativo del sistema escolar y puede profundizar trayectorias de exclusión.

Finalmente, la experta advierte que la evidencia y recomendaciones de organismos internacionales apuntan en una dirección distinta: priorizar la construcción de entornos socioemocionales adecuados, donde el orden y la seguridad sean consecuencia de relaciones basadas en la confianza, el respeto y el cuidado mutuo. “Responder a la violencia solo con más control puede terminar perpetuando aquello que se busca erradicar. El desafío es más complejo, pero también más profundo: reconstruir vínculos y fortalecer el sentido de comunidad en la escuela”, concluye.

• La red apunta a implementar rigor metodológico, articulación regional y promoción del debate público en torno a nuevas narrativas sobre violencia y control social.

La académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Loreto Quiroz Rojas, co-coordinará, junto a los investigadores Antonio Fuentes Díaz (México) y Fabio Magalhães Candotti (Brasil), el Grupo de Trabajo N°86 “Vigilantismo, violencias punitivas y producción de seguridad” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). La adjudicación se resolvió tras un exigente proceso de evaluación que culminó con la conformación de 88 equipos de investigación, integrados por 5.492 especialistas, quienes desarrollarán sus estudios entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de diciembre de 2028.

La académica destaca que la adjudicación de la propuesta amplía la proyección de los estudios sobre vigilantismo a escala latinoamericana y también nacional. A este respecto, cabe señalar que la académica UOH María Paz Trebilcock también es parte del Grupo de Trabajo. Loreto Quiroz agrega que la red de investigadores que está tras la propuesta que fue adjudicada, ha contribuido al desarrollo de estudios empíricos y avances conceptuales -como las nociones de vigilantismo duro, blando y difuso- que permiten comprender este fenómeno como una dinámica relacional, más que como una simple ausencia del Estado.

“Como Grupo de Trabajo, hemos avanzado en la configuración emergente de un campo de estudios sobre vigilantismo en la región, avanzando en investigación comparada y en la construcción de marcos conceptuales propios. Esto nos ha permitido comprender que estas prácticas no responden a una ausencia estatal, sino que forman parte de dinámicas relacionales complejas de gobernanza securitaria en América Latina”, sostiene la académica explicando la relevancia de estos estudios dentro de Latinoamérica.

Infraestructura intelectual

La Doctora en Estudios Americanos añade que esta adjudicación no solo reconoce un campo de investigación en proceso de consolidación académica, sino que también se configura como una plataforma que favorece la acumulación de conocimiento, así como la formación de nuevas generaciones de investigadores e investigadoras en la región.

Asimismo, subraya que la labor de esta red internacional de la cual forma parte también implica dialogar con problemáticas sociales y políticas de alta relevancia para los países de la región, constituyéndose en una instancia concreta de colaboración entre academia y sociedad. “En este sentido, CLACSO opera como una plataforma clave para ampliar redes, potenciar la investigación comparada y fortalecer el vínculo entre producción académica, debate público e incidencia en temas de seguridad, democracia y derechos humanos”, agrega la experta.

Proyección y desarrollo

En relación con el desarrollo de la investigación durante el período 2026-2028, la académica señala que el Grupo de Trabajo N°86 proyecta expandir su enfoque hacia dimensiones emergentes, donde factores como las tecnologías de vigilancia, las narrativas sobre la violencia y las formas contemporáneas de control social marcarán el rumbo de la producción académica.

“Entre los principales desafíos se encuentran consolidar un corpus teórico-metodológico propio, fortalecer la articulación con organizaciones sociales y actores no académicos, y lograr incidir en políticas públicas en contextos atravesados por la expansión de discursos punitivos y la centralidad de la inseguridad en la agenda política. Todo ello supone sostener un equilibrio complejo entre rigurosidad académica, trabajo colaborativo regional e intervención en debates públicos altamente sensibles”, concluye la académica UOH, delineando así la proyección de esta investigación sobre vigilantismo en América Latina.

Resultados CLACSO 2026-2028

• La actividad forma parte de los encuentros que se impulsan desde el proyecto ANID FOVI240153 “Territorios y Gobernanza del Riesgo: fortaleciendo la interdisciplina para prevenir desastres socio-naturales”.

El Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins desarrolló un seminario internacional con la presentación “The practice of inter and transdisciplinary research”, impartida por el profesor Kees Boersma, de la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad Libre de Ámsterdam, en el que explicó cómo los conceptos “frontera”, que son términos utilizados por diferentes disciplinas y campos profesionales, vienen a jugar un papel preponderante dentro de asuntos científicos que constituyen “wicked problems”, tales como aquellos asociados a la gestión del riesgo de desastres.

“Mi presentación buscó describir mi experiencia de investigación desde una perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria, en la que los conceptos ‘frontera’ operan como eje articulador frente a wicked problems, como la gobernanza del riesgo, la resiliencia y la gestión de crisis. El objetivo de este enfoque es avanzar hacia perspectivas interdisciplinarias más integrales en torno a nuestros desafíos como sociedad, sobre todo porque las universidades están llamadas a desempeñar un rol central para pensar estos asuntos y contribuir así a solucionarlos”, explicó el experto.

Mirada ICSo

Por su parte, el director del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo-UOH), Patricio Saavedra, añadió que la participación del profesor Boersma resultó clave al aportar tres ejes para comprender la investigación interdisciplinaria: la articulación de saberes entre disciplinas, su despliegue colaborativo con la comunidad mediante la coproducción de conocimiento y la relevancia de estructuras e incentivos institucionales que permitan sostener estos procesos complejos en el tiempo.

“En ese sentido, cabe comprender que la interdisciplina no solo implica integrar conceptos entre áreas, sino también trabajar con la comunidad en una lógica horizontal de creación de conocimiento. Además, el profesor Boersma dejó claro que esto requiere condiciones institucionales: liderazgo comprometido, tiempo, coordinación e incentivos que valoren estos procesos más allá de los esquemas de investigación tradicionales”, reiteró Saavedra, coincidiendo con la mirada del invitado internacional.

Entre tanto, el académico ICSo, Ricardo Fuentealba, señaló que la presentación del profesor Boersma no solo generó un espacio de discusión que trascendió las fronteras de la UOH en materia de investigación interdisciplinaria, sino que también cumplió un doble propósito, al estar enmarcada dentro de las iniciativas impulsadas por el proyecto ANID FOVI240153 “Territorios y Gobernanza del Riesgo: fortaleciendo la interdisciplina para prevenir desastres socio-naturales”, del cual es responsable.

“Nos sentimos muy satisfechos de haber contado con la visita y presentación ‘The practice of inter and transdisciplinary research’ del profesor Kees Boersma, en el marco de un proyecto que busca justamente consolidar un enfoque integrador entre comunidades y distintas disciplinas en materia de investigación social y científica”, concluyó el académico.

• El encuentro de carácter híbrido convocó a expertos internacionales, instituciones públicas, academia y entidades municipales en aras de fortalecer capacidades locales ante escenarios de amenaza.

La Universidad de O’Higgins (UOH) realizó el seminario “Experiencias y Herramientas para la Gobernanza Territorial del Riesgo de Desastres”, generando un espacio de articulación entre investigación aplicada y experiencias institucionales orientadas a anticipar escenarios críticos. La jornada se desarrolló en el marco del proyecto ANID FOVI240153 “Territorios y Gobernanza del Riesgo: fortaleciendo la interdisciplina para prevenir desastres socio-naturales”, que busca abordar problemáticas complejas desde la mirada global de la Región.

El responsable del proyecto y académico del Instituto de Ciencias Sociales, Ricardo Fuentealba, explicó que la actividad permitió exponer avances del proyecto, junto con aportes internacionales ofrecidos por el profesor Kees Boersma, de la Universidad Libre de Ámsterdam, y aprendizajes locales como la experiencia de la Municipalidad de Pudahuel, reconocida como Nodo de Resiliencia por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), evidenciando la relevancia de integrar conocimientos diversos.

Mencionó que este seminario plantea la necesidad de avanzar hacia enfoques preventivos sostenidos, considerando los cambios normativos recientes y las brechas existentes en su aplicación a nivel regional y local. “Esta jornada buscó abrir una reflexión profunda sobre cómo estamos enfrentando estos fenómenos. Si bien la Ley 21.364 marca un progreso significativo en materia institucional sustituyendo la antigua ONEMI por SENAPRED, su implementación aún enfrenta desafíos importantes fuera del nivel central”, siendo esto una tarea urgente por resolver subrayó el académico.

