• Andrea Canales participó en una pasantía de investigación en la Universidad Federico II de Nápoles, instancia que permitió compartir la experiencia chilena en regulación ambiental y consolidar redes académicas internacionales.

Con el propósito de fortalecer la investigación académica y profundizar la colaboración internacional, Andrea Canales, académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, realizó una pasantía de investigación en la Universidad Federico II de Nápoles, instancia que permitió relevar la experiencia chilena en regulación ambiental y consolidar vínculos académicos con una de las casas de estudio más relevantes de Europa. Esta oportunidad fue generada desde la Dirección de Internacionalización UOH en el marco del convenio de colaboración suscrito con la Universidad Federico II de Nápoles.

La pasantía se desarrolló en el marco de una Summer School orientada a estudiantes de posgrado e investigadores jóvenes, enfocada en el análisis de los impuestos medioambientales desde perspectivas legales y económicas. En este espacio, la académica UOH participó en diversas charlas especializadas y presentó la experiencia latinoamericana en una sesión dedicada a la región, junto a investigadores de Chile y Argentina. Al respecto, Andrea Canales señaló que “fue una instancia muy enriquecedora, ya que permitió dialogar sobre regulación ambiental desde distintas realidades y visibilizar la experiencia chilena en un contexto académico internacional”.

Durante su estadía, la académica pudo conocer en profundidad la regulación y experiencia europea en materia ambiental, así como los principales desafíos que enfrenta este ámbito a nivel global. En ese sentido, destacó que “las políticas medioambientales no se limitan a las fronteras de un país, sino que generan efectos que pueden impactar a otras naciones, incluso a aquellas geográficamente distantes como Chile respecto de la Unión Europea”.

Desde el campo de las ciencias sociales, la regulación ambiental cumple un rol clave en la generación de incentivos que orientan las decisiones de individuos, empresas y gobiernos. Sobre este punto, Canales explicó que “la efectividad de cualquier política ambiental depende de cómo interactúan las instituciones, los incentivos y las decisiones humanas, por lo que estudiar estos mecanismos es fundamental para diseñar políticas más justas, eficientes y sostenibles”.

En cuanto al impacto de esta experiencia para la Universidad de O’Higgins, la académica indicó que “esta pasantía contribuye a fortalecer las líneas de investigación en regulación, políticas públicas y sostenibilidad que se desarrollan en la UOH, incorporando perspectivas comparadas y evidencia internacional que pueden ser adaptadas a los desafíos locales y regionales”.

El vínculo con la Universidad Federico II de Nápoles abre nuevas oportunidades de colaboración académica, tanto en investigación como en formación. En este contexto, Andrea Canales destacó que “este intercambio permite avanzar en proyectos de investigación conjuntos, estancias académicas, codirección de tesis y participación en seminarios, además de generar redes académicas duraderas con impacto a largo plazo”. Asimismo, relevó que estudiantes de Derecho y Administración Pública de la UOH ya han podido viajar a esta institución italiana, beneficiándose directamente de esta colaboración.

Finalmente, la académica subrayó el aporte de esta experiencia a su labor docente, señalando que “incorporar marcos regulatorios europeos, casos de estudio y debates actuales de la Unión Europea en la docencia permite ofrecer a las y los estudiantes una formación más actualizada, comparada y con una mirada global, fortaleciendo su pensamiento crítico y su preparación profesional”.

En tanto, para Carla Gutiérrez, directora de Internacionalización destacó que con la Universidad Federico II “hemos desarrollado durante el último año una colaboración sostenida, marcada por la continuidad y el compromiso de ambas instituciones, lo que ha permitido generar concretas oportunidades tanto en docencia como en investigación. En este periodo, desde la Universidad de O’Higgins han participado dos estudiantes de Derecho, dos estudiantes de Administración Pública, las jefaturas de carrera de ambas disciplinas y dos académicas del Instituto de Ciencias Sociales, quienes han visitado dicha casa de estudios. A ello se suma que en enero de 2026 se realizará una pasantía en la que participarán un estudiante de Derecho y una docente de la misma carrera”.

• Demandas salariales, desigualdad socioeconómica y debilidad institucional explican una persistencia que obliga a repensar la resolución de conflictos en el marco de una nueva arquitectura sindical.

