• La académica de la Universidad de O’Higgins, María Pilar Navarro, junto a los académicos Renato Jijena y Álvaro Magasich, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, estudiaron cómo la legislación tributaria chilena regula el tratamiento de estos datos por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En la era digital en la que vivimos, nuestros datos personales son tratados por diversas instituciones públicas y privadas, lo que genera en la población preguntas como: ¿hasta dónde pueden llegar mis datos? y ¿qué tan expuestos estamos?

La académica de la Universidad de O’Higgins (UOH), María Pilar Navarro, junto a los académicos Renato Jijena y Álvaro Magasich, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, realizaron un estudio, cuyo objetivo fue identificar “cómo la legislación tributaria chilena regula el tratamiento de estos datos personales por parte del Servicio de Impuestos Internos: qué es lo que puede y no puede hacer con la información y qué protecciones se establecen al tratamiento de los datos personales”, detalla María Pilar Navarro.

Antes de mostrar los resultados, la académica señala que se debe diferenciar entre datos personales y datos privados. “Según la visión que plasmamos en el trabajo, los datos personales pueden, por Ley, ser conocidos por terceros y utilizados para los fines propios de los servicios públicos. Asimismo, ciertos datos personales se vinculan con la vida privada; concretamente, estamos pensando en los datos sensibles. Esos datos privados o derivados de la vida privada, pertenecen a una esfera más íntima de cada persona y su tratamiento -por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII)- no se admite legalmente, salvo que la persona expresamente lo autorice”, asegura.

Ejemplo del uso de nuestros datos personales, por parte de una institución privada, es “cuando vamos a comprar al supermercado y damos nuestro RUT, lo que permite asociar la compra a una persona determinada; luego nos llaman de distintas compañías para ofrecernos productos y ellas tuvieron acceso a nuestro nombre y teléfono sin que se los hayamos dado”, detalla.

El SII y mis datos personales

El SII, institución en la que se centró la investigación, no es la excepción en manejo de datos personales y cuenta con muchos antecedentes de los ciudadanos. Ello porque la legislación “establece que tanto el propio contribuyente, como terceros, deben enviar información referida a personas determinadas a esta entidad”, detalla María Pilar Navarro, y explica que “los datos son utilizados por el SII para cumplir con la finalidad para la cual fue creado por ley: fiscalizar que las personas cumplan correctamente con sus obligaciones tributarias. Y lo más importante, que paguen debidamente sus impuestos”.

Ejemplo de datos personales que maneja el SII son aquellos que identifican o hacen identificable a una persona natural, como lo es, su nombre, su RUT, su dirección postal y su correo electrónico, entre otros.

Ante la preocupación sobre dónde podrían llegar nuestros datos personales y qué obligaciones de manejo reservado de ellos tiene el SII, la académica señala que “pudimos identificar que los datos personales de los contribuyentes que trata el Servicio de Impuestos Internos están protegidos legalmente por lo que se conoce como secreto o reserva tributaria. Esto significa que si el titular del dato (contribuyente) no consciente en su entrega, o bien, si la ley en un caso particular no establece un caso de excepción, que permita que el SII entregue ese dato (especificando a quién y en qué condiciones), el Servicio está impedido de hacerlo público”.

Cambios en la legislación y controles

Asimismo, los investigadores señalan que, en los últimos años, la legislación ha aumentado la protección de los datos personales que son tratados por el SII. “Primero se aumentaron los supuestos de secreto o reserva tributaria y a partir del año 2020 se establece, expresamente, en el Código Tributario como derecho del contribuyente que en los actos de fiscalización el SII respete la vida privada, proteja los datos personales [de los contribuyentes] en conformidad con la ley y que las declaraciones impositivas tengan el carácter reservado, salvo que la ley establezca lo contrario”, detalla María Pilar Navarro.

Explica que, para resguardar el cumplimiento del secreto o reserva tributaria, la legislación establece sanciones para los funcionarios que no lo respeten y, asimismo, existen niveles de seguridad en el manejo de esta información. Ello se traduce en que “no todos los funcionarios tienen acceso a datos personales, sino que está restringido a aquellos que realizan una labor para la cual necesitan tener acceso a ellos. Esto se posibilita, a través de la creación de perfiles que permiten acceder a sistemas en los cuales se aloja esta información y a los controles que se efectúan en el mismo sistema para ver a qué información ha accedido cada usuario del perfil, los horarios en los que accedió, qué información vio, y si se relaciona o no con un caso que está revisando”, sostiene la académica.

Entendiendo la preocupación de la ciudadanía por el acceso y uso de sus datos personales, ¿por qué es importante que, como ciudadanos, entendamos que es necesario que organismos como el SII tengan acceso a nuestros datos?

