• La actividad abordó los desafíos regionales en torno a la protección ambiental y el reconocimiento de este derecho como un elemento clave de los derechos humanos.

En el Campus Rancagua de la Universidad de O’Higgins (UOH) se realizó el Seminario “Derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación entre olores y agroquímicos”, instancia que buscó reflexionar sobre los desafíos ambientales y sociales que enfrenta la Región de O’Higgins.

La actividad, organizada por la carrera de Derecho de la Escuela de Ciencias Sociales UOH y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), puso en el centro del debate el reconocimiento del medioambiente libre de contaminación como un derecho humano fundamental. Este enfoque fue destacado como trascendental por los expertos participantes, quienes subrayaron cómo las formas de producción actuales generan impactos significativos en el entorno natural y, por ende, en la calidad de vida de las personas.

El jefe de carrera de Derecho UOH, Marcelo Acuña, señaló que “desde las aulas debemos educar no solo a nuestros estudiantes, sino también a la comunidad en general, permitiendo que todas y todos tomemos conciencia de la urgencia de estos temas. Tener un medioambiente libre de contaminación es esencial para la vida, y también para el desarrollo sostenible de nuestra región, que tiene una fuerte vocación agrícola. Es fundamental que la agroindustria opere dentro de márgenes responsables que no comprometan los derechos de las personas ni el equilibrio ambiental”.

Por su parte, el abogado experto en evaluación ambiental y docente UOH, Pedro Miranda, enfatizó que abordar estos desafíos desde una perspectiva regional es crucial. “En una región tan diversa como la nuestra, que incluye minería, playas, valles y campos, el cuidado ambiental debe ser integral. Por ejemplo, las industrias porcinas y las parcelaciones rurales han transformado profundamente el uso del suelo y la disponibilidad de recursos como el agua, generando tensiones entre las comunidades y estas formas de producción. Reflexionar sobre estas dinámicas y buscar soluciones es un desafío al que la universidad está comprometida”, afirmó.

El seminario reafirmó el compromiso de la Universidad de O’Higgins con la generación de conocimiento y conciencia en torno a los derechos humanos y la sustentabilidad ambiental, situándose como un actor clave para promover un desarrollo regional equilibrado y respetuoso con las personas y el entorno.

• La auditora general de Gobierno, Daniella Caldana Fulss, dictó una charla a las/os futuras/os admininistradoras/es públicos de la Universidad de O’Higgins.

En el marco de la cátedra “Auditoría Gubernamental” estudiantes de cuarto año de la carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins visitaron las dependencias del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). Esta actividad permitió a las y los estudiantes acercarse al funcionamiento del organismo público más importante en el ámbito del Control Interno de la Administración Central.

Durante la visita, fueron recibidos por la auditora general de Gobierno, Daniella Caldana Fulss, quien lideró un enriquecedor encuentro, en el cual, las/os futuras/os profesionales participaron en una conversación que profundizó la relación entre los conceptos teóricos vistos en clases y su aplicación práctica en el ámbito gubernamental.

El docente adjunto de la carrera, Manuel Toro, destacó la relevancia de este tipo de actividades. “Es importante fortalecer las actividades académicas que vinculen a las y los estudiantes con distintos servicios del Estado y, en este caso particular, con la entidad más importante del área, como lo es el CAIGG. Además, esta actividad es resultado de un trabajo previo, transversal y planificado que está siendo liderado por la jefatura de carrera y ejecutado por el equipo de docentes y de profesionales vinculados a la formación de futuras/os profesionales que hagan de lo público su objetivo”.

Este tipo de iniciativas son parte y refuerzan el compromiso de la carrera con la formación integral de sus estudiantes, vinculando el aprendizaje en el aula con experiencias directas en el campo profesional.

• La instancia fue organizada por la carrera de Derecho UOH, junto con el Colegio de Abogados de la Región de O’Higgins.

Con el objetivo de analizar la Ley 21.675 sobre medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, la carrera de Derecho de la Universidad de O’Higgins (UOH), junto con el Colegio de Abogados de la región, realizaron -el pasado viernes 15 de noviembre- una charla donde se revisó la estructura de la ley junto con hacer un análisis a su aplicación práctica, tanto en su dimensión penal como en la de familia.

La instancia contó con la participación de distintos expositores, todos docentes y miembros de la judicatura, quienes ilustraron a estudiantes y a abogados/as de la plaza, los futuros desafíos y algunas perspectivas en lo que será la implementación de la ley que entró en vigencia en junio pasado.