En un escenario marcado por presiones del nuevo ciclo político y económico, la conflictividad laboral se confirma como un rasgo estructural del país. La Minuta de Huelgas Laborales 2024 del Observatorio de Huelgas Laborales (OHL) evidencia un aumento sostenido de paralizaciones, con más trabajadores involucrados y un alza en días-persona perdidos, mostrando la insuficiencia del sistema chileno para canalizar tensiones dentro de las relaciones laborales.

Según el director del OHL e investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Domingo Pérez Valenzuela, la tendencia iniciada en 2006 e intensificada en 2019 mantiene activas sus causas profundas: tensiones entre salarios y ganancias, persistencia de huelgas legales y extra-legales, y una baja capacidad institucional para encauzar los conflictos en procesos formales.

“La huelga se ha convertido en el principal mecanismo histórico para transformar tensiones latentes en acción colectiva. En Chile, el sistema frecuentemente no logra procesarlas por vías institucionales, lo que explica la persistencia de paralizaciones extra-legales en sectores públicos y privados”, aclara el investigador.

Conflicto sectorizado

Sobre el contexto macro-regional, Pérez destaca que una parte interesante de las movilizaciones responde a un patrón territorial vinculado al sector agroindustrial de las regiones Metropolitana, O’Higgins y del Centro Sur, un sector feminizado y de alta empleabilidad, donde las demandas se concentran en mejoras de ingreso. Según el analista, este fenómeno configura una matriz de conflicto que trasciende el ciclo macroeconómico.

“Las demandas salariales no son coyunturales, por lo que parece que expresan desigualdades laborales, territoriales y posiblemente de género. En estas zonas, el salario es la única reivindicación sostenida desde 2010. El ingreso no es solo una variable económica, sino una condición para la autonomía y la dignidad laboral, especialmente en los sectores feminizados del agro chileno”, añade el docente UOH.

Escenarios en paradoja

El sociólogo deduce que, aunque no es posible proyectar linealmente el comportamiento de las huelgas hacia 2026, sí existen variables de alerta como la dinámica económica, número de trabajadores movilizados y duración de las paralizaciones. Señala que, paradójicamente, en ciclos de mayor crecimiento económico aumenta la posibilidad de conflicto al ampliarse el margen de disputa laboral, razón por la que el monitoreo constituye un factor clave en la anticipación de escenarios de tensión.

“Los ciclos de huelga no responden a una sola variable. En períodos de expansión económica, las partes tienden a prolongar la negociación, haciendo que la probabilidad de conflicto aumente. Observar duración, participación y territorialidad permitirá anticipar escenarios, más allá de intentar cualquier proyección lineal”, indica el Doctor en Geografía, a manera de sugerencia instrumental.

Subraya que el país también enfrenta presiones externas derivadas de una economía global desacelerada, inflación persistente y tensiones acumuladas en contextos laborales frágiles, como los que presenta Chile, respecto a otros países industrializados donde el conflicto tiende a disminuir.

“Se puede deducir que algunos países con menores derechos laborales, respecto a otros industrializados, tienden a mostrar mayor conflictividad laboral, dado que los problemas y tensiones de los trabajadores pocas veces se resuelven y se acumulan, desencadenando en paralizaciones y huelgas”, infiere el sociólogo.

Hacia una arquitectura sindical

Finalmente, Pérez subraya que el desafío central no es reducir la huelga como mecanismo, sino fortalecer la capacidad institucional para procesar el conflicto. Sostiene que la persistencia de huelgas extra-legales muestra una débil edificación sindical para equilibrar la negociación, especialmente frente a empresas y en sectores donde el sindicalismo es fragmentado.

“Chile no enfrenta solo un desafío en la frecuencia de huelgas, sino el problema de una insuficiente arquitectura institucional. Sin mesas de negociación efectivas y sindicatos fortalecidos, el conflicto seguirá desplazándose hacia formas extra-legales. El reto es dotar al sistema de canales y bases estables que conviertan la tensión o las paralizaciones en acuerdos sostenibles para trabajadores, empresas y Estado”, concluye el director del OHL.

• La académica UOH Gabriela Guevara advierte que Chile enfrenta un momento decisivo para transformar su modelo urbano y territorial.

En Chile, la forma en que planificamos y gestionamos el territorio se ha convertido en un asunto político y social de primer orden. Con el 88% de la población viviendo en áreas urbanas, el país enfrenta un escenario donde las ciudades concentran los principales desafíos estructurales: déficit de vivienda, expansión descontrolada, desigualdad territorial y creciente vulnerabilidad frente al cambio climático.