“Por la función que cumple dicha institución. Todo Estado requiere de financiamiento para cubrir las necesidades de las personas. La principal fuente de este financiamiento son los tributos recaudados. La Tesorería General de la República recauda los tributos, pero el Servicio de Impuestos Internos fiscaliza que se declaren y paguen cumpliendo con la legalidad. Es decir, fiscaliza el debido cumplimiento tributario de personas determinadas y, cuando detecta incumplimientos, hace uso de sus facultades legales para corregir tal comportamiento”.

La académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la UOH señala que la investigación realizada abre nuevas preguntas para futuros estudios. Las posibilidades de utilización de los datos personales son enormes y surgen interrogantes respecto de su uso o no uso en situaciones concretas por parte del Servicio de Impuestos Internos.

El artículo “Protección de datos personales: el nuevo paradigma del secreto fiscal o reserva fiscal en Chile” de la académica María Pilar Navarro y los académicos Renato Jijena y Álvaro Magasich, fue publicado en la revista International Data Privacy Law, prestigiosa publicación internacional que muestra problemáticas relacionadas con la protección de los datos personales desde la perspectiva del derecho.

• Los académicos Camila Oda y Nicolás Schongut destacan la importancia de desarrollar políticas públicas que apoyen a las personas, en su gran mayoría mujeres, que se hacen cargo de familiares que se encuentran en situación de dependencia.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, alrededor de 640.000 personas se declaran en situación de dependencia moderada o severa en el Registro Social de Hogares, por lo que se estima que existiría en Chile una cifra similar de cuidadores/as. Asimismo, el Gobierno, en noviembre de 2022, implementó una plataforma para el registro de cuidadores y, a julio de 2023, 54.000 personas se han identificado como tal.

Esa es la realidad en Chile. No hay cifras claras y no hay política pública específica al celebrarse un nuevo Día Internacional de las Personas Cuidadoras, fecha que estableció la ONU el año 2014.

Camila Oda, académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), explica que “la mayoría de las veces las personas que se desempeñan como cuidadores/as son mujeres, familiares directas de la persona cuidada: esposa, cuñada, nuera, hermana, hija, y el punto, es que por las actividades de cuidado, tienen que dejar muchas veces -parcial o totalmente- sus actividades fuera del hogar. Lo anterior supone, en muchas ocasiones, que quien cuida esté en una situación de vulnerabilidad económica, muchas veces mayor, porque pueden dedicarse a cuidar -años y años- y después no tienen jubilación ni protección social”.

A ello, señala Camila Oda, se suman los altos costos de ser cuidador/a en materia de salud. “Cuidar muchas veces es desgastante; es distinto cuidar una guagua que va en camino hacia la autonomía, que cuidar a una persona que va hacia el deterioro o que no tiene autonomía. A ello, se suma la angustia de no saber qué va a pasar con esa persona, quién lo va a cuidar cuando quién cuida ya no esté, porque en Chile no existe un entramado social -como en otros países-  que se haga cargo de garantizar el cuidado de la persona cuidada y del cuidador”.

El académico del Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) de la UOH, Nicolás Schongut, señala que entre las consecuencias que sufren las personas que cuidan, está, fundamentalmente, el llamado “burnout del cuidador”. Y detalla que “en una persona que no tiene espacios de descanso, no tiene red de apoyo ni espacios de cuidado para sí misma, y que debe estar disponible 24-7 para una persona que tiene necesidades y demandas constantes, complejas y agotadoras -física y mentalmente- se produce este síndrome. El burnout del cuidador/a se caracteriza por ser una condición de estrés crónico, donde quien cuida tiene sentimientos de culpa, además de fatiga y agotamiento físico y emocional. Son personas que, al estar con estrés crónico, están con niveles de cortisol permanentemente elevados, lo que incrementa el riesgo de padecer ansiedad, depresión, problemas digestivos, aumento de peso y enfermedades cardiacas como hipertensión arterial o accidentes cerebrovasculares, entre otras cosas”.

¿Qué falta y qué existe?

Falta de una política pública en el tema de los/as cuidadores/as es una aseveración en la que coinciden ambos académicos UOH. Camila Oda señala que “primero, hay que reconocer que cuidar a otra persona es un trabajo; segundo, hay que garantizar apoyos desde el Estado para que estas personas cuenten con, por ejemplo, ayuda en las tareas domésticas y a nivel económico; para que tengan espacios para que pueden ventilarse y desahogarse; pero sin embargo, hoy día, asumimos que cuidar es una tarea que heredas por  tener familia y que sobre todo, lo heredas si eres mujer; que  una  renuncia no es discutible, que es lo que se espera de ti. Eso debe cambiar”.

Nicolás Schongut indica que el hecho de que el cuidado se otorgue a “solo una persona dentro de la familia no es un problema de la familia, es un problema social. El trabajo de cuidado no remunerado está prácticamente feminizado. Al menos 9 cada 10 personas que cuidan, no remuneradamente, son mujeres. Y eso, tiene que ver más con lógicas sociales, que con lógicas dentro de la familia; y, muchas veces, son contingentes porque también hay una brecha salarial que favorece a los hombres, entonces, si alguien tiene que renunciar al trabajo va a ser la mujer porque gana menos. Esto no es fácil de resolver, por eso es que se necesitan políticas públicas”.

