• El académico UOH, Gonzalo Palomo, plantea que no hay que considerar solo las respuestas tecnocráticas para concretar la migración.   

La aceptabilidad pública de tecnologías limpias y de energías renovables es fundamental a la hora de impulsar una transición energética. Así, conceptos tales como la confianza social en instituciones del sector energético, justicia procedimental y distributiva, e incluso la percepción de similitud entre los valores de las instituciones y los propios, son centrales para la agenda medioambiental de Chile, en el ámbito de la transición al uso de las energías renovables, en reemplazo de aquellas que no lo son, como es el caso de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural, entre otros).

El tema de la aceptabilidad pública ha sido estudiado por el académico del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Gonzalo Palomo, junto con académicas de la Universidad de Groningen, en Países Bajos, y del Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología Acuáticas (EAWAG). Estos estudios sugieren que para facilitar transiciones energéticas a energías más limpias y/o sustentables “no debes solo enfocarte en respuestas tecnocráticas de producir alternativas limpias y sustentables, sino que también necesitas, y cada vez se le da más valor, concentrarte en la aceptabilidad pública de las energías propuestas”, sostiene el investigador. También acota que “en los últimos reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) se le ha venido dando mucho énfasis a las determinantes individuales, sociales e instruccionales detrás la aceptabilidad de algunas tecnologías sostenibles. No sólo importa que exista la tecnología, pues quienes la usarán son personas con motivaciones, valores y expectativas distintas”.

¿Y por qué la aceptabilidad pública se vuelve protagonista en la transición a energías renovables y cómo se consigue dicha aceptabilidad?

“La evidencia indica que, si no le das importancia a cómo las personas recibirán las propuestas y proyectos energéticos y trabajas en ello, éstas en general tenderán a no utilizar o a subutilizar las alternativas propuestas; a oponer resistencia, ya sea pasiva obviando las alternativas o incluso activa, a través de acción colectiva, marchas y protestas.

Hay muchas maneras en que en principio se puede facilitar la aceptabilidad pública de proyectos energéticos. Por ejemplo, si las personas encuentran que los beneficios y riesgos derivados de los cambios se encuentran distribuidos de manera justa, es más probable que acepten los mismos. En cambio, si las personas creen que ciertos grupos se verán más favorecidos que otros, es posible que haya más resistencia.

Más aún, entre los factores individuales a la base de la aceptabilidad también se encuentran los valores, esto es, las metas prioritarias, de distintos grupos y personas. Los valores funcionan como un prisma con él que las personas evalúan el mundo social y con el que orientan decisiones en su vida, guiando así el comportamiento. Por esto, hay personas que parecen preocuparse más por temas ambientales y consecuencias ecológicas de las decisiones en el sector energético, mientras que, otras, se enfocan más en los aspectos financieros de la transición energética y cómo aquello podría impactar sus vidas”.

Confianza social y similitud valórica

El académico precisa que, en uno de estos estudios, se enfocaron en “qué es la confianza social en instituciones reguladoras y como se relaciona con la aceptabilidad pública de proyectos energéticos. Específicamente, evaluaron hasta qué punto el hecho de que las personas crean que las instituciones que se encargarán de instalar un proyecto energético o de desarrollar una nueva tecnología energética limpia tienen competencias técnicas y transparencia e integridad para realizar estas tareas, influye en la aceptabilidad de las mismas. Por ejemplo, frente a la construcción de un parque eólico, hasta qué punto las personas confían en que la instrucción reguladora se asegurará de que el parque produzca suficiente energía para todos, que no van a ocurrir cortes de luz y que actuarán de manera transparente a la hora de tomar decisiones”.

Gonzalo Palomo señala que, en estos estudios, han observado que “la confianza social en instituciones reguladoras predice, de manera consistente en el tiempo, el nivel de aceptabilidad que la gente otorga o reporta respecto de proyectos energéticos”.

Sobre cómo se mejora la confianza en las instituciones que entregarán las nuevas tecnologías, el Dr. Palomo señala que “las personas, en general, cuando deben evaluar tecnologías medianamente riesgosas y de las que no saben mucho, no pueden evaluar racionalmente sus ventajas y desventajas. Más aún, no todos saben, exactamente, el nivel de competencia e integridad de estas instituciones y, por tanto, la decisión de si confiar o no, no es tan simple. Ante ello, ante esta incertidumbre, las personas usan ciertas pistas heurísticas, informaciones que permiten evaluar de manera indirecta si acaso es razonable confiar o no en una institución”.

