Universidades estatales sellan hoja de ruta 2030: Red Desarrollo Sustentable entra en fase de consolidación
- En el Plenario realizado en la Universidad de O’Higgins, los 18 planteles públicos definieron sus metas estratégicas para el periodo 2026-2030. El plan priorizará la institucionalización de capacidades, un diplomado para organismos públicos y la medición de la huella hídrica en los campus.
Con el objetivo de transformar el compromiso académico en impactos medibles para las regiones, la Red de Desarrollo Sustentable del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) inició su fase de consolidación institucional.
El hito, que reunió a representantes de las 18 instituciones estatales, fue inaugurado por la Rectora de la Universidad de O’Higgins (UOH), Dra. Fernanda Kri Amar, quien dio la bienvenida a las delegaciones en el Campus Colchagua, destacando la relevancia de la sustentabilidad para el futuro regional.
Durante dos jornadas de plenario y seminario, las autoridades técnicas articularon el Plan Operacional 2026, que busca no solo implementar la Agenda 2030, sino asegurar la continuidad de estas políticas hacia el final de la década.
Para el coordinador general de la Red, David Blanco, el foco actual está en garantizar que los avances no dependan de proyectos aislados. “El año 2026 corresponde a la consolidación de la Red, donde buscamos institucionalizar las capacidades instaladas, demostrar el impacto del proyecto y preparar la continuidad para el periodo 2027-2030”, explicó.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Red, Verónica Díaz, subrayó la necesidad de visibilizar estos resultados ante la opinión pública y los tomadores de decisión. “Nuestras actividades deben permitir mostrar impactos y resultados concretos, posicionando hitos como el diplomado y comunicando el legado institucional que permita la sostenibilidad de la estructura post-proyecto”, afirmó.
Hitos operativos: Formación y recurso hídrico
Dentro de las prioridades para el presente año, se encuentra la implementación del diplomado “Gestión de la sustentabilidad para organismos públicos”, cuyo módulo de inducción está programado para el próximo 29 de abril. El programa abordará desde los fundamentos de la sostenibilidad hasta modelos de gobernanza y proyectos aplicados de mejora institucional.
Asimismo, se informó sobre el avance del Manual de Huella Hídrica, iniciativa liderada por las universidades del Bío-Bío, UTEM, USACH y Magallanes. Este proyecto busca ejecutar pilotos de medición hídrica en diversos campus y establecer estándares técnicos de gestión del recurso. A esto se suma el éxito del Concurso Acción Sustentable Universitaria, que ya ha permitido la adjudicación e implementación de 52 iniciativas estudiantiles en todo el país.
Ciencia aplicada y vinculación territorial
El encuentro, no solo se centró en la planificación técnica, sino también en el intercambio científico tras el seminario que abordó temáticas como la agricultura sustentable, la gestión hídrica en contextos de escasez y la economía circular en sistemas agroalimentarios.
La jornada concluyó con una salida a terreno por el Valle de Colchagua, visitando viñas con certificaciones orgánicas y de sustentabilidad, instancia que permitió a los equipos técnicos analizar sistemas de gestión hídrica eficiente, manejo de residuos y prácticas de carbono neutralidad, reforzando la vinculación entre la academia y el sector productivo.
Para el académico del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3) y representante ante la red, Jorge Medina, la instancia entrega “una señal concreta de que somos una universidad que no solo participa, sino que lidera en instancias tan relevantes como los plenarios de esta Red, que agrupa a las 18 universidades del Consorcio de Universidades del Estado de Chile”
“La UOH es una institución activa en temáticas de sostenibilidad, con una investigación pertinente y una potente vinculación con el territorio, que se posiciona además como un punto de encuentro real para las universidades que la integran. Eso es lo que queremos proyectar: Que desde la Región de O’Higgins también se construye conocimiento de alto impacto y se articulan agendas comunes”, puntualizó Medina.