“La magnitud del problema es inédita. Hoy más de 17 millones de personas viven en ciudades que arrastran décadas de expansión acelerada, carencias de infraestructura y servicios, y una profunda segregación socioespacial”, explica Gabriela Guevara Cué, académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH).

El déficit habitacional supera el millón de hogares y más de 120.000 familias habitan en asentamientos informales. A esto se suma el impacto del cambio climático: “El país ha experimentado un aumento de 1,1 °C en su temperatura media y una reducción proyectada de hasta 30% en las precipitaciones hacia 2050. Esto agrava la sequía, el estrés hídrico y los incendios urbanos y rurales”, advierte la investigadora.

Del diagnóstico a la acción

Frente a este escenario, Guevara plantea que el próximo gobierno debe asumir un liderazgo estratégico que articule políticas de Estado con enfoque territorial. “El verdadero desafío presidencial no reside únicamente en enunciar nuevas estrategias, sino en dotarlas de estructuras coherentes, articulación entre actores y capacidades técnicas para su ejecución”, sostiene.

Chile ya ha avanzado en el diseño de instrumentos, como la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa (ENTSJ) y la Contribución Determinada a Nivel Nacional 2025–2035, que incluyen más de 70 metas y un centenar de medidas en materia ambiental, social y laboral. Sin embargo, para que estas políticas se traduzcan en transformaciones reales, “es imprescindible contar con estructuras operativas y mecanismos efectivos de coordinación entre Estado, sector privado, municipios, academia y ciudadanía”, advierte.

Fragmentación institucional y brechas locales

La académica UOH enfatiza que uno de los mayores obstáculos es la fragmentación institucional: “Chile gestiona más de 60 instrumentos legales vinculados a la planificación territorial y urbana, pero esta multiplicidad no ha garantizado coherencia ni efectividad. Menos del 25% de los municipios cuenta con equipos técnicos capaces de incorporar criterios de equidad, gestión de riesgo y adaptación climática”, puntualiza.

Para superar esa debilidad, Guevara Cué propone avanzar hacia una gobernanza territorial anticipatoria e inclusiva, que otorgue mayor autonomía política, capacidad financiera y potestad regulatoria a los gobiernos regionales. “Antes de 2030, al menos el 80% de las comunas debería contar con planes reguladores vigentes, alineados con principios de justicia espacial, equidad y resiliencia. Es una meta ambiciosa, pero necesaria si queremos ciudades preparadas para el siglo XXI”, agrega.

¿Nuevo contrato social urbano?

La transformación, sin embargo, no puede venir solo desde el Estado. Replantear el contrato social urbano y territorial es -según la académica- una condición indispensable para un desarrollo equilibrado. “Más allá de la discusión constitucional, debemos darnos la oportunidad de repensar la forma en que el mundo público y privado planifican el país. La justicia espacial debe ser el lente transversal y obligatorio en toda política urbana y territorial”, afirma.

En esa línea, Guevara Cué destaca la necesidad de mecanismos de cooperación público-privada que trasciendan la lógica de la rentabilidad inmediata. “El futuro gobierno tiene el desafío ineludible de promover alianzas donde empresas, municipios y comunidades colaboren desde las etapas tempranas de diseño e implementación. Solo así lograremos ciudades más equitativas, sostenibles y resilientes”, señala.

Participación y transparencia

La académica también propone fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana vinculante. “El desafío está en evolucionar desde procesos consultivos a instrumentos reales de gobernanza urbana, donde la ciudadanía pueda incidir, monitorear avances y exigir cuentas respecto al impacto social y ambiental de las intervenciones”, explica.

Para Guevara Cué la justicia espacial sintetiza el espíritu del cambio que Chile necesita: “significa priorizar la inversión pública en infraestructura y equipamiento de calidad en los barrios históricamente postergados, revirtiendo la inercia de la desigualdad. Implica que el bienestar no dependa del código postal, sino del compromiso de construir un territorio más justo, resiliente y humano”.

• La psicóloga UOH Anais Moris entregó resultados preliminares del trabajo de campo realizado con mujeres condenadas al interior del Complejo Penitenciario de Rancagua.

