Docente de Administración Pública expone sobre los desafíos de la modernización del Estado

• Pablo Monje participó en una jornada de la Asociación Nacional de Administradores Públicos de la Dirección de Vialidad, donde abordó la relación entre infraestructura, pobreza, equidad territorial y descentralización.

Una carretera no solo conecta dos puntos. Para quienes viven en territorios aislados, puede significar un mejor acceso a servicios, menores costos de transporte y nuevas oportunidades para sus comunidades. Desde esa perspectiva, el docente adjunto de la carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins, Pablo Monje Reyes, abordó el rol social que cumple la infraestructura vial y su relación con la superación de brechas territoriales.

El docente participó en la jornada nacional “Mejoramiento de la gestión institucional ANAP-DV”, organizada por la Asociación Nacional de Administradores Públicos de la Dirección de Vialidad (ANAP-DV), realizada en Santiago y que congregó a profesionales provenientes de distintas regiones del país.

El encuentro estuvo orientado a analizar los componentes institucionales de la Dirección de Vialidad y relevar el aporte de sus profesionales administrativos y logísticos, además de abordar materias relacionadas con infraestructura, conectividad territorial, probidad, control de gestión y los desafíos asociados a la transferencia de competencias en el contexto de la modernización y descentralización del Estado.

Los caminos y su impacto social

En este contexto, Monje presentó la ponencia “Rol social de la Dirección de Vialidad en la superación de la pobreza de zonas aisladas, más allá de sólo hacer caminos”, en la que planteó una mirada sobre la infraestructura vial que trasciende su dimensión física y pone el acento en sus efectos sobre la calidad de vida de las comunidades.

Durante su exposición, el académico abordó la relación existente entre conectividad y pobreza multidimensional, tomando como referencia, antecedentes de la Región de O’Higgins y las particularidades que enfrentan comunas con mayores dificultades de conectividad.

Uno de los casos analizados fue el de Navidad, utilizado para ejemplificar cómo las características territoriales y la disponibilidad de infraestructura pueden relacionarse con las posibilidades de acceso de las familias a servicios y oportunidades.

Desde esta perspectiva, Monje planteó que “contar con una adecuada red caminera puede favorecer la disponibilidad de servicios de transporte a menores costos y, con ello, generar efectos positivos en la economía de los hogares”. De esta manera, la labor desarrollada por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas puede producir externalidades que van más allá de la infraestructura y contribuir indirectamente a los objetivos de las políticas sociales orientadas a la superación de la pobreza.

La exposición permitió así relevar el carácter social de la inversión pública en conectividad, particularmente en aquellos territorios donde las distancias y las condiciones geográficas pueden transformarse en barreras para acceder a servicios, educación, salud, empleo y otras oportunidades.

Descentralización y modernización del Estado

Otro de los ejes abordados por el docente de Administración Pública fue el proceso de descentralización y sus implicancias para la gestión pública. En particular, analizó los alcances de la Ley N° 21.074, sobre fortalecimiento de la regionalización del país, y los desafíos asociados al traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales.

Monje destacó la necesidad de que estos procesos “sean acompañados por capacidades institucionales que permitan responder adecuadamente a las particularidades de cada territorio y, al mismo tiempo, resguardar las condiciones de quienes forman parte de los organismos públicos”.

En ese sentido, enfatizó que los procesos de modernización del Estado y transferencia de competencias “deben desarrollarse resguardando los derechos laborales y considerando la experiencia técnica de las y los funcionarios”. Asimismo, relevó la importancia de que las organizaciones gremiales participen activamente en estas transformaciones, aportando propuestas y conocimiento especializado a la discusión pública y legislativa.