Como próximo gran hito, la Red ya trabaja en la organización del Congreso Internacional “ODS + Ciencia 2026”, que se realizará el 28 y 29 de octubre en la Universidad del Bío-Bío, con el fin de proyectar a Chile como un referente en innovación y desarrollo sustentable global.
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- Junto con la necesidad de mejorar la regulación y corregir los vacíos que facilitan la opacidad en el uso de los recursos públicos en universidades privadas, es indispensable que la actual institucionalidad haga uso de sus atribuciones y fiscalice el adecuado cumplimiento de la ley vigente que regula el lucro en la educación superior.
En el marco de los hechos recientemente conocidos y que afectan a la Universidad San Sebastián, las instituciones agrupadas en el Consorcio de Universidades Estatales de Chile, CUECH, manifiestan su preocupación por la ausencia de transparencia y control financiero respecto del uso de los cuantiosos recursos públicos que el Estado entrega directamente vía becas y gratuidad, o que avala -con un alto gasto fiscal anual- mediante el CAE, a universidades privadas del país.
Esta situación revela las deficiencias que existen en la regulación de la educación superior en Chile, que demanda un cambio urgente en favor de la transparencia del sistema. Solo así se podrá garantizar un buen uso de los recursos públicos, sin privilegios para algunas instituciones que amparadas en su carácter privado no rinden cuentas por el financiamiento fiscal que reciben directa e indirectamente.
En la misma línea, recalcamos que, junto con la necesidad de mejorar la regulación y corregir los vacíos que facilitan la opacidad en el uso de los recursos públicos en universidades privadas, es indispensable que la actual institucionalidad haga uso de sus atribuciones y fiscalice el adecuado cumplimiento de la ley vigente que regula el lucro en la educación superior y prohíbe el uso de recursos en fines distintos a los estrictamente académicos.
En tal sentido, valoramos que la Superintendencia de Educación Superior tome acciones concretas para investigar qué ha pasado en el caso de la Universidad San Sebastián, y esperamos que se esclarezcan, a la brevedad, todas las aristas y alcances de este caso.
A diferencia de las universidades privadas que reciben dineros fiscales, las Universidades Estatales nos encontramos sujetas a un amplio conjunto de regulaciones, precisamente porque manejamos dinero público. Pues bien, el dinero que corresponde a becas de arancel que reciben las universidades privadas también es dinero público y, por ende, de todos los chilenos, no existiendo razón alguna para que se apliquen reglas distintas de transparencia y control en esta materia.
Los recientes sucesos han demostrado que los resguardos actuales son insuficientes para evitar abusos y eventuales vulneraciones a la ley, amparados en una interpretación equivocada de los alcances de la libertad de enseñanza o de la autonomía universitaria. En efecto, la mencionada autonomía no autoriza a las instituciones de educación superior a actuar de manera arbitraria, desconociendo los principios de la meritocracia, la ética universitaria y las exigencias del sistema de Acreditación respecto de los cuerpos académicos y la necesidad de contar con políticas y reglamentaciones internas que regulen las remuneraciones sobre la base del mérito y las credenciales académicas que posean sus docentes.
En consecuencia, como Consorcio de Universidades del Estado consideramos que todas las universidades privadas que acceden a recursos públicos entregados o avalados por el Estado deben regirse por la Ley de Transparencia y rendir cuentas a la Contraloría General de la República sobre el uso legal de esos fondos, al igual que lo hacen actualmente las universidades estatales.
Llamamos a las autoridades del Estado a tomar las medidas urgentes y necesarias, administrativas, legislativas o judiciales, que permitan garantizar a la sociedad chilena la transparencia total en el uso de recursos públicos en universidades privadas, especialmente ahora que se inicia la discusión del Presupuesto General de la Nación para el año 2025, y nuevamente se contemplan recursos relevantes para la educación superior privada, que superan con creces la inversión del Estado en sus propias universidades públicas.
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