La Universidad de O’Higgins se hizo presente en el V Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Criminología (SOCHICRIM), el cual se realizó los días 1, 2 y 3 de octubre en la Universidad de Valparaíso. Durante la actividad se presentaron más de 90 trabajos de investigación y 20 mesas de discusión en torno a la temática central de la instancia: “Reflexiones sobre la aplicación del castigo”.

En el congreso participó como exponente la psicóloga titulada de la Universidad de O’Higgins y candidata a Magister en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana por la Universidad de Chile, Anais Moris, quien mostró resultados preliminares del trabajo de campo realizado con mujeres condenadas al interior del Complejo Penitenciario de Rancagua.

En específico, Moris discutió sobre los alcances de las construcciones identitarias y subjetivas de las nociones de género y feminidad desde quiénes se han visto involucradas y condenadas por diversos hechos delictivos. Este trabajo le ha permitido contrastar lo que la literatura especializada e investigaciones previas han reconocido como “doble transgresión” o “doble proceso de estigma” al que se ven expuestas las mujeres infractoras en cuanto transgreden tanto las normas sociales con respecto al delito, asi como también los roles tradicionales de género principalmente asociados a las labores de cuidado y la maternidad.

El estudio fue ejecutado gracias a la vinculación gestionada con Gendarmería de Chile y es parte del proyecto “Mujeres privadas de libertad en la Región de O’Higgins. Experiencias, tensiones y desafíos desde una perspectiva de género” el cual se encuentra realizando la Universidad de O’Higgins a través de la adjudicación del fondo InES Género de ANID por el equipo investigador compuesto por Patricio Saavedra (director y académico ICSo-UOH), Anais Moris (asistente de investigación ICSo-UOH) y Pia Rodríguez (académica UDLA).

En breve, este proyecto tiene por objeto indagar en las construcciones de género de mujeres privadas de libertad desde la experiencia de sus propias implicadas, buscando aportar al saber criminológico desde epistemologías feministas y el desarrollo de conocimiento cualitativo co-construido con sus participantes.

• La investigación señala que la identidad compartida no es un factor que impulsa necesariamente la solidaridad.

Según la académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Catalina Canals, el estudio denominado “Experimentos de comportamiento sobre representación activa basados en simulaciones” puso a prueba el principio de “burocracia representativa”, sobre el cual se espera que una determinada población resulte beneficiada dentro de la gestión pública, cuando esta es atendida por personas de su misma identidad étnica o de género.

Canals, quien formó equipo con los investigadores de Estados Unidos, Spiro Maroulis, Stuart Bretschneider y Brian Seo, explica que este estudio -utilizando simulación computacional- consistió en ubicar a los participantes en el rol de gestores de un servicio de salud dentro de una red, debiendo decidir cómo distribuían a los trabajadores entre su propio servicio y los otros. Esto, en un contexto donde la población atendida por la red de salud podía variar en términos étnicos y de género, pudiendo coincidir o no con la identidad del participante.

Se esperaba que la identidad compartida generara solidaridad por afinidad, compartiendo más trabajadores a los otros servicios de salud, pero la evidencia no respaldó esta hipótesis general.

“Por el contrario, no encontramos evidencia de que los participantes beneficiaran más a la población de su propia etnia o género. Esto sugiere que la construcción de identidades es compleja y, por ende, ser de un mismo género o grupo étnico puede no ser suficiente para generar un sentido de identidad común que promueva mayor solidaridad y mejor desempeño, en este caso, en la red de salud en su conjunto”, sostiene la académica.

Patrón en mujeres afrodescendientes

Por otro lado, si bien no se encontró que los administradores de salud pudieran asignar más trabajadores al resto de la red cuando coincidieran en género o etnia con la población atendida, se observó un patrón particular solo en mujeres afrodescendientes, según destaca la investigadora.

“Los hallazgos muestran que las mujeres afrodescendientes tendieron a favorecer a su propio servicio cuando la población atendida coincidía con su género y etnia. Esta interacción evidencia que la intersección de género y grupo étnico puede ser importante para la construcción de identidades”, describe la científica.

Hacia nuevas exploraciones

La Doctora en Ingeniería de Sistemas Complejos, cree que al poner a prueba el principio de representación burocrática se abren nuevas vías para explorar la relación entre identidad y toma de decisiones en la administración pública, con la cual se pueden proyectar futuros análisis en contextos donde la población atendida sea más diversa, y con distintos intereses.