Respecto a la iniciativa, el jefe de la carrera de Derecho UOH, Marcelo Acuña Bustos, comentó que “a nosotros nos interesa desarrollar este tipo de actividades para que nuestros estudiantes conozcan y se comprometan con el espíritu que esta nueva legislación trae, porque hasta el momento la prevención y eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo un tema pendiente, que se intenta enmendar a través de esta normativa”.

Acuña agregó que “esta actividad que realizamos en conjunto con el Colegio de Abogados de O’Higgins no ha sido casualmente realizada durante noviembre, pues queremos a través de esta iniciativa demostrar nuestro compromiso con la temática y adherirnos al mes en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Por su parte la expositora y jueza titular del Juzgado de Familia de Rancagua, Ana María Salas, puntualizó que “es una ley nueva, empezó en junio, y todos los abogados estamos sobre la marcha, trabajando, intentando cómo estructurar esta nueva ley”.

Respecto a la participación de los futuros/as abogados y abogadas UOH, Salas indicó que “es interesante saber que están los nuevos colegas. Y la idea es poder sensibilizarlos/as en primer lugar. Siempre toda introducción a la nueva ley tiene que ser con una sensibilización del tema. Hoy día lo estamos viendo”.

• La decisión de la Contraloría General de la República de no volver a pronunciarse respecto a la confianza legítima en el servicio público deja en evidencia la precariedad de un porcentaje no menor de trabajadores del Estado.

Hace unos días la Contraloría General de la República (CGR) sorprendió con un dictamen que establece que la confianza legítima de los trabajadores del sector público queda en manos de los tribunales de justicia chilenos y dicha institución se abstendrá de pronunciarse al respecto, sellando así una serie de desencuentros -entre ambas instituciones- que se dieron en el tiempo.

Lo cierto es que una de las primeras decisiones de la nueva Contralora General de la República, Dorothy Pérez, pone al desnudo la precariedad de un número no menor de trabajadores y trabajadoras del Estado, que bajo el sistema de la contrata sufren inestabilidad laboral permanente.

Javiera Delgadillo, jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins (UOH), explica que la figura de contrata es una relación contractual donde personas naturales forman parte de la administración del Estado, como dotación transitoria de la institución. Esta figura “presenta diferencias respecto al trabajador o trabajadora de ‘planta’, especialmente por la transitoriedad (duran solo 1 año, salvo que se hubiese propuesto la prórroga con treinta días de anticipación), lo que genera un impacto en la estabilidad laboral. Asimismo, no pueden acceder a la carrera funcionaria, que es el sistema de regulación integral del sector público en materia de ingreso, movilidad y egreso”.

Asimismo, Manuel Toro docente adjunto de la misma carrera, detalla que -en teoría- el número de funcionarios y funcionarias a contrata de una institución no puede exceder el equivalente al 20% del total de los cargos de planta. “Pero en la realidad es un criterio que se encuentra lejos de lo que es actualmente el Estado”, asegura.

Por ello la decisión de la Contraloría deja al descubierto un problema de fondo que existe actualmente en el Estado y que guarda relación con la proporción entre personas que realizan funciones bajo las figuras de contrata, honorario y planta. “El estatuto administrativo dispone estas cifras con la idea de generar estabilidad en el cuerpo funcionario institucional y permitir el acceso a la carrera funcionaria por parte de los y las profesionales, lo cual bajo la figura de contrata no existe. Pero el número indicado por el Estatuto Administrativo no siempre es respetado y en lo concreto vemos que las instituciones superan por creces el porcentaje de funcionarios/as a contrata en relación a los/las que se encuentran bajo la figura de planta, mermando sus posibilidades profesionales estatutadas en las normativas y la jurisprudencia, haciendo de la inestabilidad laboral una práctica común”, explica Javiera Delgadillo.

Para Manuel Toro, esta decisión, que podría tener como argumento que la Contraloría se enfoque en sus objetivos estratégicos más que en la defensa de la estabilidad laboral de las y los funcionarios, “deja a la deriva y expone una compleja realidad que afectará sin duda a la demanda por ingresar a trabajar en el Estado, y que -por otro lado- sigue sumando situaciones de desamparo ya que un empleado público al momento de ser desvinculado, no cuenta con una indemnización como en el Sector Privado.