El académico es claro al decir que “en general, aunque se habla del tema de los cuidadores/as, ha habido pocas intervenciones públicas al respecto. Por ejemplo, ahora en el Senado se está discutiendo la Ley de Teletrabajo, la que va a permitir a las personas que cuiden niños/as -menores de 14 años o personas con discapacidad de moderada o grave- puedan optar, como un derecho, al teletrabajo. Es decir, se les va a permitir optar, por derecho, al teletrabajo sin tener que negociarlo con el empleador. Esta es una política pública súper importante porque muchas personas tienen que dejar su trabajo remunerado porque no tienen otra opción, pero sí tienen miles de problemas”.

Experiencia en otros países

Camila Oda hace presente que, pese a que estamos envejeciendo como sociedad, no nos estamos haciendo cargo del fenómeno, como sí se observa que lo hacen otros países. “El/la cuidador/a, a nivel de la salud mental, presenta una alta prevalencia de trastornos del ánimo o trastornos ansiosos, entre otros factores, por la carga emocional que, muchas veces, genera la sensación de renuncia, respecto  de lo que están perdiendo de sus propias vidas, además de una significativa sensación de soledad. En tanto, se observa que en otros países existen políticas públicas que permiten contar con un sistema de cuidado de cuidadores, que van desde tener una reunión para conversar sobre lo que significa cuidar o charlar de otra cosa. Para que el cuidador pueda acudir a estos espacios, el Estado garantiza que una persona irá a apoyarles en lo doméstico, por ejemplo, cuidando a la persona cuidada, para que quién cuida pueda salir. También hay programas que envían una persona para que limpie y ordene la casa, y así alivianar el trabajo de quién cuida”.

Otro caso que expone es el de España donde “el Estado realiza un programa de vacaciones para las personas en situación de discapacidad, es decir, el Estado las lleva de paseo para que sus cuidadores/as y ellas mismas puedan descansar y recuperarse”.

¿Cómo colaborar?

Aunque es claro que hacen falta políticas públicas en Chile sobre el tema de los cuidadores/as, Camila Oda, señala que a nivel familiar podemos hacer aportes, que ayuden a las y los cuidadores. “Si tenemos conciencia de lo desgastante e importante que es el trabajo del cuidador/a, si tenemos uno/a en la familia, podemos y debemos cooperar. Por ejemplo, ir un día en la semana y hacernos cargo de la persona a cuidar para que el/la cuidador/a pueda hacer una pausa, salir, o lo que sea que desee hacer. No se debería esperar que el/la cuidador/a nos pida ayuda, no decir ‘a mí nadie me aviso que se necesitaba ayuda’, sino, más bien, ofrecerla. El cuidado no debería recaer sobre un solo integrante del grupo familiar”.

• Un seminario que contó con la presencia de los expertos/as María Soledad Mortera y Claudio Fuentes, indagó en cómo se han desarrollado los diversos procesos y el actuar de las encuestas.

“¿En qué está el proceso constitucional?: Apuntes para tu decisión” es el nombre del seminario que realizó el Instituto y la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), con apoyo de la Dirección de Comunicaciones de la casa de estudios, con el objetivo de informar sobre el actual proceso constitucional y cómo se ha desarrollado en el tiempo.

La actividad estuvo moderada por la investigadora UOH Martina Cociña y contó con la participación de los expositores: María Soledad Mortera, quien es abogada, magíster en derecho constitucional y docente UOH, y Claudio Fuentes, Doctor en Ciencia Política y profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP).

La docente UOH realizó un recorrido por los procesos constitucionales chilenos y el contexto en que se han desarrollado los dos últimos, mientras que el docente UDP se centró en la dimensiones cuantitativas y cualitativas del proceso constituyente y la actuación de la opinión pública en su desarrollo.

Para la abogada y magíster en derecho constitucional, María Soledad Mortera, estos espacios son absolutamente necesarios y fundamentales. “Estamos en una universidad, son estudiantes para generar instancias de debate y al mismo tiempo son generaciones de futuro y ellos van a tener que tomar las decisiones el día de mañana. Debemos pensar que no somos personas para transmitirles conocimientos y que ellos repliquen, tenemos que formar a profesionales como seres pensantes. Entonces, estas instancias son sumamente importantes, porque el día de mañana ellos van a ser los tomadores de decisiones”.

Asimismo, Carlos Fuentes, profesor titular de la Escuela de Ciencia Política UDP, recalcó que las universidades “tienen un rol fundamental en generar espacios para reflexionar, para mirar el país y también para pensar en soluciones a los problemas que tienen y, por lo tanto, creo que este tipo de espacios son súper relevantes, y por eso mi interés por participar”.