“En ese sentido, se podrían realizar experimentos que consideren cómo la distribución de recursos puede favorecer a ciertos grupos, y eventualmente perjudicar a otros. Es decir, ¿cómo la identidad afecta las decisiones cuando el beneficiar a una población particular puede perjudicar a otro?”, propone la investigadora, adelantándose a posibles escenarios.

• Las investigadoras participaron de dos actividades organizadas por el Instituto de Ciencias Sociales, en el marco del proyecto FOVI N°240094.

Durante la primera quincena de julio se realizaron una serie de actividades académicas e institucionales, todo en el marco del proyecto FOVI N°240094 “Estudios Socio Jurídicos: Ampliando los Horizontes de los Estudios del Derecho para Satisfacer las Necesidades Profesionales en Sociedades Complejas,” financiado por ANID y alojado en la Universidad de O’Higgins, cuyo objetivo es establecer una red internacional de investigación y enseñanza sociolegal centrada en la UOH, creando -además- un polo de innovación regional en el estudio interdisciplinario del derecho.

Las actividades contaron con la participación de la investigadora Linda Mulcahy, del Centre for Socio-Legal Studies de la Universidad de Oxford; la académica Rachel Cahill-O’Callaghan, del Centre of Law and Society de la Universidad de Cardiff, ambas de Reino Unido; y la doctora Katherine Becerra, vicedecana de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, sede Coquimbo, quien es una destacada experta en educación sociolegal.

Durante la visita, se desarrollaron distintas instancias orientadas a fortalecer redes de colaboración nacional e internacional y a promover el estudio interdisciplinario del derecho. Entre ellas, destaca la charla magistral “Peers, Oppressors, Lackeys or Seers? The Role of the Law Faculty in the Academy, the Legal Profession and Society”, donde las académicas reflexionaron sobre el papel de los estudios sociojurídicos para la investigación y enseñanza contemporánea. Esta actividad se dirigió especialmente a estudiantes de Derecho de la UOH.

Asimismo, se desarrolló el taller internacional “Crossing Boundaries: On Interdisciplinary Practice in Research on Conflict, Justice, and Democracy”, organizado junto a dos centros ANID, el Instituto Milenio VioDemos y COES; y que fue dirigido principalmente a investigadores del área de las Ciencias Sociales. A ello se suma el conversatorio “Rethinking Law from the Social: Contemporary Dialogues in Socio-Legal Studies”, pensado para académicos y operadores del Derecho, actividad realizada en la Universidad Central en La Serena.

Además, en la Universidad de O’Higgins se realizó el Workshop “¿Cómo se construye un objeto de investigación sociolegal? Teoría, práctica, poder y posicionalidad en la investigación del derecho”, que convocó a investigadoras e investigadores de Concepción, Valparaíso, Santiago y La Serena quienes presentaron trabajos y reflexiones sobre enfoques metodológicos innovadores, y -además- contó con la participación de las investigadoras Linda Mulcahy y Rachel Cahill-O’Callaghan.

También se efectuaron reuniones de trabajo con el equipo del proyecto y con autoridades universitarias del ámbito de la docencia e investigación. Estas instancias permitieron proyectar estrategias conjuntas para consolidar a la Universidad de O’Higgins como un polo de innovación regional en investigación y docencia sociolegal.

• La ayuda profesional ante síntomas persistentes, expresar claramente necesidades afectivas, fortalecer redes de contacto, junto a la prevención, son claves para afrontar sentimientos asociados a la presión social.

Un estudio UC-Achs revela que más del 26% de la población chilena entre 30 y 39 presenta signos de soledad, estrés y depresión. La académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, Camila Oda, explica por qué esta etapa etaria tiende a ser crítica para la salud mental y entrega claves para comprender, acompañar y transformar el malestar.

La investigadora sostiene que las personas que se encuentran en este ciclo vital conocido como “Adultez temprana”, exige decisiones difíciles asociadas al cambio de edad, donde se deja atrás lo que se conoce como juventud; pero también obedece a otros desafíos como el deseo o decisión de formar o no una familia, tener o no tener hijos, la distancia paulatina de amistades frecuentes, el hecho de ver envejecer y cuidar a sus padres, entre otras presiones sociales.

