Gobierno en tiempos inciertos: claves económicas para el nuevo ciclo en La Moneda

• La nueva configuración parlamentaria anticipa discusiones y negociaciones para el impulso de reformas que reorienten las finanzas, fortalezcan la inversión y reactiven el crecimiento sostenible.

El gobierno que asumirá en marzo de 2026 enfrentará un panorama económico de bajo crecimiento, con proyecciones que oscilan entre 2% y 3% entre 2026 y 2029, según el Banco Mundial, FMI y Banco Central. A ello se suma un Congreso sin mayorías, donde la fragmentación obligará a articular acuerdos amplios para avanzar en materia fiscal y seguridad jurídica, ámbitos claves para sostener el desempeño económico del país.

El economista y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Pablo Peña, advierte que la gobernabilidad económica dependerá tanto del manejo fiscal como de la capacidad de tejer pactos transversales. Subraya que Chile arrastra más de una década de bajo crecimiento de la productividad, fenómeno que erosiona empleo, salarios y competitividad, y que exige decisiones estratégicas desde el Estado en materia de inversión y modernización regulatoria.

En este marco, sostiene que la agenda legislativa, más allá del número de asientos parlamentarios ocupados por las fracciones, “deberá enfrentar con urgencia la persistencia del déficit fiscal y el aumento de la deuda pública, que pasó de menos del 20% del PIB en 2015 a cerca del 43% en 2025, además atender el aumento sostenido del costo de intereses que se duplicó en el mismo período, alcanzando valores cercanos al 1,2% en 2024”.

Considera que el desafío de un gobierno, a priori, sin mayoría parlamentaria, estaría justo en cambiar estas tendencias y estabilizar las finanzas con el menor costo posible, “pero sin desconocer la necesidad de apretar el cinturón, en términos de restricciones presupuestarias”. Y, si en esa medida las reformas resultan exitosas, el crecimiento de 2027 y 2028 debería reflejar cambios y mejoras en las condiciones de vida de la población, según indica el especialista.

Reformar y equilibrar

Peña plantea que el Parlamento deberá asumir una discusión estructural sobre el tamaño del Estado, la eficiencia del gasto público y la priorización de inversiones. Esto implica contener el aumento del costo de la deuda -que duplicó su peso en una década- y rediseñar regulaciones para asegurar sostenibilidad fiscal.

“El nuevo gobierno deberá promover reglas modernas que ordenen las cuentas públicas y mejoren las condiciones internas para invertir y crecer. El reto es ejecutar un ajuste ordenado, focalizado en servicios mal evaluados, evitando presiones inflacionarias, protegiendo al mismo tiempo las funciones críticas del Estado”, señala el experto.

Transformar e incentivar

En cuanto a la perspectiva actual, el economista expone que el país avanza hacia un 2026 sin crisis inmediata, pero con poco dinamismo. Prevé un crecimiento similar al desempeño de 2025, apoyado en tendencias externas como precios del cobre, demanda global y estabilidad interna; lo que, bajo su mirada, requiere de una transformación que incentive el aparato productivo, siendo esto una tarea que considera, la más significativa.

“Chile necesita un salto cualitativo que promueva el empleo, salarios y utilidades para trabajadores y empresas. La principal palanca de todo gobierno es mejorar condiciones de regulación y seguridad (jurídica, orden público, estabilidad social). Asimismo, el impulso de una agenda público-privada que apunte a una mayor productividad e inversión también puede ser una forma de incentivar la actividad económica nacional”, afirma el docente a manera de alertar sobre los temas que deberá discutir el Congreso.

¿Trabajo o fragmentación?

Finalmente, Peña señala que los desafíos económicos que tendrá el próximo gobierno, exigen un acuerdo político amplio entre todas las fracciones. Asume que la fragmentación del Congreso podría dificultar este camino, pues cualquier avance requerirá pactos transversales con la oposición de turno, que sean capaces de sostener cambios regulatorios y de prioridades, que no choquen con la realidad.

“Este escenario exige articulación política, no más polarización amplificada por el entorno mediático. Sin acuerdos amplios, ninguna estrategia será sostenible, por el riesgo de reversión de nuevas mayorías circunstanciales en el futuro. No bastan triunfos parlamentarios coyunturales: urge avanzar en consensos que modernicen el modelo productivo, fortalezcan la inversión y estabilicen las finanzas públicas. La pregunta es: ¿Podrá la nueva configuración legislativa promover regulaciones modernas que apunten a disminuir el gasto, aumentar la inversión público-privada e incentivar el crecimiento a largo plazo?”, finaliza.