Y ejemplifica: “Podemos hablar de similitud valórica, que es un constructo que hace referencia a hasta qué punto las personas esperan que las instituciones reguladoras de los riesgos de producción energética limpia priorizan los mismos valores y metas que ellas. Así, mientras más las personas esperan que sus metas serán prioridad para las instituciones, mayor será la aceptabilidad de los productos y proyectos energéticos que regulen”.

¿Los cambios dan confianza?

El académico plantea que la transición energética será mucho más expedita en la medida que las instituciones detrás de la misma “ganen” y “mantengan” la confianza de las personas. “Los cambios siempre implican riesgos; en la medida que las instituciones y sus representantes transmitan al público que pueden controlar aquellos riesgos -a través de decisiones que se tomen de manera transparente y participativa- es muy probable que las personas acepten estos riesgos”, sostiene Gonzalo Palomo.

Asimismo, indica que es importante recordar que las transiciones energéticas involucran no sólo a una institución, “sino a muchas que difieren en tareas, competencia, área de desempeño y, en este sentido, es recomendable recordar que las expectativas en términos, por ejemplo, de habilidad y transparencia, variarán de institución a institución. Esto es importante toda vez que, distintos tipos de confianza, predicen de forma diferente la aceptabilidad”.

Un ejemplo, añade, es un estudio en curso en Países Bajos, donde se observa que las personas confían más en la integridad de instituciones más cercanas a la gente, por ejemplo, municipalidades, y en el caso de instituciones más abstractas, tales como el Estado o el gobierno, inspiran más competencia técnica.

El académico sostiene que se valora “positivamente que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático esté dando más énfasis a las ciencias sociales y su rol en la transición energética. Y es que la confianza en las instituciones que regulan riesgos, la percepción de justicia distributiva y la participación en toma de decisiones, entre otras, son todas, variables que van a contribuir a la aceptabilidad de estas tecnologías energéticas”.

“Yo creo que Chile, como país que apunta a moverse a energías más limpias, tiene ambiciones bastante grandes -considerando nuestro nivel de desarrollo- y es muy positivo que tenga estas ambiciones. La tarea ahora es no trabajar solo con quienes están preocupados por el medioambiente, y están dispuestos a hacer cambios, sino que debemos apuntar a todos. Y para esto, debemos, necesariamente, relevar el rol de estos factores sociales e institucionales”, puntualizó.

• Ricardo Fuentealba fue parte de la Conferencia Anual de la Royal Geographical Society y el congreso 2023 de la Association of Geographical Societies in Europe.

Dos presentaciones relacionadas al riesgo de desastres fueron parte del itinerario del académico Ricardo Fuentealba durante su visita al viejo continente, donde presentó parte de su trabajo como investigador en conferencias de importancia internacional.

En primer lugar, participó en la Conferencia Anual de la Royal Geographical Society en Reino Unido. “En esta conferencia, realizada en Londres, presenté un trabajo co-escrito con mi colega Belén Desmaison, de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Se trata de un capítulo sobre ecología política urbana y desastres para un libro que estoy editando. Participamos en un panel sobre desastres y geografía, con presentaciones teóricas y empíricas basadas en Nepal, India, Estados Unidos, entre otras”.

Posteriormente se dirigió a Barcelona, donde fue parte del Congreso 2023 de la Association of Geographical Societies in Europe. “Participé de un panel sobre gestión integrada del riesgo de desastres, organizado por colegas de la Disaster Research Unit de la Freie Universität Berlin, en Alemania. Presenté un trabajo que he venido desarrollando sobre la gobernanza urbana del riesgo, mostrando cómo surgen diversas iniciativas de gestión y qué resultados buscados y no buscados producen. Fue un placer compartir con colegas que presentaron sobre Indonesia, Chile y Alemania, además de otros casos”.