“A esta Adultez temprana se suma la herencia emocional de la pandemia, que dejó huellas persistentes en quienes debieron seguir funcionando pese al dolor o incertidumbre. En Chile este grupo etario en particular no ha sido foco de las políticas para prevenir problemáticas de salud mental, y además se ha esperado que siga funcionando, produciendo y cuidando, como si nada hubiera pasado”, asegura la experta.

Responder a las presiones

Por otro lado, la inestabilidad nacional por varios años, la presión por metas no alcanzadas, como comprar una casa, y la pérdida de vínculos cotidianos, hacen de esta etapa una fuente de presión emocional para el estrés, la soledad y la depresión, indica la doctora en Psicología Clínica y de la Salud.

“De tal modo que identificar estas señales y buscar apoyo profesional de manera temprana pasa a ser clave en la contención de estos síntomas generados por estas situaciones y presiones sociales. Propiciar nuevas amistades y reforzar redes participando en actividades que resulten placenteras, probablemente ayude a generar vínculos con personas de intereses comunes. Expresar nuestros deseos, y necesidades, suele ser una señal positiva de cara a resolver el malestar. Siempre es importante manifestar lo que nos pasa, entendiendo que la adivinación del pensamiento no existe, y en ese sentido, indicar explícitamente lo que pensamos, necesitamos o queremos es una señal de fortaleza”.

Prevención temprana y convivencia

En caso de que prime una sensación de angustia, decaimiento y malestar en varios días de la semana por un período mayor a dos meses, la psicóloga sugiere la intervención y atención especializada en salud mental. “Si sienten que lo que prima es malestar, por ejemplo, angustia, tristeza, falta de energía, cambios en el sueño, en el apetito, o cambios en la libido, sugiero buscar atención especializada en salud mental, ya sea de psicología o psiquiatría. Y, si lo que prima es la incertidumbre respecto de la propia identidad, el proyecto de vida, etcétera, recomiendo la psicoterapia, que siempre ayuda a transitar por estos procesos de una mejor manera”, indica la académica.

La experta añade que, de no poder acceder a estos profesionales, bien vale contactar con un médico general con el cual se pueda pesquisar, descartar o identificar estos problemas de salud mental, en caso de que estén presentes. “Mientras antes se detecten y traten, mejor pronóstico”, advierte la experta.

• La medida anunciada por el gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), impediría la recopilación de datos globales y cercenaría la investigación científica en mitigación de riesgos.

Estados Unidos define su presupuesto fiscal 2026 en medio de una amenaza de huracanes sin precedentes. Y dentro de los recortes se encuentran los 4.500 millones de dólares -un 27% menos- para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), agencia dedicada a monitorear el clima terrestre a escala planetaria. Esto representaría un 74% menos para su Oficina de Investigación Oceánica y Atmosférica (OAR), con lo cual se afectaría significativamente la compilación de datos, de los que Chile depende en gran medida, siendo un país altamente vulnerable a fenómenos sísmicos, hidrometeorológicos y a erupciones volcánicas.

El académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Ricardo Fuentealba, advierte que estos recortes no solo conllevarían a una reducción de información satelital clave en materia de pronósticos oceánicos y meteorológicos sobre del estado del planeta, sino que forman parte de una política antidemocrática que afecta negativamente la investigación científica, particularmente aquella dedicada a entender y ofrecer respuestas oportunas a la población sobre el manejo de desastres gatillados por amenazas naturales.

“Esta reducción presupuestaria del NOAA es una expresión de la política de Donald Trump sobre el cambio climático, y estaría limitando la realización de estudios relativos a la simulación de tsunamis o la teledetección de fenómenos atmosféricos, sin los cuales no se podría obtener información en tiempo real del origen de las amenazas, o advertir el lugar de impacto de estos eventos, reduciéndose la capacidad de anticipación”.

Austeridad disfrazada

Fuentealba indica que el recorte también contiene “una segunda dimensión negativa”, relacionada con políticas en otras áreas de la gestión del riesgo de desastre y no solo en la identificación de amenazas naturales, ya que está afectando a organizaciones como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA-EE.UU.). “Es por ello que estos discursos y prácticas contra la ciencia, que van disfrazados de una supuesta política de austeridad, pueden conducir a una pérdida de capacidades institucionales fundamentales para prepararnos y mitigar los riesgos de desastres”.

