Las personas interesadas deberán contar con título profesional o técnico de nivel superior en disciplinas relacionadas con la intervención social, educativa, jurídica o sanitaria.
Se valorará especialmente la experiencia previa en contextos de atención o acompañamiento a niños, niñas y adolescentes, así como la vinculación laboral con instituciones públicas u organizaciones sociales que trabajen en ámbitos de protección y promoción de derechos.