Capacitación sobre inocuidad alimentaria alerta por déficit de resolución sanitaria y trazabilidad en el agro regional

• En una jornada del proyecto FIC Sello RRA de la Universidad de O’Higgins se dieron a conocer brechas detectadas en terreno y herramientas concretas para mejorar procesos productivos, enfrentar nuevas exigencias en el uso de productos fitosanitarios y avanzar hacia alimentos más seguros, confiables y competitivos.

La inocuidad alimentaria fue el foco de una capacitación realizada en la Universidad de O’Higgins, donde se expusieron resultados del trabajo en terreno desarrollado con productores apícolas y hortícolas de la región, junto con contenidos orientados a fortalecer prácticas, ordenar procesos y responder de mejor manera a exigencias sanitarias y comerciales. La actividad se realizó en el marco del proyecto FIC Sello Reducción de Riesgos Alimentarios, iniciativa financiada por el Gobierno Regional de O’Higgins, que busca aumentar la competitividad mediante mejoras concretas en la producción y el manejo de alimentos.

Uno de los antecedentes que marcó la jornada fue que, en el rubro hortícola, un 89% de los productores evaluados no cuenta con resolución sanitaria. A ello se suma que solo un 40% registra sus procesos, lo que evidencia debilidades relevantes en trazabilidad, control y cultura de registro, aspectos cada vez más importantes para responder a inspecciones, compradores y exigencias del mercado.

En apicultura, el diagnóstico mostró brechas igualmente significativas. Solo un 25% cuenta con resolución sanitaria y un 54% presenta registros incompletos, además de falencias en procedimientos operacionales estandarizados de sanitización, control de peligros y capacitación. Entre los datos presentados también se indicó que solo un 11% cuenta con credencial de aplicador, lo que refuerza la necesidad de mayor acompañamiento técnico en el territorio.

Los resultados corresponden al trabajo con 66 productores, 35 del rubro apícola y 31 del hortícola. A la fecha, además, se reportan 12 productores certificados por el Sello RRA, ocho de ellos apícolas y cuatro hortícolas. El análisis presentado durante la actividad planteó que estas brechas no operan por separado: se relacionan con infraestructura, registros, capacitación y condiciones de proceso, por lo que no basta con entregar información, sino que también se requiere avanzar en hábitos, seguimiento e inversiones que permitan consolidar una verdadera cultura de inocuidad.

Brechas que impactan calidad y competitividad

Durante la capacitación se abordaron también medidas prácticas para reducir riesgos en el predio y en las salas de proceso. En horticultura se reforzaron aspectos como el uso de fuentes de agua seguras, la limpieza de canales y estanques, la prevención del ingreso de animales, el correcto compostaje, el registro de aplicaciones y el almacenamiento de agroquímicos en lugares cerrados y señalizados. Asimismo, se destacó la importancia de la higiene del personal, el uso de envases exclusivos y condiciones adecuadas en cosecha y postcosecha para disminuir posibilidades de contaminación.

En apicultura, en tanto, se revisaron Buenas Prácticas de Manufactura orientadas a asegurar una miel inocua y de calidad desde el apiario hasta el envasado. Entre ellas, el manejo seguro del apiario, la limpieza de herramientas, la cosecha de miel madura, el cuidado en el traslado de alzas y las condiciones de las salas de extracción, como superficies lavables, separación de áreas sucias y limpias, control de plagas y registros de cosecha, envasado y POES.

“La inocuidad no parte cuando llega una fiscalización, sino mucho antes, en decisiones cotidianas dentro del predio o de la sala de proceso. Cuando un productor ordena registros, separa áreas, mejora la higiene y maneja adecuadamente sus insumos, no solo reduce riesgos, también fortalece la calidad de lo que produce y queda en mejores condiciones para crecer y responder a nuevas exigencias”, señaló la Dra. Claudia Foerster, coordinadora del proyecto.

La jornada incorporó además una mirada sobre el valor que estos avances pueden generar más allá del cumplimiento normativo. En una de las presentaciones se mostró, por ejemplo, cómo atributos como la confianza, el origen y el respaldo técnico pueden fortalecer la proyección comercial de productos como la miel con Sello RRA, conectando de mejor manera con consumidores y aportando diferenciación en el mercado.

Fitosanitarios, abejas y nuevas exigencias

Otro de los temas abordados fue el uso responsable de fitosanitarios y el escenario regulatorio que hoy enfrenta el sector. Según lo expuesto por el SAG, en Chile se comercializan 1.448 plaguicidas y más de 61 mil toneladas al año, mientras que la Región de O’Higgins concentra más del 50% del volumen comercializado en el país, con más de 30 mil toneladas. En ese contexto, el manejo adecuado de estos productos fue planteado como un tema central para la inocuidad, el medioambiente y la competitividad regional.

Las presentaciones también profundizaron en las exigencias vinculadas a la protección de las abejas. Se explicó que, en el caso de plaguicidas muy o moderadamente tóxicos para estos polinizadores, debe darse aviso a los apicultores ubicados dentro del área de aplicación y zona de influencia con al menos 48 horas de anticipación, además de privilegiar horarios de baja actividad de las abejas, como temprano en la mañana o al atardecer. Junto con ello, se reforzó la importancia de avanzar hacia un manejo integrado de plagas, combinando herramientas culturales, físicas, genéticas, biológicas y químicas con el menor impacto posible sobre personas, animales y medioambiente.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto FIC Sello RRA, financiado por el Gobierno Regional de O’Higgins a través del Fondo de Innovación para la Competitividad y su Consejo Regional. Más allá del diagnóstico, la jornada dejó instalado que conceptos como resolución sanitaria, trazabilidad, buenas prácticas y uso responsable de fitosanitarios no son materias secundarias, sino condiciones cada vez más decisivas para producir con mayor seguridad, responder a los desafíos regulatorios y fortalecer la competitividad del agro regional.