Política autoritaria

El sociólogo infiere que “desfinanciar” la NOAA refleja una visión autoritaria, la cual no solo desconoce los distintos mecanismos de prevención ante crisis ambientales complejas, sino que niega las implicaciones políticas de los fenómenos naturales, así como sus efectos en las comunidades y países como Chile.

“En mi área de estudio se entiende a los desastres y sus riesgos subyacentes como fenómenos profundamente políticos. Y este tipo de acciones por parte del gobierno de Trump indican esto de manera bastante extrema. Al unir una visión que ataca a la ciencia con una política que busca desmantelar el Estado, se están desfinanciando organismos claves para prevenir y recuperarse en caso de que ocurra un desastre. Hoy son FEMA y NOAA en EE.UU., pero en el futuro puede ser SENAPRED en nuestro país, si prosperan estas visiones políticas”, advierte el experto.

De la advertencia al desafío

A su juicio, el caso estadounidense también representa una advertencia para Chile, donde urge fortalecer la democracia junto con la ciencia a través de la investigación, la formación de expertos territoriales y la planificación desde una mirada integral de la gestión del riesgo. Propone invertir decididamente en instituciones clave como SENAPRED, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), en la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y en el SERNAGEOMIN, con el objetivo de que puedan generar datos accesibles, públicos y útiles para la toma de decisiones.

De igual forma, Fuentealba cree que el desafío en Chile no se limita a lo tecnológico, sino que es mucho más complejo y tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones democráticas. “Lo que está ocurriendo en Estados Unidos y otros países, con sus repliegues autoritarios, son advertencias de lo que podría ocurrir en Chile, lo cual sería crítico si consideramos las vulnerabilidades del país frente al cambio climático y a este tipo de desastres. Se requiere impulsar una mirada estratégica dentro de un contexto geopolítico inestable y climático desafiante que nos permita alcanzar resultados a largo plazo. Eso se logra articulando esfuerzos, con más ciencia, y con más voluntad política”, sanciona el investigador UOH.

• La presentación abordará las implicancias de estudiar las acciones ambientales desde una mirada evolucionista en contextos de crisis climática.

El académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, Gonzalo Palomo-Vélez, abrirá el Año Académico 2025 de la Escuela de Psicología de la Universidad del BioBío (UBB), con su charla magistral “Psicología Evolucionista y Sostenibilidad: Un enfoque adaptacionista del comportamiento ambiental”.

El evento que se realizará el próximo 27 de mayo, a las 10:00 horas, en el Aula Magna de esa Casa de Estudios, abierto a todo público y completamente gratis, planteará una reflexión académica sobre cómo conectar la psicología aplicada con los desafíos contemporáneos asociados a la conducta humana y a la sostenibilidad.

Según el Dr. Palomo, el objetivo de esta presentación consiste en “aproximar a estudiantes, académicos y académicas a un entendimiento acerca de cómo nuestras adaptaciones psicológicas y el modo en que nos relacionamos impactan al medio ambiente, perspectiva que, aunque, ha venido ganando fuerza en la investigación en psicología aplicada, aún es relativamente desconocida en el sur global”.

Honrando el trabajo

Por otro lado, el académico ofreció sus agradecimientos a la Universidad del BioBío por esta invitación que enaltece el trabajo que se viene impulsando desde el ICSo-UOH en materia de medio ambiente, psicología aplicada y sostenibilidad. “Esta invitación representa un honor y una muestra de amabilidad, toda vez que reconoce el trabajo que hemos venido desarrollando en esta línea junto a colaboradores nacionales e internacionales durante los últimos años; pero -por sobre todo- es una oportunidad de acercar al público a una disciplina que cada vez toma más fuerza”, expresó el académico UOH.

La actividad es organizada por la Escuela de Psicología de la Universidad del BíoBío, a través del proyecto Fondecyt “Resiliencia Comunitaria” N°1250716 y el Centro de Estudios Ñuble (CEN).

• El 1 de mayo de 2025 nos recibe con una tasa de desempleo elevada, participación laboral moderada, y grandes desafíos en materia de informalidad y brechas de género.

En el primer trimestre móvil de 2025, la tasa de desocupación nacional alcanzó el 8,7%, mientras que la participación laboral fue de 52,7% y la ocupación llegó a un 47,8%. La informalidad afecta al 26,1% de los ocupados y el salario mínimo mensual quedó en $510.636 desde enero de 2025. A esto se suman brechas de género relevantes, como que la tasa de ocupación masculina es de 61,4% frente a un 44,2 % en las mujeres, mientras que la brecha salarial media de las mujeres alcanza -23,3%.