El académico ICSo detalló que las discusiones ocurridas en estos eventos son sumamente interesantes. “Los desastres en particular, y otros temas como la emergencia climática, las nuevas formas de exclusión social y desigualdades, llaman la atención de académicos/as de diversas latitudes. Dada la naturaleza de la geografía, como disciplina, los debates muchas veces son desarrollados por equipos multidisciplinarios y con el interés de generar conocimientos transdisciplinarios”, puntualiza.

• La académica y directora del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Andrea Canales, entrega recomendaciones para que el “18” no se transforme en un dolor de cabeza.

“En primer lugar, siempre debemos planificar nuestros gastos e intentar establecer cuánto y en qué vamos a usar nuestro presupuesto para Fiestas Patrias. Organizar las compras con nuestros grupos familiares y, siempre, cotizar y buscar los mejores precios”. Con estas palabras, Andrea Canales, directora del ICSo-UOH, resume los tips para salir airosos de los gastos dieciocheros del 2023.

Algunos trabajadores reciben en septiembre un aguinaldo de Fiestas Patrias, pero como este beneficio no es obligatorio, hay familias que no contarán con él, en ese contexto preguntamos a la académica de la UOH: ¿qué hacer si no recibiré aguinaldo?

“En general, se recomienda tener un presupuesto mensual y anual, que nos permita anticiparnos a estos gastos estacionales. El presupuesto anual nos permite planificar un ahorro para los meses en que se presentan estos gastos extras, que tenemos también a fin de año, por las vacaciones o debido a los gastos en útiles escolares o uniformes. Siempre, presupuestando cuál será el monto de nuestro gasto”, precisa Andrea Canales.

Préstamo: ¿buena o mala opción?

“Para este tipo de gastos no es recomendable endeudarse y, si decide hacerlo, el plazo no debería exceder los tres meses, ya que en diciembre nuevamente enfrentamos gastos extras. Asimismo, si decide endeudarse -para financiar el feriado- cotice el crédito más barato. Para ello, puede revisar la Carga Anual Equivalente (CAE) y escoger el crédito que ofrezca la CAE más baja”, asegura.

La CAE incluye el capital (dinero que solicita como préstamo); la tasa de interés; el plazo del crédito: 12, 24, 36 y 48 meses (a mayor plazo, más altos son los intereses y más caro el crédito); los cargos propios del crédito como los operacionales, timbres y estampillas, y los servicios extra, contratados voluntariamente, como seguros de cesantía, contra fraudes y desgravamen, entre otros.

“En resumen, podemos decir que las recomendaciones son: generar un presupuesto, definir prioridades, organizar los gastos y cotizar”, culmina la académica UOH.

• Estudio realizado por el académico UOH, Jairo Lucero Pantoja, buscó precisar el grado de cumplimiento de las garantías de libertad sindical postuladas en los Convenios 87 y 98 de la OIT, al que están adscritos ambos países.

Cuatro diferentes ordenamientos jurídicos latinoamericanos se analizaron en “Claves del debilitamiento de la real función social del sindicato. Acercamiento a las barreras en la constitución de sindicatos de rama/industria y el ejercicio de huelgas de solidaridad en tres modelos laborales latinoamericanos”. Se trata de los ordenamientos de Chile, Colombia, Argentina y Uruguay.

El estudio estuvo a cargo del académico del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Jairo Lucero Pantoja, y su objetivo es precisar el grado de cumplimiento de las garantías de libertad sindical postuladas en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), específicamente, en dos aspectos: la libertad de constitución, tamaño y organización estructural del sindicato, y la interacción gremial a partir de la huelga por solidaridad.

Los países analizados fueron, además de Chile y Colombia, Argentina y Uruguay, y se establecieron tres categorías: “incoherentes”, cuando el cumplimiento era contradictorio a los lineamientos de la OIT; “mixtos”, cuando tenían ciertas divergencias en su garantía práctica, y “coherentes” cuando se aplicaban las disposiciones de libertad sindical de forma armónica con lo dictado en los Convenios, explica el Dr. Jairo Lucero.

