• Junto con la necesidad de mejorar la regulación y corregir los vacíos que facilitan la opacidad en el uso de los recursos públicos en universidades privadas, es indispensable que la actual institucionalidad haga uso de sus atribuciones y fiscalice el adecuado cumplimiento de la ley vigente que regula el lucro en la educación superior.

En el marco de los hechos recientemente conocidos y que afectan a la Universidad San Sebastián, las instituciones agrupadas en el Consorcio de Universidades Estatales de Chile, CUECH, manifiestan su preocupación por la ausencia de transparencia y control financiero respecto del uso de los cuantiosos recursos públicos que el Estado entrega directamente vía becas y gratuidad, o que avala -con un alto gasto fiscal anual- mediante el CAE, a universidades privadas del país.

Esta situación revela las deficiencias que existen en la regulación de la educación superior en Chile, que demanda un cambio urgente en favor de la transparencia del sistema. Solo así se podrá garantizar un buen uso de los recursos públicos, sin privilegios para algunas instituciones que amparadas en su carácter privado no rinden cuentas por el financiamiento fiscal que reciben directa e indirectamente.

En la misma línea, recalcamos que, junto con la necesidad de mejorar la regulación y corregir los vacíos que facilitan la opacidad en el uso de los recursos públicos en universidades privadas, es indispensable que la actual institucionalidad haga uso de sus atribuciones y fiscalice el adecuado cumplimiento de la ley vigente que regula el lucro en la educación superior y prohíbe el uso de recursos en fines distintos a los estrictamente académicos.

En tal sentido, valoramos que la Superintendencia de Educación Superior tome acciones concretas para investigar qué ha pasado en el caso de la Universidad San Sebastián, y esperamos que se esclarezcan, a la brevedad, todas las aristas y alcances de este caso.

A diferencia de las universidades privadas que reciben dineros fiscales, las Universidades Estatales nos encontramos sujetas a un amplio conjunto de regulaciones, precisamente porque manejamos dinero público. Pues bien, el dinero que corresponde a becas de arancel que reciben las universidades privadas también es dinero público y, por ende, de todos los chilenos, no existiendo razón alguna para que se apliquen reglas distintas de transparencia y control en esta materia.

Los recientes sucesos han demostrado que los resguardos actuales son insuficientes para evitar abusos y eventuales vulneraciones a la ley, amparados en una interpretación equivocada de los alcances de la libertad de enseñanza o de la autonomía universitaria. En efecto, la mencionada autonomía no autoriza a las instituciones de educación superior a actuar de manera arbitraria, desconociendo los principios de la meritocracia, la ética universitaria y las exigencias del sistema de Acreditación respecto de los cuerpos académicos y la necesidad de contar con políticas y reglamentaciones internas que regulen las remuneraciones sobre la base del mérito y las credenciales académicas que posean sus docentes.

En consecuencia, como Consorcio de Universidades del Estado consideramos que todas las universidades privadas que acceden a recursos públicos entregados o avalados por el Estado deben regirse por la Ley de Transparencia y rendir cuentas a la Contraloría General de la República sobre el uso legal de esos fondos, al igual que lo hacen actualmente las universidades estatales.

Llamamos a las autoridades del Estado a tomar las medidas urgentes y necesarias, administrativas, legislativas o judiciales, que permitan garantizar a la sociedad chilena la transparencia total en el uso de recursos públicos en universidades privadas, especialmente ahora que se inicia la discusión del Presupuesto General de la Nación para el año 2025, y nuevamente se contemplan recursos relevantes para la educación superior privada, que superan con creces la inversión del Estado en sus propias universidades públicas.

• 18 instituciones educativas líderes del país se unieron en pro de garantizar ser modelos de prácticas y conciencia sustentables en la comunidad, especialmente bajo un escenario mundial en el que la crisis de sustentabilidad golpea e impone una serie de desafíos y cambios sustantivos de responsabilidad con las generaciones venideras y la preservación de todas las formas de vida. 