Frente a ese panorama el investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Domingo Pérez Valenzuela, señala que Chile enfrenta hoy múltiples desafíos en materia laboral que requieren atención urgente. “Entre los más graves están los bajos salarios, mercados laborales castigados en zonas excluidas, territorios sacrificados, y regímenes laborales frecuentemente abusivos, generando una vida laboral altamente precarizada”.

Agrega que, aunque nuestra informalidad laboral es baja en el contexto comparado de América Latina, sigue siendo un problema persistente, especialmente en sectores de menor calificación y en regiones con menor desarrollo económico.

Añade que un aspecto crítico también es la baja sindicalización y la negociación colectiva marginal. “La debilidad del movimiento sindical limita severamente la capacidad de las y los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales y tener un diálogo con los empleadores que conduzca a resultados sustantivos. Si esto no cambia, no existirán incentivos para aumentar la producción”, asegura el sociólogo.

Para el Dr. Pérez Valenzuela las desigualdades sociales y geográficas son otro problema estructural con marcadas diferencias en oportunidades laborales entre comunas, regiones y grupos socioeconómicos y ocupacionales. “Existe un divorcio crítico entre el salario y el acceso a la vivienda, por ejemplo. Asimismo, la baja productividad y el escaso desarrollo tecnológico, las deficientes condiciones de salud y seguridad laboral, y los desafíos asociados al envejecimiento poblacional completan un panorama complejo que Chile debe enfrentar”.

El telón de fondo -según explica el investigador UOH- es una institucionalidad laboral problemática desde su origen hasta la actualidad, “donde falta un equilibrio en las relaciones laborales -incluso entre los derechos individuales y los derechos colectivos-, mientras existen pocos recursos y capacidad de fiscalización y protección efectiva desde el Estado”.

¿Soluciones?

El Doctor en Geografía asegura que para abordar estos problemas se requieren medidas integrales que ataquen causas estructurales, lo cual muchas veces es ignorado. “Entre las propuestas existentes es fundamental fortalecer la negociación colectiva multinivel, ampliando su cobertura para mejorar salarios y condiciones laborales, especialmente en los sectores más precarizados”, detalla.

Indica que muchas y muchos trabajadores expresan la necesidad de aumentar la educación laboral y sindical en sectores periféricos, promoviendo mayor organización y conocimiento de derechos entre trabajadores de zonas marginadas. “Reducir la desigualdad social y geográfica mediante políticas redistributivas y descentralización de oportunidades laborales es algo igualmente importante”.

También señala que existen temas claves, que en Chile aún están lejos de recibir la importancia que merecen. “Por ejemplo, es necesario incorporar nuevas protecciones de salud y seguridad en el trabajo ante eventos climáticos extremos, los cuales irán en aumento e incluso impactarán negativamente en la productividad; así como también conocer más sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y su potencial, con el objetivo de regular las injusticias laborales”.

Para el experto esto debe complementarse con una modernización de la institucionalidad laboral, mejorando la fiscalización y actualizando las normativas de seguridad para adaptarlas a nuevos riesgos.

Desafíos y líderes

Para el investigador UOH, los retos laborales en Chile exigen una mirada estructural entre diversos actores. “El sector público debe liderar reformas estructurales, pero las empresas y gremios están llamados a adoptar prácticas laborales justas si buscan un desarrollo a nivel nacional, así como invertir en capacitación y adaptarse a los cambios tecnológicos y ambientales que estamos experimentando”.

Asegura -además- que los sindicatos y organizaciones laborales necesitan democratizarse y fortalecerse para representar a las y los trabajadores, así como a las comunidades de trabajadores. “No menos importante es el rol de la sociedad civil y los medios de comunicación, quienes juegan un papel clave en visibilizar desigualdades laborales o sociales y presionar por cambios sustantivos”, detalla.

Por último, el experto advierte que Chile requiere un nuevo régimen que ponga en su centro el trabajo. “Solo con una acción coordinada entre los actores implicados y las mayorías sociales podremos superar el estancamiento que la población observa y acusa en la discusión de las esferas económicas y políticas”, finaliza.