Ordenamientos “Incoherentes”

Y la conclusión es clara “los ordenamientos laborales chileno y colombiano son incoherentes en la medida que las dos -garantías sindicales antes mencionadas- no se integran en el ordenamiento jurídico como manifestaciones connaturales de la función social del ejercicio sindical”. Y esto se expresa en que “en Chile se trata de contener (a través del artículo 216 del Código del Trabajo) el ejercicio sindical en el nivel base de la economía, es decir, el sindicato de empresa (donde se agrupan trabajadores de una empresa o grupo empresario), impidiendo (aunque reconociendo a regañadientes a través de dictámenes del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo), otras manifestaciones propias de la sindicalización, como los sindicatos de oficio (trabajadores de un mismo oficio), de rama (agrupa un sector de la economía) y las centrales (reúne trabajadores de todos los sectores)”.

Asimismo, si el punto es la huelga, destalla el académico de la UOH, se presenta “un silencio normativo que ha sido medianamente resuelto por la jurisprudencia, cuya tendencia mayoritaria solo ampara la huelga dentro de un proceso de negociación colectiva (permitiendo la declaración de ilegalidad fuera de este espacio), versus la postura sostenida en solitario por la Corte de Apelaciones de Santiago que la extiende a otros espacios más allá de la negociación, por ejemplo, en escenarios de huelga por solidaridad, esto es, en espacios que desbordan las meras pretensiones laborales del sindicato in situ, y se sustenta en cuestiones políticas que posicionan al sindicato como un sujeto laboral colectivo”.

El quid de la limitación de la huelga de solidaridad -sostiene el académico de la UOH- se enfoca en impedir la interrelación de la manifestación de inconformidad laboral, entre diversos tipos de trabajadores/as, lo que, por cierto, les resta poder como colectivo”.

Ejemplos de huelgas por solidaridad, se suelen manifestar en una misma cadena productiva como, por ejemplo, una huelga por solidaridad de trabajadores/as de una aerolínea que apoyan a empleados/as de una empresa de catering que se encuentran en huelga debido a recortes salariales; o bien, trabajadores/as de una cadena de supermercados que se unen en huelga de solidaridad con los/as repartidores/as de una empresa de entrega a domicilio.

Colombia: aparente libertad de sindicalización

Y en Colombia, las cosas también son “incoherentes”, detalla Jairo Lucero, pues a pesar de sostener un modelo de “aparente libertad de sindicalización, el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 357) favorece de forma insistente el modelo sindical de empresa, lo cual ha impactado en el casi nulo ejercicio de otras formas de asociatividad frente a la negociación colectiva. Esto, sin contar con las exigencias de número mínimo de afiliados que debe tener una organización sindical (25 personas), incluso de empresa, lo cual va en contra de los postulados convencionales de la OIT. Similar situación ocurre con la huelga de solidaridad, la cual es limitada a un contenido político, social y económico amplio, o a lo menos sectorial, debiendo incidir directamente en el ejercicio de la correspondiente actividad, como lo señala la Sentencia C- 858 de 2008 de la Corte Constitucional, referente al Art. 450 del Código Sustantivo del Trabajo. A lo anterior se suma que los/as trabajadores/as solidarios/as deben encontrarse vinculados/as con los huelguistas través de una federación o confederación sindical, como lo manifiesta la Corte Constitucional en su sentencia C-201 de 2002, lo cual constituye una exigencia adicional para impedir el ejercicio libre de la huelga de solidaridad.

En tanto, el ordenamiento jurídico uruguayo, según el estudio es “un modelo a seguir en el garantismo sindical latinoamericano, en cuanto armoniza las exigencias convencionales de la OIT respecto a la libertad sindical y huelga por solidaridad”.

Una de las explicaciones a estos resultados en Chile y Colombia, sostiene el investigador de la UOH, son “los períodos represivos democráticos sufridos en Chile y Colombia: el primero con la Dictadura, y el segundo con el conflicto armado, pero ello no es impedimento para considerar que, actualmente, ambos países poseen una visión desfasada y prohibitiva del entendimiento de la libertad sindical y la huelga por solidaridad”.

Asimismo, los resultados de la investigación destacan -sostiene el académico de la UOH- que, en Chile, es “necesaria una transformación normativa respecto a la libertad de formación de sindicatos de oficio, rama y centrales, otorgándoles -por ley, y no mediante Dictámenes de la Dirección del Trabajo- plena capacidad de negociar colectivamente. Esto nos permite cuestionarnos si el presente escenario constitucional es un espacio adecuado para establecer estas garantías, así como la del ejercicio de huelga por solidaridad. Un trabajo futuro podría trazar las semejanzas y diferencias del proyecto constitucional rechazado de 2022, el proyecto de la comisión experta de 2023 y la constitución actualmente vigente”.