UOH constitucional

Una vez terminada la actividad, Marcelo Acuña, jefe de la carrera de Derecho de la UOH, destacó la relevancia de realizar este tipo de actividades ya que permite que expertos y expertas compartan con estudiantes e integrantes de la comunidad local “sus conocimientos, análisis, perspectivas acerca de este proceso que entra en su etapa final, ya que el próximo martes 7 de noviembre se conocerá la versión definitiva del texto que se plebiscitará en diciembre de 2023”.

Por su parte, la jefa de carrera de Administración Pública relevó la importancia de que la comunidad universitaria cuente con la información necesaria para efectuar su voto, “es fundamental que la juventud y la comunidad universitaria en general, cuente con información clara y responsable en relación al proceso que se vive en nuestro país. La Constitución impacta en el carácter de las políticas públicas del Estado, y, por lo tanto, es fundamental saber qué es lo que se propone de parte del órgano que está a cargo del proceso, para reflexionar en torno a la manera en que ésta responde a los desafíos del Chile actual”.

La UOH espera realizar durante noviembre nuevos conversatorios en la previa de la consulta final por el actual proceso constitucional, que se desarrollará en diciembre próximo.

• Jefe de la División Jurídica de la institución, Cristián Vargas Bugueño, dio charla a universitarios de la cátedra de Ética Profesional de la Universidad de O’Higgins.

“Fue una instancia que permitió a los estudiantes discutir temáticas propias de la carrera con el jefe de la División Jurídica de la Tesorería General de la República, Cristian Vargas, en una conversación fluida y que les dio la oportunidad de ver que las materias que se estudian en la Universidad tienen una aplicación práctica importante”, con estas palabras el jefe de carrera de Derecho de la Universidad de O’Higgins (UOH), Marcelo Acuña, resumió el resultado de la charla dictada en el auditorio del Campus Rancagua.

Por su parte, la académica del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) y docente de los futuros abogados/as, María Pilar Navarro, acotó que “el expositor les planteó la importancia de las atribuciones legales de la Tesorería General de la República en el funcionamiento del aparato público estatal, ejemplificadas con situaciones actuales”.

Marcelo Acuña señaló que tras la charla “Tesorería General de la República: Su integración en la Administración y sus funciones”, se generó la invitación para que “una vez que se firme un convenio de colaboración entre la Universidad y la Tesorería General de la República, nuestros y nuestras estudiantes puedan realizar alguna pasantía en la División Jurídica de la TGR”.

• La presentación se centró en la compleja temática del conflicto y la cohesión social, explorando resultados de investigaciones en el contexto de la memoria colectiva, identidades sociales y relaciones intergrupales.

La académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, Ana Figueiredo, participó la pasada semana en la jornada de inauguración del XVII Congreso Chileno de Psicología, actividad donde presentó, como invitada magistral, parte de sus investigaciones sobre el conflicto y la cohesión social en Chile, enfocándose sobre todo en sus estudios con personas del pueblo Mapuche.

Durante la ponencia abordó la dificultad de definir el conflicto social y cómo este puede surgir cuando los objetivos, valores y normas de diferentes grupos no son compatibles, “lo que lleva a luchas por recursos, ya sean materiales o simbólicos”, explicó. También destacó la importancia de comprender el conflicto a nivel intergrupal y de diferentes actores sociales que influyen en estas dinámicas.

Respecto a la cohesión social, lo presentó como un concepto desafiante de definir, proponiéndose entenderla como la capacidad de una sociedad y sus instituciones democráticas para promover relaciones igualitarias, un sentido de pertenencia y de interacciones hacia al bien común. “La cohesión y el conflicto social no son estáticos, sino procesos multidimensionales situados en contextos sociohistóricos, económicos, políticos y geográficos”, advirtió.

La presentación también introdujo la noción de “memoria colectiva”, como un conjunto de representaciones compartidas sobre el pasado, basadas en la identidad de un grupo. La académica UOH explicó que estas “memorias colectivas” cumplen diversas funciones, como definir la identidad grupal, establecer normas y valores, movilizar la identidad y la pertenencia, influir en el estado psicológico y, en algunos casos, defender el estatus quo o promover el cambio social.

Subrayó la relevancia de observar el conflicto y la cohesión como procesos multinivel y multidimensionales que se despliegan en diversos contextos, como también la necesidad de una psicología social y política que complejice ciertos constructos y teorías para abordar adecuadamente estas dinámicas.

Finalmente, Ana Figueiredo se centró en el contexto chileno y cómo la historia colonial y poscolonial sigue influyendo en las dinámicas sociales y de identidad, particularmente en relación con el pueblo mapuche.

• El académico UOH, Gonzalo Palomo, plantea que no hay que considerar solo las respuestas tecnocráticas para concretar la migración.   