Aprendizajes compartidos

El Doctor en Ciencias Sociales señaló que el seminario también planteó la importancia de incorporar prácticas permanentes de anticipación, así como fortalecer vínculos entre actores para mejorar la capacidad de respuesta y adaptación frente a escenarios cada vez más complejos. “Y en ese sentido, la idea es transitar desde un enfoque reactivo a uno preventivo, basado en acciones cotidianas de reducción del riesgo, como las que ya se implementan en los Países Bajos o en Pudahuel”, agregó el experto.

Respecto a los redes de articulación, Fuentealba destacó que la jornada desarrollada en formato híbrido, logró convocar representantes de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) O’Higgins, Consejo de Monumentos Nacionales, Cruz Roja, FOSIS y de municipios como Rancagua, Palmilla, Litueche, entre otras organizaciones y servicios públicos. Todo esto contribuye directamente a cumplir con parte de los objetivos que persigue el proyecto ANID FOVI240153”.

Retroalimentación

Además del seminario, el equipo del proyecto FOVI visitó la nueva sede de SENAPRED regional, donde conocieron la Unidad de Alerta Temprana (UAT), encargada de monitorear amenazas naturales en la región. Dicha actividad fue valorada por la académica de la Facultad de Gobierno y directora de CITRID de la Universidad de Chile, Paulina Vergara, quien es además investigadora asociada al proyecto FOVI y coorganizadora del seminario. “Recorrer SENAPRED O’Higgins permite dimensionar los avances en la capacidad estatal para enfrentar eventos adversos. La reorganización del servicio y su énfasis en el trabajo coordinado resultan fundamentales para responder a múltiples amenazas. Este tipo de articulación interinstitucional fortalece la respuesta ante contingencias y proyecta acciones sostenidas que mejoran las posibilidades de la región de salir adelante en caso de una emergencia y de reducir el riesgo de desastre a largo plazo”, concluyó Vergara, haciendo una mención especial al desarrollo del seminario y a sus actividades de retroalimentación.

• La publicación busca aportar herramientas concretas para la organización, la negociación colectiva y la huelga en contextos de explotación neoliberal.

En un escenario marcado por la incertidumbre, la fragmentación del trabajo y profundas asimetrías de poder, el libro “Guía de Acción Sindical” nace como un manual clave para repensar y fortalecer el rol del sindicalismo en Chile. La obra de acceso libre y gratuito se estructura en nueve capítulos desarrollados a partir del análisis de más de un centenar de experiencias acumuladas por organizaciones sindicales a lo largo del país.

Entre sus autores se encuentra el investigador del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Domingo Pérez Valenzuela, quién subraya que esta publicación no se presenta como un manual teórico ni abstracto, sino como una guía sistematizada del quehacer sindical transformado en orientaciones aplicables frente a modelos neoliberales.

“Este es un texto necesario y oportuno para el momento y las dificultades que viven las y los trabajadores en Chile en un panorama incierto. No es un manual abstracto, sino una guía construida desde la experiencia real de más de un centenar de representantes de organizaciones sindicales que reflexionan y comparten sus experiencias de décadas bajo el neoliberalismo laboral en Chile”, explica.

Ejes de acción

Según Pérez Valenzuela, el libro de nueve capítulos se articula en torno a tres dimensiones fundamentales de la acción sindical como una manera de hacer frente a la precariedad laboral que padecen muchos sectores del país: la sindicalización, entendida como base para reconstruir poder colectivo en contextos laborales fragmentados; la negociación colectiva, concebida como una disputa que va más allá de lo salarial e incorpora dignidad, tiempos de vida y derechos; y la huelga, reconocida como una herramienta histórica de presión que mantiene plena vigencia frente a persistentes desigualdades de poder.

“Esta guía es un aporte para reactivar y fortalecer el trabajo sindical en todos estos planos, como una condición necesaria dirigida a enfrentar la precariedad estructural que afecta a amplios sectores y territorios del país. Pero también, enfocada en mejorar las trayectorias laborales y las condiciones de vida de las familias. Se trata de una invitación concreta a volver a pensar el sindicalismo como actor social clave para el Chile que viene”, sugiere el docente universitario.