La investigación -explica Jairo Lucero- se realizó mediante una metodología propia de las ciencias jurídicas, esto es, la dogmática jurídica, acompañada de la técnica del análisis normativo y documental, y los sub-métodos sistemático, analítico y de enjuiciamiento de hecho. Esto permitió realizar un estudio pormenorizado en los mencionados ordenamientos jurídicos laborales latinoamericanos. “El desarrollo de este trabajo se ejecutó mientras me encontraba realizando mi estadía postdoctoral en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O´Higgins (2022), institución y grupo de colegas a quienes les agradezco profundamente su apoyo en la consolidación de la misma”.

Los resultados fueron publicados -en abril de 2023- en la Revista de Derecho de la Universidad del Norte (Colombia), la cual se publica de manera semestral desde 1992. “Es una revista de alto reconocimiento en Colombia, lo cual le ha permitido su indexación en el catálogo de Scielo, Latindex, Publindex, Redalyc, entre otras”, detalla Jairo Lucero.

• Patricio Saavedra realiza una pasantía de investigación en Reino Unido.

‘Protest Liason Policing’ fue el evento que realizó la Universidad de Edinburgh, en Escocia, y que fue organizado por los profesores Hugo Gorringe y Michael Rosie, con el apoyo del Scottish Institute of Policing Research.

“El objetivo del workshop fue compartir experiencias de académicos, tomadores de decisiones y oficiales de policía respecto a la gestión del orden público basado en el respeto a los derechos humanos y el rol que en ello juegan los equipos especiales de la policía orientados al diálogo en terreno con los manifestantes”, explicó el Dr. Saavedra.

En ese contexto, el académico UOH dictó la charla “FiveDi: An analytical model for evaluating protests scenarios and the (de)escalation of conflictual actions” cuyo foco fue la presentación de un modelo analítico de carácter interdisciplinar orientado a entender los procesos de escalamiento y des-escalamiento de la violencia de protesta en función de las acciones, tácticas y estrategias que las autoridades de gobierno y la policía realizan en contexto de manifestaciones masivas.

“Esta experiencia es un aporte fundamental a mi propia línea de investigación principal sobre el rol que las autoridades podrían jugar en los procesos de escalamiento y des-escalamiento de la violencia de protesta de acuerdo con cómo la opinión pública evalúa la cadena de acciones implementadas por el gobierno central y la policía”, explica Saavedra.

Agrega que el workshop es una actividad única para compartir experiencias con expertos en gestión del orden público y oficiales de policía en servicio activo entorno a la efectividad y limitaciones de la implementación de equipos de policías que, desplegados en terreno, buscan promover la facilitación de protestas mediante el diálogo, la coordinación y negociación con los manifestantes.

• La actividad, de carácter gratuita, está dirigida a profesores/as de matemática y sociedad de enseñanza media.

El curso desarrollado por la Comunidad InGenio, del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), perteneciente a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, en colaboración con la Universidad de O’Higgins (UOH), se realizará el 18, 19, 25 y 26 de agosto en el Campus Rancagua UOH.

Dicho Curso de Economía busca entregar herramientas sobre temas de micro y macroeconomía a docentes de colegios y liceos de Chile, para que puedan aplicarlos en sus salas de clases. Los expositores a cargo de la capacitación cuentan con una amplia y destacada carrera académica y de investigación.

Esta es la XIV versión del curso y –en esta oportunidad- espera desarrollarse de manera 100% presencial en la Universidad de O’Higgins.

Dentro de los requisitos para participar del curso, está ser profesor(a) de matemática o ser parte de la sociedad de enseñanza media; realizar clases en enseñanza media; y asistir a todos los módulos de manera presencia (9 módulos de 2 horas cada uno).

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 4 de agosto de 2023 en el siguiente enlace: https://bit.ly/3pTMFPX

El programa de la actividad puedes revisarlo en:

https://www.comunidadingenio.cl/inv_eco23/programa.pdf

• “Entre la autonomía progresiva y el interés superior del niño y de la niña: una mirada holística a los derechos de la niñez y la adolescencia” es el nombre de la investigación por la cual la Dra. Juliana Díaz Pantoja fue premiada en España.