La aceptabilidad pública de tecnologías limpias y de energías renovables es fundamental a la hora de impulsar una transición energética. Así, conceptos tales como la confianza social en instituciones del sector energético, justicia procedimental y distributiva, e incluso la percepción de similitud entre los valores de las instituciones y los propios, son centrales para la agenda medioambiental de Chile, en el ámbito de la transición al uso de las energías renovables, en reemplazo de aquellas que no lo son, como es el caso de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural, entre otros).

El tema de la aceptabilidad pública ha sido estudiado por el académico del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Gonzalo Palomo, junto con académicas de la Universidad de Groningen, en Países Bajos, y del Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología Acuáticas (EAWAG). Estos estudios sugieren que para facilitar transiciones energéticas a energías más limpias y/o sustentables “no debes solo enfocarte en respuestas tecnocráticas de producir alternativas limpias y sustentables, sino que también necesitas, y cada vez se le da más valor, concentrarte en la aceptabilidad pública de las energías propuestas”, sostiene el investigador. También acota que “en los últimos reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) se le ha venido dando mucho énfasis a las determinantes individuales, sociales e instruccionales detrás la aceptabilidad de algunas tecnologías sostenibles. No sólo importa que exista la tecnología, pues quienes la usarán son personas con motivaciones, valores y expectativas distintas”.

¿Y por qué la aceptabilidad pública se vuelve protagonista en la transición a energías renovables y cómo se consigue dicha aceptabilidad?

“La evidencia indica que, si no le das importancia a cómo las personas recibirán las propuestas y proyectos energéticos y trabajas en ello, éstas en general tenderán a no utilizar o a subutilizar las alternativas propuestas; a oponer resistencia, ya sea pasiva obviando las alternativas o incluso activa, a través de acción colectiva, marchas y protestas.

Hay muchas maneras en que en principio se puede facilitar la aceptabilidad pública de proyectos energéticos. Por ejemplo, si las personas encuentran que los beneficios y riesgos derivados de los cambios se encuentran distribuidos de manera justa, es más probable que acepten los mismos. En cambio, si las personas creen que ciertos grupos se verán más favorecidos que otros, es posible que haya más resistencia.

Más aún, entre los factores individuales a la base de la aceptabilidad también se encuentran los valores, esto es, las metas prioritarias, de distintos grupos y personas. Los valores funcionan como un prisma con él que las personas evalúan el mundo social y con el que orientan decisiones en su vida, guiando así el comportamiento. Por esto, hay personas que parecen preocuparse más por temas ambientales y consecuencias ecológicas de las decisiones en el sector energético, mientras que, otras, se enfocan más en los aspectos financieros de la transición energética y cómo aquello podría impactar sus vidas”.

Confianza social y similitud valórica

El académico precisa que, en uno de estos estudios, se enfocaron en “qué es la confianza social en instituciones reguladoras y como se relaciona con la aceptabilidad pública de proyectos energéticos. Específicamente, evaluaron hasta qué punto el hecho de que las personas crean que las instituciones que se encargarán de instalar un proyecto energético o de desarrollar una nueva tecnología energética limpia tienen competencias técnicas y transparencia e integridad para realizar estas tareas, influye en la aceptabilidad de las mismas. Por ejemplo, frente a la construcción de un parque eólico, hasta qué punto las personas confían en que la instrucción reguladora se asegurará de que el parque produzca suficiente energía para todos, que no van a ocurrir cortes de luz y que actuarán de manera transparente a la hora de tomar decisiones”.

Gonzalo Palomo señala que, en estos estudios, han observado que “la confianza social en instituciones reguladoras predice, de manera consistente en el tiempo, el nivel de aceptabilidad que la gente otorga o reporta respecto de proyectos energéticos”.

Sobre cómo se mejora la confianza en las instituciones que entregarán las nuevas tecnologías, el Dr. Palomo señala que “las personas, en general, cuando deben evaluar tecnologías medianamente riesgosas y de las que no saben mucho, no pueden evaluar racionalmente sus ventajas y desventajas. Más aún, no todos saben, exactamente, el nivel de competencia e integridad de estas instituciones y, por tanto, la decisión de si confiar o no, no es tan simple. Ante ello, ante esta incertidumbre, las personas usan ciertas pistas heurísticas, informaciones que permiten evaluar de manera indirecta si acaso es razonable confiar o no en una institución”.

Y ejemplifica: “Podemos hablar de similitud valórica, que es un constructo que hace referencia a hasta qué punto las personas esperan que las instituciones reguladoras de los riesgos de producción energética limpia priorizan los mismos valores y metas que ellas. Así, mientras más las personas esperan que sus metas serán prioridad para las instituciones, mayor será la aceptabilidad de los productos y proyectos energéticos que regulen”.

¿Los cambios dan confianza?

