Asistencia personal en la Unión Europea: brechas estructurales bajo la lupa de un enfoque del feminismo descolonial

• Investigación internacional, en la que participaron académicos chilenos, revela profundas desigualdades en cómo se implementa este derecho clave para la autonomía de personas con discapacidad y abre debate sobre modelos de cuidado más comunitarios.

Aunque la asistencia personal es reconocida como un derecho en gran parte de Europa, su implementación dista de ser homogénea. Así lo evidencia una investigación que analizó 27 países de la Unión Europea desde una perspectiva feminista descolonial, identificando importantes brechas en acceso, financiamiento y enfoque del cuidado.

La asistencia personal es un servicio que permite a personas con discapacidad recibir apoyo en actividades de la vida diaria -como desplazarse, asearse o participar en la comunidad- con el objetivo de garantizar autonomía e independencia. A diferencia de modelos tradicionales, busca que la persona tenga control sobre quién le asiste y cómo se organiza ese apoyo.

“Es una herramienta clave para la vida independiente, porque pone a la persona en el centro de las decisiones sobre su propio cuidado”, explica Juan Andrés Pino, académico del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O’Higgins (UOH).

El estudio detalla que, si bien la mayoría de los países cuenta con marcos legales para este tipo de apoyo, las diferencias en su aplicación son significativas. Incluso, casos como Hungría y Luxemburgo carecen de políticas específicas en la materia. En contraste, el 77,7% de los países permite que organizaciones sociales, cooperativas o agrupaciones de personas con discapacidad provean asistencia personal, lo que abre espacios de participación comunitaria.

Uno de los hallazgos más relevantes se relaciona con los llamados “presupuestos personales”, mecanismos que permiten a las personas administrar directamente los recursos destinados a su cuidado. Estos existen en cerca de dos tercios de los países analizados. “Cuando las personas pueden decidir cómo usar esos recursos, se fortalece su autonomía, pero también se abre la discusión sobre cómo avanzar hacia modelos más colectivos”, señala Pino.

La investigación también evidencia una fuerte dependencia del ámbito familiar: en muchos países se permite que familiares ejerzan como asistentes personales, lo que, si bien amplía cobertura, puede reproducir desigualdades de género y limitar la profesionalización del cuidado. De hecho, son escasos los casos donde se exige formación formal para quienes cumplen este rol.

Desde el enfoque descolonial, estas diferencias no son solo técnicas, sino que reflejan estructuras más profundas. “Persisten lógicas que privilegian la independencia individual por sobre el cuidado comunitario, invisibilizando otras formas de apoyo”, advierte el académico.

En esa línea, el estudio concluye que es necesario repensar las políticas de asistencia personal incorporando principios de interdependencia, participación y justicia social. También propone mirar experiencias de América Latina, donde emergen modelos de cuidado más territoriales y comunitarios.

“El desafío es avanzar hacia sistemas que no solo entreguen recursos, sino que también reconozcan el valor del cuidado como una responsabilidad colectiva”, concluye el académico UOH.

Junto a Juan Andrés Pino trabajaron en este artículo los/as investigadores/as Pía Rodríguez, Carolina Ferrante, Alberto Vásquez, Nicolás Schongut y Michelle Lapierre.

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