“Me siento profundamente honrada y agradecida por haber sido ganadora del IX Premio de investigación sobre la infancia y la adolescencia otorgado por la Cátedra de infancia y adolescencia de la Universitat Politècnica de València y la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia de España”, dice Juliana Díaz Pantoja, investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de O’Higgins (UOH), sobre este reconocimiento que premia su trabajo.

La investigación por la cual recibió este premio europeo es “Entre la autonomía progresiva y el interés superior del niño y de la niña: una mirada holística a los derechos de la niñez y la adolescencia”. En ella, la Doctora en Derecho ahonda sobre “la relación entre los principios de autonomía progresiva e interés superior del niño/a en el contexto de los derechos de la infancia y la adolescencia”.

Con respecto al objetivo de su trabajo investigativo, Díaz Pantoja menciona que éste se centra en “desvirtuar la visión limitada que advierte a los principios de autonomía progresiva e interés superior del niño/a como exigencias contrapuestas. Así, mientras la autonomía progresiva requiere la promoción progresiva de la participación de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos, el interés superior del niño/a demanda una garantía de protección reforzada, derivado de su calidad de sujetos en desarrollo”. Y es que si bien en un principio las exigencias aparecen como contrapuestas, “desde una mirada holística de sus distintas manifestaciones, su relación resulta complementaria y armónica”.

La importancia de este premio

Según explica la investigadora UOH, este premio es un reconocimiento no sólo al trabajo, sino que también a la calidad de la investigación realizada, lo que proporciona una “validación externa, tanto a la metodología usada, así como al contenido dogmático-jurídico obtenido”.

Por otra parte, recibir el IX Premio de investigación sobre la infancia y la adolescencia podría impactar en la difusión y visibilidad que se le entregue al trabajo. “Al recibir este reconocimiento, se genera un interés renovado en el tema y en los hallazgos alcanzados. Esto puede resultar en una mayor difusión del libro, siendo fundamental que la publicación sea de acceso abierto”, menciona la abogada, agregando que otro aspecto a considerar es que el premio podría posibilitar colaboraciones e investigaciones interdisciplinarias, siendo este un punto importante para el ICSO.

Con respecto a sus sensaciones tras este importante reconocimiento internacional, la Dra. Díaz explica que su recepción es un impulso para continuar con su trabajo de exploración y contribución a esta área de su interés. “Me siento motivada para seguir investigando, escribiendo y abogando por la promoción y protección de los derechos de los niños y adolescentes desde la academia”, finaliza.

Puedes revisar la investigación en el siguiente link: https://riunet.upv.es/handle/10251/191967

• María Pilar Navarro fue seleccionada junto a los abogados Alex Fischer y Gonzalo Polanco y se desempeñará durante dos años en la DEDECON.

María Pilar Navarro es abogada y doctora en Derecho y Ciencia Política, con mención en Derecho Financiero y Tributario. Actualmente, se desempeña como académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, contando con una amplia experiencia en Derecho Tributario.

El nombramiento lo realizó el propio Ministro de Hacienda, Mario Marcel, en base a lo dispuesto en la Ley N° 21.210 que moderniza la legislación tributaria y la Ley N° 19.882 que regula la política de personal a los funcionarios públicos.

El proceso de selección para este concurso comenzó en octubre de 2022 y se recibieron 89 postulaciones y, tras las evaluaciones, el Consejo de Alta Dirección Pública elaboró tres ternas con los finalistas.

Los tres nuevos consejeros fueron nombrados por el periodo de dos años y les corresponderá contribuir con su opinión y voto tanto en la toma de decisiones que contribuyan a la protección y resguardo de los derechos de los contribuyentes en materias de tributación fiscal interna, como en la definición de criterios respecto del funcionamiento de la DEDECON.

“La Defensoría del Contribuyente es una institución relativamente nueva, creada por Ley N° 21.210 de 2020. Es un servicio público y su función consiste en proteger y resguardar los derechos de los contribuyentes en materias de tributación fiscal interna. Debe velar especialmente por la protección y resguardo de los derechos de los contribuyentes que son más vulnerables (micro, pequeñas y medianas empresas además de pequeños contribuyentes). Lo que hace el Consejo es ser un órgano consultor y asesor”, explica la Dra. María Pilar Navarro.