El académico plantea que la transición energética será mucho más expedita en la medida que las instituciones detrás de la misma “ganen” y “mantengan” la confianza de las personas. “Los cambios siempre implican riesgos; en la medida que las instituciones y sus representantes transmitan al público que pueden controlar aquellos riesgos -a través de decisiones que se tomen de manera transparente y participativa- es muy probable que las personas acepten estos riesgos”, sostiene Gonzalo Palomo.

Asimismo, indica que es importante recordar que las transiciones energéticas involucran no sólo a una institución, “sino a muchas que difieren en tareas, competencia, área de desempeño y, en este sentido, es recomendable recordar que las expectativas en términos, por ejemplo, de habilidad y transparencia, variarán de institución a institución. Esto es importante toda vez que, distintos tipos de confianza, predicen de forma diferente la aceptabilidad”.

Un ejemplo, añade, es un estudio en curso en Países Bajos, donde se observa que las personas confían más en la integridad de instituciones más cercanas a la gente, por ejemplo, municipalidades, y en el caso de instituciones más abstractas, tales como el Estado o el gobierno, inspiran más competencia técnica.

El académico sostiene que se valora “positivamente que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático esté dando más énfasis a las ciencias sociales y su rol en la transición energética. Y es que la confianza en las instituciones que regulan riesgos, la percepción de justicia distributiva y la participación en toma de decisiones, entre otras, son todas, variables que van a contribuir a la aceptabilidad de estas tecnologías energéticas”.

“Yo creo que Chile, como país que apunta a moverse a energías más limpias, tiene ambiciones bastante grandes -considerando nuestro nivel de desarrollo- y es muy positivo que tenga estas ambiciones. La tarea ahora es no trabajar solo con quienes están preocupados por el medioambiente, y están dispuestos a hacer cambios, sino que debemos apuntar a todos. Y para esto, debemos, necesariamente, relevar el rol de estos factores sociales e institucionales”, puntualizó.

• Ricardo Fuentealba fue parte de la Conferencia Anual de la Royal Geographical Society y el congreso 2023 de la Association of Geographical Societies in Europe.

Dos presentaciones relacionadas al riesgo de desastres fueron parte del itinerario del académico Ricardo Fuentealba durante su visita al viejo continente, donde presentó parte de su trabajo como investigador en conferencias de importancia internacional.

En primer lugar, participó en la Conferencia Anual de la Royal Geographical Society en Reino Unido. “En esta conferencia, realizada en Londres, presenté un trabajo co-escrito con mi colega Belén Desmaison, de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Se trata de un capítulo sobre ecología política urbana y desastres para un libro que estoy editando. Participamos en un panel sobre desastres y geografía, con presentaciones teóricas y empíricas basadas en Nepal, India, Estados Unidos, entre otras”.

Posteriormente se dirigió a Barcelona, donde fue parte del Congreso 2023 de la Association of Geographical Societies in Europe. “Participé de un panel sobre gestión integrada del riesgo de desastres, organizado por colegas de la Disaster Research Unit de la Freie Universität Berlin, en Alemania. Presenté un trabajo que he venido desarrollando sobre la gobernanza urbana del riesgo, mostrando cómo surgen diversas iniciativas de gestión y qué resultados buscados y no buscados producen. Fue un placer compartir con colegas que presentaron sobre Indonesia, Chile y Alemania, además de otros casos”.

El académico ICSo detalló que las discusiones ocurridas en estos eventos son sumamente interesantes. “Los desastres en particular, y otros temas como la emergencia climática, las nuevas formas de exclusión social y desigualdades, llaman la atención de académicos/as de diversas latitudes. Dada la naturaleza de la geografía, como disciplina, los debates muchas veces son desarrollados por equipos multidisciplinarios y con el interés de generar conocimientos transdisciplinarios”, puntualiza.

• La académica y directora del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Andrea Canales, entrega recomendaciones para que el “18” no se transforme en un dolor de cabeza.

“En primer lugar, siempre debemos planificar nuestros gastos e intentar establecer cuánto y en qué vamos a usar nuestro presupuesto para Fiestas Patrias. Organizar las compras con nuestros grupos familiares y, siempre, cotizar y buscar los mejores precios”. Con estas palabras, Andrea Canales, directora del ICSo-UOH, resume los tips para salir airosos de los gastos dieciocheros del 2023.

Algunos trabajadores reciben en septiembre un aguinaldo de Fiestas Patrias, pero como este beneficio no es obligatorio, hay familias que no contarán con él, en ese contexto preguntamos a la académica de la UOH: ¿qué hacer si no recibiré aguinaldo?

“En general, se recomienda tener un presupuesto mensual y anual, que nos permita anticiparnos a estos gastos estacionales. El presupuesto anual nos permite planificar un ahorro para los meses en que se presentan estos gastos extras, que tenemos también a fin de año, por las vacaciones o debido a los gastos en útiles escolares o uniformes. Siempre, presupuestando cuál será el monto de nuestro gasto”, precisa Andrea Canales.

Préstamo: ¿buena o mala opción?