El panorama se vuelve aún más complejo cuando se analiza la realidad de las personas que prestan servicios bajo la figura de honorarios, asegura Delgadillo. “En estricto rigor sólo debiese utilizarse esta figura para labores accidentales y no habituales en la institución. Pero en la práctica vemos un número importante de personas bajo esta figura, cumpliendo funciones permanentes e incluso estratégicas, pero al margen de las regulaciones de los y las funcionarios/as públicos/as”.

Según Delgadillo, la decisión de CGR de dejar en manos de los tribunales de justicia la resolución, podría aumentar la posibilidad de despidos arbitrarios, “dado que hay un número importante de funcionarios/as bajo la modalidad contrata cuya renovación dependerá de su jefatura”. Agrega que -por otro lado- también genera una pugna entre el mundo sindical y las instituciones, con dificultades de gobernanza, lo que no es positivo para contextos democráticos. “Se le entrega una tarea importante al Poder Judicial, anulando la vía administrativa, que fue concedida legalmente y que puede resolver conflictos -justamente- desde la mirada del derecho administrativo”.

Asimismo, Manuel Toro asegura que, con ese nivel de inestabilidad laboral, es muy difícil que los y las trabajadores/as se puedan proyectar y/o concentrar en el desarrollo de los objetivos gubernamentales y el avance hacia la mejora de servicios que vayan en pro de resolver necesidades. “Estarán pensando en una estabilidad reducida y en que deberán confiar en la justicia ante algún hecho que termine en un despido injustificado, con procesos lentos y resultados en tiempos extensos”, finaliza.

• La actividad contó con la participación del presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Ricardo Pairicán García, quien destacó al encuentro como un aporte de alto nivel para el sistema judicial chileno.

Como parte de la labor de formación profesional de nuestros futuros abogados y abogadas, y en el marco de las actividades de acercamiento y vinculación con la comunidad jurídica nacional, la Carrera de Derecho de la Universidad de O’Higgins llevó a cabo el conversatorio “Nueva Ley de Mejora a la Persecución Penal y Reincidencia en Delitos de Connotación Social”, con el fin de discutir los alcances de las modificaciones introducidas por dicha a ley a diversos cuerpos legales.

Juristas y temáticas

El jefe de la carrera de Derecho UOH, Marcelo Acuña, agradeció la participación del docente de derecho procesal y litigación, además de juez y Magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca-Pompeu Fabra, Héctor Benavides Silva, quien actuó como moderador del evento, al tiempo de destacar las exposiciones de la Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Ibarra Pooley, de la abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Grace Méndez Montes, y del Juez de Garantía de Valdivia, Edmundo Devia González, quienes expusieron el contexto y las principales novedades que introduce esta trascendente modificación al sistema procesal penal, la vinculación del instrumento con los delitos informáticos, así como el alcance, riesgos y beneficios de la cooperación eficaz que se introduce como herramienta para desarticular organizaciones criminales.

Del mismo modo, Acuña señaló que este conversatorio, al que también asistieron abogados y jueces de la región y que forma parte de las actividades académicas de la carrera “fue de gran utilidad para nuestros y nuestras estudiantes, pues tuvieron la oportunidad de apreciar el análisis que expertos y expertas en la materia llevaron a cabo sobre las múltiples modificaciones que introduce la Ley 21.964 de reciente publicación en el diario oficial”. Además, indicó que resulta “gratificante saber que nuestros y nuestras estudiantes están atentos a las nuevas regulaciones legislativas, elaborando interesantes preguntas al final de las exposiciones, teniendo así la oportunidad de interactuar con los expositores y las expositoras”.

Debate, avance y legislación

Entre tanto, el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Ricardo Pairicán García, destacó la importancia de discutir junto a estudiantes de derecho los alcances de esta Ley 21.694, que surge como consecuencia del impacto que ha generado en el país organizaciones criminales de corte internacional. “De modo que este conversatorio fue de alto nivel académico y jurídico, siendo esto un aporte al trabajo de todos los actores del sistema judicial chileno. Para la corte es importante tener estos espacios de debate y capacitación, dado que nos permiten fortalecer nuestras prácticas, orientadas en el procedimiento constante con foco en un servicio judicial de calidad para la ciudadanía”.