“Me siento honrada de este nombramiento, que -sin duda- es un reconocimiento a mi trayectoria profesional y a mi trabajo como investigadora y docente en materias tributarias. Será un honor ser parte del Consejo y trabajaremos de la mejor forma por la Defensoría del Contribuyente”, expresó la académica.

• Patricio Saavedra fue invitado a Bristol (Reino Unido) a participar en actividades académicas y de divulgación científica.

En el marco de una pasantía de investigación, financiada por la Beca Santander Movilidad de Profesores, los días 22 y 23 de junio, el Dr. Patricio Saavedra, académico ICSO-UOH, fue invitado a la ciudad de Bristol (Reino Unido) para participar de actividades académicas y de divulgación científica asociadas al proyecto “Intergroup dynamics within the 1831 reform riots: towards a new social psycho-history”, que es liderado por los profesores Stephen Pool (University of West England) y John Drury (University of Sussex).

Durante su estadía, el académico participó de un workshop orientado a entender la emergencia y desarrollo de disturbios y alteraciones al orden público desde una perspectiva socio-histórica. Además, fue parte de las actividades de divulgación científica del proyecto, que se realizaron en el M Shed Museum de Bristol. “En la oportunidad, los investigadores principales del proyecto lideraron charlas abiertas al público general, así como también dieron cuenta del material interactivo generado por profesionales de diversas áreas para informar a la comunidad de Bristol sobre la evolución de disturbios en general, así como también sobre las condiciones políticas que llevaron a un escalamiento de la violencia en los disturbios ocurridos en la ciudad de Bristol en 1831 en particular”, explica Saavedra.

“Participar de las actividades asociadas a este proyecto ha sido relevante para mi desarrollo académico, por dos razones principales. Primero, tener la oportunidad de discutir sobre nuevos avances en el campo de la psicología social y la gestión del orden público desde una perspectiva interdisciplinaria con expertos reconocidos a nivel mundial en estas temáticas, lo que constituye un aporte fundamental a mi propia línea de investigación principal”, señala el investigador.

Agrega que también fue importante poder analizar “diversas estrategias implementadas por académicos de primer nivel para acercar el conocimiento generado en proyectos de investigación al público general y los desafíos que esto conlleva”, finalizó.

Quienes estén interesados en este proyecto pueden visitar la página web https://riot1831.com/ y seguir la cuenta de Twitter: @UWEriot1831.

Patricio Saavedra

Académico del Instituto de Ciencias Sociales.

• Gonzalo Palomo Vélez está visitando las ciudades de Amsterdam y Groningen durante las próximas dos semanas.

Este lunes 19 de junio, el académico ha iniciado su visita en el Departamento de Psicología Experimental y Aplicada de la Vrije Universiteit Amsterdam. Posteriormente, el lunes 26 de junio, visitará el Grupo de Psicología Ambiental de la Rijksuniversiteit Groningen. En ambas instituciones, el Dr. Palomo-Vélez realizará charlas para explicar su trabajo investigativo.

Además, tendrá reuniones con colaboradores académicos de renombre, como es el caso del profesor Dr. Mark van Vugt y la Dra. Goda Perlaviciute, con quienes discutirá el estado de los trabajos en curso y los posibles nuevos proyectos que se puedan ejecutar.

“Estás dos semanas en Países Bajos nos permitirá avanzar particularmente en dos proyectos. El primero, asociado a colaboraciones con académicos de la Vrije Universiteit Amsterdam, busca estudiar cómo preferencias por líderes ambientales tales como Elon Musk, Greta Thumber o Leonardo DiCaprio, varían de forma contingente a características que son específicas al tipo de crisis ambiental al que se ven enfrentadas las personas. El segundo, deriva de una colaboración con académicas de la Rijksuniversiteit Groningen. Allí nos enfocamos en estudiar cómo distintas instituciones que regulan riesgos ambientales -particularmente- asociados a transiciones energéticas, inspiran distintos tipos de confianza en la población”, indicó el académico ICSO de la UOH.