Para el autor, es necesario promover una tasa de sindicalización que devuelva la dignidad del movimiento laboral en Chile, más allá de las políticas estructurales y gobiernos de turno. Razón por la cual, cree que comprender estas tres dimensiones del libro vienen a ser un primer paso hacia una transformación sindical que reivindique la voz de trabajadores y trabajadoras en todo el país. Reitera que “la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga siguen siendo pilares centrales del quehacer sindical, especialmente cuando las asimetrías de poder persisten y afectan la vida cotidiana de las y los trabajadores”.

Conocimiento aplicado

Pérez Valenzuela agrega que la obra de la editorial “Aún Creemos en los Sueños”, marca el cierre de un extenso ciclo de investigaciones desarrolladas durante la última década, cuyo objetivo es compartir sus principales hallazgos con un público amplio interesado en materias laborales. Basada en más de 110 testimonios provenientes de diversos sectores económicos, la guía, -según añade el autor-, da cuenta de una “enorme riqueza cualitativa” basada en las evidencias ofrecidas por sus protagonistas.

“El texto recoge de manera sistematizada los aprendizajes, aciertos, errores y tensiones surgidas de años de organización, resistencia y acción colectiva frente a contextos laborales marcados por profundas desigualdades sociales, políticas y económicas, razón por la que constituye una obra de gran valor que invito a revisar en aras de la recuperación sindical del país”, culmina el investigador.

La realización del libro contó con el financiamiento del Fondo de Apoyo a la Publicación de la Universidad de O’Higgins, Proyecto N° FPUB2511, así como la colaboración de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Fondecyt Regular N° 1150860.

Puedes leer el texto completo AQUÍ.

• La profesora Chika Watanabe compartió sus aportes teóricos y prácticos en torno al aprendizaje intergeneracional y la resiliencia ante desastres.

En la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica se desarrolló el workshop internacional sobre preparación ante desastres, instancia coorganizada por la investigadora postdoctoral Andrea Vásquez y el académico Ricardo Fuentealba, ambos pertenecientes al Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins. La jornada contó con la presencia de la Dra. Chika Watanabe, antropóloga social y académica de la Universidad de Manchester (Reino Unido), y tuvo el apoyo de la Dra. Magdalena Gil de la Escuela de Gobierno PUC y de CIGIDEN R+, Centro ANID que viene a continuar el trabajo del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres.

En la actividad, titulada “La memoria, el juego y lo intergeneracional: preparación para desastres entre Chile y Japón”, la profesora Watanabe compartió sus aportes teóricos y prácticos en torno al aprendizaje intergeneracional y la resiliencia ante desastres, temas centrales de su proyecto “Voces de resiliencia”, el cual explora las experiencias de adultos mayores y el uso de juegos intergeneracionales para fortalecer la preparación comunitaria frente a eventos extremos, con especial énfasis en el terremoto de 2010. Como resultado, se ha producido un documental disponible en inglés y español en YouTube, un juego de mesa y guías metodológicas para replicar la experiencia en otras comunidades.

La profesora Watanabe adelantó además el próximo lanzamiento de su libro “Play to survive. Disaster preparedness along the Ring of Fire”, donde profundiza en la aplicación de métodos lúdicos para fortalecer la preparación intergeneracional en Chile y Japón, y manifestó su interés en continuar colaborando con académicos chilenos y casos de estudio locales. Según la Dra. Watanabe es importante ver la resiliencia de manera amplia, considerando memorias e historias de vida: “Generar encuentros intergeneracionales e internacionales, ayuda a que la preparación en desastres sea transversal. Se tiene que abordar el tema desde diferentes disciplinas y áreas de trabajo, ya sea reducción de riesgo, trabajo social o patrimonio”.

En esa línea, la investigadora UOH Andrea Vásquez agregó que “vivimos en un mundo que se envejece a ritmos acelerados, donde la memoria e historias de vida de los adultos mayores es fundamental para catalizar el aprendizaje intergeneracional de estrategias de preparación en desastres. La charla de la Dra. Watanabe nos invita también a pensar en otros espacios y métodos para fomentar ese aprendizaje intergeneracional y potenciar la colaboración internacional en ese ámbito, como la incorporación de tecnologías digitales junto con el juego”.

El workshop fue realizado como parte de la línea Society de CIGIDEN R+, donde el Dr. Ricardo Fuentealba participa como investigador adjunto.