“Para este tipo de gastos no es recomendable endeudarse y, si decide hacerlo, el plazo no debería exceder los tres meses, ya que en diciembre nuevamente enfrentamos gastos extras. Asimismo, si decide endeudarse -para financiar el feriado- cotice el crédito más barato. Para ello, puede revisar la Carga Anual Equivalente (CAE) y escoger el crédito que ofrezca la CAE más baja”, asegura.

La CAE incluye el capital (dinero que solicita como préstamo); la tasa de interés; el plazo del crédito: 12, 24, 36 y 48 meses (a mayor plazo, más altos son los intereses y más caro el crédito); los cargos propios del crédito como los operacionales, timbres y estampillas, y los servicios extra, contratados voluntariamente, como seguros de cesantía, contra fraudes y desgravamen, entre otros.

“En resumen, podemos decir que las recomendaciones son: generar un presupuesto, definir prioridades, organizar los gastos y cotizar”, culmina la académica UOH.

• Estudio realizado por el académico UOH, Jairo Lucero Pantoja, buscó precisar el grado de cumplimiento de las garantías de libertad sindical postuladas en los Convenios 87 y 98 de la OIT, al que están adscritos ambos países.

Cuatro diferentes ordenamientos jurídicos latinoamericanos se analizaron en “Claves del debilitamiento de la real función social del sindicato. Acercamiento a las barreras en la constitución de sindicatos de rama/industria y el ejercicio de huelgas de solidaridad en tres modelos laborales latinoamericanos”. Se trata de los ordenamientos de Chile, Colombia, Argentina y Uruguay.

El estudio estuvo a cargo del académico del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Jairo Lucero Pantoja, y su objetivo es precisar el grado de cumplimiento de las garantías de libertad sindical postuladas en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), específicamente, en dos aspectos: la libertad de constitución, tamaño y organización estructural del sindicato, y la interacción gremial a partir de la huelga por solidaridad.

Los países analizados fueron, además de Chile y Colombia, Argentina y Uruguay, y se establecieron tres categorías: “incoherentes”, cuando el cumplimiento era contradictorio a los lineamientos de la OIT; “mixtos”, cuando tenían ciertas divergencias en su garantía práctica, y “coherentes” cuando se aplicaban las disposiciones de libertad sindical de forma armónica con lo dictado en los Convenios, explica el Dr. Jairo Lucero.

Ordenamientos “Incoherentes”

Y la conclusión es clara “los ordenamientos laborales chileno y colombiano son incoherentes en la medida que las dos -garantías sindicales antes mencionadas- no se integran en el ordenamiento jurídico como manifestaciones connaturales de la función social del ejercicio sindical”. Y esto se expresa en que “en Chile se trata de contener (a través del artículo 216 del Código del Trabajo) el ejercicio sindical en el nivel base de la economía, es decir, el sindicato de empresa (donde se agrupan trabajadores de una empresa o grupo empresario), impidiendo (aunque reconociendo a regañadientes a través de dictámenes del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo), otras manifestaciones propias de la sindicalización, como los sindicatos de oficio (trabajadores de un mismo oficio), de rama (agrupa un sector de la economía) y las centrales (reúne trabajadores de todos los sectores)”.

Asimismo, si el punto es la huelga, destalla el académico de la UOH, se presenta “un silencio normativo que ha sido medianamente resuelto por la jurisprudencia, cuya tendencia mayoritaria solo ampara la huelga dentro de un proceso de negociación colectiva (permitiendo la declaración de ilegalidad fuera de este espacio), versus la postura sostenida en solitario por la Corte de Apelaciones de Santiago que la extiende a otros espacios más allá de la negociación, por ejemplo, en escenarios de huelga por solidaridad, esto es, en espacios que desbordan las meras pretensiones laborales del sindicato in situ, y se sustenta en cuestiones políticas que posicionan al sindicato como un sujeto laboral colectivo”.

El quid de la limitación de la huelga de solidaridad -sostiene el académico de la UOH- se enfoca en impedir la interrelación de la manifestación de inconformidad laboral, entre diversos tipos de trabajadores/as, lo que, por cierto, les resta poder como colectivo”.

Ejemplos de huelgas por solidaridad, se suelen manifestar en una misma cadena productiva como, por ejemplo, una huelga por solidaridad de trabajadores/as de una aerolínea que apoyan a empleados/as de una empresa de catering que se encuentran en huelga debido a recortes salariales; o bien, trabajadores/as de una cadena de supermercados que se unen en huelga de solidaridad con los/as repartidores/as de una empresa de entrega a domicilio.