Por su parte, la estudiante del primer año de Derecho UOH, Laibeth Pérez, mencionó que este conversatorio le instruyó sobre las nuevas regulaciones en materia penal y el sustento legal para modificaciones de ley de cara a la protección del sistema judicial. “Es muy importante conocer acerca de la protección de los fiscales, víctimas e imputados, así como los riesgos que implica un proceso judicial que abarque la cooperación eficaz. Por otro lado, estas discusiones nos enseñan que pueden existir leyes que modifican a otras, y cómo puede ser el trabajo constante para la mejora y el avance de país en materia de legislación”.

• La analista Javiera Delgadillo explica las atribuciones de los próximos gobernadores/as, consejeros/as regionales, alcaldes/as y concejales/as; además de la relevancia del sufragio en estos comicios.

Las elecciones municipales y de gobiernos regionales de este 26 y 27 de octubre tienen una gran relevancia para los destinos de las distintas comunas y regiones del país.

La jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins (UOH), Javiera Delgadillo, indica que dichos comicios “son el principal mecanismo que existe en nuestro país para expresar la voluntad y la visión de nuestras comunas y regiones. En Chile no existen otros mecanismos formales y vinculantes que permitan que la ciudadanía exprese sus preferencias, como sí existen en otros países”.

En dicha línea, la docente afirmó que “todos y todas tenemos inquietudes sobre nuestros territorios, algunas personas -por ejemplo- solicitan más luminarias, otras más recursos para agrupaciones sociales, o quizás más áreas verdes, etcétera, por tanto, este es el momento de expresar estas inquietudes y votar por candidatos y candidatas que recojan nuestras ideas”.

Delgadillo apuntó que quienes lleguen a los espacios de poder “deben ser personas que reflejen las necesidades y características de la ciudadanía, no personajes ficticios creados en base a promesas carentes de realidad”.

La importancia del cargo

Cuatro son los cargos que serán escogidos por los votantes en estas elecciones: gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales, quienes ostentan distintas responsabilidades en el ejercicio de la misma.

Respecto de los cargos comunales, la docente UOH indicó que “tienen la facultad de tomar decisiones sobre la vida cotidiana. Los alcaldes -por ejemplo- pueden administrar los bienes de uso público de la comuna (canchas, sedes, etc.), coordinar los distintos servicios de la comuna (salud, educación, recreación, aseo, etc.) y hacer que sean más eficientes y efectivos”, puntualizando que, a su vez, los concejales realizan acciones fiscalizadoras, velando por la transparencia dentro de cada municipio.

Por su parte para los cargos de corte regional, la analista expresó que “lo que se vota en esta elección es gobernador/a, es decir, quien estará a cargo de la planificación de la región, pudiendo asignar -en conjunto con el consejo regional- presupuesto a áreas claves para el desarrollo económico, productivo y social de la región”.

Eso sí, Delgadillo hizo hincapié que facultades del ámbito de la seguridad son, de momento, sólo prerrogativas del delegado presidencial regional, pese a que distintos candidatos y candidatas han esgrimido argumentos relativos a la delincuencia, entre otros aspectos, puntualizando que “creo pertinente hacer esta diferencia (en relación a los cargos) pues existen diversos aspirantes que afirman que ‘terminarán con la delincuencia’, pues bien, eso no está dentro de sus atribuciones sino que es una fase que responde a un interés exclusivamente electoral, haciendo uso de una necesidad sentida de la población”.

• La analista Javiera Delgadillo desglosa el escenario que enfrenta una de las primeras pruebas de fuego para los partidos políticos previo a la disputa presidencial.

Un escenario político incierto y con muy poco interés de parte de la población es lo que dio a conocer la última encuesta Criteria, respecto de las elecciones municipales y de gobiernos regionales que se desarrollarán el próximo 26 y 27 de octubre. La muestra indicó que un 36% de los encuestados están nada o poco interesados en los comicios, pese a la obligatoriedad del voto; mientras que un 44% se muestra nada o muy poco informado.

Para la jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins (UOH), Javiera Delgadillo, el hecho de que la ciudadanía en general no presente gran interés o conocimiento de los candidatos o candidatas de las elecciones “tiene que ver con la distancia que existe entre las demandas, las necesidades de la ciudadanía y las propuestas o los planteamientos que realizan las distintas actorías políticas. No creo que sea bueno generalizar, no debemos caer en pensar que todas y todos los políticos son iguales”.

