Javier Velásquez Valenzuela ● Profesor Asistente

[vc_section el_class="container mx-auto align-items-center circle--pattern" css=".vc_custom_1648956589196{padding-top: 3rem !important;}"][vc_row el_class="pb-5"][vc_column][vc_wp_custommenu nav_menu="6"][uoh_breadcrumb_component automatic_breadcrumb="true"][uoh_title_component title_dropdown="big" title_decorator="true"]{{title}}[/uoh_title_component][vc_column_text css=""]En el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Norin Catriman v. Chile”, la Corte reconoció que la causal para imponer la medida de prisión preventiva basada en “peligro para la seguridad de la sociedad” era de carácter abierto y podría ser utilizada de manera contraria a la convención americana. La única manera, por tanto, de utilizar la causal es que esta se funde en criterios que estén dirigidos a cautelar un fin procesal que deba ser resguardado en un caso concreto de manera excepcional. Esta postura ha sido adoptada por diversos autores nacionales (Hadwa, 2020, Correa 2017, Correa y Winter, 2014, Duce y Riego, 2011). Sin embargo, varios estudios (Morales et al, 2011; Morgado, 2018; Hadwa, 2020) sugieren que en la práctica los jueces estarían dotando de contenido a la causal “peligro para la seguridad de la sociedad” únicamente evaluando la existencia de uno o más de los elementos contemplados en los incisos tercero y cuarto del artículo 140. En otras palabras, no se estarían cumpliendo con los requisitos establecidos por la CIDH y por fallos de la misma Corte Suprema Chilena (CS 192-09; 5437-12;6659-15; 40.862-17) que ha fallado que los criterios de dichos incisos son orientadores y no son suficientes para fundar una prisión preventiva. Sin embargo, Correa y Winter (2013/2014) plantean que, en casos de delitos económicos que tengan alta connotación pública, se produciría un cambio en la racionalidad “habitual” de algunos jueces. Las sentencias que estos autores comentan permitirían constatar que, al menos en algunas decisiones, el interés mediático afectaría las racionalidades detrás de la imposición de la prisión preventiva. Estos estudios contradicen la explicación que mencionáramos más arriba y por tanto simplemente refuerza aún más la necesidad de explorar la operacionalización de esta causal en la práctica legal en Chile. Hipótesis a corroborar o falsear: Los jueces de garantía están aplicando la causal de “peligro para la sociedad” de manera normativa, utilizando únicamente los criterios del inciso tercero y cuarto del artículo 140 y para fundamentar la imposición de prisión preventiva. El objetivo general: Analizar el uso del concepto de “peligro de seguridad para la sociedad” durante las audiencias de prisión preventiva, por parte de los actores penales (jueces, fiscales y defensores) en una muestra de tribunales de las regiones del Biobío y la Araucanía. Objetivo específico 1: Describir la operacionalización los actores penales hacen del concepto de “peligro para la seguridad de la sociedad”. (Observación de audiencias y registro de audiencias; entrevistas semiestructuradas con actores involucrados) Objetivo específico 2: Describir la conceptualización que los actores penales realizan de sujeto “peligroso” en el contexto de las discusiones sobre la causal de “peligro para la seguridad de la sociedad”. (Observación de audiencias y registro de audiencias; entrevistas semiestructuradas con actores involucrados) Objetivo específico 3: Describir como los actores penales explican sus prácticas en torno a la operacionalización y conceptualización del término peligro para la sociedad”. (Entrevistas semiestructuradas con actores involucrados) Objetivo específico 4: Analizar la fundamentación de las decisiones de prisión preventiva en las resoluciones que se dicten. (estudio documental de jurisprudencia) Objetivo específico 5: Comparar la operacionalización, explicación del concepto entre los distintos actores penales (jueces, fiscales y defensores). (Observación de audiencias y registro de audiencias; entrevistas semiestructuradas con actores involucrados; estudio de jurisprudencia) Metodología: Se utilizarán métodos mixtos involucrando: Primero una observación no participante de 3 tribunales en cada una de las 2 regiones en que se enfocará esta investigación (6 en total). Este trabajo de campo durará entre 2 a 3 meses por tribunal. Se centrará en las audiencias de control de detención y audiencias programadas que se fijen para discutir medidas cautelares. Segundo: Entrevistas semi estructuradas a actores penales (jueces, fiscales y defensores) sobre conceptualización de la peligrosidad vinculada al artículo 140 y sus prácticas. Tercero: Un estudio documental de la jurisprudencia de los tribunales que se observarán, de manera de contrastar la observación con sus registros y evaluar las fundamentaciones de las causales. Resultados esperados: Se espera poder describir la realidad práctica del uso de la prisión preventiva, y en particular, de la causal “peligro para la seguridad de la sociedad” en las jurisdicciones observadas. Con estos datos se busca enriquecer el debate sobre el uso de la prisión preventiva en Chile con datos obtenidos de los mismos actores que la utilizan a diario.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section css=".vc_custom_1649209804184{background-color: #f6faff !important;}" el_class="p-md-0 pt-md-5"][vc_row el_class="container mx-auto align-items-center p-md-0 pt-5"][vc_column el_class="p-0"][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section css=".vc_custom_1649210787516{background-color: #f6faff !important;}" el_class="p-md-0 pt-md-5 pb-md-5"][vc_row el_class="container mx-auto align-items-center"][vc_column][/vc_column][/vc_row][/vc_section]