Rectores y Rectoras de las 18 universidades estatales que conforman la Red Compromiso con el Desarrollo Sustentable del CUECH se comprometieron a través de la firma de una Declaración a fomentar no sólo el desarrollo sostenible en todos los aspectos de gestión y operación institucional, sino que también a ser agentes de cambio profundo en el ámbito local y global.

Con este acto -cuya sede fue la UTEM y su líder la directora y Rectora de esta casa de estudios, Marisol Duran- los y las firmantes ratificaron estar conscientes de la magnitud de los desafíos y convencidos de que la educación superior pública debe ser un motor clave para construir una sociedad justa e inclusiva, próspera y ambientalmente regenerativa. En este largo camino hacia el 2030 se comprometen a ser ejemplo y líderes en la promoción de la sustentabilidad en todas sus dimensiones.

“Es indudable el papel protagónico que las universidades pueden y deben tener en el enfrentamiento del cambio climático, considerando su condición de instituciones que son depositarias de los saberes y conocimientos avanzados en el campo de las ciencias y que, al mismo tiempo, son formadoras de agentes de cambio”, señaló la directora de la Red Compromiso con el Desarrollo Sustentable.

Añadió que “debemos hacernos cargo de incorporar la sustentabilidad en el ADN de las y los estudiantes, lo que significa articular esa perspectiva transversalmente, en cualquier materia de estudio, para generar cambios a mediano y largo plazo en la sociedad y, obviamente, a corto plazo en las comunidades universitarias del país”.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas además de felicitar esta firma de este compromiso sostuvo que las universidades tienen el rol clave de formar personas que integren el enfoque ecológico en los roles profesionales que cada estudiante ocupe en el futuro. “Esperamos que este compromiso permee la cultura educativa de cada establecimiento y rinda sus frutos para aumentar la conciencia sobre temáticas ambientales, adquirir valores y cambiar nuestros hábitos para proteger a la naturaleza y a las generaciones presentes y futuras”, dijo.

En la misma línea, el Rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del CUECH, Osvaldo Corrales, declaró que “para nosotros se trata de un hito de la mayor significación, que responde a la visión, al compromiso y a los valores que las universidades deben tener con el desarrollo sostenible de nuestro país y de sus regiones”.

Principales ejes

La “Declaración de Compromiso por la Sustentabilidad de las Universidades Estatales” se focaliza principalmente en seis ejes. El primero dice relación con la Educación para la Sustentabilidad, en cuanto a formar ciudadanos y ciudadanas conscientes, críticos y comprometidos, entregando a la sociedad agentes de cambio capaces de innovar y transformar los modos de producción y consumo hacia prácticas sustentables.

También incluye la Investigación e Innovación con Enfoque Sustentable, que aspira a un cambio profundo en la investigación e innovación, impulsando un enfoque multidisciplinario que agregue proyectos de investigación e innovación que generen conocimientos y tecnologías para enfrentar los desafíos del presente y el futuro.

La Gestión de Campus Sustentables, en tanto, considera las casas de estudio como herramientas de aprendizaje para las comunidades universitarias, promoviendo prácticas en lo cotidiano, como lo es la reducción de la huella ecológica y el incremento del desempeño ambiental institucional.

En el caso de la Contribución al Desarrollo Sustentable Global, los esfuerzos serán focalizados a generar iniciativas mundiales a través de la cooperación, trabajando en conjunto con el sistema internacional para afrontar los desafíos globales y fortalecer la promoción de estas prácticas en todos los ámbitos de la sociedad chilena.

Y, finalmente, el Compromiso con la Carbono Neutralidad y el Trabajo en Red, donde el primero busca acciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, e impulsar el uso de energías limpias, mientras que el segundo facilita el avance conjunto, compartiendo conocimientos, experiencias y buenas prácticas.