Colombia: aparente libertad de sindicalización

Y en Colombia, las cosas también son “incoherentes”, detalla Jairo Lucero, pues a pesar de sostener un modelo de “aparente libertad de sindicalización, el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 357) favorece de forma insistente el modelo sindical de empresa, lo cual ha impactado en el casi nulo ejercicio de otras formas de asociatividad frente a la negociación colectiva. Esto, sin contar con las exigencias de número mínimo de afiliados que debe tener una organización sindical (25 personas), incluso de empresa, lo cual va en contra de los postulados convencionales de la OIT. Similar situación ocurre con la huelga de solidaridad, la cual es limitada a un contenido político, social y económico amplio, o a lo menos sectorial, debiendo incidir directamente en el ejercicio de la correspondiente actividad, como lo señala la Sentencia C- 858 de 2008 de la Corte Constitucional, referente al Art. 450 del Código Sustantivo del Trabajo. A lo anterior se suma que los/as trabajadores/as solidarios/as deben encontrarse vinculados/as con los huelguistas través de una federación o confederación sindical, como lo manifiesta la Corte Constitucional en su sentencia C-201 de 2002, lo cual constituye una exigencia adicional para impedir el ejercicio libre de la huelga de solidaridad.

En tanto, el ordenamiento jurídico uruguayo, según el estudio es “un modelo a seguir en el garantismo sindical latinoamericano, en cuanto armoniza las exigencias convencionales de la OIT respecto a la libertad sindical y huelga por solidaridad”.

Una de las explicaciones a estos resultados en Chile y Colombia, sostiene el investigador de la UOH, son “los períodos represivos democráticos sufridos en Chile y Colombia: el primero con la Dictadura, y el segundo con el conflicto armado, pero ello no es impedimento para considerar que, actualmente, ambos países poseen una visión desfasada y prohibitiva del entendimiento de la libertad sindical y la huelga por solidaridad”.

Asimismo, los resultados de la investigación destacan -sostiene el académico de la UOH- que, en Chile, es “necesaria una transformación normativa respecto a la libertad de formación de sindicatos de oficio, rama y centrales, otorgándoles -por ley, y no mediante Dictámenes de la Dirección del Trabajo- plena capacidad de negociar colectivamente. Esto nos permite cuestionarnos si el presente escenario constitucional es un espacio adecuado para establecer estas garantías, así como la del ejercicio de huelga por solidaridad. Un trabajo futuro podría trazar las semejanzas y diferencias del proyecto constitucional rechazado de 2022, el proyecto de la comisión experta de 2023 y la constitución actualmente vigente”.

La investigación -explica Jairo Lucero- se realizó mediante una metodología propia de las ciencias jurídicas, esto es, la dogmática jurídica, acompañada de la técnica del análisis normativo y documental, y los sub-métodos sistemático, analítico y de enjuiciamiento de hecho. Esto permitió realizar un estudio pormenorizado en los mencionados ordenamientos jurídicos laborales latinoamericanos. “El desarrollo de este trabajo se ejecutó mientras me encontraba realizando mi estadía postdoctoral en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O´Higgins (2022), institución y grupo de colegas a quienes les agradezco profundamente su apoyo en la consolidación de la misma”.

Los resultados fueron publicados -en abril de 2023- en la Revista de Derecho de la Universidad del Norte (Colombia), la cual se publica de manera semestral desde 1992. “Es una revista de alto reconocimiento en Colombia, lo cual le ha permitido su indexación en el catálogo de Scielo, Latindex, Publindex, Redalyc, entre otras”, detalla Jairo Lucero.

• Patricio Saavedra realiza una pasantía de investigación en Reino Unido.

‘Protest Liason Policing’ fue el evento que realizó la Universidad de Edinburgh, en Escocia, y que fue organizado por los profesores Hugo Gorringe y Michael Rosie, con el apoyo del Scottish Institute of Policing Research.

“El objetivo del workshop fue compartir experiencias de académicos, tomadores de decisiones y oficiales de policía respecto a la gestión del orden público basado en el respeto a los derechos humanos y el rol que en ello juegan los equipos especiales de la policía orientados al diálogo en terreno con los manifestantes”, explicó el Dr. Saavedra.

En ese contexto, el académico UOH dictó la charla “FiveDi: An analytical model for evaluating protests scenarios and the (de)escalation of conflictual actions” cuyo foco fue la presentación de un modelo analítico de carácter interdisciplinar orientado a entender los procesos de escalamiento y des-escalamiento de la violencia de protesta en función de las acciones, tácticas y estrategias que las autoridades de gobierno y la policía realizan en contexto de manifestaciones masivas.

“Esta experiencia es un aporte fundamental a mi propia línea de investigación principal sobre el rol que las autoridades podrían jugar en los procesos de escalamiento y des-escalamiento de la violencia de protesta de acuerdo con cómo la opinión pública evalúa la cadena de acciones implementadas por el gobierno central y la policía”, explica Saavedra.

Agrega que el workshop es una actividad única para compartir experiencias con expertos en gestión del orden público y oficiales de policía en servicio activo entorno a la efectividad y limitaciones de la implementación de equipos de policías que, desplegados en terreno, buscan promover la facilitación de protestas mediante el diálogo, la coordinación y negociación con los manifestantes.