En la misma línea la investigadora puntualizó que “es distinto votar informado o informada, conociendo las propuestas de los distintos candidatos y candidatas, que votar solamente por el primero que te aparece en la papeleta o por cualquier persona que pueda aparecer ahí nombrada”.

Lo anterior, se suma a distintos escenarios que han ligado a la clase política con escándalos, donde algunos casos -incluso- han llegado a ser investigados por el Ministerio Público.

Delgadillo apuntó que los casos de corrupción que se han destapado este último tiempo “han ocasionado que se aumente y que se incremente esta desconfianza y esta sensación de que la política es algo irrelevante y que realmente no presenta solución”.

La docente considera también que un tema a tener en consideración es la dispersión de votos, tanto en las elecciones municipales como en la de gobernadores regionales, debido -por ejemplo- al número de candidaturas ligadas a un mismo sector político, como también, el bajo porcentaje de mujeres presentes en las distintas papeletas para estos comicios.

Escenario presidencial

Las elecciones del 26 y 27 de octubre próximo podrían dar luces de lo que será el próximo año del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Para la experta UOH, las negociaciones que puedan realizar los distintos sectores políticos (para los próximos comicios presidenciales), pudiesen también mantenerse y “servir o ser útiles para destrabar algunos proyectos de ley o para hacer avanzar algunos proyectos que a fecha todavía no han visto la luz verde, entonces creo que puede ahí haber una relación importante, obviamente también hay otros factores que influyen y que se involucran, pero creo que sí hay ahí un elemento interesante de analizar”.

• El evento buscó familiarizar a los emprendedores de la Región de O’Higgins con herramientas de inteligencia artificial, ayudándoles a superar el miedo a usarlas y a descubrir su potencial.

Con el propósito de acercar a las/os emprendedoras/es de la Región de O’Higgins a las herramientas de inteligencia artificial (IA) y eliminar el miedo a su uso, se llevó a cabo la Cumbre Emprendedora Regional en el auditorio del Campus Rancagua de la Universidad de O’Higgins (UOH). La iniciativa, organizada por la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) junto a la carrera de Ingeniería Comercial UOH, buscó que las/os participantes descubrieran las posibilidades que estas tecnologías ofrecen y cómo pueden optimizar tiempo y recursos a través de su aplicación.

“Queremos que las/os emprendedoras/es pierdan el miedo a la inteligencia artificial, que aprendan a usarla y se atrevan a experimentar con ella. Estas herramientas están diseñadas para adaptarse a sus necesidades, por lo que son bastante fáciles de manejar”, señaló Ángelo Gaviraghi, director regional de la Asociación de Emprendedores de Chile.

Durante el evento, se destacaron diversas herramientas de IA más allá de las populares como ChatGPT. Las/os asistentes conocieron soluciones que permiten, por ejemplo, generar resúmenes de proyectos, facilitar postulaciones, crear guías de contenido, colaborar en redes sociales y diseñar imágenes. “El potencial es enorme, y queremos que los emprendedores lo descubran”, agregó Gaviraghi.

Por su parte, Álvaro Brunel, jefe de carrera de Ingeniería Comercial UOH, señaló que este tipo de actividades no sólo refuerzan la formación académica, sino que también subrayan el enfoque de la Universidad en la vinculación con el medio social. “La carrera no busca limitarse a actividades internas, sino también contribuir a toda la comunidad. La vinculación con el entorno es fundamental para la universidad”, destacó.

“Al principio, la gente le tiene un poco de miedo a la inteligencia artificial, pero la verdad es que es una herramienta súper poderosa. Este tipo de iniciativas buscan justamente que los emprendedores se atrevan a experimentar con la IA y descubran todas las posibilidades que ofrece”, añadió.

La Cumbre Emprendedora Regional no sólo fue una plataforma para la difusión de herramientas de inteligencia artificial, sino también un paso importante hacia la creación de una comunidad emprendedora más informada y conectada. La colaboración entre la Universidad de O’Higgins y el sector emprendedor marca el camino hacia un futuro más innovador y dinámico, donde cada emprendedor puede aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la tecnología.

• Los talleres, realizados en los campus Colchagua y Rancagua, abordaron temáticas como la comunicación efectiva y el enfoque de género, con el objetivo de mejorar la atención inclusiva y de calidad a las personas usuarias.

La Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH) realizó dos talleres para la red de colaboradores de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) en la Región de O’Higgins, con el propósito de fortalecer sus habilidades de comunicación y asegurar que la información sobre los servicios de la organización sea transmitida de manera clara, precisa y con un enfoque inclusivo. Los temas abordados incluyeron la comunicación efectiva, el enfoque de género y otros aspectos esenciales para mejorar la atención a las personas usuarias.

Álvaro Astudillo, director de la Escuela de Ciencias Sociales, señaló que “estos talleres forman parte de una serie de capacitaciones en la que la Escuela está trabajando con el sector público, considerando diversas temáticas como son, por ejemplo, la importancia de la empatía, el control del tono de voz, entre otros aspectos, para lograr una comunicación efectiva. Las jornadas incluyeron sesiones teóricas y prácticas para la red de colaboradores de Junaeb, enfocadas en mejorar la eficacia en la resolución de problemas y la interacción con las personas”.

El primer taller se realizó en el Campus Colchagua y el segundo en el Campus Rancagua, facilitando el acceso a colaboradores de diversas zonas de la región. “Estas actividades son parte de nuestra vinculación con el medio y nos permiten abrir nuevas oportunidades para ofrecer servicios a la comunidad, como talleres, cursos y programas de educación continua. En total, convocamos a 150 personas”, añadió Astudillo.

Por su parte, Susana Casas, directora regional de Junaeb, destacó que los talleres “proporcionan herramientas para la atención con enfoque de género, diseñadas para garantizar que todos nuestros servicios sean inclusivos y respetuosos. Este espacio formativo capacita a nuestra red colaboradora para atender las necesidades específicas de cada persona, promoviendo la equidad y el respeto en cada interacción. Nuestro compromiso es asegurar que cada usuario reciba una atención justa, empática y centrada en la dignidad humana”.

Esta colaboración reafirma el compromiso de ambas instituciones con la formación continua de sus colaboradores y la promoción de una atención de calidad para las personas usuarias de los servicios de la institución.

• Esta iniciativa busca fortalecer la gestión educativa a nivel local y nacional y establece un camino para futuras colaboraciones.

La Universidad de O’Higgins (UOH) firmó un importante convenio con la Dirección de Educación Pública que permitirá a la Escuela de Ciencias Sociales ofrecer cursos de formación continua a funcionarios de todo el país. Esta alianza representa una colaboración significativa en el ámbito de la educación pública, alineándose con los esfuerzos del organismo por fortalecer la gestión educativa a nivel local y nacional.

Hasta la fecha, se han impartido cuatro cursos, dos de los cuales están en proceso de finalización y dos se encuentran iniciando. Esta iniciativa no sólo promueve el desarrollo profesional de las/os funcionarias/os, sino que también establece un camino para futuras colaboraciones con la Dirección de Educación Pública en la implementación de nuevos programas formativos.

Los cursos se están realizando en modalidad e-learning, lo que facilita la participación de las/os funcionarias/os desde cualquier lugar del país. Cada curso combina sesiones sincrónicas y asincrónicas, adaptándose a las necesidades laborales de los participantes.

“Este convenio con la Dirección de Educación Pública nos permite contribuir directamente al fortalecimiento de la gestión educativa en todo el país, capacitando a quienes son responsables de implementar políticas y programas en los territorios. Los cursos que estamos impartiendo buscan no solo actualizar conocimientos, sino también generar un espacio de intercambio de experiencias que enriquece la práctica profesional de las/os funcionarias/os. Estamos muy orgullosas/os de que nuestra institución sea un referente en la formación continua de estos actores claves para el desarrollo del sistema educativo”, destacó Verónica Ramírez, subdirectora de la Escuela de Ciencias Sociales.

Entre los cursos que se han impartido destacan “Herramientas de Administración Financiera en la nueva Educación Pública” y “Herramientas para la Gestión y Desarrollo de Personas en la nueva Educación Pública”. Actualmente, se están ofreciendo dos nuevos cursos: “Planificación y Control de Gestión en la Nueva Educación Pública” y “Formulación y Evaluación de proyectos en torno a la Infraestructura en la Nueva Educación Pública”.

“Este convenio representa un paso trascendental para la Universidad de O’Higgins, posicionándola como una institución que colabora en la formación de funcionarios que actualmente se desempeñan en las Corporaciones Municipales de Educación o en los Departamentos de Administración de Educación Municipal. Nos enorgullece contribuir a la formación continua de funcionarios, apoyando así la implementación gradual de los Servicios Locales de Educación Pública”, concluyó Verónica Ramírez.